CSJ - SP25108(30-11-2006)

PA /v/ //,; fÁ'WJ/¿'J asación No. 25108. / Ferney Rivera Viuche.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE C ASACION PENAL

Aprobado Acta No. 139

Magistrado Ponente: -

Dr. MAURO SOLARTE PORTILLA

Bogotá, D. C., tremta de noviembre de dos mil seis. Resuelve la Corte el recurso extraordmario de casación interpuesto por el defensor de Ferney Rivera Viuche y Humberto Garzón Castrillón, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá el 18 de octubre de 2005, que confirmó la dictada el 3 de agosto del mismo año por el Juzgado 52 Penal del Circuito de la misma ciudad, mediante la cual condenó a los procesados a la pena principal privativa de la libertad de 50 meses de prisión, como autores del delito de concusión.

1. Hechos.

El 6 de mayo de 2005, Ferney Rivera Viuche, Guardián del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), llamo telefónicamente a la residencia de la señora Yeime Yolanda Pinto Cocum en esta ciudad, quien se hallaba purgando condena domiciliaria por cuenta del Juzgado Once de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con el fin de establecer si se hallaba en el lugar, no encontrándola. En vista de ello . EA "a 7 C1le - -P a P€ ,W — - /Casación No. 25108. / Ferney Rivera Viuche. decidió dirigirse al lugar y esperarla. A su regreso, conversó con ella en

una panadería y la instó a cumplirle una crta esa noche para solucionar el problema. Los dos asistieron, pero Ferney Rivera Viuche lo hizo acompañado de Humberto Carzón Castrillón, otro Guardían de la institución. En este encuentro, Ferney Rivera Viuche le exigió la suma de un millón de pesos a cambio de no informar a sus superiores lo ocurrido. Yeime Yolanda les manifestó que no tenía dinero pero que lo iba a pensar. El 10 de mayo, Ferney la llamó de nuevo para acordar una nueva cita, pero ésta no asistió. Como siguió insistiendo en el pago de la suma exigida, Yeime Yolanda puso el hecho en conocimiento de las autoridades, quienes realizaron algunos operativos de seguimiento a los funcionarios y los capturaron el 17 de mayo, en las primeras horas de la noche, cuando recibían de la víctima un paquete que simulaba contener el dinero exigido.

2. Actuación procesal relevante. 2.1. El 18 de mayo, el Juzgado 45 Penal Municipal de Bogotá con tunción de control de garantías, realizó las audiencias preliminares de legalización de las capturas, formulación de la imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento. En la segunda de estas diligencias, la Fiscalía formuló cargos a los implicados por el delito de concusión, los que fueron aceptados por éstos en forma voluntaria. En la tercera, solicitó al Juzgado la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.

El Juez legalizó la captura y avaló la formulación de la imputación, pero negó la solicitud de imposición de medida de aseguramiento port Casación No. 25108. / Ferney Rivera Viuche, considerar que los procesados no representaban peligro para la sociedad ni para las víctimas, y dispuso su libertad inmediata. 2.2. El 24 de mayo, la Fiscalía registró escrito de acusación contra Ferney Rivera Viuche y Humberto Garzón Castrillón ante los jueces de conocimiento, por el delito de concusión, y solicitó el señalamiento de fecha y hora para la realización de la audiencia de dosificación de la pena y proferimiento de la sentencia, apoyada en las disposiciones contenidas en los artículos 293 y 447 del Código de Procedimiento Penal. Las diligencias fueron asignadas al Juzgado 52 Penal del Circuito, que fijó el 29 de junio para su realización. 2.3. En la fecha indicada, el Juzgado se negó a impartir aprobación al allanamiento de cargos, por considerar que la Fiscalía no tenía a su disposición la evidencia mínima de la calidad de servidores púbiicos de los encartados, ni soportes documentales que acreditaran que para el momento de los hechos se hallaban en ejercicio de sus funciones, ni que tuvieran bajo su responsabilidad el control de la detenida, quedando pendiente de fijar nueva fecha para reiniciar el trámite, 2.4. Mediante escrito de 11 de julio, la fiscalía comunicó al Juez que ya disponía de la evidencia requerida, y pidió señalamiento de fecha para la realización de la audiencia, aclarando que mantenía el escrito de acusación presentado el 24 de mayo. La audiencia se realizó finamente el 3 de agosto, fecha en la cual los acusados reiteraron su voluntad de

aceptar los cargos mputados. El Juzgado condenó a cada uno de los procesados a las penas principales de 50 meses de prisión, multa equivalente a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación en el ejercicio de derechos y Zd7 - /Casación No. 25108. Ferney Rivera Vinche. / funciones públicas por cinco años, y la accesoria de pérdida del empleo, como autores responsables del delito de concusión, negándoles el otorgamiento de los sustitutos de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. 2.5. Este fallo fue apelado por la defensa y por uno de los procesados para pedir la anulación de la incorporación de las pruebas aportadas por la Fiscalía en la audiencia de individualización de la pena y profermiento de la sentencia, por considerar que el Juez carecía de facultad para ordenar su aducción en esta etapa del proceso, y para solicitar que se dictara en su lugar sentencia absolutoria, por no encontrarse demostrada la calidad de servidor público de los procesados. El Tribunal, en decisión de 18 de octubre de 2005, negó la nulidad y confirmó la sentencia impugnada.

3. La demanda.

Al amparo de la causal tercera del artículo 181 del Códiga de Procedimiento Penal (ley 906 de 2004), el actor acusa la sentencia impugnada de desconocer las reglas de producción y apreciación de las pruebas, con violación de los artículos 29 de la Constitución Nacional y 446 y 447 del estatuto procesal penal, y 404 del Código Penal. Asegura que el Juez de conocimiento no podía, como lo hizo, suspender

la audiencia de individualización de la pena y proferimiento de la sentencia, para que la Fiscalía aportada la prueba de la calidad de servidores públicos de los procesados, porque este no era el estadio W Á Ú ación No, 25108. ._ erney Rivera Viuche. / adecuado para ello, y porque al advertir que faltaba esta evidencia, no tenía alternativa distinta de dictar fallo absolutorio. La sentencia viola los artículos 446 y 447 porque el fallador revivió una etapa procesal ya fenecida con el propósito de subsanar la carencia de acreditación de las calidades exigidas en el sujeto agente. Viola también el 29 de la Constitución Nacional por inobservancia de las forma propias del juicio, al crear una oportunidad no contemplada en la ley para que la Fiscalía aportara las pruebas, y viola el artículo 404 del Código Penal, que describe el delito de concusión, por ausencia de sus elementos estructurales.

4. Audiencia de sustentación del recurso. 4. 1. Intervención del impugnante.

El defensor de los procesados manifestó no tener elementos de juicio para exponer distintos de los ya expresados en el texto de la demanda. 4.2. Intervención del Fiscal de la causa. Solicitó a la Corte no casar la sentencia impugnada, con fundamento en dos consideraciones básicas: (i) que el Juez sí podía disponer la suspensión de la audiencia para complementar los elementos materiales probatorios y las evidencias que le permitieran llegar a un mejor E7 an lación No. 25108. Ferney Rivera Viuche. entendimiento de los hechos, y (1i1) que en la hipótesis de aceptarse que el

Juez incurrió en una irregularidad en este procedimiento, no sería trascendente para quebrantar la legalidad de la sentencia. En desarrollo de la primera consideración argumentó que la actuación del Juez encuentra sustento legal en la facultad de corrección prevista para la audiencia preparatoria en el numeral 1 del artículo 343 del Código de Procedimiento, aplicable en su sentir a la audiencia de individualización de la pena y proferimiento de la sentencia, y en la facultad de suspensión condicional del procedimiento que le otorga el numeral tercero de la misma norma, También encuentra sustento normativo en las previsiones contenidas en El inciso final del artículo 10 ejusdem, que autoriza al juez a corregir los actos irregulares no sancionables con nulidad, y en el artículo 17, que prevé la posibilidad de suspensión de la audiencia cuando se presenten circunstancias especiales que lo justifiquen. Precisó que el juez se limitó a dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales que lo obligan a tener en cuenta los requisitos mínimos para dictar sentencia condenatoria, y que la opción de absolver a los procesados por el motivo que plantea la defensa no era posible, porque de aceptarse que el juez no tenía facultades para suspender la audiencia, lo indicado sería la improbación del acuerdo, conforme se dispone en el artículo 351. En el análisis del segundo argumento, explicó que el Juez no creó una nueva etapa procesal, sino que suspendió la audiencia para continuarla después, por lo que la irregularidad, de haber existido, sería de carácter inofensivo, y que aparte de esto contaba con elementos materiales

E-7 0u— A , Casación No. 25108. Ferney Rivera Viuche, probatorios y evidencia suficiente para dictar sentencia de condena con prescindencia de los actos administrativos de nombramiento y posesión que echó de menos. 4.3. Intervención del Ministerio Público. La Procuradora Segunda Delegada para la Casación Penal presentó a la Corte dos solicitudes, (1) madmitir la demanda presentada por la defensa por ausencia de mterés para recurrir, y (1i) no casar de oficio la sentencia impugnada por no advertirse irregularidad alguna en la actuación del Juez de conocimiento. En relación con el primer aspecto, argumentó que la pretensión de la defensa de que se absuelva a los procesados por falta de demostración de la conducta típica envuelve una retractación a la aceptación libre y voluntaria que hicieron de su responsabilidad en los hechos, due como tal, lo mhabilita para intentar el recurso de casación. En relación con el segundo, precisó que ante las preguntas realizadas por el Juez a la Fiscal del proceso en la audiencia, de si estaba démostrada la condición de servidores públicos de los procesados, si tenía certeza de su pertenencia al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), y de la vigilancia que venían ejerciendo sobre la víctima, y no encontrar una respuesta satisfactoria, decidió suspender la audiencia para que se aportara esta evidencia, por considerar que no se contaba con los elementos mínimos de la tipicidad requeridos para la configuración del delito de concusión. Ferney Rivera Viuche. Indicó que este procedimiento no resulta irregular, porque al Juez le

compete constatar no solo s1 el allanamiento fue voluntario, sino también que los cargos imputados se fundamenten en un mínimo de prueba, según se desprende del contenido de los artículos 7% y 327 del Código de . Procedimiento Penal, normas estas aplicables a todas las formas de terminación anticipada del proceso, y que fue en ejercicio de esta facultad de constatación que el Juez tomó la decisión que la defensa cuestiona.

S$ CONSIDERA:

1. Cuestión previa, La representante del Ministerio Público solicitó en la audiencia de sustentación oral del recurso de casación, en el carácter de pretensión prmcipal, que se inadmita la demanda presentada por la defensa, por carecer de interés para recurrir, porque la pretensión de absolución por falta de demostración de la conducta típica, envuelve una retractación a la aceptación libre y voluntaria que hicieron de su responsabilidad en la audiencia de formulación de la imputación.

Esta petición es procesalmente inviable. La audiencia de sustentación del recurso de casación, en el proceso casacional acogido por la ley 906 de 2004, no es presupuesto del acto de admisión de la demanda de casación, sino un estadio posterior al mismo, que implica que la demanda ha sido admitida, o que la Corte ha decidido adelantar oficiosamente el trámite para la realización de los fines de la casación, por lo que una petición 'SHCIOYI No. 25108. Pemey Rivera Viuche. encaminada a obtener en este momento su inadmisión, resulta fuera de contexto. En el nuevo sistema, el trámite casacional cuenta con cuatro fases

claramente determinadas, (1) de interposición del recurso mediante demanda, (1i1) de admisión o inadmisión de la demanda, (1) de sustentación oral en audiencia del recurso, y (1v) de decisión y lectura del fallo. El acto de admisión de la demanda, es previo al de la sustentación en audiencia oral, y no acepta recurso alguño, ni el procedimiento casacional contempla la posibilidad de su revocatoria antes ni después de haber sido superadas las etapas subsiguientes. Es posible que la intención de la Delegada haya sido solicitar a la Corte la nulidad del auto de admisión, o la desestimación del cargo al momento de dictar sentencia por ausencia de interés, soluciones ambas posibles de ser tomadas, según el caso, cuando se advierte que esta exigencia no se cumple, y que la demanda no debió admitirse. Pero la ausencia de interés no surge evidente en el caso analizado, porque aunque el impugnante solicita la absolución de los procesados, lo cual de suyo envuelve una retractación a la solicitud de condena anticipada, la verdad es que este planteamiento se sustenta en un error in procedendo, por violación del debido proceso, que la Corte consideró necesario analizar frente a las circunstancias específicas que rodearon el caso.

2. Análisis del único cargo. 2.1. El ataque a la legalidad de la sentencia en el presente caso se sustenta en la afirmación de que el juez de conocimiento no podía suspender la / Áé%s/qé€// Z s 108. - Ij¿rney Rivera Viuche. audiencia de individualización de la pena y de proferimiento de la

sentencia para que la fiscalía allegara evidencia de la condición de servidores públicos de los procesados, como lo hizo, porque esto implicaba crear un estadio procesal nuevo, no previsto en el ordenamiento jurídico, y porque el Juez, ante la falta de evidencia probatoria sobre la tipicidad de la conducta, no tenía alternativa distinta de dictar fallo absolutorio. 2.2. Ninguna de las premisas en que se sustenta la impugnación es cierta. No es verdad que el Juez de conocimiento haya creado un estadio probatorio ex novo, no contemplado en la ley, para la complementación de la información requerida por el Juez, ni tampoco que la decisión que el Juez debe tomar, cuando advierte que los elementos estructurales del tipo penal objeto de la aceptación unilateral o del acuerdo no se hallan debidamente establecidos, o no corresponden a los de la ilicitud aceptada, sea la de absolver al procesado. 2.3. Del estudio de lo ocurrido en la audiencia de individualización de la pena y proferimiento de la sentencia, se establece que el Juez, después de interrogar a los procesados sobre si era su voluntad persistir en la aceptación de la imputación, y si esta manifestación habia sido libre, voluntaria, espontánea e informada, preguntó a la Fiscal si tenía evidencia que demostrara, (1) la condición de servidores públicos de los implicados, (11) que se hallaran en ejercicio de funciones, y (111) que estuvieran encargados de vigilar el cumplimiento de la pena de la señora Yeime Yolanda Pinto Cocum. La Fiscal respondió que soporte documental alusivo a decretos de nombramiento y actas de posesión no tenía en su poder, pero que

disponía. de los carnés que los acreditaban como Dragoneantes del 10 6- “Casación No. 25108. 7 Ferney Rivera Viuche. 7 Instituto Nacional Penitenciario. El Juez le preguntó si tenía evidencia que los carnés fuesen documentos originales del Instituto Nacional Penttenciario, y la Fiscal contestó que evidencia frente a un estudio documental no existía. El Juez decretó un receso y al reanudar la audiencia declaró que no etectuaría el control de legalidad al allanamiento de cargos porque la Fiscalía no había acreditado los elementos estructurales del tipo penal aplicable, fundamentado en los artículos 327 y 381 del Código de Procedimiento Penal. En la recapitulación que hizo de su intervención, el juez precisó: “Reitera el estrado judicial que el problema se presenta en la demostración de la calidad de servidores públicos y la condición de ejercicio funcional al momento de cometer el hecho. Esto es un elemento del tipo penal del artículo 404 y el estrado judicial entiende que esto no es, no está, la Fiscalia General de la Nación no tiene evidencias que permitan precisar al menos en mínnna manera el desarrollo funcional de los procesados al momento de la comisión del hecho. El informe, los informes ejecutivos presentados por investigadores a cargo de la averiguación del insuceso. le parece a este estrado Judicial que no llenan, no son la evidencia que corresponde aportar para la demostración de este evento. En este orden de cosas el estrado judicial/ no puede proceder siquiera a cuestionar a los procesados, a confirmar su voluntad frente al allanamiento a cargos, toda vez que es claro que en la nueva normatividad

Procesal Penal no existe la prueba de confesión y en tal medida así los procesados reconocieran allanarse a los cargos en forma libre, voluntaria, espontánea, asistidos por sus defensores, perdón por su defensor, advertidos de las consecuencias del allanamiento, es un hecho claro y cierlo que no por este allanamiento de carpos se podía suplir la prueba que el juzgado ha echado de menos. Fundamentados entonces en las razones anteriores el estrado judicial no procederá a efectuar el control de legalidad sobre el allanamiento a cargos efectuado en su momento, en su uportunidad, ante el Juez de Garantías por parte de los señores Ferney Rivera Viuche y Humberto Garzón Castrillón. De esta determinación notifico a las sujetns procesales en estrados”. a Casación No. 25108. / Ferney Rivera Vinche. 2.4. La decisión que el Juez tomó, como puede verse, no fue la de practicar pruebas, ni ordenarle a la Fiscalía que lo hiciera, como lo sugiere la defensa, sino la de abstenerse de impartirie aprobación al acto de allanamiento a los cargos, por considerar que la evidencia que la soportaba, y que servía de sustrato a la acusación, no contenía el mínimo de prueba requerido para afirmar la tipicidad de la conducta y dictar fallo condenatorio, la que dijo adoptar en ejercicio de la facultad de control que le deferían los artículos 327 y 381 del estatuto procesal penal. Como el cuestionamiento que en esencia se hace a la actuación del Juez es que desconoció el ordenamiento procesal al actuar en la forma como lo

hizo, para resolverlo se impone dilucidar tres aspectos: (1) si el juez con funciones de conocimiento puede ejercer la facultad de contro! sobre la prueba mínima requerida para condenar, (ii) si en el caso analizado incurrió en una irregularidad al negarse a ejercer el control de legalidad de la aceptación de cargos, y (iii) si la irregularidad, de haberse presentado, tiene la virtualidad de afectar la validez de la actuación procesal. 2.4.1. Facultades de control del juez con funciones de conocimiento. Un estudio sistemático de la nueva normatividad procesal penal permite afirmar que el Juez de conocimiento, en ejercicio del control de legalidad de los actos de aceptación de c£1rgos por iniciativa propia o por acuerdo previo con la Fiscalía, debe realizar, en principio, tres tipos de constataciones: (1) que el acto de allanamiento o el acuerdo haya sido voluntario, libre, espontáneo y debidamente informado, es decir, que esté 12 S 77 — asación No. ?25108. / Ferney Rivera Viuche. exento de vicios esenciales en el consentimiento', (11) que no viole derechos fundamentales, y (1i1) que exista un mínimo de prueba quie permita inferir la autoría o participación en la conducta imputada y su tipicidad. La facultad de verificar que el allanamiento a cargos esté exento de vicios, se inftere del contenido de los artículos 89 literal 1), 131, 293 y 368 inciso primero, “Artículo 8%. Defensa. En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición

de imputado, éste tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal, en lo que aplica a: i) Renunciar a los derechos contemplados en los literales b) y k)? siempre y cuando se trate de una manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente informada. En estos eventos reguerirá siempre el asesoramiento de su abogado defensor. “Artículo 131. Renuncia. Si el imputado o procesado hiciere uso del derecho que le asiste de remmciar a las garantías de guardar silencio y al juicio oral, deberá el juez de control de garantías o el de conocimiento verificar que se trata de uma decisión libre, consciente, voluntaria, debidamente informada, asesorada por la defensa, para l0 cual será imprescindible el interrogatorio personal del imputado o procesado”. “Artículo 293. Procedimiento en caso de aceptación de la imputación. Si el imputado, por iniciativa propia o por acuerdo con la fiscalía acepta la imputación, ve entenderá que lo actuado es sificiente como acusación, Examinado por el Juez ¿le conocimiento el acuerdo para determinar que es voluntario, libre y espontáneo, procederá a aceptario sin que a partir de entonces sea posible la retractación de alguno de los intervinientes, y convocará a audiencia para la individualización de la pena y sentencia ”. ' En la audiencia de tormulación de la imputación, este contro! lo realiza en principio el Jtiez de varantías (Cfr. Casación 25248 de 5 de actubre de 2005). - En el fiteral b) la norma contempla el derecho a no autoincriminarse y en el litera! k) a tener un juicio

público, oral, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas. 13 //Á/////9__ ¡¿4_4//¡M_J Casación No. 25108. Ferney Rivera Viuche. “Artículo 368. Condiciones de validez de la manifestación. De reconocer el acusado su culpabilidad, el juez deberá ver._ifí¿ar que actúa de manera libre, voluntaria, debidamente informado de las consecuencias de su decisión y asesbrado por su defensor. Igualmente, preguntará al acusado o a su defensor si su aceptación de los cargos corresponde a un acuerdo celebrado con la fiscalía” (inciso primero). La potestad del Juez de examinar que la acéptación de cargos por iniciativa propia o por acuerdo con la Fiscalía, no desconozca los derechos fundamentales, surge del contenido de los artículo 10%, 351 y 368 inciso segundo, “Artículo 10 Actuación procesal. La actuación procesal se desarrollara teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia en el ejercicio de la justicia. En ella las funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial (...) El juez de control de garantius y el de conocimiento estarán en la obligación de corregir los actos irregulares no sancionables con nmulidad, respetando siempre los derechos y garantias de los intervinientes (incisos primero y último). “Artículo 351. Modalidades. Los preacuerdos celebrados entre fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las

garantías fundamentales”, (inciso cuarto). “Artículo 368. Condiciones de validez de la manifestación. (...) De advertir el juez algún desconocimiento o quebrantamiento de garantías fundamentales. rechazará la alegación de culpabilidad y adelantará el procedimiento como si hubiese habido ina alegación de no culpabilidad” (inciso segundo). Y la obligación de verificar que exista un mínimo de prueba que permita inferir razonablemente la tipicidad de la conducta imputada al procesado, y su autoría o participación en ella, proviene nítida del contenido de los artículos 79, 381 y 327, 14 ye Casación No. 25108. Ferney Rivera Viuche, Artículo 7. Presunción de inocencia e in dubio pro reo. (...) Para proferir sentencia condenatoria debe existir convencimienta de la responsabilidad penal del acusaido, más allá de toda duda” (inciso último). Artículo 381. Conocimiento para condenar. Para condenar se requierc el conocimiento más allá de toda dudea, acerca del delita y de la responsabilidad penial del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. La sentencia condenatoria no podrá fundumentarse exclusivamente en pruebas de referencia”. Artículo 327. Control judicial en la aplicación del principio de oportunidar. (...) La aplicación del principio de oporhimidad y los preacuerdos de los posibles imputados y la fiscalía, no podrán comprometer la presunción de inocencia y solo procederá si hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su fipicidad”.

2.4.2. Existencia de una irregularidad. Lo visto deja en claro que el Juez con funciones de conocimiento está legalmente facultado para verificar que la aceptación de cargos por iniciativa propia o por acuerdo con la Fiscalía se encuentre sustentada en un mínimo de prueba que permita concluir razonablemente que la conducta es típica y que el imputado intervino en ella en calidad de autor o partícipe, en salvaguarda del principio de presunción de inocencia, Pero la solución cuando el juicio sobre la legalidad de la aceptación de cargos es negativo, por detectarse vicios del consentimiento, violación de las garantías fundamentales o desconocimiento del principio de presunción de inocencia, no es abstenerse de ejercer la facultad de control de legalidad al allanamiento, como equivocadamente lo entendió en el caso analizado el Juez con funciones de conocimiento, sino entrar a — '—'l Casación No. 25108. Ferney Rivera Viuche. ejercerla, adoptando la decisión que en estos casos corresponde, que no podía ser otra que improbar o anular el allanamiento, con las consecuencias jurídico procesales que ello implicaba. Desde esta perspectiva, entonces, habría de aceptarse que la actuación del Juez fue anormal, puesto que en lugar de invalidar la aceptación de cargos, como correspondía hacerlo, para que las cosas regresaran a su estado inmediatamente anterior, decidió abrir un espacio para que la Fiscalía aportara los elementos materiales probatorios que echaba de menos, con evidente desconocimiento del procedimiento. Pero esta Itrregular, como podrá verse a continuación, carece de trascendencia, porque las pruebas que se adujeron en el estadio procesal que

adicionalmente se abrió para su aportación, resultaban innecesarias frente a la evidencia material probatoria que la Fiscalía presentó para formular cargos y solicitar sentencia de condena.. 2.4.3. Intrascendencia de la irregularidad, El Juez con funciones de conocimiento se negó a impartir aprobación a la aceptación de cargos por considerar que los elementos materiales de prueba aportados por la Fiscalía no acreditaban la condición de servidores públicos de los procesados ni el ejercicio actual de funciones, no obstante haber presentado como evidencia de la imputación, entre otros, los siguientes elementos: (1) formato único de noticia criminal (denuncia), (11) informe ejecutivo de los miembros de la Policía Judicial que participaron en el seguimiento y la captura de los procesados, (iii) filmación del procedimiento, (iv) acta de incautación del paquete que simulaba contener el dinero exigido, (v) entrevista a la señora Yolanda 16

0. 25108.

/ Ferney Rivera Viuche. Cocuy Cuervo (madre de la víctima), quien informa sobre lo ocurrido, (v) acta de incautación de un oficio original con encabezado y sello del INPEC, suscrito por Ferney Rivera Viuche, alusivo al informe de la visita domiciltaria, (v1) los carnés qúe acreditaban a los procesados como Dragoneantes del INPEC, y (vit) la aceptación libre, voluntaria, asistida y debidamente informada que éstos hicieron de los cargos en la audiencia de formulación de la imputación. El argumento principal que el Juez adujo para sostener que no se hallaban

demostrados los elementos estructurales del-tipo penal, concretamente el relacionado con la condición de servidores públicos de los procesados y el ejercicio de funciones para el momento de la realización de la conducta, es que la prueba de confesión no existía en la nueva normatividad procesal, y que en tal medida, así los procesados reconocieran el hecho, su aceptación no suplía la prueba echada de menos por el juzgado, Palabras más, palabras menos, negó valor probatorio a la aceptación de los cargos, y tarifo la demostración probatoria de la calidad de servidores públicos y del ejercicio de sus funciones, al sugerir que los mismos solo podían ser demostrados con evidencia documental, proveniente de la entidad nominadora. Ambas apreciaciones son desde luego equivocadas. No es verdad que la aceptación de los cargos carezca de aptitud probatoria, ni tampoco que se requiera evidencia documental para poder dar por demostrado el ejercicio de la función pública. Para la Sala es claro que la aceptación de la imputación tiene efectos probatorios similares a los de la confesión, como ineguívocamente se desprende del contenido del artículo 283 del Código de Procedimiento”, y lo reconoce la Corte Constitucional en el Artículo 283. Aceptación por el imputudo. La aceptación por el imputado es el reconocimiento libre, consciente y espontáneo de haber participado en alguna forma o grado en la ejecución de la conducta deliciiva que se investiga. 17 1- / — Casación No, 25108. Ferney Rivera Viuche. estudio de exequibilidad que hizo de la expresión procederá a aceptario,

contenida en el inciso segundo del artículo 293 ejusdem, donde textualmente dijo: “Según la ley penal, para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable (artículos 9 a 12 del Código Penal). En consecuencia, el juez sólo puede imponer condena al imputado cuando establezca con certeza estos elementos estructurales del delito, como se afirina en la demanda. En caso contrario, quebrantaría el principio constitucional de legalidad de la función pública y las nomas legales pertinentes, lo cual pedria originarle responsabil