CSJ - SP23681(13-09-2005)

NA RBPÚ6£CG d-8 C0[0??1610 Casación No, 23.681 P./ Oscar Fernando Cuevas Cepeda

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. ALFREDO GÓMEZ QUINTER

O Aprobado AÁcta No. 67 Bogotá, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil cinco (2.005).

VISTOS: En trámite del recurso extraordinario de casación impetrado, enkre otros sujetos, por. el defensor de OSCAR FERNANDO CUEVAS CEPEDA, se pronuncia la Sala sobre la petición que aboga por la prescripción de la acción penal en este asunto, elevada como lo ha sido por el apoderado esfóecial de dicho procesado.

N República de Colombia Casación No, 23.681 P./ Oscar Fernando Cuevas Cepeda Corte Suprema de Justicia ANTECEDENTES RELEVANTES Y PETICIÓN: En razón a los cónvenios suscritos entre la Fiscalía General de la Nación, la Asociación Bancaria y las entidades financieras, se instó por parte del Cuérpo Técnico de investigación una averiguación relacionada con el reintegro de dineros del exterior a través de la firma Alaska Petroleum Corporation por suma superior a-los 1.400 millones de pesos, pesquisa que permitió establecer que durante los años 1.9?2 a 1.996, las empresas Mobil Ámi S.A., Mobil Ami Research Inc, Mobil Ami Research Colombia S.A., Yukon Oil € Gas S.A., Kroll Olufsen y Cia Lida. S.A., Hudson Oil é Driiling Corporation S.A., International

Bussinnes 8 Trading Corporation 1y Alaska Petroleum Corporation Limited y más de cieñ derivadas de éstas, habrían realizado operaciones financieras y cambiarias por millones de dólares, con vinculación de empresas estatales (Instituto de Fomento Industrial, Financiera Energética Nacional), para lo cual se giraron múltiples títulos valores a nombre de personas inexistentes, con nombres y números de identidad, por tanto, falsos, que luego eran consignados en las cuentas de algunos de los sujetos que resultaron procesados Entre éstos figura OSCAR FERNANDO CUEVAS CEPEDA, a quien se atribuye el manejo financiero nacional e internacional de varias de dichas empresas, operaciones en la bolsa y todo lo concerniente NN Repúóñca de Colombia Casación No. 23 081 P./ Oscar Fernando Cuevas Cepeda Corte Suprema de Justicia con el giro de centenares de cheques y contra quien la Unidad Nacional Delegada ante los Tribunales de Bogotá y Cundinamar ca, al confirmar la decisión de primer-grado, mediante proveído fechado el 26 de mayo de 2.000, profirió resolución acusatoria por los deli tos de enriquecimiento ilícito de particulares (art.1 del Decreto 1895 de 1.2989, adoptado como legislación permanente por el art. 10 del . Decreto 2266 de 1.991), falsedad en documento privado y ffau.de procesal (arts. 221 y 182 del Código Penal de 1.980). Por estos delitos el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de esta capital, entre otros procesados, condenó a CUEV AS

CEPEDA en decisión fechada el 16 de diciembre de 2.002, a pena pr¡ncipal de 134 meses de prisión y multa equivalente a 25 237 millones 305 mil 441 peéos con 30 centavos, en determinad ión confirmada por el Tribunal Superior el 4 de marzo de 2.004. Contra el fallo de segundo grado, entre otros impugnantes el defensor de CUEVAS CEPEDA interpuso el recurso extraordinario de casación, cuyo ajuste formal declaró la Sala el pasado 27| de junio, disponiéndose el Consiguiente traslado al Ministerio Públ Ico con miras a que emita el concepto de rigor. N República de Colombia Casación No. 23 581 P./ Oscar Fernando Cuevas Ceped ;ºW¿ d - i Corte Suprema de Justicia e En curso dicho trámite, el apoderado especial de OSCA FERNANDO CUEVAS CEPEDA solicita a la Corte declarar a extinción de la acción penal bajo el supuesto de haberse consolidado la prescripción. Observa el peticionario que como los hechos de este proceso habrían tenido ocurrencia estando vigente el Código Penal de 1.980, son las normas peñinentes contenidas en los artículos 80, 81, 84 y 85 aplicables, pudiéndose de su texto colegir que como se está en la etapa del juicio, el término prescriptivo siempre ha de tomarse por|la mitad del prevenido en los respectivos tipos penales, sin que pueda ser inferior a cinco (5) años, lapso que según su criterio es el tope máximo en relación con cada uno de los delitos por los que se procede, esto

es, enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad en documento privado y fraude procesal. Así, dado que la acusación de segundo grado quedó ejecutoriada en fecha en que suscribió por la Fiscalía, esto es, el 26 de mayo de 2.0¡B0, el término prescriptivo se habría producido el 26 de mayo del año CUrso. Para argumentar este resultado de sus conclusiones, afirma el actor que el señalamiento de la fecha de prescripción contenido en NA República de Colombia | Casación No. 23. 681 P./ Oscar Fernando Cuevas Cep eda Corte Suprema de Justicia sentencia del Tribunal, además de impertinente, corresponde a un planteamiento errado. Lo primero por cuanto su delimitación es algo que le compete al juez al momento en que el fenómeno dice tener ocurrencia y lo segundo en la medida en que el incremento que se señala en el artículo 84 del Código Penal es predicable antes de lla ejecutoria de la resolución de acusación. Por estimarlo de utilidad, acoge el memorialista doctrina constitucional relacionada con la naturaleza jurídica de prescripción, denotando su carácter de institución de derecho público, garantía constitucional y su pertenencia al núcleo central del debido proceso. A partir de dicha cualificación y en particular con apoyo en la sentencia C-087 de 1.997, de cuyo contenido sostiene cabe afirmar que la extensión del plazo prescriptivo previsto en el artículo 81 del Código Penal “obedece a la necesidad de contar con instrumen tos idóneos para la persecución del delito teniendo en cue nta condiciones adversas de espacio y tiempo para lograr los objeti vOS

estatales propios de la fase de investigación penal, es obvio « jue esta prórroga solamente puede ser tenida en cuenta en la etapa procesal de investigación del hecho” (resalta el actor). NN República de Colombia Casación No. 23.681 P./ Oscar Fernando Cuevas Cepetla — Corte Suprema de Justicia Se opone a la consideración que podría aducirse de estar diferenciadas las funciones de acusación y juzgamiento, en tanto en ésta también podrían practicarse pruebas, pues el juicio no está destinado a la comprobación de los elementos fundamentales de la infracción, como también, asegura, se precisara en la sentencia C416 de 2.002. Además, tomando el tenor del artículo 81 en cita, acorde con el cu 1al “el término de prescripción señalado en el artículo anterior, sólo es posible entender que se refiere a los topes indicados en el artículo 80 y no a los allí señalados e incrementados de acuerdo con as regulaciones de los artículos 81 y 82. Concluye, así, que el incremento al término prescriptivo para delitos cometidos en el exterior se justifica constitucionalmente, por | condiciones de inferioridad en que se encuentra el estado para investigar los hechos punibles, pero como al momento de acusación es imperioso demostrar la tipicidad de la conducta y contar con pruebas suficientes acerca de la probable responsabilidad, desaparece la razón para el incremento y durante la etapa del juicio se vuelve a contar de nuevo, pero desaparecien do XA República de Colombia Casación No. 23.68 h P./ Oscar Fernando Cuevas Cepeda Corte Suprema de Justicia

para dicho momento los aumentos que para la fase de investigació n contemplan los artículos 81 y 82 del C.P. En condiciones tales, los delitos atribuidos al procesad o] prescribirían en un lapso máximo de cinco años, por lo que a partir de la acusación y en vista de que la sentencia no se encuentra ejecutoriada, el mismo se habría cumplido, solicitando a la Corte así lo declare. De contera y como quiera que CUEVAS: CEPEDA se encuentra privado de la libertad, como consecuencia de la anterior declaración, solicita se le conceda su libertad.

CONSIDERACIONES:

1. Unanimidad de criterios permiten afirmar en orden a fijar el fundamento de la prescripción como instrumento válido para extinguir la posibilidad de que el Estado jurisdiccional prosiga con la persecución penal o pueda siquiera iniciarla, que este fenómeno liberador de la acción punitiva ha tenido una doble justificación;| en

N República de Colombia Casación No. 23.68 P.I Oscar Fernando Cuevas Cepeda Corte Suprema de Justicia primer término, a favor de quien ha sido, o puede llegar a sé r investigado y procesado y de otro lado, en contra del propio Estad o en razón de no estar en capacidád de adelantar la pesquisa penal dentro del lapso que la ley le ha impuesto para acometerlo.

2. Al margen de que la prescripción como fenómeno jurídico de orden público haya sido explicada en su naturaleza con argumentos de índole eminentemente procesal o penal, hoy por hoy no se discute su carácter sustancial, pero tampoco que la aptitud que tiene de enervar una actuación procesal conduzca a reconocef la

integrada al debido proceso y en ese orden a ratificar su esenc la mixta.

3. Metodológicamente los distintos estatutos “penales han contemplado una disposición básica o matriz que como norma general señala el período dentro del cual la acción penal prescrib e, indicando al propio tiempo un. lapso mínimo y máximo en que el lo puede ocurrir.

Dicho precepto por razones de política criminal que infunden|un trato difererícíal, sin embargo, ha contado con situaciohes excepcionales que conducen a modificar el término en que la NO República de Colombia Casación No. 23.68 N P./ Oscar Fernando Cuevas Cepeda prescripción opera. Tales son: cuando el delito se hubiere iniciado consumado en el e$<terior, que la incrementa en la mitad y respect del delito cometido por servidor público en ejercicio de sus funcione o de su cargo o con ocasión de ellos, cuyo incremento es de | tercera parte (artículos 81 y 82 del Decreto 100 de 1.980 y art. 83 d la Ley 599 de 2.000). 4, Particularmente en lo que atañe a la realización del delito fuer del país, la extensión del término prescriptivo de la acción penal e tales casos tiene en cuenta razones de orden | interno internacional, como que los crímenes que tienen lugar por fuera d las fronteras no solamente comportan una expresión criminológic de mayor complejidad y alcances nocivos para la comunida¡d mundial, sino que generalmente constituyen una verdadera organización y estructura criminal, cuyas características d profesionalización del trabajo delictivo, vocación de permanencia capacidad expansiva, hacen particularmente difícil su persecución

desde el punto de vista material y probatorio (supuestos todos, por demás, predicables de este caso).

5. Por leflo, como lo recalcara la Corte Constitucional en la sentenci C-087 de 1.997 — a que alude el memorialista- , al ocuparse de la

]a[ SE e a e y a N REPÚEECU. de CO[0?H6Í£Z Casación No. 23.68

• - P.f Oscar Fermnando Cuevas Cepedá Corte Suprema de Justicia demanda incoada, entre otras disposiciones, contra los artículos 80 y 81 del Decreto 100 de 1.980: “Se observa que los argumentos presentados en contra del tópe máximo establecido en el artículo 80 del Código Penal, se repiten por el demandante para impugnar los topes máximos establecidos en el artículo 81 acusado, en cuanto al término de prescripción del delito iniciado o consumado en el exterior en la parte que señala 'sin exceder el límite máximo allí fijado". La Corte estima que no existe fundamento alguno para proceder a la declaratoría de inexequibilidad demandada, mucho menos cuando se trata de una disposición que tiene en cuenta las condiciones de espacio y de tiempo naturalmente adversas, en las que de ordinario debe cumplirse la función constitucional! de perseguir el delito en el exterior, y para ello se aplica la regla del tope máximo de caducidad de la acción penal de velnte años”.

En forma sintética, la doctrina constitucional realza un elemento de la mayor ¡mportancia para explicar la motjvación político criminal |y legislativa que explica el incremento del lapso en que la acción

penal prescribe respecto de los delitos iniciados o consumados en el exterior, como lo es la presencia de condiciones temporo-espaciales y hasta de diversidad cultural y de ¡dioma que usualmente dificultan la persecución del delito.

6. Acá, desde luego, cuando se dice relación a circunstancias de diversa iíndole que - por ser adversas -, dificultan la pesquisa de los hechos punibles, como no podría ser de otro modo, se está

NA República de Colombia Casación No. 23.681 P./ Oscar Fernando Cuevas Ceped ] teL Corte Suprema de Justicia comprendiendo tanto las labores de inteligencia incipientemente orientadas a intuir su programación, su minucioso seguimiento, la constatación preliminar de la infracción penai, como las indagaciones concretas que posibilitan iniciar la investigación acusar a quienes resulten imputados y obtener su condena. En una cualquiera. de dichas secuencias en que se desarrolla la persecución del dé!ito cometido en el exterior y en tanto las facetas procesales conducentes a su definición estén sujetas a debate judicial, se justifica plenamente que el término prescriptivo de la acción sea superior, toda vez que la confrontación probatoria que determina, finalmente, Vsi hay lugar a la declaratoria de responsabilidad, se manifiesta no solo en la etapa investigativa, sino también en la del juicio.

7. El artículo 81 del Decreto 100 de 1.980, (en regulación sobre la materia idéntica a la contenida en el artículo 83 de la Ley 599 de 2.000), a que se refiere el peticionario, dispone que el término prescript¡vo de la ac_ción penal “señalado en el artículo anterior”, se

aumentará en la mitad, sin exceder el límite máximo que en tal norma se fija, cuanáó el delito se hubiere iniciado o consumado en el exterior. N República de Colombia Casación No. 23.68 P.I Oscar Femando Cuevas Cepedá Corte Suprema de Justicia La Corte Constitucional al declarar la exequibilidad de tal precepto, en manera alguna lo hizo bajo el supuesto que el peticionario da po — incontrovertible, de justificarse la extensión del plazo prescriptiv ;el exclusivamente para la fase investigativa. La norma en cuestión no auspicia una interpretación semejante ni la decisión comentada la condiciona en dicho sentido. Es inusitado que el actor asegure que durante la etapa del juicio “"no se está investigando la infracción de la ley penal, sino brindando á procesado la oportunidad de defensa ante la acusación” y que pese a reconocer que en el período del juicio se permite la práctica dr pruebas ello pueda justificar la extensión del período de prescripción para esta clase de delitos. Como se señaló en precedencia, se explica la amplitud prescriptiva, por diversos motivos cuya actualidad no desaparece o se ve desvirtuada durante la fase del juicio. La acusación no muta la indole de la conducta que es objeto de investigación en tanto no medie condena y comportando la fase del juicio una importantísima dinámica probatoria, por así garantizarlo el sistema procesal que sirvió de marco al juzgamiento de este caso, ningún asidero tiene o afirmar que predicar el lapso prescriptivo ampliado en términos d

N República de Colombia - Casación No. 23.681 P.I Oscar Fermando Cuevas Cepeda TD

RO-U-E A D

“ Corte Suprema de Justicia artículo 81 implica una tesis inadmisible desde el punto de vista de los valores procesales superiores contenidos en la Carta Política, mucho menos cuando, yalga como ejemplo, el propio legislador ha previsto la duplicación de los términos para que opere la causa_l de libertad posterior a la ejecutoria de la resolución acusatoria, cuando se han decretado pruebas en el exterior o se éstá a la espera de su traslado (artículo 365.5 Ley 600 de 2.000).

8. El artículo 81 no distingue y por ende no restringe su aplicación a una sola de las fases del proceso penal. Por el contrario, es predicable tanto durante la investigación como en el juicio, bajo el entendido que en la primera fase la prescripción se presenta en “un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley”, con el mínimo y máximo allí expresado f(artículo 80), en tanto que durante la investigación el ¡apso mínimo en que dicho fenómeno opera es de cinco años, salvo que normas de contenido excepcional dispongan cosa distinta.

Precisamente, como ya se advirtió, dichas hipótesis emergen de lo prevenido en los citados artículos 81 y 82 del C.P., toda vez que, como se sabe, el delito cometido por servidor público, en ningún caso, esto es ni en la etapa investigativa ni en la del juicio, prescribel í 13 D República de Colombia Casación No. 23.681 P.I Oscar Fernando Cuevas Cepeda

Ae Corte Suprema de Justicia en un término inferior a 6 años y 8 meses, como que el incrementa de la tercera parte opera $obre el período mínimo prescriptivo predicable cuando no interviene sujeto calificado. A su vez, como ya se señaló, para el punible iniciado o consumado en el exterior sucede lo propio, bajo ninguna circunstancia el lapso en que prescribe, en cualquiera de las fases del proceso puede ser inferior a siete (7) años y seis (6) meses, pues el _término indicado en e artículo 80 al que se remite, sólo puede entenderse referido, de nuevo, al mínimo que opera en relación con hechos punibles na caracterizados temporo espacialmente como el que se realiza en e exterior.

9. El término que se cuenta de nuevo, para efectos de la prescripción, una vez ejecutoriada la acusación y que está previsto en el artículo 80, tratándose de casos excepcionales como aquellos en que toma parte un servidor público o delitos realizados en el exterior, amerita una extensión, de modo tal que represente y justifique la categoría diferente que la propia ley les ha dado.

En este orden de ideas, la acusación de segundo grado formuló cargos en contra de los distintos sujetos incriminados, por hechos 14 N República de Colombia Casación No. 23.681 P.7 Oscar Fernando Cuevas Cepeda N 5 El N EA Corte Suprema de Justicia que habrian tenido ocurrencia entre los años de 1.992 y 1.996, siendo trrefutable que su realización túvo la parte más importante de desarrollo en el extranjeró, como que se introdujeron millones de

dólares a través de operaciones financieras originadas en distintos lugares por fuera del territorio na¿ionai, con el consiguiente incremento patrimonial no justificado para sus beneficiarios (enriquecimiento ilícito de part¡culare_s, conforme al artículo 1% de| decreto 1895 de 1.989, adoptado como legislación permanente por el articulo 10 del Decreto 2266 de 1.991), habiéndose valido los imputados tanto de delitos medio de .ejecución (falsedades documentales — artículo 221del Decreto 100 de 1.980 y fraudes procesales — artículo 182 id.- ), como de delitos medio de ocultamiento (receptaciones —artículo 31.2 Ley 190 de 1.995) habiendo quedado ejecutoriada en el actode firma de la decisión calendada el 26 de mayo de 2.000, evidentemente, ninguno de los punibles imputados ha prescrito, por lo que la solicitud en dicho sentido elevada por el memorialista será negada. En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en Sala de Casación Pénal, 15 NO República de Colombia - Casación No. 23.681 P./ Oscar Fernando Cuevas Cepeda Corte Suprema de Justicia RESUELVE: NEGAR la solicitud de prescripción de la acción penal hecha por e apoderado especial de OSCAR FERNANDO CUEVAS CEPEDA. En firme esta decisión prosigase con el trámite inherente a la impugnación extraordinaria. Contra esta decisión procede el recurso de reposición. Cópiese, notifíquese y cúmplase.

MARINA PULIDO DE BARÓN x PO

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SIGIFRED | A PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

COMISION DE SER VICIO

ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN

16 N Casación No. 23.681 P.f Oscar Fernando Cuevas Ceped Corte Suprema de Justicia N uiz Núñez X.x S,ecr3'ta<ís