CSJ - SP24307(18-10-2005)

ÓNA República de Colombia Colisión No. 24.307, Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

Aprdbado: Acta No. 79Bogotá, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil cinco (2.005).

VISTOS: Se pronuncia la Sala sobre la colisión negativa de competencias suscitada entre el Juzgado Penal del Circuito de Guateque

(Boyacá) y el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja para conocer del proceso seguido contra Juan Carlos Torres acusado por los delitos de concierto para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley, previsto en el artículo 340 inciso 2% del Código Penal, porte ¡legal de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores. NN República de Colombia Colisión No. 24.307, % = Corte Suprema de Justicia

ANTECEDENTES: .

1. El 9 de marzo de 2.004 tropas del Ejército Nacional, previa información de que Juan Carlos Torres, alias “el sicario”, hacía parte de un grupo de autodefensas de Casanare, hallaron en su residencia en el Municipio de Chivor un fusil AK-47, abundante munic-i caólinbr e 7.62, una granada de fragmentación y material de intendencia.

Privado de libertad el mencionado de quien se dice además participó en un:combate presentado en el sitio El S¡naí del citado municipio el día 19 de marzo de dicho año en el que murieron tres

miembros de las autodefensas y se les incautó a éstas material de guerra, la Unidad de Fiscalías Especializadas de Tunja inició y efectuó la correspondiente investigación cuyo mérito calificó con resolución de noviembre 12 de 2.004 acusando al imputado corlno autor de los punibles de concierto para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley, previsto en el artículo 340 inciso 29 del Código Penal, porte ilegal de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y utilización ¡lícita de equipos transmisores o receptores. D República de Colombia Colisión No. 24,307, Corte Suprema de Justicia

2. Ejecutoriada tal decisión, el asunto, para efectos de surtirse la etapa de juzgamiento, se asignó al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja, el cual, tras haber efectuado por iniciativa del procesado diligencia de formulación de cargos para sentencia anticipada, se declaró carente de competencia para dictarla por encontrar que de conformidad con el artículo 71 de la Ley 975 de 2.005 el delito de concierto para delinquir agravado del que la derivaba se típifica ahora como sedición cuyo conocimiento concierne al Juzgado Penal del Circuito de Guateque a donde remitió el proceso proponiendo colisión negativa.

3. Recibido el asunto por este último despachó, también rehusó su conocimiento por considerar que por virtud del objeto, ámbito de aplicación de la Ley 975 de 2.005 y condiciones para acceder

a sus beneficios, los efectos de la misma sólo se hacen procedentes en relación con grupos de personas o individuos que pertenezcan a un grupo armado al margen de la ley o a.una parte significativa o integra! de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas organizaciones y en tanto acrediten dicha condición en los términos de ese ordenamiento. N Ms República de Colombia - Colisión No. 24.307. Corte Suprema de Justicia Además -se afirma por el Juzgado al que se propuso la colisiónentratándose de la competencia para conocer de los procesos que se adelanten a partir de dicha ley, incluidos aquellos que se prosigan por el delito dé sedición, aquella corresponde al Tribunal Superior de Distrito que señale el Consejo Superior de la Judicatura y no a los Juzgados del Circuito so pretexto de la cláusula general de competencia o del principio de favorabilidad. Y si de la redefinición del conciértó para delinquir se trata para afirmar que ahora se tipifica como sedición, su conocimiento en cuanto su descripción difiere sustancialmente de la sedición propiamente dicha, atañe a los tribunales que se designen sin que pierda entidad el concierto para delin¿¡uir en la medida en que no haga relación a las condiciones de una desmovilización y en consecuencia sigue siendo competente para conocerlo el juzgado especíalizado,- más aún cuando se trata de delitos cuya tipificación pretende proteger bienes jurídicos diversos. - CONSIDERACIONES: Siendo competente la Sala de conformidad con el artículo 18 transitorio, inciso 2%, del Código de Procedimiento Penal, para

NA República de Colombia Colisión No. 24,307. Corte Suprema de Justicía dirimir el conflicto que en los án teriores términos se ha planteado, pues se ha suscitado entre urL Juzgado Penal del Circuito y otro Especializado, encuéntrase due, si bien éstos no discuten el _ Supuesto fáctico de la acus aci ón principalmente en lo que se refiere a la militancia del procesado en un grupo de autodefensa, - SÍ lo hacen. en relación con si adecuación típica en la medida en que el juzgado de Tunja considera que ta! acontecer, del cual derivaba su competencia por estar hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley 975 defin udo como concierto para delinquir agravado, ahora se describe como sedición, mientras que el de Guateque estima persistir a calificación de -concierto para delinquir en tanto la citada ley resulta en su concepto inaplicable a este asunto donde no se tre ta de ningún desmovilizado, ni se puede predicar la reunión de | as exigencias previstas en la misma para acceder a los beneficios n ella consagrados. Surge de una tal oposición de criterios un primer interrogante que tiene que ver con la aplicabilidad de la Ley 975 de 2.005 al caso examinado pues mientras el . uzgado proponente de la colisión la supone, el provocado la niega. X República de Colombia ' Colisión No. 24.307, sD . — Corte Suprema de Justicia En búsqueda de una respuesta pareciera en principio el despacho de Guateque ostentar la razón si en cuenta se tiene que efectivamente la ley 975 precisó en sus artículos 19 y 2" su objeto

y ámbito de aplicación, aquél en términos de “acilitar los prócesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley...” y éste para regular “/o concemiente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados al margen de la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconcif¡ación-nac¡ónaf” mientras que en sus artículos 10 y 11 fijó una serie de condiciones que habrán de reunir quienes pretendan acceder a sus beneficios, dando evidentemente a entender que su aplicación sólo procede en cuanto se trate de grupos o personas desmovilizadas y en la medida en que reúnan dichas exigencias. Y aunque toda la ley discurre en ese sentido, sin embargo se introdujo en su estructura un capitulo que hace relación a su “vigencia y disposiciones complementarias” disponiendo en el artículo 71, como adición al 468 del Código Penal que “también X República de Colombia Colisión No. 24.307. Corte Suprema de Justicia incurrirá en el delito de sedicic yn quienes conformen o hagan parte de grupos guerilleros o de a utodefensa cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal” de manera que en esas condicion 1es debe entenderse modificado por adición el ordenamiento penal y por lo mismo aplicable aquella de modo general y no sólo a al Jienes siendo miembros de grupos armados al margen de la ley s e desmovilicen.

Por ende la Ley 975 es en principio aplicable sólo al objeto y ámbito en ella previstos, pera no puede entenderse restringida a los mismos cuando como € an el caso del citado artículo 71 introduce modificaciones al C bdigo Penal, pues en ese evento no puede tener tales limitacior les por la naturaleza misma del ordenamiento así adicionado. En consecuencia a diferencia de lo sostenido por el Juzgado de Guateque la Ley 975 de 2! 005 sí tiene aplicabilidad en este asunto en tanto adicionando la descripción típica del delito de sed¡ción introdujo una nueve | casuística que en ordenamientos anteriores se venía tratando ¿ >omo concierto para delinquir y que finalmente se preveía en el artículo 340, inciso 2”%, del Código Penal como concierto para delinquir en la modalidad de a Colisión No. 24,307. 7 Corte Suprema de Justicia “organizar, promover, armar o financiar grupos: armados al margen de la ley”. En esas condiciones y en ejercicio de su libertad de configuración legislativa el Congreso motivado en el afán de alcanzar la paz y la reconciliación nacional ubicó en el mismo plano del delito político a qúienes hagan parte de grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal y en consecuencia definió dicha conducta como sedición, por manera que a partir de la vigencia de la Ley se sanciona como tal la mera pertenencia a uno de tales gruposprotegiendo de ese moado el régimen constitucional y legal.como bien jurídico. Por ende, independientemente de las consideraciones que puedan hacerse en torno a los beneficios que de una dicha

tipificación se deriven, además de los punitivos toda vez que la sedición se pune con menos drasticidad que el concierto para delinquir agravado o del tratamiento que pueda darse a las conductas punibles que en ejercicio de esa militancia puedan llegar. a Cometerse, es lo cierto que quien pertenezca a una de tales agrupaciones incurre, por ese mero hecho en sedición y que Ne República de Colombia - Colisión No. 24,307, Corte Suprema de Justicia a la misma descripción deben responder, dada la favorabilidad que conlleva, quienes pertenLciendo a esos grupos hayan sido enjuiciados como autores dL¡ concierto para delinguir en la modalidad ya precisada y desde luego en tanto la organización a que se pertenezca interfiera con su accionar el -normal funcionamiento del orden constitucional y legal. En el asunto que se examina) sin que la Corte entre a cuestionar la tipificación de las otras conductas que se imputan al acusado y en relación con las cuales| no hay discusión acerca de su competencia, es lo evidente que entratándose del concierto para delinquir agravado la acusación contra Juan Carlos Torres tuvo por fundamento su pertenencia a las autodefensas campesinas de Casanare, como así finalmente lo aceptó en diligencia de formulación de cargos para sentencia anticipada, luego es claro que en esas circunstancias su conducta debe ahora tipificarse como sedición bajo el entendido que las autodefensas en tanto usurpan al Estado el monopolio de las armas y de la fuerza interfieren con su accionar el órden constitucional y legal. Así las cosas, estima la Sala que frente a un cambio típico

originado en una modificacfón legislativa no hay lugar a la NA República de Colombia .. Colisión No, 24.307. Corte Suprema de Justicia variación de la calificación jurídica conforme al artículo 404 de la Ley 600/00, dado que la nueva adecuación no obedece a error en la calificación ni a prueba sobreviniente, aparte de que tal procedimiento no podría ejecutarse en el trámite de sentencia anticipada.. Pero como lo que sí se observa es un fenómeno de favorabilidad que se refleja en la pena y en otras consecuencias propias de la nueva imputación jurídica, al no estar comprometida de modo inmediato la libertad (en virtud a que el trámite a seguir es el de dictar el failo como efecto de la aceptación de cargos, sin que pueda operar excarcelación por el num. 5 del artÍculo 365), la aplicación de aquella prerrogativa fundamental bien puede materializarse en la sentencia, sin que con tal proceder se afecte alguna garantía constitucional, fallo que puede y debe ser dictado por el juez especializado en ejercicio de la prórroga de competencia, en quien ésta se mantiene no'sóio porque en este momeñto procesal se encuentra vigente la calificación impartida en la resolución de acusación sino porque a él le está atribuido el conocimienfo en virtud de la Ley 733 de 2002. Y si se quiere, a lo anterior podría añadirse una razón práctica -refractaria a violación de garantías, se insistecomo sería la de evitar el traslado masivo 10 N República de Colombia Colisión No. 24.307.

Corte Suprema de Justicia de expedientes y con ello el desaprovechamieñto 1del conocimiento que de la actuación tiene el actual director de la misma. Finalmente ha de dejarse e 1 claro que esta solución que se plantea por la Sala sólo tendrá aplicación en los asuntos que se encuentren en fase de juzga miento y en oportunidad para emitir sentencia, dado que los en rrámite de instrucción tendrán que ser calificados conforme a la nueva adecuación típica y surtirse la acusación ante el juez pe 1al del circuito. Asimismo tampoco les es ab|icable esta tesis al os'asuntós que aún se tramitan en juicio faltándoles algunaac í uación para que se pueda dictar fallo, vale decir en trastado, en audiencia preparatoria o para realizar audiencia de juzgam lento, en razón a que al seguirse el procedimiento bajo la dirección del juez especializado no sólo resulta inaplicable la prórrc ga de competencia, siño que se podría ver sometido el sindic >ado -entre otras consecuenciasa esperar un año para tener derecho a la excarcelación por un eventual vencimiento de tér minos, dada la duplicidad de éstos previstos para los jueces e specializados, conforme al artículo 15 transitorio de la Ley 600/( DO. 11 NA República de Colombia Colisión No, 24,307. Corte Suprema de Justicia La Sala, en esas condiciones, dirimirá el conflicto en la dirección anotada. En consecuencia, variada así y por virtud de la ley la denominación jurídica de la conducta que en ese sentido se imputó al acusado es ella la que deberá ahora predicarse por

comportar un tratamiento menos restrictivo que el que se daba al concierto para delinquir agravado y por lo mismo calificada ahora como sedición ello tiene obvias incidencias en su conocimiento como que le concierne al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja y no al Circuito de Guateque. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Atribuir el conocimiento de esta causa al Juzgado Penal del

Circuito de Especializado de Tunja. 12 NO República de Colombia Colisión No. 24.307, Corte Suprema de Justicia

2. Remitanse, por secretaría las diligencias al despacho citado y copia de esta providencia al ?enal del Circuito de Guateque, para su información. -Contra este auto no procede recurso alguno.

Cópiese, dev 'uélvase y cúmplase.

MARINA P

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» ALFREDO GÓMEZ QUINTERO eGANEINa| NE QR qA CO R NA í aE EE EA EP giA ns

DG OMBANA TRUJILLO ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN

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— 13 N República de Colombia . Colisión No. 24.307. " EA a EE uz Núñez Set gtaria N 14

, ACLARACION DE VOTO

COLISION DE COMPETENCIAS. RAD.24.307

M.P. DR. ALFREDO GOMEZ QUINTERO ACLARACION DE VOTO Con el debido respeto y acatamiento por la decisión de mayoría, me

permito manifestar que comparto la determinación adoptada en cuanto resuelve declarar que la competencia para conocer del proceso seguido en contra del procesado JUAN CARLOS TORRES radica en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunia. No obstante, tal como fue expuesto de mi parte en el curso de los debates orales, debo reiterar mi criterio en el sentido de que la jurisprudencia de esta Corte ha sido persistente en indicar que la calificación del mérito del sumario o su equivalente, vincula al juzgador quien debe adelantar el juicio acorde con la tipificación del comportamiento impartida por el Fiscal, y que sólo por excepción, el juez puede negarse a conocer del asunto cuando advierta que el Fiscal ha incurrido en error en la calificación jurídica de la conducta, y que la correcta determina una variación en la competencia1. Sólo “en este evento le es permitido a la Sala, por vía de excepción, analizalros elementos constitutivos de la tipicidad en tanto determina el factor objetivo de competéncía, pero sin que pueda inmiscuirse en la verificación de la existéncia material del ilícito ni en la responsabilidad que pudiere corresponder al procesado”. En el presente caso, ninguno de los colisionantes afirma que la Fiscalía hubiere incurrido en error en la calificación jurídica de la conducta determinante de la variación de la competencia, sino que ' Auto de 10 de septiembre de 2003. Rad. 21.343. M.P. DR. ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN.

ACLARACION DE VOTO

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M.P. DR. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

fundan la colisión en la circunstancia de haber aparecido una nueva realidad jurídica que según el Juzgado Especializado, convierte en delito de sedición, de competencia del Juzgado del Circulto, algunas de las conductas que en el artículo 340 del Código Penal aparecen . definidas como concierto para delinquir. Como quiera entonces que no se trata de error en la calificación jurídica del comportamiento, y en este caso se imputó al procesado el delito de concierto para delinguir y no el de sedición, ello, en mi criterio, resultaba suficiente para advertir que la competencia para conocer de la fase de juzgamiento corresponde al Juzgado Pena! del . Circuito Especializado. Esto si se toma en cuenta que a mi modo de ver, el 'art_ículo'71 de la Ley 975 de 2005 .no modificó, derogó o subrogó el artículo 340 del Código Penal que define el delito de concierto para delináguir; tampoco modificó la competencia para - conocer de este comportamiento, radicada en los jueces penales del circuito especializados, sino que simplemente adicionó el artículo 468 del Código Penal en el sentido de hacer extensivas las consecuencias punitivas del delito Ide sedición a quienes conformen o hagan parte de grupos guerrilieros o de autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal. No puede perderse de vista que el concierto para delinguir “es un delito que afecta el bien jurídico seguridad pública; sus móviles son egoistas, individuales; la finalidad de los integrantes —cometer delitos Auto de 19 de mayo de 2004. Rad. 22103. M.P. DR. EDGAR LOMBANA TRUJILLO.

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N.P. DR. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO — se colma en concreto cada vez que perpetran un delito; los asociados no tienen como objetivo el establecimiento jurídicamente reconocido, sino a la sociedad” En tanto que la sedición, al contrario, por ser delito de naturaizza política, se enmarca dentro de los comportamientos que ponen en peligro el régimen constitucional, cuya finalidad de quienes lo realizan es apenas impedir transitoriamente, mediante el empleo de la violencia ejercida por medio de las armas, la vigencia de la Constitución Política o la aplicación de las leyes, o a cualquier autoridad pública el ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de las resoluciones administrativas o las decisiones judiciales que profiera, con independencia de la consecución o no de los fines pretendidos Notiene, entonces, por finalidad afectar a la población Civil, cometer delitos comunes o aquellos calificados como de !esa humanidad, como tampoco realizar conductas de tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, enriquecimiento ilicito, lavado de activos o testaferrato. Cada uno de dichos comportamientos, en consecuencia, irae delimitado el bien jurídico que pretende tutelar, la seguridad púbtica, en el caso del concierto para delinquir, y el régimen constitucional y legal, en el evento de la sedición. Cada cual tiene establecido su propio objetivo, su propia tipicidad, y sus propias características de antijuridicidad, que resultan suficientes para atribuirles absoiuta

iIndependencia y alcance. Auto de 10 de septiembre de 2003. Rad. 21.343. M.P, Dr. ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN. Cfr. Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal Español. Ramón García Albero. Ed. Aranzandi. Pg. 1559.

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M.P. DR. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO Significa lo anterior, que la sola atribución de la condición de autores de sedición para “quienes conformen o hagan parte de grupos guerrilieros o de autodefensa” a términos del artículo 71 de la Ley 975 de 2005, o, en otras palabras, tan sólo porque pertenecen a “grupos armados al margen de la ley” según previsión contenida en el artículo 340 del Código Penal, con independencia de la finalidad . perseguida por la asociación ilícita, de los otros delitos que hubieren podido realizar, o de los resultados de su accionar, resulta insuficiente para que la Corte pueda calificar la conducta como delito político o como delito común, sobre todo si se tiene en cuenta que el bien jurídico es el que le confiere sentido al tipo penal y el que detine la teleología de la conducta, más allá de su simple expresión material: No puede dejarse de considerar que el asunto en que se propone el conflicto, corresponde a un proceso en curso con su propia dinámica, cuyo desarrollo puede o pudo servir para afianzar la convicción del juez en un sentido determinado. En tales circunstancias, es allá, en el interior del proceso, donde el juez, contando con todos los elementos de juicio, con la posibilidad

de examinar la plenitud de la actuación procesal y de la actividad probatoria, así como las alegaciones de las partes, puede optar por poner fin al proceso condenando o absolviendo por el delito de concierto para delingquir, o prorrogar su competencia si tal fuera el caso y condenar por el de sedición previsto en la ley de justicia y paz, siempre y cuando encuentre acreditados los supuestos fácticos de la mencionada disposición, esto es, la militancia del autor del

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M.P. DR. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO comportamiento en un grupo guerrillero o de autodefensa, y la orientación en el accionar de los concertados, a la interferencia del orden constitucional y legal. A este respecto se ofrece pertinente resaltar que el ordenamiento procesa! confiere al juzgador variadas oportunidades para esclarecer cuál efectivamente fue la conducta realizada por el procesado y cuál la norma o normas sustanciales aplicables al caso, pudiendo inciuso hacer uso de la facultad oficiosa en materia probatoria (art. 401 de la Ley 600 de 2000), ejercer la posibilidad de variación de la calificación - Jurídica provisional (art. 404 ejusdem), prorrogar su competencia (art. 405) o incluso proferir el fallo reconociendo la operancia de una atenuante, excluyendo una agravante, o por una calificación jurídica diversa; según corresponda proceder, como así ha sido reconocido por la Corte5, pues, como allí se indicó, “habfá congruencia sí al

condenar, la conducta se califica con la denominación jurídica que se le dio en la resolución de acusación, o en la variación, o por la propuesta por el juez como objeto de debate y no admitida por el fiscal, o por una figura atenuada con relación a ellas”. Á esta misma conclusión se arriba (en el caso de que se dé alguno de los supuestos referidos precedentemente), si se toma en cuenta que en el pronunciamiento que viene de ser mencionado, se precisó que “frente al fenómeno de la sucesión de leyes en el tiempo, si la conducta sigue siendo delito en la nueva legislación, pero cambia el nomen luns, no es necesario variar la calificación, pues ésta sólo puede serlo cuando se incurrió en error al proferir el pliego de cargos, Auto de febrero 14 de 2002. Rad. 18457. M.P. Dr. JORGE E. CÓRDOBA POVEDA, 5

o ACLARACION DE VOTO

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M.P. DR. ALFREDO GOMEZ QUINTERO o por prueba sobreviniente, y aquí la calificación dada fue la correcta, — al tenor de la ley entonces vigente, sino que, simplemente, la adecuación típica del comportamiento se modificó en la nueva ley”. En este contexto ha de entenderse el concepto de prórroga de competencia a que me he referido, esto es, no como una nueva modalidad de atribución de competencias por vía jurisprudencial, sino al más elevado entendimiento según el cual, el concepto de justicia material se realiza mediante la aplicación de la ley sustancial por el Juez a quien lé ha sido asignado el procesó sin vicio alguno,

pero que por razón de la vigencia de una nueva ley podría llegar a concluir que el comportamiento objeto de juzgamiento ha cambiado de denominación jurídica. De este modo se respeta el principio de Juez natural y se realiza la adecuada aplicación del derecho sustancial al caso concreto, con menores costos procesales tal como lo exige el principio de economía que obliga acudir a las soluciones menos traumáticas. E Por razón de lo expuesto, insisto en mi criterio, sentado y reiterado, además, por la jurisprudencia, en el sentido de que si no existe error en la calificación jurídica de la conducta, la acusación vincula al juzgador y por supuesto a la Corte, sin que pueda llegar a ser desconocida so pretexto de un confticto de competencias propiciado tras considerar que la norma sustancial aplicable al caso es otra distinta de la señalada en la acusación. Proceder de modo contrario por parte de la Corte, implica desde mi punto de vista no sólo correr el riesgo de atribuir la condición de

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M.P. DR. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO delincuente político a quien carece de ella, o de negarla a quien sí la tiene, sino que también resulta desconociendo Iá facuitad constitucionalmente atribuida a la Fiscalia de investigar los delitos y calificar las conductas, usurpando la función juzgadora y resolviendo el caso con prescindencia del juez natural. Mas aún, considero que las consecuencias de resolver conflictos, adentrándose en el análisis de situaciones concretas de las cuales la Corte no puede acuparse de manera anticipada y menos por la

vía de colisión de competencias, pueden ser nocivas frente a la función que en el futuro eventualmente deberá asumir, consistente en la real posibitidad de llegar a conocer en segunda instancia de comportamientos que en primera instancia.le corresponderá juzgar al Tribunal que habrá de crearse de conformidad con lo dispuesto por la Ley 975 de 2005, lo que a mi modo de ver podría resuitar contraproducente por haber comprometido su criterio en un aspecto medular dei juicio, como es el relacionado con la calificación jurídica de la conducta.

MAU OLARTE PORTILLA MAGISTRADO Fecha ut supra.