CSJ - SP23333(11-05-2005)

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente: Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ Aprobado Acta n. 37

Bogotá, D.C., once de mayo de dos mil cinco VISTOS La Corte examina los presupuestos formales y de procedencia de la demanda de casación presentada_por el defensor del procesado JESÚS ANTONIO CONDE YEPES, contra la sentencia de segunda instancia proferida por dJuzgado 7% Penal del Circuito de Barranquilla el 28 de abril de 2004, que confirmó la DRrritlica de Colemtia Página 2 de 27 | Casación n. 23333 1 Jesús Antonio Conde Yepes AZ %('f'/('- gy)/;r'//rr/ de _%/.J/.f.'lfffi condena que por 4 meses y 3 días de prisión le impuso con fallo del 26 de noviembre de 2003 el Juzgado 39 Penal Municipal de esa ciudad, al hallarlo responsable del delito de lesiones personales culposas; así mismo, el ad quem modíficó la condena a indemnizar perjuicios que afecta al enjuiciado y al tercero civilmente responsable. HECHOS El juzgado de segunda instancia los sintetizó como sigue en el fallo recurrido: “Cuentan los autos que el día 18 de noviembre del año 1998, siendo las 12:00 horas, a la altura de la Calle 61

con Carrera 46 de esta ciudad, colisionaron los vehículos automotores, distinguidos de la siguiente manera: camioneta Chevrolet Luv, tipo estaca, de placas EUO'— 902, modelo_ 1995, de color Blanco, de servicio particular, conducido por el señor JESÚS ANTONIO CONDE "'NYEPES y el vehículo unidad montada sobre ruedas Motocicleta Suzuki FR-80, modelo 1994, color Negro, de placas LQW-03, de servicio particular, conducida por el señor GUSTAVO EMILIO GUTIÉRREZ CASTRO, en la Q?;&Á¿/ímf de ColombiaPágina 3 de 27 Casación n. 23.3 [ H Jesús Antonio Conde Yepel que también se desplazaba como parrillera la Señora BETTY NAVARRO MARTINEZ.” SÍNTESIS DE LA DEMANDA Al momento de interponer el fecurs'o, el defensor del procesado manifiesta que lo hace por la vía excepcional . para que la Corte se pronuncie sobre unas figuras contenidas en la Ley 599 de 2000, como el principio de confianza, sus limitaciones y la contribución de la víctima al resultado. En la demanda postula cuatro cargos con base en la causal tercera de casación, por hallarse el proceso afectado de nulidad y uno por violación indirecta de la ley a causa de un error de hecho. Primer cargo El defensor señala que aparecen tres dictámenes periciales practicados sobre los vehículos involucrados en We;á' lea de Cctombia =a E , z Página 4 de27 | F Casación n. 23.333 |

y Jesús Antonio Conde Yepe. ¡(/ el accidente, así como los que se réalizaron a las víctimas, los cuales no fueron puestos a disposición de los sujetos procesaleé de conformidad con el artículo 254 del Código de Procedimiento Penal para que solicitaran — su aclaración o adición, o para que los objetaran. Reputa violado el artículo 205 ídem porque de esa forma a los sujetos procesales se les limitó la posibilidad de controvertir los dictámenes, como lo exige el artículo 254 del mismo código. La irregularidad se concreta en pretermitir el análisis previo que debe realizar el funcionario y la mentada omisión del traslado, todo lo cual rompe la estructura del proceso. Explica que solicita la nulidad del proceso desde la providencia del 20 de septiembre de 2000, mediante la cual se resolvió la situación jurídica del procesádo, ya que en ella se tuvo en cuenta la mencionada prueba, pues no Q%Ú'Jáf(!(¿- de %a/amáia Página 5 de 27 | Casación n.” 23.333 Jests Antonio Conde Yepe Corte gy)rw¡¿a de %dú'(º¿k¿- obstante a que el dictamen puede ser objetado en cualquier e$tado del proceso, el funciónar¡o judicial debe evaluar si reúne las requisitos del artíc_ulo 251 de la Ley

600. Esta irregularidad tiene más capacidad anulatoria, dice el censor, ya que comprende los derechos de todos los sujetos procesales.

Añade el casaciónista que es posible pensar que se trata de errores que inciden en la incorporación de la prueba y que, por tanto, la solución sería la de

desconocer su valo.r, es decir, no apreciarlas, pero en todo casó hay una Qiolación al debido proceso. Insiste enque no se trata de un quebranto al defecho de defensa sino al proceso debido por la falta de estudio previo de los dictámenés y del consiguiente traslado a los sujetos procesales. El error, de otra parte, incidió en la sentencia, porque los dictámenes determinaron la adecuación típica, la tasación de los perjuicios, la responsabilidad y la pena. %)(¿á/¿á¿& de Colombia Página 6 de 27 Casación n. 23.333 . ! Jesús Antonio Conde Yepes ;j_ Segundo cargo El casacionista llama la atención sobre la solicitud que hizo el abogado Gustavo Ochoa Rodríguez a nombre de las víctimas, a la cual se accedió sin hacerse el reconocimiento de la personería y sin identificar al Vapoderado, como lo exigen los artículo 128, 129 inciso 2?”, 132, 134, 135, 137 inciso 1 del Código de Procedimiento Penal, 63, 65,- 67, 68 y 84 del Código de Procedimiento Civil. Luego de citar una pronunciamiento de la Sala de . Casación Civil de esta Corporación, el demandante sostiene que. no es suficiente con anunciarse como abogado sino que es necesario que así se identifique ante el funcionario. Hace ver que la sustitución del poder que hizo el abogado Jaime Vélez a Ochoa Rodríguez, se hizo sin lapresentación personal, con lo que pretermitió lo ordenado 7 %píá/&¿¿ de %r¡&imó¿'zz:

5i A hr Página 7 de 27 Casación n. 23.333 Jestis Antonio Conde Yepe ( %”'1en los artículos 84, 65 inciso 2 y 68 inciso 2” del Código de Procedimiento Civil, porque tanto la autorización para sustituir como »ha= presentación bp—personal 2son indispensables. Afirma que las demandas de constitución de parte civil y la presentada contra el tercero civilmente responsable, carecen de presentación personal, lo cual vulnera el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil. Tales irregularidades repercuten en el debido proceso, dice el censor, y significaron el quebranto de losartículos 128, 129 iñciso 2% 132, 134, 135, 137 inciso 1? del Códigod e Procedimiento Penal, 63, 65, 67, 68 y 84 del Código de Procedimiento Civil. Agrega que no es posible dictar sentencia en actuación en la cual no se haya respetado el debido proceso. Si el tercero civilmente responsable hubiese sido vinculado de manera adecuada, se hubiere presentado e Q?%£Yñ4ka de Cotombia =, _ Página 8 de 27 Casación n, 23333 Jesús Antonio Conde Yepes) ! U Es indemnizado, bien de forma directa o llamando en garantía a la aseguradora, el proceso habría terminado por conciliación o de otra forma extraordinaria y no habría llegado hasta la sentencia. Enseguida reitera en qué . consisten | las iregularidades y precisa que la nulidad se debe decretar desde la résolución que decretó el cierre de la instrucción,

para que se ¡nadrhita la demanda, se restablezca el derecho conculcado al tercero civilmente responsable. Este pedimento lo hace, a diferenciá del planteamiento que expuso en el cargo anterior que interesa a todos lossujetos procesales, porque nada más involucra al tercero civilmente responsable. Concreta el casacionista que por virtud de las mentadas irregularidades, la violación al debido proceso se produce por admitirse a Almacén Comisariato Vivero S.A. como tercero civilmente responsable. La incidencia Q22/¡¡¡/)¿w¡, P %>:Á»máú¡ r 1 | Página 9 de 27 ,.,¡' 1 E1Ay a Casación n.” 23.3 ; sa Jestús Antonio Conde Yepe %>i¡'(rº _Ó'%/)f(l/)if/ de __%lá—'f“¡r/ en el fallo ocurre por la condena contra ese sujeto procesal sin haber sido escuchado dentro del proceso. Cargo tercero El censor expone que en el poder para presentar la demanda se h.iz'o referencia a Almacén Vivero S.A. y que aquélla se presentó y fue admitida contra Almacén Comisariato Vivero S.A., es decir, una persona jurídica distinta a la mencionada en primer lugar. Tal irregularidad constituye violación al debido proceso, que debe ser reconocida de forma oficiosa por el funcionario, una vez la advierta. En e$te caso la demanda debía dirigirse contra Almacén Comisariato Vivero SA propietaria inscrita del . automotor, rázón por la cual la que Se presentó debió ser

inadmitida por la fiscalía. Además, en la providencia afectada no había lugar a vincular a Almacén Comisariato %íó¿fb&¿ de Calembia E , .++r CEE Página 10 de 27 H AEy A ' Casación n. 23.333 E é Jesús Antonio Conde Yepes A /| Carte Q;árema de Juiticia ' a J Vivero S.A., porque al estar referido Almacenes Vivero S.A. en el poder, era muy posible que el interés era perseguir a esta persona. Señala que con la inconsistencia aludida fueron vulnerados los artículos 75, 77, 85 del Código de Procedimiento Civil. Anota que la sentencia condenó a Carulla Vivero S.A. (antes Almacén Vivero S.A.) a pagar perjuicios, cuando la propietaria del automotor es almacén Comisariato Vivero S.A., persona.jurídi'ca diferente, como aparece en las . respectivas escriturás de constitución y los cerfificados de existencia y representación que aparecen en el proceso. Reitera que de haber sido viñculado correctamente el tercero civilmente responsable, éste se habría presentado a indemnizar o a llegar a algún arreglo, el cual no se dio por la intransigencia de la parte contraria. ggf;¿víóá'&¿ de Colombia E =7 _ Página 11 de 27 JP Cr _ , 1N Casación n. 23.333 al Jesús Antonio Conde Yepes Corte Qy;2¿ma (/6?L%áff.?f¿& Clama porque la mnulidad se decrete desde la providencia del 24 de noviembre de 2000, mediante la

cual se admitió a Almacén Comisariato Vivero como tercero civilmente responsable. Agrega que toda la actuación que se surtió desde la citada decisión viola el derecho a la defensa del tercero civilmente responsable, porque se presentó demanda contra una persona, fue admitida respecto de otra y resultó condenada la que no es propiétaría del vehículo, todo lo cual repercute en el fallo condenatorio contra el sujeto procesal de marras. Cargo cuarto El actor comenta que la notificación de la providencia por medio de la cual se vinculó al tercero civilmente responsable se hizo el 22 de junio de 2001 a los señores Álvaro Hernández y Alfonso Vilegas, quienes, según los certificados de existencia y representación de la empresa %x¿áák?a de %0/0423/)&:7/ = 7 | Página 12de 27 ¡ f S -í _ Casación n.” 23.333 - ' s Jesús Antonio Conde Yepesf . Cante %)mmap ¿'/íº-%á/¿&kb Almacén Comisariato Vivero S.A., no tienen la capacidad para representarla; además, el notificador dejó constanciaque el señor Samuel Azout tiene su domicilio en Bogotá. Ese acto de notificar a quien no corresponde significa una afectación del debido proceso y del derecho a la defensa, y es una irregularidad que debe ser reconocida de manera oficiosa. Las normas vulneradas son los artículos 314-1, 140-8 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil. Luego, repite lo relacionado con la irregularidad así como lo que habría pasado de vincularse de debida manera al tercero

civilmente responsable. La nulidad ha de decretarse, comenta el casacionísta, -desde el acto de notificación de la providencia del 24 de noviembre de 2000, mediante la cual se admitió a Almacén Comisariato Vivero S.A., como tercero Q%Í¿[!O¿& de %¿?Áfim¿¡a Página 13 de 27 "e s| . Casación n. 23.333 Y? M c Jesús Antonio Conde Yepes _ Corte Q£'/?€IJM.'¿—- de AJuEsi cda %'¡.'—'" y civimente responsable, quien resultó condenado sin haber sido escuchado dentro del proceso. Agrega que el Título VII del Código de Procedim¡énto Penal, en armmonía con el artículo 207 ibídem, no discriminan el sujeto procesal a que debe afectar la iregularidad para ihvocarla, sólo que aparezca en la actuación para invalidarla. Reitera que los señalados errores le impidieron al tercero civilmente responsable ejercer la defensa y la oportunidad de resarcir los dáños, si consideraba que . valía la pena, pafa darie fin al proceso y liberar al procesado CONDE YEPES de una condena injusta. Culmina señalando que en la pos_tulación de las anteriores ¡rrégularidades observó a cabalidad los principios que regulan las nulidades, e indicando que dentro del proceso no aparece la decisión mediante la cual la Fiscalía 12 Delegada ante el Tribunal Superior República de Colombia E= d E Página 14 de 27 -| NE Casación n.” 23333 —

E A : o - 1 Jests Antonio Conde Yepes ¡ A¡ -( —

GZ arte Q/:%v'¿waz de Lí';,r í/..m_.¿ m i': — desató el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución del 22 de septiembre de 2001. Quinto cargo En este apartado el libelista trata lo relacionado con la violación indirecta de la ley por el error de hecho, originado en un falso raciocinio al desconocerse las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas. Reseña los elementos probatorios incorporados al. proceso: los dictámenes periciales sobre los tres vehículos; los dictámenes practic;ados a los lesionados, el croquis levantado por las autoridades, Iaé declaraciones de los lesionados y la indagatoria de Nelson Augusto González Hernández. Al apreciar las versiones de aquellas personas, el juez se apartó de los principios que orientan la valoración Wqáa'¿/aºa de Colembia = - Página 15 de 27 1 PUF - Casación n." 23.333 [ le i Jesús Antonio Conde Yepe Conte Q.—;/ómfi¿ar de _Jusicia del testimonio, porque no tuvo en cuenta que provenían de los directamente afectados, ni “/a singularidad con la que declararor” especialmente González. De haberse considerado esa circunstancia, el resultado del proceso habría sido otro, porque por esa vía se violaron los artículos 232 y 247 del Código de Procedimiento Penal. Si se hubiesen observado los postulados de la sana crífica, comó la regla de la

experiencia que señala que las personas tienden a. defender sus derechós; los postulados de la lógica, en tanto es dable suponer que van a declarar a su propio favor, no en contra, se descartarían esas pruebas y, al menos, aparecería la duda y por tanto la imposibilidad de condenar. La libertad de apreciación probatoria, comenta el censor, no significa que en casos como el que es materia de juzgamiento “no se pueda invocar la referida causaf”. Kpública de Colembia Página 16 de 27 N E P Casaciónn. 23.333 1 Jests Antonio Conde Yepes ¡( Corte Qf9ór(y)¿ade %ál'f?º¿k& Enseguida comenta lo que se desprende de la declaración de los testigos sobre la asistencia médica a los lesionados, posible gracias a la intervención de Almacén Vivero S.A., pues la motocicleta no tenía seguroobligatorio. Del mismo modo, hace unos comentarios, basado en la declaración de los testigos y en él croquis, sobre el desplazamiento de la camioneta que conducía el procesado y la prelación de la vía, para afirmar que el principio de confianza quedó limitado al tratarse del ejercicio de una act¡yidad peligrosa: El lesionado Gutiérrez sabía que al conducir la moto asumía el control de esa actividad, que le impedía extenderse en la confianza, es decir, debía estar atento y alerta sobre todo lo que la rodeaba. Si a eso se une la errónea valoración de los testimonios, se puede concluir que las pruebas no son

%¿W¿€(¿ de %á/(t'?)fá!?& N Página 17 de 27 RE Casación n. 23.33 Jesús Antonio Conde Yepe Conte %/mema (éºffd¿¿'cf'm . aA suficientes para condenar. Los funcionarios omitieron la teoría del riesgo permitido y las acciones a propios riesgo. De haberse tenido en cuenta, el reéultado de la sentencia habría sido diferente. CONSIDERACIONES DE LA CORTE La casación discrecional procede coñtra las sentencia_s de segunda instancia, proferidas por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, en los procesos que se hubieren adelantado por delitos que tengan señaplenaa pdrivaativ a de la libertad cuyo máximo no exceda de ocho áños, y, también, contra sentencias de segunda instancia dictadas por los Juzgados Penales del Circuito, ¡ndependienfemente del quantum punitivo establecido en la ley para el delito por el que se profirió e|y fallo, como lo establece el artículo 205, inciso 3 de la Ley - 600 de 2000: Página 18 de 27. Casación n. 23.333 Jestis Antonio Conde Yepe De conformidad con la legisiación procesal penal vigente, la demanda de casación discrecional debe reunir los requisitos establecidos por el artículo 212 ibídem, y presentarse dentro del término legal, valga decir, dentro de los treinta días sigúientes a la interposición del recurso, el cual, a su vez, debe instaurarse dentro de los 15 días siguientes a la última notificación del fallo de

segundo grado. En el libelo ha de expresarse la necesidad de su admisión para el desarrollo de la . jurispfudencia | o la garantia de los derechos constitucionales que hubieren sido transéredidos en el trámite ordinario del proceso, únicos motivos por'los - cuales puede ser admitida, correspondiéndóle decidir a la Corte, en ejercicio de la discrecionalidad que la ley le otorga, si la admite o rechaza. Si se advierte que la sentencia recurrida fue proferida en segunda instancia por el Juzgado 7% Penal del Circuito de Barranquilla por .un delito cuya pena máxima no es Q?%ávíá£ea de Colombia N .:.' AyT Paágina 19 de 27 ¿¡ % Casación n.” 23.333 Jests Antomio Conde Yepes g%v—'ema, de %Jlixa¿á %C%'e— superior a ocho años de prisión, lesiones personales culposas (artículos 333 inciso 29 y 340 del Decreto 100 de 1980, 113 inciso 2% y 120 del Código Penal vigente), y que se presentó la ímpugñación dentro de los términos legalmente previstos, ha de concluirse que se activó el factor condicionante señalado en el inciso 3 del artículo 205 del Código de Procedimiento Penal. Ahora, podría estimarse que cuando el demandante al momento de interponer el recurso extraordinario invocó la necesidad de desarrollar la jurisprudencia, cumple la exigencia de enseñar a la Corte el motivo por el cual de modo discrecional admitiría la demanda de casación. Pero no basta con postular el cometido de dinamizar

la jurisprudencia nacional para franquear por completo la “piena evaluación del punto a través del recurso extraordinario, sino que es menester que los motivos argúidos estén en íntima conexión con los lineamientos Rieniblica de Colombia : -h_ e Página 20 de 27 7 A Casación n. 23.333 Jestis Antonio Conde Yepes Garte Hprema ¿/ñ%&'¿(¿& Ff de las causales de casación que se alegan como desarrollo de ese inicial planteamiento, de tal forma que la adecuada demostráción de los cargos formulados deje patente la necesidad de que a ello se proceda, bien porgue no existan antecedentes sobre la materia o que existiendo sean contradictorios. En este caso el casacionista no acató las comentadas directrices, pues basta | cotejar la propuesta iniciál contenida en el memorial con el que interpuso la casación con las razones esgrimidas en la demanda, para deducir la completa desarmonía entre aquélla y éstas. Obséfvese que en el primer Iibeló el censor deja señalado que busca quella Corte “se pronuncie acerca de las figuras contenidas en la ley 599 del 2000 (Código Penal), tales como el principio de cornfianza, sus limitaciones y la contribución de la víctima al resultado antijurídico”, pues si bieñ ha tratado esos puntos no ha Repblica de Colombia S 2 Pagina 21 de 27 ) Y NE7 . Casación n." 23.333 Jesús Antonio Conde Yepe ¡( Garte ny¡remalc¡'f.a ¿/7¡m'tzkfzi;r»

sido desde la perspectiva de aquella ley, agregando que eso es “motivo suficiente para que la corte se pronuncie por vía excepcional, aunque esa sea una hipótesis valida (sic), la que amerita un pronunciamiento jurisprudencial, - dado el poder de decantación de la ley que fiene esa - magna corporación”. Sin embargo, en la demanda el casacionista no hace análisis alguno que resulte coherente con esa premisa, pues se enfrasca en señalar supuestas irregularidades que, al menos las correspondientes a los óargos dos, tres y cuatro, no tenían la potencialidad de afectar el derecho de defensa del procesado o los intereses de éste por quebranto al debido proceso, en cuanto tienen relación con la vinculación del tercero civilmente responsable, sujeto procesal al cual no representa el casacionista. Esto es importante señalarlo, porque la Corte tiene sentado que: %í¿&(¿» de Colembia. Xe Página 22 de 27 /]” E : - Casación n. 23.333 — . Jesús Antonio Conde Yepeah j Carte g;pm¡¡¿a de Ájfá.º¡m “En la actuación penal, por regla general, todos los sujetos procesales tienen la facultad para controvertir las decisiones emitidas en el cúrsó de la misma a través de la interposición de los recursos legalmente establecidos; sin embargo, como los medios de impugnación se erigen en mecanismos concebidos para corregir los errores de actividád,— de lógica jurídica o de valoración probatoria cometidos por los funcionarios judiciales en cuanto perjudican a una o varias de las partes, las providencias

sólo pueden ser censuradas por quienes derivan de ellas un concreto agravio, al cual se vincula el interés jurídico para recurrir, por razón del cual la pretensión del impugnante debe encaminarse a obtener entonces la reparación del perfuicio causado con el pronunciamiento respectivo. Este requisito que estaba consagrado en forma expresa en el artículo 196 del estatuto procesal penal bajo el cual se adelantaron las presentes diligencias (Decreto 2700 de 1990), a través de una regulación normativa reiterada en el artículo 186 de la codificación instruimental de reciente vigencia, desde ninguna óptica es ajeno a la casación iatendida su propia naturaleza de niedio extraordinario de impugnacfón; menos aún, al advertir que tiene entre otros fines, por disposición del legislador y precisamente, la reparación de los agravios inferidos a las partes con la sentencia objeto de la misma. Q2/¿(?MJ%- de %á&fr¡¡á'¡¿- NE7 Casación n. 23.33 a - Jesús Antonio Conde Yepe: %¿r/?;— gpmyi¿a- (á.%ff¿&'fº¡'¿¿ Ahora bien, a partir de este irrebatible entendimiento, la Corte desde antaño ha precisado que la casación ha de estar orientada a satisfacer el aludido propósito, es decir, desde diferente arista, a pretender un beneficio para la parte en cuyo favor se interpone. Por lo tanto, en cuanto interesa considerar para el caso examinado, resulta evidente la ausencia de interés jurídico en el defensor impugnante no sólo cuando la postulación propende de

manera expresa o tácita por tomar más gravosa la situación de quien representa, sino también, cuando el error de actividad o in iudicando argúido afecta en apariencia y tan sólo a otros sujetos procesales, que es la hipótesis configurada con evidencia en el presente asunto. En efecto, al amparo de la causal de nulidad el demandante presenta dos cargos contra el fallo de segundo grado, mediante los cuales acusa la existencia de presuntas irregularidades cometidas en el curso de la actuación en perjuicio de sujetos procesales diferentes del sindicádo cuya asistencia jurídica ostenta.” (Auto de casaciódne l 11 de febrero de 2003, radicación n. 18.566, M.P. Edgar Lombana Trujillo). De acuerdo con lo anterior, resulta claro que el censor propugnó, sin estar legitimado para ello, por la situación de un sujeto procesal cuya representación no se le otorgó ©?%¿MÍÁ&G¿Z de %(º/úm¿¡a Página 24 de 27 Casación n. 23.333 Jestis Antonio Conde Yepes Conte %ónºf¡¿¿& cÁ?%M&& dentro del proceso, bajo la reiterada fórmula de que se cercenó la posibilidad de que el proceso terminara por indemnización, como si la operatividad de esta figura dependiera deila presencia en el proceso de quien es señalado como tercero civilmente responsable; además, resulta pafadójico que en la demanda misma el actor señale que la pretendida indemnización no llegó a feliz término por la intransigencia “de la otra parte”, lo qué enseña que no fue precisamente por una supuesta

iregularidad en la vinculación del tercero civilmente responsable. Ahora, en lo que tiene que ver con la alegada aducción irregular .al proceso de unos dictámenes periciales y la apreciación errónea de los mismos por - parte de los ju¿gadores, la demanda desvía el camino de ataque, pues la falta de traslado de los experticios a los sujetos procesales la hace aparecer como motivo invalidante de la actuación, cuando tal defecto ha de ser %£Óf?f:a de Calomtia Página 25 de 27 ' Casación n. 23.333 Jestis Antonio Conde Yepes Cone Hiprema de Susticia postulado dentro de los linderos de la violación indirecta o mediata dé la ley sustancial, de acuerdo con el artículo 207-1, cuerpo 29, de la Ley 600 de 2000, ya que un desaguisado semejante constituye un error de derecho por falso juicio de legalidad. Por último, en el 'quinto cargo, en el cual el censor propone la violación indirecta de la ley sustancial, por un error de hecho 10r¡ginado en falsos raciocinios, a|canza¡ a mencionar de modo muy superficial algunos elementos conceptuales que se entroncan con la propuesta inicial, el desarrollo de la jurisprudencia, como la alusión que hace al princip¡ó de confianza, pero por ninguna parte explica de qué forma los falladores entendieron tal categoría dogmática, ni cuál ha sido el tratamiento que la Corte le | ha dado a la figura, ni mucho menos de qué manera ésta fue configurada por el legislador de 2000, ni cómo es necesario actualizar la doctrina sentada por esta

Corporación. %íáfkw de Colombia . Página 26 de 27 ¡ 7 Casación n. 23.333 e fa' Jesús Antonio Conde Yepes Conte g¡/)mmao a4º%dáwa 9 I. En suma, como quiera que el censor no expuso con claridad y precisión las razones por las que consideraba que la Corte, de modo excepcional, podía admitir la demanda, ésta será inadmitida, toda vez que, adenñás, tampoco reúne las exigencias señaladas en el artículo 212-3 de la Ley 600 de 2000. En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, RESUELVE inadmitir la demandade casación presentada en nombre del procesado JESÚS ANTONIO CONDE YEPES, por las razones comentadas en la parte resolutiva de esta decisión. Contra esta providencia no procede recurso alguno. República de Colombia Página 27 de 27 Casación n. 23.33 Jesús Antonio Conde Yepe Conte gy¡rfw¿(¿- afe(j'r;cf/áfe¿a, Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.

INPULIADO DBAERÓN

HERMAN GALÁN CASTELLANOS

ALFREDQ…GBMEZ QUINTE EDGA!%ÓIAvNA TRUJILLO

ÁLVARO ORLAN "PEREZ PINZON JORGE LUI&QU' :;ERO MILANÉS __,., r:-

YE¿S RAMIRBAESTZJB AS SOLARTE PORTILLA

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TERESA RUIZ NUÑEZ

Secretaria