CSJ - SP24989(14-02-2006)

RADICADO 24.989 COLISIÓ&Ú_MPETENCIA

:JOHN JAVIER CASTAÑO GIRALDO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

MAGISTRADA PONENTE

MARINA PULIDO DE BARÓN

APROBADO ACTA No. 13

Bogotá, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil seis (2006). | VISTOS Resuelve la Sala el conflicto negativo de competencia surgido entre los Juzgados'Penal del Circuito de Fresno y 290 Penal del Circuito Especializado de Ibagué. ANTECEDENTES De acuerdo con los hechos deciarados en la resolución acusatoria, JOHN JAVIER CASTAÑO GIRALDO fue capturado por el Gaula de la Policía Nacional por pertenecer a las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo ilegal en el que cumplía las funciones de informar a su organización los movimientos de fuerza

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— JOHN JAVIER CASTAÑO GIRALDO E p e pública que se registraban a la entrada de la vereda El Hatillo, municipio de Fresno, Tolima. El 29 de abril de 2004 fue acusado por la fiscal 23 especializada de Ibagué por el delito de concierto para delinguir, agravado en la modalidad de pertenencia a grupos armados al margen de la ley. El Juzgado 29 Penal del Circuito Especializado de Ibagué, después de haber citado para audiencia de juzgamiento, por auto del 17 de noviembre de 2005 se declaró incompetente para continuar el trámite deI juicio porque, en su criterio, el artículo 71 de la Ley 975 del2005 tipificó como sedición el concierto para delinquir imputado al procesado, ilicitud que le atribuía el conocimiento del asunto. En consecuencia, dispuso remitirlo al Juzgado Penal del Circuito de Fresno. Este despacho aceptóe l conflicto porque consideró que en este caso no se reunían los requisitos previstos en la Ley 975 para que fuera aplicable al procesado, de manera que la conducta imputada a éste se debía seguir tipificando como concierto para delinquir. CONSIDERACIONES de … RADICADO 24.989 COLISIÓN DE &TENCIA -JOHN JAVIER CASTAÑO GIRALDO La Sala es competente para dirimir conflictos de esta naturaleza que se presenten entre jueces penales del circuito y jueces penales del circuito especializado, porque así lo dice expresamente el ínciso 29 del artículo 18 transitorio del Código de Procedimiento Penal. Aspectos Generales La Ley 975 de 2005 fue expedida con el propósito de regular todo lo concerniente a “"/a investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o participes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grúpos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente ai la reconciliación naciona!" -_artítulo 2%-, lo que de entrada plantea un primer problema. a resolver, consistente en determinar si su artículo71 quedó “condicionado a ése específico ámbito de aplicación. Con tal propósito habrá de mencionarse que la

norma en cita fue incluida en el capítulo XII relativo a “vigencia y disposiciones complementarias" evento - que perm¡tecónc_:luir razonablemente que fue voluntad del legislador que los efectos de la especial modalidad sediciosa introducida en la Ley 975 de 2005, no se RADICADO 24.989 COLISIÓN DE%£ETENC¡A . JOHN JAVIER CASTAÑO GIRALDO reserven de manera exclusiva para quienes opten por desmovilizarse, sino que se aplique a todos aquellos que hagan parte de los denominados "grupos armados organizados al margen de la ley". | A su vez, mediante esta norma el legislador reformó directamente el Código Penal en el sentido de tipificar bajo el nomen juris de "sedición" la conducta de "quienes conformen o hagan parte de grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar interfiera con el hormal funcionamiento del orden constitucional y legal”, de donde deviene indudable que no empece las precisiones sobre el ámbito de aplicación de la codificación en cita, su artículo 71 está llamado a producir efectos generales, de suerte que a partir de su vigencia todas las hipótesis en que la imputación fáctica.contra un sindicado se haga consistir en "pertenecer o conformar" uno de los mencionados grupos armados con las consecuencias allí señaladasinterferir en el funcionamiento del orden constitucional y legal vigente-, resulta inequívocamente típica de esta especial modalidad de sedición. | No cabe duda que la introducción de esta nueva modalidad de sedición se enmarca en las competencias del poder legislativo, legitimado para introducir tal!

reforma, pues como lo tiene dicho la jurisprudencia RADICADO 24.989 COLISIÓN DE COMPETENCIA -JOHN JAVIER CASTAÑO GIRALDO constitucional!, en desarrollo de la cláusula general de competencia para expedir las leyes, es de su resorte seleccionar los . bienes jurídicos imerecedores de protección, señalér las conductas capaces de afectarlos, distinguir entre delitos y contravenciones, fijar las consecuentes de cada una de tales especies y determinar los procedimientos para su juzgamiento, tópicos todos que hacen parte de la política criminal del Estado, en cuya concepción y diseño se reconoce al legislador en lo - no regulado directamente por el Constituyente, un margen de acción que se inscribe dentro de la tlamada libertad de configuración. En desarrollo de tales competenciask;g visualiza la modificación introducida al Código Penal a través de la Ley 975 de 2005, que precisamente por tener dicha connotación no puede restringirse en su ab|ícación a quiénes hagan dejación de las armas en el marco de los acuerdos de desmovilización, ni concebirse como uno más de los "beneficios" regulados en ese cuerpo normativo para incentivar dichas entregas, pues cualquiera de tales interpretaciones conllevaría una negación del principio de igualdad ante la ley, en virtud del cual resulta impensable que una misma conducta ontológicamente considerada puede adecuarse a dos modelos delictivos diversos, Corte Constitucional, Sentencias C-198/97 y C-746/98

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JOHN JAVIER CASTAÑO GIRALDO

dependiendo de factores extraños a los que deben orientar su definición como delito y el proceso de adecuación típica propiamente dicho. En consecuencia, la introducción de la especial modalidad de sedición reglada en la Ley 975 _de-2005 a la que viene haciéndose referencia, plantea un segundo problema Ipor definir, consistente en determinar si esa norma modificó o derogó el concierto para delinguir recogido en el artículo 340, incisos 2% y 3% del Código Penal. A este respecto, bien está recordar que el inciso 29 del artículo 340 del Código Penal, tienen antecedente en los Decretos 180 de 1988 y 1194 de 1989, codificaciones que contemplaron una especial modalidad de asociación delictiva Opara quienes 1promovieran, ñnan"cíaran, organizaran, dirigieran, fomentaran o ejecutaran actos tendientes a obtener la formación o ingreso de personas a | grupos armados de los denominados comúnmente escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o de justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares, así como para quienes formaran parte de tales grupos, sin perjuicio de la sanción que les correspondiera por los demás delitos que cometa en ejercicio de esa finalidad, incorporadas como legislación permanente a través del RADICADO 24.989 COLISIÓN DI%PETENCIA :JOHN JAVIER CASTAÑO GIRALDO Decreto 2266 de 1991 y, luego, por la Ley 365 del 21 de febrero de 1997. En tales condiciones, desde la expedición de la legislación de orden público y luego de su incorporación en un sólo tipo penal, la. conducta consistente. en

"pertenecer"” a un grupo de justicia privada, se reputó típica del delito de concierto para delinquir recogido en las disposiciones antes referidas. No obstante, la introducción de la nueva modalidad de sedición prevista en la Ley 975 de 2005, presenta en la actualidad un diverso panorama. Ciertamente, por voluntad del legislador se creó una nueva categoría delictiva para sancionar la "'pertenehcía" a los grupos de "autodefensa", extrayéndose así esa conducta como atentado contra el bien jurídico de la Seguridad Pública, para erigirla como atentatoria del Régimen Constituciona! y Legal, de suerte que conformar o hacer parte de aquéllas específicas agrupaciones es ahora delito de sedición, en los precisos términos. del artículo 71 de la Ley 975 de 2005. l Con todo, no comporta lo anterior que a través del | artículo 71 de la Ley 975 de 2005 se hayan derogado los incisos 29 y 3 del artículo 340 del Código Penal, ni que RADICADO 24.989 COLISIÓN D%(%(£ENCIA .JOHN JAVIER CASTAÑO GIRALDO todo actuar de una persona que conforma o hace parte de uno de los denominados grupos de -"autodefensa" constituya automáticamente delito de sedición: para que esa pertenencia pueda catalogarse de tal es preciso que las acciones al margen de la Ieyr que se haya acordado . realizar sean manifestaciones dirigidas a -realizar los objetivos perseguidos por la agrupación, en el marco de la confrontación armada que sostiene con las autoridades

legítimamente constituidas o con los grupos guerrilleros. No otra conclusión se extrae cuando quiera que en el artículo19 de la Ley 975 de 2005, precisa que "se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significafiva e integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones de las que trata la Ley 782 de 2002",. codificación que, a su turno, recoge en el - artículo 8% como mnotas características de tales agrupaciones, las siguientes: "Parágrafo 1%. De conformidad con las normas del Derecho Internacional Humanitario, y para los efectos de la presente ley, se entiende por grupo armado al margen de la ley, aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares — sostenidas y concertadas. ". Kopúblicad e Colombia RADICADO 24.989 COLISIÓN DE COMPETENCIA -JOHN JAVIER CASTAÑO GIRALDO — Ahora bien, habrá de recordar.s qeu e la anterior definición fue. extraída por el legislador de la recogida en el artículo 19 1de_| Protocolo II adicional a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, suscrito .en 1977, a través del cual se desarrolló el artículo39 común y se introdujeron normas tendientes a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. En efecto, aunque de manera tradicional se considera como actores de un conflicto armado no

internacional a los miembros de movimientos insurgentes que por vía de las armas pretend¡en el derrocamiento del régimen vigente, en el desarrollo de los instrumentos internacionales para la protección de las víctimas de las confrontaciones armadas y ante nuevas realidades que evidenciaron enfrentamientos internos entre diversidad de grupos, no necesariamente insurgentes, que desbordaban dicha lógica, el Derecho 1nternational Humanitario se dio a la tarea de involucrar en los instrumentos - de humanización de la guerra a todos los posibles actores de un conflicto armado internacional o interno y las de rñínimo resbeto aquienes no participan en - las hostilidades. "Es así como a través del Protocolo II adicional a los convenios de Ginebra se optó por una definición universal, RADICADO 24 .989 COLISIÓN 'D%WETENCIA JOHN JAVIER CASTAÑO GIRALDO omnicomprensiva de los diferentes actores que puedan concurrir en un conflicto armado no internacional, considerando por tales a todas las fuerzas organizadas, colocadas bajo un mando responsable del a conducta de sus subordinados y sometidos a un régimen de disciplina interno, cuyos miembros se consideran combatientes”. Precisamente esa definición fue la recogida por la legislación interna a través de la Ley 782 de 2002. Y Últimamente, por virtud del artículo 72 de la Ley 975 de 2005 vino a considerarse como conducta típica del delito de sedición la que se hace consistir en militar o pertenecer a uno de aquellos grupos, bien sea de gúerrilla o autodefensas, bajo el entendido que ellos ciertamente

ejercen control territorial sobre una parte del territorioo se lo disputa mediante acciones militares sostenidas, que dirigen ya sea contra las fuerzas regulares, bien entre los grupos armados irregulares entre sí, con la consecuencia inmediata de impedir el normal funcionamiento del régimen constitucional y legal. En consecuencia, la única conducta que se aviene a la nueva modalidad sediciosa, es la de pertenecer a una organización ilegal de la que sean predicables todas las características de "grupo armado al margen de la ley", ya Comit. é Internaci,o na! de la Cruz Roja. , M"Di ccionario. de Derecho Internaci.o nal de los Conftictos Armados" , Pietro Verri, Impresora Limitada Editores, Bogotá, noviembre de 2002, pág. 16-17. 10 RADICADO 24.989 COLISIÓN DE COMPETENCIA JOHN JAVIER CASTAÑO GIRALDO . con la consecuencia de obedecer órdenes que implican la comisión de delitos indeterminados dentro del rol asignado por el mando responsable y en dirección al - desarrollo de los objetivos que trazados por éste. Por lo mismo, no cabe duda que si un grupo de personas acuerdan la comisión de delitos en general desligados de las directrices que imparta el mando responsable en el escenario de la confrontación armada sostenida con las fuerzas regulares o irregulares, tales comportamientos por manera alguna podían catalogarse de sediciosos, criterio prohijado por esta Corporación en anteriores ocasiones, respecto de personas que estando incursas en el delito de rebelión pasan a constituirse en células aisladas cuyas acciones no. obedecen al logro de

las finalidades perseguidas por la organización armada ¡Iegal, casos en los cuales se ha precisado que puede presentarse un concurso entre el delito de rebel¡on y el de concierto para delinquir. Sobre el particular tiene dicho la Sala: " si los miembros de un grupo subversivo realizan acciones contra algún sector de la población en desarrollo de directrices erróneas, censurables o distorsionadas, impartidas por sus líderes, los actos atroces que realicen no podrán desdibujar el delito de rebelión, sino que habrán de concurrir con éste en Auto de colisión de competéncia, radicado 21639 11 RADICADO 24.989 COLISIÓN DE%ETENCIA JOHN JAVIER CASTANO GIRALDO la medida en que tipifiquen ilícitos que, ent0nces serán catalogados como delitos comunes. Por el contrario, si los diversos comportamientos son escindibles, de manera que algunos de ellos son realizados por varias personas concertadas para.- . cometer delitos en beneficio puramente individual, egoísta, sin ningún nexo con la militancia política, y otros, ejecutados por esas mismas personas, se materializan en tanto miembros de la organización subversiva, el concurso entre el concierto para delinquir y la rebelión surge con nitidez." Por la misma Írazón, no quedan incluidos en la nueva categoría de sedición quienes hacen parte de bandas o pandillas, o quienes conforman grupos de justicia pñVada o de sicarios, pues no obstante que ellos acuden a la utilización de las armas, pueden llegar a ejercer cierto contro! territorial y asumen la forma de una organización

con mandos definidos, sus acciones no se enmarcan en la lucha que pretende el derrocamiento del régimenguerrilla-, ni tampoco se encamina a la eliminación de - dicha disidencia por vía de las armas -autodefensasde suerte que la sola pertenencia a ellos sigue siendo típ'¡cal del delito de concierto para delinquir agravado.

2. El asunto objeto de estudio.

Realizadas las anteriores precisiones conceptuales en punto de la Ley 975 de 2005, procede la Sala a acometer el estudio del asunto en concreto, como sigue. 12 DOopúblicad e Colombia RADICADO 24.989 COLISIÓN DE COMPETENCIA JOHN JAVIER CASTAÑO GIRALDO 2.1. La resolución de acusación. La decisión de acusar al procesado como presunto autor del delito de concierto para delinquir agravado por tratarse de la organización de grupos al margen de la ley, fue adoptada por la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Ibagué el 29 de abril de 2005, es decir, con anterioridad a la vigencia de la referida Ley de Justicia y Paz, dado que de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 975 de 2005, esta entraría a regir “a partir de la fecha de su promulgación”, acto que de awcuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 42 de 1913 se produjo con su publicación en el Diario Oficial No. 45.980 del 25 de julio de 2005. “Por tanto, sin dificultad advierte la Sala que la

calificación jurídica provisional de la conducta por la que se procede en este asunto no fue errada, ni tampocoha sido la práctica o aducción de un medio probatorio novedoso posterior a la acusación lo que impondría su variación. Como puede observarse,¡ se trata simple y llanamente de una modificación de la ley penaisustancial en punto de la variación del nomen i¡uris del .mismo 13 Kepúblicad e Colombia RADICADO 24.989 COLISI¿E)%CO_MPETENCIA

< — JOHN JAVIER CASTAÑO GIRALDO

1uy E Corto Kproma do Justicia supuesto fáctico, introducida por el órgano que constitucionalmente tiene la facultad reglada, exclusiva y excluyente para hacerlo, esto es, el Congreso de la República, al cual le asiste, déntro de su libertad de . configuración normativa, la posibilidad de elevar a la categoría. de delito determinados comportamient'oé O fusionar otros, siempre que lo encuentre indí5pensáble para -asegurar la convivencia de los miembros de la ] sociedad, con sujeción a los fines esenciales del Estado, los valores, principios y derechos proclamados y reconocidos en la Constitución Política. 2.3. Variación de la calificación jurídica. El principio de congruencia que debe mediar entte_la acusación y el fallo está instituido para garantizar, además del derecho de defensa y la lealtad procesal, la estructura Ióg¡¿:a y jurídicad-e l proceso, pues por regla general, quien es acusado por determinada conducta delictiva, debe ser absuelto o condenado por la misma. '

Tal principio, como ya lo ha expuesto la Sala, no debe ser entendido como “una exigencia de perfecta armonía e identidad entre los juicios de acusación y el fallo, sino como una garantía de que el proceso transita alrededor de un eje conceptual fáctico — jurídico que le sirve como marco y h'míte de desenvolvimiento y no como14 RADICADO 24.989 COLISIÓN b€%»PET NCIA JOHN JAVIER CASTAÑO GIRALDO atadura irreductible y por ello, el fallador en la sentencia puede dentro de ciertos : límites Idegradar la responsabilidad, sin que se altere el referido principio. Ahora bien, cuando se - presentan errores enla calificación jurídica provisional señalada en la resolución de .acusación, su enmienda puede realizarse de dos maneras: La primera, con fundamento en el artículo de la Ley 600 de 2000, según el cual, la “variación de la calificación jurídica provisional de la conducta punible” - no de la imputación fáctica: o de hechos que resulta invariable - puede efectuarse en razón del advenimiento de prueba sobreviniente a la acusación o por error de los funcionarios judiciales al efectuar el proceso de adecuación típica del comportamiento. — Y la segunda, mediante el planteamiento por parte del juez de un incidente de colisión de competencia (ar_tículó 402 Ley 600 de 2000) al establecer que ha -existido un yerro en la calificación jurídica provisional de la conducta y que ello determina que la competencia para conocer del asunto radica en un funcionario de la misma categoría (juez penal del circuito y juez penal del circuito

especializado) o superior (juez penal mun¡cibal y juez penal del circuito), pues si se trata de un despacho de inferior jerarquía es claro que opera la figura de la Sentencia del 29 de julio de 1998. Rad. 10827. M.P. Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar. 15 RADICADO 24.989 COLISIÓN DE%%ET% JOHN JAVIER CASTAÑO GIRALDO prórrogade competencia, según lo dispone el artículo 405 de la Ley 600 de 2000. En tal caso, la Sala se encuentra facultada de manera: excepcional para examinar los elementos que integran la tipicidad de la conducta investigada, con la Úúnica finalidad -de establecer el factor objetivo de competencia determinante para dirimirla colisión trabada, sin 1que entonces pueda inmiscuirse en la existencidael delito o-en la responsabilidad del procesado. Pese alo expuesto, cuando la Fiscalía advierte que ta calificación jurídica provisional es diversa de la señalada en la acusación, bien porque se erró sobre ella o porque un medio de prueba practicado o aducido de manera ulterior así lo impone, pero también establece que la correcta calificación corresponde a un delito de menor gravedad, qué se debe reconocer una circunstancia específica de atenuación punitiva o que, en suma, impera degradar la responsabilidad del procesado, no debe introducir la variación de la calificación jurídica, pues le basta alegar tal situación en el momento oportuno, a fin de que sea ponderada por el fallador cuando -prof'|ere la sentencia, sin que con ello se altere de manera alguna el principio de congruencia entre acusación y fallo.

16 DRepública de Colombia RADICADO 24.989 COLISIÓN D%VETENCIA JOHN JAVIER CASTAÑO GIRALDO En cuanto comporta que una nueva ley modifique la denominación jurídica o mnomen ¡iuris de un comportamiento sobre el cual se impartió la calificación jurídica provisional en vigencia de una legislación anterior, como ocurre en el asunto objeto de estudio, ha precisado la Sala que “no es necesario variar la ca/¿ficación, pues ésta sólo puede serlo cuando se incurrió en error al proferir el pliego de cargos, o por prueba sobreviniente, y aquí la calificación dada fue correcta, al tenor de la ley entonces vigente, sino que, simplemente, la adecuación tipica del comportamiento se modificó en la nueva ley”, sin que, entonces, se produzca afectación al “principio de congruencia, a la estructura del proceso o al derecho de defensa, si la conducta secalificó, en la resolución de acusación, con la denominación jurídica de la anterior legislación y la sentencia se dicta con la de la nueva normatividad, desde luego que. respetando el principio de favorabilidad'=. Estima la Sala que en este asunto la Fiscalía en su momento impartió una calificación jurídica acorde con los hechos y con las normas para entonces vigentes. Lo anterior es así, dado que: a) No hay variación 'del supuesto fáctico; b) La conducta, tanto antes como ahora, tiene los mismos elementos estructurales; c) Sólo se trata 5 Auto del 14 de febrero de 2002. Rad 18457. M.P. Dr. Jorge Córdoba Poveda. 17

RADICADO 24,989 COLISIÓN DE COMPETENCIA

JOHN JAVIER CASTAÑO GIRALDO de un cambio en la denominación jurídica o nomen iuris del comportamiento. Entonces, puede concluirse que si se procede'por el delito de sedición, cuyo conocimiento corresponde a los jueces penales del circuito en razón de la cláusula general de competencia establecida en el numeral 19 del artículo 77 de la.Ley 600 de 2000, la decisión que se impone adoptar no es otra que la de dirimir la presente colisión negativa de competencia, asignando el conocimiento de este asunto al Juzgado Penal del Circuito de Fresno. Es necesario destacar que no procede en este asunto la prórroga de competenciaen cabeza del juzgado penal del circuito especializado, en atención al estado en el que se encuentra actualmente el proceso, esto es, porque apenas habrá de celebrarse Ia“jaudiencia de juzgamiento y por tanto, la citada prórroga conllevaría modificaciones Sustanciales en el trámi_te, como por ejemplo, la duplicaciódnel término para que los procesados tuvieran derecho a su libertad provisional de acuerdo con lo establecido en el numeral 59 del artículo 365 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con el artículo 15 transitorio del mismo ordenamiento. Cuestión Final 18 -l Hh - V - - %? QñMºwá … RADICADO 24.989 COLISIÓN DE%WPE NCIA :JOHN JAVIER CASTAÑO GIRALDO — Se debatió en Sala-s i la ley 975 de 2005 podría contrariar principios de justicia y del derecho penal cón incidencia negativa en la constitucionalidad de -sus d¡sposiciónes, pero maj¡oritafíamente se desechó tal

hipótesis con fundamento en llos. siguientes planteamientos: No obstante que el artículo 49 de la Carta Política perm¡te inaplicar aquellas disposiciones que se ofrezcan incompatibles con el Estatuto Superior, para ello se requiere de la abierta y ostensible contradicción de sus regias con las superiores S, de modo que la presun;ión de constitucionalidad que las ampara quede desvirtuada, pudiendo . el funcionario judicial, cuando -eso ocurre, preferir las normas constitucionales sobre las de inferior jerarquía, con efectos inter partes y en relación con las personas involucradas en un conflicto específico, sin que pueda exceder ese preciso marco jurídico 7, pues lo coñtrarid¡mp¡¡caría invadir la esfera de competencia de la Corte Constitucional encargada de definir por vía general y con efectos erga omnes el ajuste de un precepto a la Constitución. $ Cfr, Corte Constitucional, sentencia T 1290 de 2000, en la cual se expresó que “el antagonismo entre los dos extremos de la proposición ha de ser tan ostensible que salte a la vista del intérprete, haciendo superflua cualquier elaboración jurídica que busque establecer o demostrar que existe. De lo cual se concluye que, en tales casos, si no hay una oposición flagrante con los mandatos de la Carta, habrá de estarse a lo que resuelva con efectos erga omnes el juez de constitucionalidad, según las reglas expuestas.' 7 Corte Constitucional, sentencias C 600 de 1998 y T-1290 de 2000.

19 Repúblicad e Colombia | RADICADO 24.989 COLISIÓN.DE COMPETENCIA JOHN JAVIER CASTAÑO GIRALDO f__ T I€%f p “ Ahora, tratándose de una ley sui generis, que regula un tema muy puntual en materia de penas en el contexto — de una justicia transicional, la C_orte no encuentra establecida esa abierta y evidente contradicción entre los preceptos en ella contenidos y el Ordén Superior, como condición indispensable para realizar el juicio de constitucionalidad que un mecanismo excepcional como el control difuso requiere, lo cual además en modo alguno la pué_de autorizar para hacerlo acudiendo a. criterios de conveniencia.. Esta postura, no es, desde luego, novedosa, pues tal ha sido el criterio de la Sala en torno al tema, al precisar - que presupuesto necesario para dar lugar a tan especial recurso en guarda de los Preceptos Superiores, es que: " el quebranto objetivo de la norma constitucional sea de tal forma flagrante o manifiesto que no permita la mínima interpretación en contrario y, por ende, no se requiera de sofisticados qargumentos — para . sustentarla; lo que de suyo deslegitimaal juez colisionante a hacer un pronunciamiento propio de la jurisdicción facultada para ello como lo es la Constitucional, por tratarse de una ley expedida por el Congreso de la República en ejercicio de las facultades constitucionales” (resaltado fuera de texto) _ Auto del 18 de junio de 2002, colisión de competencias, radicado 19516,M.P, Herman Galán Castellanos. Cfr, en el mismo sentido, auto del 2 de julio de 2002, radicado 19517,

M.P. Carlos Mejía Escobar. 20 RADICADO 24.989 COLISIÓN DE COMPETENCIA -JOHN JAVIER CASTAÑO GIRALDO ' Además, en dicho pronunciamiento la sala concluyó, que en tales circunstancias, como aquí ocurre, resulta “inconveniente adelantarse a la decisión de la autoridad con atribución constitucional para juzgar la inexequibilidad de la comentada disposición.”. De otra parte, el valor justicia y los principios de igualdad y proporcionalidad, en orden a juzgar' la constitucionalidad de una norma, no pueden estudiarse tal como si se tratara de una ley ordinaria, sino tomando en cuenta las singularidades de la que ahora se analiza, expedidacon la finalidad de resolver la tensión que en este caso surge entre los conceptoá de paz y justicia, que son también fundamentos del Estado, y de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia. Por lo mismo, la vinculación entre política y derecho alcanza un nivel mayor al que de ordinario se presenta en la legisiación común, en la cual, por ejemplo, la proporcionalidad de la respuesta estatal y la simetría con la agresión a bienes jurídicos, responde a la -gravedad del - injusto y grado de culpabilidad, mientras que, tratándose de una ley especial, como aquí sucede, se sujetan a otros valores, según se indicó. Lo anterior, se insiste, sin perjuicio del criterio de la Sala puede en cuanto a la -conveniencia o inconveniéncia 21 RÁDICADO 24.989 COLISIÓN DE COMPETENCIA - -JOHN JAVIER CASTAÑO GIRALDO de las disposiciones contenidas en la ley de justicia y paz,

lo cual es, por supuesto, irrelevante para efectos de adoptar decisiones del tipo de aquella a que se alude en párrafos precedentes | No obstante las consideraciones anteriores, conviene aclarar que un sector de la Sala encontró precí$am.ente esa ostensible contradicción entre la norma superior y la legal, respecto del artículo 70 de la ley de justicia y paz, fundamentalmente por viotación al principio de la unidad de materia. En mérito a lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE

JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL, |

RESUELVE

1. MDIRIMIR la colisión legalmente trabada, asignando el conocimiento del presente asunto al Juzgado Penal del Circuito de Fresno, despacho a donde se remitirá el expediente para lo de su cargo conforme a'las razones expuestas en la anterior motivación.

2. COMUNICAR lo aquí decidido al Juzgado 29

Penal del Circuito Especializado de Ibagué, remitiéndote copia de la presente decisión. 22 _ — RADICADO 24.989 COLISIÓN DE C IMPETENCIA :JOHN JAVIER CASTANÑO GIRALDO Contra esta providencia no procede recurso alguno Comuníquese y cúmplase. Secratlaria 23 Colisión Número 24989 John Jaiver Castaño G. SALVAMENTO DE VOTO Con el debido respeto me perm:to expresar las razones por las cuales no comparto la determinación adontada en el sentido de declarar que la competenci-a' para conocer del proceso seguido contra J0hh Jalver Castaño Giraldo por el delito de concierto para delinquir, radica en el

Juzgado Penal del Circuito de Fresno (Tolima). Tal como lo expuse en el curso de ios debates orales,