CSJ - SP24845(06-06-2006)

República de Colombia g Corte Suprema de Justicia

CASACIÓN 24.845

JOSÉ WILDER RDA ÁLVAREZ

FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. EDGAR LOMBANA TRUJILLO

Aprobado Acta No.054 Bogota, D.C. seis (6) de junio de dos mil seis (2006).

VISTOS: En sentencia proferida el 2 de marzo de 2005 por el Juzgado 154 de Primera Instancia, del Departamento de Policía del Tolima, fue condenado JOSÉ WILDER ROA ÁLVAREZ a las penas principales de 4 años de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por 5 años, y a la accesoria de separación absoluta de la fuerza pública, como autor del delito de falsedad ideológica en documento público, al tiempo que se le absolvió del cargo de privación ilegal de la libertad. Además, se le negó el subrogado de la condena de ejecución condicional.

En el mismo fallo fue condenado ERONCIO CÓRDOBA CÓRDOBA, a las penas principales de 2 años y 3 meses de prisión, y multa de 13 salarios mínimos legales mensuales, 5 años de inhabilitación para el ejercióio de derechos y funciones públicas, más la accesoria de separación absoluta de la Policía Nacional, como autor de los Repúblicad e Colombia 2 -::-;-__ _; 4 % l—2 Corte Suprema de Justicia CASALIÓN 24 845

JOSÉ WILDER ROA ÁLVAREZ

FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO para el ejercicio de derechos y funciones públicas, mas la accesoria de separación absoluta de la Policía Nacional, como autor de los delitos de lesiones personales y prevaricato por omisión. Se le absolvió también del ilícito de privación ilegal de la libertad. Apelada la decisión anterior por los defensores de los procesados, en fallo del 19 de agosto de 2005 fue confirmada por el Tribunal Superior Militar. Contra el fallo de segundo grado, el defensor de JOSÉ WILDER ROA ÁLVAREZ interpuso recurso extraordinario de casación en la modalidad discrecional, razón por la cual procede ahora la Sala a calificar formalmente la demanda.

HECHOS: Así fueron resumidos en la resolución acusatoria: “Los ciudadanos ANDRES GUZMÁN QUIROGA y RUBIELA SOCHE DE ROA afirman que en la noche del 08 de septiembre del año 2002 estuvieron departiendo en el establecimiento Rockolione, ubicado en el terminal de transporte, donde se suscitó un malentendido por la cuenta, siendo llamado personal de la Policia y de donde fueran llevados al CA! BOGOTA. Debido a que el señor ANDRÉS GUZMÁN no aceptaba que fuera recluido dentro de la celda fue golpeado en el abdomen por el comandante.de Guardia, agente CÓRDOBA, mientras la ciudadana amaneció esposada República de Colombia 3 re

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FALSEOAO IDEOLÓGICA EN OOCUMENTO PÚBLICO

a una banca. Cerca de las seis de la mañana de ese nueve de septiembre fue dejada en libertad la señora RUBIELA para ir a conseguir la plata que faltaba para cubrir la cuenta, regresando a cancelar y a llevar a su acompañante a la clínica Neiva con trauma cerrado de abdomen. La patrulla móvil de CIA Bogotá al mando del Subintendente ROA ÁLVAREZ JOSÉ WILMER, que se encarga de continuar el procedimiento conocidq inicialmente por el mencionado comandante, que dejaron"a los ciudadanos en el Centro de la ciudad a fin de sacar dinero de un cajero y en -el CA! Bogotá no se registra la llegada, permanencia y salida de los afectados”.

LA DEMANDA: Al amparo de la causal tercera de casación, un cargo postula el defensor de JOSÉ WILDER ROA ÁLVAREZ, acusando el fallo de segundo grado de haberse dictado en un juicio viciado de nulidad desde la audiencia pública de juzgamiento, debido a la inasistencia de la Fiscalía.

Precisa que la Presidencia de la Corte Marcial interpretó equivocadamente el artículo 569 del Código de Procedimiento Penal Militar, que prescribe que la asistencia e intervención oral del Fiscal, el agente del Ministerio Público y el defensor a la audiencia de juzgamiento es obligatoria; puevs ante la inasistencia del Fiscal y el Ministerio Público a la continuación del debate público .y la protesta de la defensa por tal motivo, dicho funcionario justificó la República de Colombia 4 a Corte Suprema de Justicia

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“ JOSÉ WILDER ROA ÁLVAREZ FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PUBLICO inasistencia de dichos funcionarios con el argumento de que ya habían intervenido. Por su parte, el Tribunal sostuvo que en el acta que obra a folios 379 y 380 del expediente aparecen constancias que dan fe de la asistencia e intervención de tales sujetos procesales pese a que no estuvo presente el defensor, pero tal error, dice, deriva de la inobservancia del folio 441A contentivo del informe secretarial que da cuenta que no comparecieron a firmar el procesado JOSÉ WILDER ROA ÁLVAREZ y su defensor. Por ú|tirho, anota que “de haber tenido presente el Honorable Tribunal Militar, que la audiencia pública de la Corte Marcial se efectuó el 18 de febrero de 2005, y posterior a esta se haya transcr¡tó los casetes, no debe entenderse que la defensa como procesado al no comparecer en la sede del juzgado en la ciudad de Ibagué (Tolima), se interprete por el ad quen (sic), subsane lo acaecido por el retiro de los otros sujetos procesales, luego mal puede tanto la Fiscalía como el Ministerio Público firmar el acta de la Corte Marcial, cuando no asistieron durante toda la misma vista pública ya que no les puede constar directamente los planteamientos de la defensa”. Todo lo anterior, dice, es violatorio del debido proceso.

CONSIDERACIONES: República de Colombia 5

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1. Corresponde en este caso, precisar en primer lugar que razón le

asiste al demandante al presentar la impugnación extraordinaria en los términos del inciso 3% del artículo 205 del Código de Procedimiento Penal, como quiera que el delito por el que fue condenado su defendido tiene señalada pena máxima de prisión de 8 años, y se trata de hechos cometidos bajo la vigencia de la Ley 600 de 2000.

2. Dicha normatividad, valga la pena precisarlo, es aplicable a este asunto, no obstante haberse tramitado y fallado conforme la ley 522 de 1999 (Código Penal Militar), la cual, en el artículo 368 prescribe que la casación procede contra las sentencias de segunda instancia por delitos que tuvieran señalada pena de prisión de 6 años; pues no puede perderse de vista que dicha preceptiva en particular fue modificada posteriormente por el artículo 205 de Ley 600 de 2000, que incrementó a 8 años de prisión el límite punitivo previsto como elemento de procedencia del recurso extraordinario de casación, para las sentencias de segunda instancia proferidas por “los Tribunales de Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar” (arts. 17 y 205, respectivamente).

2. Siendo ello así, al demandante le correspondía explicar a la Corte, así fuera sucintamente, cuál de las finalidades señaladas en la norma en cita es la que pretende mediante la impugnación extraordinaria, es decir, si busca el restablecimiento de garantías fundamentales de los sujetos procesales, vulneradas con la actuación surtida en las instancias; o si por el contrario aspira a que el caso presente sirva para desarrollar la jurisprudencia, bien por haberse debatido temas sobre los cuales existen posiciones

República de Cotombia 6 dA Corte Subrema de Justicia CASACIÓN 24 .8a45 JOSÉ WILDER ROA ÁLVAREZ FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO jurisprudenciales encontradas, oscuras, o que dada su novedad ameriten un pronunciamiento de autoridad que permita fijar de | manera ciara las pautas interpretativas.

3. En esta medida, no puede perderse de vista que si bien el único cargo que se postula contra el fallo de segundo grado se ampara en el motivo de nulidad, pues aduce una violación al debido proceso porque el Fiscal y el Ministerio Público solicitaron autorización para retirarse de la audiencia después de hacer su intervención oral, en este caso, la naturaleza del ataque no permite inferir realmente qué se repararía de cara a la estructura básica del proceso, de impartir una orden invalidante que obligue a tales sujetos procesales escuchar los planteamientos de la defensa. 4.Lo anterior, por el contrario, permite también afirmar que el cargo carece de fundamento sustancial, en tanto que se remite a una queja meramente formal, pues aferrado al texto literal del artículo 569 del Cádigo Penal Militar, el demandante se limita a sostener que debe retrotraerse la actuación hasta la celebración de la Corte Marcial, sin que logre de ninguna manera expresar en qué pudieron verse afectados los intereses de la defensa, o:por qué se resquebrajó de manera grave la estructura del proceso, al punto que no existe oatra vía para remediarlo que rehaciendo la actuación. Es decir, tampoco se desarrolla respetando los principios que orientan este instituto.

5. En suma, lo que se aprecia es que el libelo, no. sólo no es

suficiente para explicar a través del cargo, que se ajusta a los fines Repúb1ica de Colombia 7 iF Corte Suprema de Justicia p

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JOSÉ WILDER ROA ÁLVAREZ FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO de la casación discrecional, sino que en su contenido mismo, y pese a su brevedad, es confuso en sus fundamentos, pues a la postre no se sabe si lo que pretende es justificar la inasistencia del procesado y el defensor a firmar el acta contentiva de la audiencia pública, osi considera que se faltó a la verdad porque fue suscrita por el Fiscal y el Ministerio público, pese a que no estuvieron presentes hasta su finalización. Por tales razones, entonces, la demanda será inadmitida, no sin antes precisar que no encontró la Sala motivo alguno que impusiera acudir a la facultad oficiosa conferida en el artículo 216 de la Ley 600 de 2000, bien para decretar la nulidad de la actuación o para restablecer garantías fundamentales de los sujetos procesales. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Inadmitir la demanda de casación discrecional presentada por el

defensor de JOSÉ WILDER ROA ÁLVAREZ.

2. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen. E Repúb!icade Colombia 8

I'-Í.N:V¡ S ¿ MQ

Corte Suprema de Justicia — IN 24.845 CASA

JOSÉ WILDER ROA ÁLVAREZ

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SIGIFRED

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

MBANA TRUJILLO ALVARO ORLANCO PEREZ PINZON

IX!5APURLIIDNO AD BEA J

YESID RAMÍREZ BASTIDAS

Teresa Ruiz Núñez Secretaria