CSJ - SP23634(12-10-2006)

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Rad. 23634. CASACIÓN. SENTENCIA

JAIME MATEUS BARON República de Colombia hes, d Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

• Magistrado Ponente:

JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS Aprobado acta N 115

Bogotá, D. C., doce (12) de octubre de dos mil seis (2006). VISTOS Se pronuncia IaCort_e e'n séde de casación respeóto de la eventual trasgresión de una garantía fundamental del procesado JAIME MATEUS BARON, relacionada con el quantum de la pena accesoria que le fuera impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá, según sentencia condenatoria de segunda instancia fechada el 21 de julio de 2004. HECHOS El juzgador de segunda instancia los sintetizó de la siguiente manera: “Adriana Carolina Rodríguez Murillo, alcohólica y drogadicta, fue internada por - su familia en un establecimiento de rehabilitación denominado “Fundación . Abriendo Caminos”, con sede en el norte de esta capital (Bogotá) y regentado por JAIME MATEUS BARÓN, donde quedó intema y se la sometía a z _-7

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JAIME MATEUS BARON Republ¡ca de Colomb¡a Corte Suprema de Justicia - . tratamiento farmacológico que la sumía en letargos, lo cual fue aprovechado por JAIME MATEUS BARÓN para abusar sexualmente de el!a lo cual aconteció en el año de 2001 (pnmer semestre). ACTUACIÓN PROCESAL Con base en los médios de convicción allegados durante la investigación

previa, la Fiscalia 230 Seccional de Bogota el 16 de agoto de 2002, profirió resolución de apertura de mvest¡gac¡on Practicadas unas pruebas y oído en indagatoria Jaime Mateus Barón, el 9 de septiembre de 2002, se le resolvió la situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva, por el delito de acceso carnal violento. Allegados otros medios de prueba, el 22 de noviembre de 2002 se clausuró la investigación y,i el 26 de diciembre siguiente, se calificó. el mérito del sumario con resolución de acusación en contra de Mateus Baron, por el delito de acceso carnal víolentó, decisión que, por razón del desistimiento del recurso de apelación interpuesto, quedó ejecutoriada el 13 de febrero de 2003. El expediente pasó. al Juzgado Séptimo Penal d.e| Circuito de Bogotá que, luego de dar trámite al juicio, el 5 de marzo de 2004, dictó sentencia de primera instancia en la que condenó a Jaime Mateus Barón a la pena

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JAIME MATEUS BARON República de Colombia principal de ciento sesenta y tres (163) meses de prisión y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un término igual al de la pena privativa de la libertad, como autor del delito de acceso camal violento. Apelado el fallo po1r el dé_fensor del procesado, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, el 21 de julio de 2004,1 lo confirmó. Contra esta determinación, el defensor del procesado interpuso recurso

extraordinario de casación y presentó la correspondiente demanda.

2. La Sala de Casación Penal, mediante providenciá fechada el 21 de agosto de 2006, inadmitió la demanda de casación. No obstante, como advirtió quee n la sentencia condenatoria proferida contra Jaime Mateus Baron se le impuso la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por uní Iápso íguá! al de |abena privat¡va de la libertad, esto es, ciento sesenta y tres (163) meses de prisión, (13 años y 7 meses), quantum punitivo que podría eventualmente desbordar el máximo señalado por el legislador al respecto, circunstancia que comportaría la violación de los derechos y garantías del sentenciado, dispusó surtir al Ministerio Público el traslado establecido en la ley para QUe conceptuara sobre dicha posible trasgresión.

Por lo tanto, como en el presente pronunciamiento la Sala no se ocupará del estudio de la demanda de casación preéentada por el defensor del ZA Rad. 23634. CASACIÓN. SENTENCIA JAIME MATEUS BARON Corte Suprem de Justiciaprocesado, la cual, como se dijo, fue inadmitida, no se hace necesaria su análisis en esta providencia. “ CONCEPTO DEL PROCURADOR CUARTO' DELAGADO PARA LA CASACIÓN PENAL Sostiene el Ministerio Público que el tema relacionado con las penas princípales y accesorias previstas para un determinado delito,no impide la combinación de preceptos con el fin de integrar la norma más favorable, motivo por el cuál-resulta valedero que de cada una de é.||as se tome lo que

más favorezca al procesado frente al tránsito legislativo. Por consiguiente, afirma que no existe duda que el apotegma jurídico en virtud del cual la ley se aplica a partir de su vigencia, admite una importante excepción con fundamento en el artículo 29 de la Constitución Política, en cuánto ordena que las leyes sustanciales y procesales de carácter sustancial favorables al procesado o condenado, necesariamente deben aplicarse con preferencia a aquellas desfavorables. Después de recordar el contenido de los artículos 51 y 52 de la Ley 599d e 2000, dice que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto 100 de 1980, norma Vigente para la época de los hechos, la pena accesoria de interdicción de dérechos y funciones públicas no podía, en ningún caso, tener una duración superior a 10 años.

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JAIME MATEUS BARÓN

República de Colombia Corte Supre de Justicia De ahí, el “equívoco del sentenciador de Primer Grado, avalado por el de Segunda Instancia, porque al determmar la pena accesoria por una duración ¡gual a la prmc:pal de prisión, es dec:r ciento sesenta y tres meses (que equivalen a 13 años y 7 meses), incurrieron los juzgadores en flagrante violación de las garantías fundamentales. atrás precisadas pues dejaron de aplicar 10 años de duración máxima indicados en la antigua regulación legal, haciendo abstracción de que la citada norma por 1hallarse en vigor en la fecha de marras era aplicable al procesado”.

En consecuencia, sugiere a la Corte casar parcialmente y de oficio la sentencia, con el objeto de enmendar la mencionada irregularidad. CONSID_ERACIONES DE LA CORTE Examinada la sentencia condenatoria que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió, el 21 de julio de 2004, contra Jaime Mateus Baron, a través de la cual confirmó, la dictada en primera instancia por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de la ciudad, es evidente que la pena accesoría de interdicción de derechos y funciones públicas que le fue impuesta por un lapso igual al de la pena principal, esto es, 163 meses, excedió los diez años que sobre dicha sanción contemplaba el artículo44 del Decreto 100 de 1980, norma ésta última vigente para la época de ocurrencia de los hechos juzgados y aplicable a este asunto por ser más favorable. A

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JAIME MATEUS BARON

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Ante esa situación y teniendo en cuenta que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 29 de la Constitución Política, “nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa”, norma que contempla el principio de Iegalídad de las penas y, por lo mismo, protege la libertad individual frente a la arbitrariedad de los funcionarios judíciales y garantizá los pfincípio's de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley, surge claro que la pena accesoria qué se le impu30 a Jaime Mateus Baron viola principio de legalidad.

En efecto, el artículo 52 del Código Penal de 1980, norma aplicable, como se dijo, por ser mási favorable que la consagrada en la Ley 599 de 2000, establecía que la pena de prisió_n implicaba la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas Ipor un periodo igual al de la pena principal, pero, a su vez, el artículo 44, ibidem, señalaba que su duración máxima era de diez (10) años. En otros términos, la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas débía ser igual a la de prisión, peró'si ésta era superior a diez (10) años, la de interdicción no podía franquear ese límite, parámetro éste último que sin duda fue desconocido por el ]Uzgador de segunda instancia, conllevando así a la violación del principio de legalidad de dicha pena. Por lo tanto, compaftíendo el criterio del Procurador Delegado, la Sala, haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 216 del Código de 6 7

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JAIME MATEUS BARON

República de Colombia ER -&;ma¡ CRO Corte Suprema de Justicia - Procedimiento Penal, casará oficiosa y parcialmente el fallo de segundo grado y, en consecuencia, disminuirá en diez (10) años la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, hoy denominada inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, impuesta al procesado. En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y

por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CASAR oficiosa y parcialmente la sentencia “impugnada y, en consecuencia, imponer a JAIME MATEUS BARON la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el término de diez (10) años, conforme a lo expuesto en esta providencia.

2. PRECISAR que las restantes decisiones adoptadas en el fallo impugnado se mantienen incólumes.

3. Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.

SOVARTE PORTILLA

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JAIME MATEUS BARON

República de Colombia Corte Eiuprema de Justicia NNÑD

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

MA

MARINA PULIDO DE BARÓN

EXCUSA JUSTIFICADA YESID RAMÍREZ BASTIDAS Página 1 de 8

Casación N? 23.63 JAIME MATEUS BARÓI Aclaración de vot ACLARACIÓN DE VOTO Como lo señalé en la aclaración.de voto al auto del 23 de agosto de 2006, aquí obrante, hoy en díá existe la posibilidad de "súperar los defectos de la demanda” pára | realizar pronunciamiento de fondo por posible vulneración a garantía fundamental, pueé así se prevé en el artículo 184, inciso tercero, de la Ley 906 de 2004, a raíz precisamente de los fines de la casación, cuales son “a efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los

agravios inferidos a éstos y la unificación de la jurisprudencia” (artículo 180 ibídem), para lo cual ha de tenerse en cuenta la fundamentación que en la demanda se haga de los mismos, I-a posición del impugnante dentro del pr_óceso y la índole de la controversia planteada, todo lo cual permite, í'rero, superar los défectos de la deníanda. Keriblica de Colombia Página 2 de 8 ¿ Casación N? 23.6348 JAIME MATEUS BARÓN Aclaraciónde voto Ce %Jm&z¿z á,_/% En lo que no estoy de acuerdo, y es el objeto de la presenteaclaración de voto al fallo em_itido dentro de la presente actuación, es en que selhaya dispuesto el traslado de la actuación a la Procuraduríá General de la Nación para la emisión de concepto sob_re Iá-posible - vulneración a garantía fundamental del sujeto pasívo de la acción del Estado, yaque esto sólo .es proóedente cuando la demanda satisface los requisitós formales — (artículo 213, 'Ley 600: de 200), puesel concepto debe versar sobre los .cargos admitidos, motivo por el cual-al no haberse aceptado ninguno resultaba innecesario el traslado, por .lo que lo procedente era haberse pronunciado inmediatamente sobre el punto en-la misma - - providencia inadmisoria de la demanda, para de esta manera dar eplicación al principio de pronta y cumplida administración de justicia, consagrado en el artículo 4% de la Ley 270 de 1996.

Página 3 de é Casación N 23.634% JAIME MATEUS BARÓN Aclaración de voto En torno a este tema, cabe agregar que .cuando la Corte entra a proferir una sentencia Ide casación, es porque se ha observado el debido proceso propio del medio de impugnación extraordinario. Ásí, ha debido interponerse contra el fallo de segunda instancia dentro del término oportuno, el tribunal lo concedió, la demanda fue presentada en el término de traslado para eIA efecto, Se tuvo que haber corrido, así mismo, el traslado para los no recurrentes; de igu'al modo, llegada la actuación a esta Corporación, se examinó la demanda, se declaró ajustada y ordenó el traslado al Procurador Delegado para que conceptuara sobre el mérito de la misma. De esa forma, digo, la Corte regularmente asume de plano la competencia .que tiene como Tribunal de casación pafa emitir la sentencia que sea del caso de acuerdo con los términos plañteados en la demanda. Por ministerio de la Ley tal competencia se puede extender a Kepúblicad e Colombia s Página 4 de 8 E T Ú . _ Casación N”.23.634 £ JAIME MATEUS BARÓN N Aclarac'ión_de voto É7 %áwz¡z¿a aácíríf/ífw — aspectos no tratados en la demanda, cuando quiera que encuentre un motivo de nulidad o afectación a las garantías de los-sujetos procesales (artículo 216). No han sido pocos los casos en los que Iá Corte'se ha visto precisada, después de haberse surtido. el

comentado tráfnite, a casar de oficio una_-sen'ténciade éegundo grado al advertir -Ia presencia de .cúal¿¡uiera de esas eventualidades, -incluso, sin que el.agente del Ministerio Público la hubiera detectado al rendir su concepto. Entonces, si así ha procedido, es decir, si ha casado de oficio sin contar ni conocer la opinión dyel Procurador Delegado sobre un aspecto que sólo emergió a ojos de la Corte al momento de dictar la sentencia de casación, no encuentro razón atendible para que al estudiar si la demanda de casación reúne los requisitos de Página 5 de 6 , Casación N 23.63 JAIME MATEUS BARÓ Aclaración de voto admisibilidad y después de inadmitirla ante la carencia de tales requisitos, se dé lugar a un trámite que la ley no prevé. En otras palabras, si según el artículo 216 de la Ley 600 de 2000 el presupuesto para casar de oficio es que la Corte per¿¡ba que la sentencia se profírió dentró de un juicio viciado de nulidad o porque la misma atenta de manera ostensible contra las garantías 'fu-ndamentales, es decir, si ya advirtió la falla al examinar preliminarmente la demanda quel se va a inadmitir, pregunto ¿para qué traslado al Ministerio Público? Creo, al contrario, que frente a esa ciróunstancia, el sentido del artículo en cita consiste en habilitar la competencia de la Corte para que profiera sentencia de oficio por fuera de los derroteros de la demanda, bien sea

coetáneamente con la inadmisión de ésta o después de Depública de Colombia . < — Página 6 de 8 R — Casación N 23.63

JAIME MATEUS: BARÓ.

Aclaración de voto' %x/¿ %ámw&z Qé%¿&€¿& agotado el debido trámite casacional Si es que 'el libelo llegó a ser admitido. Por último, debo ser enfático en que el ejefcicio de la facultad oficiosa que la ley le otorga a la Corte para caéár una sentencia de segunda instancia si percibe alguna de las condiciones señaladas en el artículo 216 dé la Ley 600 de 2000, no abre pasó a una tercera instancia, ni se asimila a un ámbito de plena jurisdicción,.a modo de consulta, como para que pueda estimarse que tiene la gracia de decidir sobre todos los aspectos fácticos o jurídicos tratados en el fallo o examinar el completp andamiaje procesal. En tal evento, el legislador estatuyó un plus de protección a las garantías fundamentales al asignarle a la Corte la misiónde reparar ostensibles agravios a la estructura del proceso o las garantías debidas a los Página 7 de 6 Casación N 23.634JAIME MATEUS BARÓ Aclaraciónde voto sujetos procesales, por manera que su campo de acción no es ilimitado sino el apenas necesario para introducir el correctivo que sea del caso. En cuanto sentencia de casación la que así produzca, desde luego, como cualquier otra de la misma naturaleza, también debe propendér por el cumplimiento de los fines que la Constitución y la ley le asignan a esa

sede extraordinaria: hacér efectivos el derecho material y las gárantías de las personas que intervienen en la actuación penal, la unificación de la jurisprudencia nacional y la reparación de los agravios inferidos a las partes con el fallo. No son más, pero tampoco menos, los límites que tiene la Corte en el ejercicio de la atribución que tiene de casar de oficio la sentencia. La ineludible e imperativa observancia de ellos garantizará que la casación no DPiepúblicad e Colombia . =. Página 8 de 8 16 Casación N 23.634 U ' JAIME MATEUS BARÓ Aclaración de vot Chrto Arema á(?(ÍW'M pierda su naturaleza de instituto procesal extraordinario, que se desarrolla por fuera de las instancias, técnico y especializado, y que no mute en sirñple escenario para revivir controversias ya agotadas o pará prolóngar, en desmedro de la celeridad que debe observar la + administración de justicia, la discusión de asuntos resueltos en una sentencia judicial que se presume acertada y emitida con arreglo al ordenamiento jurídico. SIGIFREDQ' DSA PÉREZ Fecha ut supra.