CSJ - SP25300(23-05-2006)

. Página 1-de 32 u — Casación No 25.300 |

LINA MARCELA BETANCUR VALENCIA

NAU NA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

Aprobado Acta No. 50 Bogotá, D. C., veintitrés de mayo de dos mil seis. VISTOS Juzga la Corte en sede de casación el fallo de segundo grado del 8 de noviembre de 2005, proferido por el Tribunal Superior de Antioquia, por medio del cual confirmó la sentencia anticipada dictada por el Juzgado Penal del Circuito de Rionegro, condenando a la procesada LINA MARCELA BETANCUR VALENCIA a la pena principal de 70 meses de prisión, multa por la suma de dos salarios mínimos mensuales y a la accesoria de iñhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la libertad, como autora del delito de portede estupefacientes. 9ZK—E;/[¡?5//Z€(¿- de Citombia. _. ,"º,ºP—: Página 2 de 3 Casación No 25.30 LINA MARCELA BETANCUR VALENC Orrte g/)reriz(¿- rÁfº.j¡;jfmm HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL Hacia las 4:30 de la tarde del 2 de j_ulio de 2004, LINA MARIA BETANCUR VALENCIA, se hallaba a la espera de abordar el vuelo 042 de la aerolínea Avianca con destino a la ciudad de Nueva York, en el aeropuerto José María Córdova del

municipio de Rionegro, Antioquia, pero dado el nerviosismo que denotaba, fue sometida a una radiografía abdominal, detectándose la presencia de cuerpos extraños en su organismo, los cuales resultaron corresponder a 45 cápsulas de heroiína, q-ue arrojó un peso de 243 gramos. La capturada quedó a órdenes de la Fiscalía 51 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, destacada ante el CEAT, despacho que la escuchó en indagatoria el 5 de julio de 2004. Las diligencias fueron luego remitidas al Fiscal 28 Delegado ante los. Jueces Penales del Circuito Especializados de Medellín, Página 3 de 32Casación No 25.300 LINA MARCELA BETANCUR VALENCIA %1('Me g5/)mmac/<ºf¿J&'€¿a autoridad que mediante resoluciódnel 9 de julio siguiente, resolvió la situación jurídica de la indagada con medida de aseguramiento de detención preventiva sin excarcelación, por el delito de porte de estupefacientes. Notificada de la decisión, en memorial fechado del 12 de julio de 2004, la procesada manifestó su voluntad de acogerse al trámite de sentencia anticipada. No obstante, previamente se ordenaron y practicaron varias pruebas, algunas encaminadas a verificar la información que suministró la procesada respecto de los otros partícipes de la conducta. La diligencia de formulación de cargos se llevó a cabo el 27 de agosto de 2004, en el curso de la cual se le acusó de ser autora de la conducta prevista en el artículo 376, inciso 1”, del

Código Penal, cargo que aceptó la implicada. -—..__" %rr?í¿r'(ºa de Colembia Página 4 de 32 Casación No 25.300 LINA MARCELA BETANCUR VALENCIA %'nríeg%/—'em.á& a?%.¡/¡h¿k¿ El proceso arribó así al Juzgado Tercero Penal del Cir;uito de Rionegro, despacho que dictó fallo el 30 de noviembre de 2004, pero al ser impugnado, el Tribunal Superior de Antioquia anuló todo lo actuado en proveído del 17 de marzo de 2005, por falta de competencia del Fiscal, a partir del acto de formulación y aceptación de cargos. La diligencia se realizó entonceb por un Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Rionegro, Antioquia, autoridad que imputó nuevamente el comportamiento delictivo descrito en el artículo 376, inciso 2%, del Código Penal, el cual aceptó la procesada libre y voluntariamente. Por vencimiento de los términos de instrucción, la procesada fu excarcelada. El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Rionegro dictó sentencia el 13 de septiembre de 2005, condenando a la procesada LINA MARCELA BETANCUR VALENCIA a las penás Q2¡/)¿(Mfkº& de %¿/ám&k& — .._ Página 5 de 32 ¡' 1uy Casación No 25300| ¿ ; LINA MARCELA BETANCUR VALENCI Cunte gpf'emade %Jt¿?=¿'a- - arriba especificadas. Igualmente, le negó el subrogado de la

suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria. La sentencia fue apelada por el defensor, quien, entre otras razones, invocó la aplicación favorable de la rebaja de pena de “hasta la mitad”, contenida en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, en lugar de la establecida en el artículo 40 de la Ley 600 de

2000. - La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Antioquia, en el fallo que ahora es objeto del recurso extraordinario de casación, confirmó la condena impuesta, desestimando la anterior pretensión del impugnante, tras considerar que el nuevo sistema procesal no ha entrado a regir en Ántioquia y que el precepto contenido en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 presenta sustanciales diferencias con el contenido en el 40 de la Ley 600 de 2000, que impiden considerarlo análogo, y por consiguiente, no podía argumentarse su favorabilidad. %”FMP(J de %n¿ºm¿£(¿ D Página 6 de 321l

Casación No 25.30

LINA MARCELA BETANCUR VALENCI

%- He Q'í9ám¡¡m Ú4'%Y¿C'Íd» LA DEMANDA Un único cargo al amparo de la causal primera, cuerpo primero, propone el defensor de LINA MARCELA BETANCUR VALENCIA contra la sentencia impugnada, denunciando la violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación del principio de favorabilidad que consagra el artículo 6% tanto del Código Penal como del Procedimiento Penal. Según el censor, la exclusión evidente de dicha garantía fundamental tuvo origen en la interpretación errónea sobre el

sentido o alcance del principio de favorabilidad, como también del alcance y las características de los artículos 40 de la Ley 600 de 2000 y 351 de la Ley 906 de 2004. Igualmente estima infringidos los prihcipios de dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, igualdad, intervención mínima, proporcionalidad y debido proceso que se contemplan en los artículos 1, 2, 6, 13, 28 y 29 de la Carta Política, 1, 6, 7 y 13 Página 7 de 32 Casación No 25.300' LINA MARCELA BETANCUR VALENCIA V Conto Aprema do_Justicia del Código Penal y 1,5,6,9 y 24 del Código de Procedimiento Penal. También pregona la vulneración de lo dispuesto en .el — artículo 15 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos — (Ley 74 de 1968) y el 9 de la Ley 16 de 1972, Convención Americana de Deréchos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Dice que no comparte quee l Tribunal no hubiese aplicado el dispositivo del artículo 351 de la Ley 906 de 2004 porque el sistema no había entrado a regir en el distrito judicial de Antioquia, pues tal argumentación está en contravía de lo sostenido por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Pero principalmente se opone a la negación del principio de favorabilidad por las sustanciales diferencias que encontró el Tribunal en relación .con los institutos de la sentencia anticipada del artículo 40 de la Ley 600 de 2000 y el a!|angm¡ento_ a cargos

del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, argumentando, en %A!íáá?(¿- de %fi¿'-mó¿'á& Página 8 de 32 Casación No 25.300, LINA MARCELA BETANCUR VALENCIA Crrte gy»'mmcde Jutcia contrario, que se trata de disposiciones con similitud sustancial, lo cual hace posible su aplicación a actuaciones adelantadas bajo una ley anterior, en este evento, la Ley 600 de 2000. Acepta .que aunque la aplicabilidad del principio de favorabilidad exige.la existencia de supuestos similares, es innegable que las instituciones procesales objeto de discusión son esencialmente equivalentes, con las obvias diferencias que genera su pertenencia a procesos de filosofía diferentes, que, no obstante, no hace a las instituciones diferentes, sino análogas. Por lo tanto, por pertenecer a procedimientos de naturaleza disímil, no es posible predicar plena identidad entre uno y etro, sino analogía. Agrega que las diferencias traídas en la sentencia .no son de tal entidad que impidan la aplicación del principio de favorabilidad al caso presente, pues son más amplias y generosas las similiudes entre los dos modos de terminación anticipada del proceso. %íí¿&e& de Colambia y ME Página 9 de 32 Casación Nao 25.30 LINA MARCELA BETANCUR VALENCI Crrte Q:y)rema. de %M'r¿¿£ Así,. explica, tanto la sentencia anticipada de la Ley 600 como el allanamíenío a la imputación, hacen parte de lo que se ha denominado “justicia premial”; y .ambas tienen fundamento

constitucional en el artículo 2? de la Carta Política, que permite la _ participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan, así como un propósito uniforme: La eficacia de la administración - de justicia. Para el censor tampoco es posible afirmar que en la Ley 906 de 2004, no exista sino la posibilidad de aceptar los cargos de una manera consensual, pues, como lo enseña el artículo 293, el implicado, por iniciativa propia, puede| aceptar la imputación, lo cual excluye el acuerdo. Por lo tanto, la aceptación de la imputación de manera unilateral es visiblemente distinta a la negociación o acuerdo entre la Fis_calía y el imputado. De allí, sostiene, es evidente el error del Trib_una! al negar la aplicación de la favorabilidad por considerar _que en un sistema la aceptación de cargos es unilateral y en el otro, era consensuado. _(_r_7??¡)”'¿/¿a¿¿ de %:Áº-/¡¡áfk¿ , Página 10 de 32| Casación No 25.300 LINA MARCELA BETANCUR VALENCI — Crnte Q(? KEMA de __%J/ir=szDice que la violación directdae la ley procesal con efectos sustanciales conllevó a que se-impusiera a su defendida una mayor pena, cuando en razón a la forma como se llevó el proceso, esto es, la inmediata solicitud de realización de la sentencia anticipada y la colaboración que prestó a las autoridades, pese a que estas no la aprovecharon oportunamente, permitran conceder una rebaja de pena mayor a la reconocida en el fallo por el acogimiento al trámite de la sentencia anticipada.

Concluye solicitando que se case la sentencia, y en su lugar se dicte fallo de sustitución en lo pertinente a la tasación de la sanción, reconociendo a LINA MARCELA BETANCUR VALENCIA una rebaja de la mitad de la pena imponible. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Para el Procurador Cuarto Delegado para la Casación Penal, no es posible dejar de lado que la argumentación del recurrente encuentra respaldo en la “/ínea jurisprudencial trazada por la Corte Constitucional, “en el sentido que la Ley 906 de 2004 Página 11 de 32 ' Casación No 25.300 LINA MARCELA BETANCUR VALENCIAS puede ser aplicada en virtud del principio de favorabilidad tanto a hechos acaecidos antes de la vigencia de la ley, como en distritos Judicialen elso s que an no se encuentra operando el sistema”._ Así, recuerda el contenido de los fa|!os de Tutela del 24 __de nov'¡embre de 2005 y del 10 de febrero de 20Ó5, en los cuales esa Corporación conceptuó sobre la identidad de los supuestos fácticos del instituto de la sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000 y el allanamiento a la imputación de la Ley 906 de 2004, al igual que su naturaleza y características, como análogos sus objetivos político-criminales. Advierte, que en esas determinaciones se estableció que en abstracto resulta más permisivo el sistema de descuento púnitivo contemplado en la Ley 906 de 2004, en cuanto permite un mayor rango de movilidad, por lo que “por tratarse de un descuento |

ponderado, la favorabilidad deberá establecerse en cada caso, aténd_¡endo los criterios que rigen el proceso de individualización de la pena”. rº%')/íá4'r?(¿ de %n/nmá¿¿¿ Página 12 de 32 Casación No 25.30 LINA MARCELA BETANCUR VALENCI %l¡—'¿'€ gy'á?'em(z' de %Í¿('¿&f Por lo tanto, considera que es posible estimar equivocado el señalamíentó de expresar la favorabilidad de la nueva regulación atendiendo los criterios que rigen el proceso de individualización dela pena, porque la aminoración de la misma por este aspecto, debe centrarse exclusivamente sobre la meritoriedad procesal y prescindir de consideraciónálguna sobre el delito L:ometido o la personalidad del procesado. Justamente, agrega, por la flexibilidad de la rebaja premial que establece la nueva ley cuando se trata del allanamiento de cargos antes de la audiencia de formulación de la acusación, el imputado y Iá Fiscalía deben acordar el monto, resultando el mismo dependiente de consideraciones como el ahorro del Estado en la persecución del delito y el delincuente, la contribución de éste en la solución y reparación efectiva de la víctima, y otras de igual naturaleza quei e-n momento alguno se pueden confundir o aparejar con los criterios legales establecidos para fijar la pena. Q%Vt¿ácad e Celembia n Página 13 de 32 ; Casación No 25.300 E H

LINA MARCELA BETANCUR VALENCIA ".

'ou,¡__ %nr¿e g5úrf?m.a- (/€%Jfí('!& Por lo tanto, para el Procurador no es dable determinar en abstracto, con el mero cotejo de :una y otra ley, como lo hace el demandante, cuá! resulta restrictiva o favorable a la procesada en este caso, porque si bien conforme a la Ley 906 de 2004 existe la poéibilidad de que la rebaja sea superior a la tercera parte, tampoco se descarta de plano que pueda ser igual al monto de la disminución por sentencia anticipada que ya se le ha reconocido y seria la situación en concreto que ofrece el proceso lo que permitiría tal evaluación. En este caso, sobre la pretendida colaboración de la procesada con las autoridades, que alega el demandante, no existe constancia de que la Fiscalía hubiera reconocido la eficacia de la colaboración y mucho menos la correspondiente rebaja de pena. En esas condiciones, concluye, no se demostró, como correspondía hacerlo, que en la situación concreta de la procesada tenía derecho a una disminución de la pena imponible superior a la tercera parte. ÚJF7'J/FMH¿ de <€f'“/fililófaPágina 14 de 32 Casación No 25.30

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(y . Grte Qíf vemade, Judtiria Recuerda además que el órgano jurisdiccional de la casación, por el contrario, en reiterados fallos ha decidido no tutelar las garantías fundamentales que se han invocado con | plánteamientos similares a los del recurrente, absteniéndose de

reconocer la rebaja de la pena “hasta la mitad", que establece el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, a casos tramitados antes de su vigencia y en distritos judiciales donde no se ha implementado el sistema acusatorio, porque al revés del pensamiento de la Corte Constitucional, niega que el procedimiento abreviado anterior y el actual sean institucionequse guarden identidad. Lo anterior, dice, es suficiente para concluir que el cargo contra la sentencia no está llamado a prosperar, motivo por el cual solicita a la Sala que no case el fallo materia de impugnación. CONSIDERACIONES DE LA SALA Como se reconoce en la demanda, yall/a jurisprudencia de . esta Sala y de la misma Corte Constitucional, tiene decantado que %xíá&hco de Calambia ;O N 3? Página 15 de 32 1 ? 4 Casación No 25.300) í KN LINA MARCELA BETANCUR VALENCIX X Ea %ñr(e g%'rema c/ej¿J[z?ºír¿- !a gradualidad en la aplicación del novedoso sistema acusatorio, introducido a través de la reforma constitucion'ai_contenida en el Acto Legislativo No. 3 de 2002 y desarrollado'en la Ley 906 de 2004, no es óbice para que, por favorabilidad e igualdad, se apliquen específicas normas de tal sistema a procesos que eñ principio no se encuentran bajo su imperio por razones espaciales o temporales, pero eilp, desde un principio, qugdó condicionado a que se trate de idénticos supuestos normativos y que el precepto del nuevo Estatuto Procesal cuya aplicación favorable se invoca,

no se entienda solamente en el marco de la nueva sistemática de investigación y juzgamiento. Es que el concepto amplio que siempre ha manejado esta Corte Suprema frente a la aplicación del principio de favorabilidad, no puede conllevar a que, con su pretexto, se pueda invocar,: por ejemplo, la aplicación íntegra del nuevo sistema procesal a un caso no cobijado por su vigencia, pues, de un lado, el principio de favorabilidad es predicable de cara a institutos contenidos en uno u otro método de juzgamiento -los contenidos en las Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004en tanto discurran coetáneamente, y, de fº/??/xfá£mde %/-'ú ia Página 16 de 321 Casación No 25.3001 LINA MARCELA BETANCUR VALENCIA! %Fff¿ Qf%wwmdr%óúkrkzotro, la igualdad sólo es predicable frente a individuos que se encuentran en condiciones similares, o mejor expresado, como el fin último de cualquier sistema procesal es el de servir de ámbito de garantía a los derechos del individuo, es claro que cáda sistema por sí mismo contiene una estructura interna propia que materializa y desarrolla el catálogo de garantías fundamentales consagradas en la Carta Política. Por lo tanto, no puede perderse de vista que tanto la Ley 600 como la 906 responden a sistemas procesales expedidos por é| legislador con arreglo y en desarrollo de normas constitucionales diferentes, por lo que la comparación para establecer cuál de las normas sustanciales coexistentes inserta en alguno de los dos sistemas de juzgamiento que hoy operan en

él país resulta más favorable, abarca la necesaria comparación del régimen constitucional dentro del cual fue emitida. De allí que la aplicación de la favorabilidad respecto de determinadas normas contenidas en la Ley 906 a casos regulados por la Ley 600, depende de la equivalencia de los respectivos Q%ÓI!%Z”€?; de Colembia T e£ Página 17 de 32 F . Casación No 25.300 ñ LINA MARCELA BETANCUR VALENCIA v ! %X %íf-wfe Qfpm¡;¿a ee %Jír'r=¿c¿ institutos, la cual, desde ya se advierte, no sé consolida en los casos de la aceptación de la imputación en la audiencia de su formulación prevista en los artículos 293 y 351 de la primera normatividad, y la sentencia anticipada regulada en el artículo 40 de .la segunda, pues además de que fueron moldeados con arreglo a Iesquemas constitucionales diferentes, - configuran institutos procesales sostenidos en bases filosóficas distintas: aquél en el paradigma del consenso, ésta en el del sometimiento. Frente al tema objeto de debate en este caso, se recuerda que en un primer momento del análisis de la figura -del alianamiento a cargos en la audiencia de formulación de la imputación, la Sala estimó que se trataba de una modalidad de los I|Iamados “preacuerdos o acuerdos”, porque dicho allanamiento siempre conllevaba a un acuerdo sobre el monto de la rebaja de pena, que surge de una negociación eñtre las partes —Fiscal y defensa-. Así discufrió la Corte, por ejemplio, en el fallo del 14 de

diciembre de 2005, radicado No. 21,347; %¡íóába de “Colombia Página 18 de 32 . Casación No 25.300 LINA MARCELA BETANCUR VALENCIA %'f' He Qfpr¿ºma— (/("%J/Ír?f[¿- “7.2.1.. Uno'd e los propósitos planteados desde la iniciativa de reforma constituciona! que se convirtió en el Acto Legislativo 03 de 2002, fue la creación de un sistema procesal penal de partes y no hay duda que se logró si se tiene en cuenta que es la estructura a la que de manera preponderante responde el finalmente modelado a través de la ley 906 de 2004, en el cual tienen operatividad los — principios de consenso —propio del sistema acusatorio anglosajón— y de oportunidad. “7.2.2. El primero se encuentra desarrollado a partir del artículo 348 de esa ley, disposición en la que se establece que la Fiscalía y el imputado o acusado podrán llegar a preacuerdos —o acuerdos pues no existe ninguna diferencia entre las expresiones como lo acredita el hecho de que el legislador se refiera a una y otra indistintamente— que impliquen la terminación del proceso. “Se precisa en el precepto, además, que a! celebrar los acuerdos el Fiscal debe observar las directivas de la Fiscalía y las pautas trazadas como política crniminal “a fin de aprestígiar' la administración de justicia y evitar su cuestionamiento”, lo cual traduce que el funcionario no está obligado en todos !ós casos a llevarlos a cabo y menos a cualquier precio, sino que debe encontrarse preparado para ganar el proceso en el juicio.

“7.2.3. Las finalidades de las negociaciohes y acuerdos entre Fiscalía e imputado o procesado, declaradas por el legislador en la nomma citada, son: Humanizar la actuación procesal y la pena. Obtener pronta y cumplida justicia. Activar la solución de los confiictos sociales que genera el delito. PReniblica de “Colembia . - Página 19 de 32 AEE - Casación No 25.300E — LINA MARCELA BETANCUR VALENCIA Corte gy)xema.» a/€__%ana Propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto. Y, e Lograr la participación del impufádo en la definición de su caso. "En particular ésta última, originada en el principio democrático de facilitar la participacfón de todos en las decisiones que los afectan contenido en el artículo 2 de la Constitución Política, se vincula con la idea de una justicia en la qué- sin desconocerse los derechos de la víctima y el interés de la Fiscalía por lograr cierta respuesta sancionatoria en un caso concreto,. el procesado siempre cuenta con la opción de anticipar la sentencia a cambio de una rebaja en la pena, así la Fiscalía se niegue a conversar con Él para negociar sobre hechos a imputar y consecuencias. "Lo puede hacer a través de la figura de la aceptación de cargos, presente a lo largo del trámite procesal con diferente inpacto en la pena a imponer según el instante del allanamiento, debiéndose eso sí acordar con la Fiscalía la porción de la rebaja punitiva en todos aquellos casos en los que la misma sea flexible. y no

automática. “7.2.4. El establecimiento de disminuciones movibles en sistemas de justicia criminal consensuada o paccioniada, como la denominan algunos, hacen de la admisión de cargos un derecho relativo del procesado pues aunque es absoluto el de declararse culpable de ellos y renunciar al juicio, puede pasar que su aspiración de rebaja punitiva (al máximo posible, por ejemplo), no se vea satisfecha porque el Fiscal, en virtud de consideraciones vinculadas a fijarla, que no corresponden a los criterios para dosificar la pena, esfté en desacuerdo con pactarla y ofrezca, en cambio, un descuento menor. %Mrº(¿- de Colombia RN Página 20 de 32: í 2º Casación No 25.30 LINA MARCELA BETANCUR VALENCI! %'-f/tº gy5hºm(¡ de %j!¿c¿á- “Es una eventualidad que puede ocurrir y, en tales casos, con fundamento en que el allanamiento a cargos es un derecho del implicado, no se le puede imboner al Fiscal acceder a una pretensión que en el caso concreto desborda las directrices de la institución en materia de negociaciones y acuerdos, las pautas de política criminal, o simplemente el equilibrio entre el ahorro de esfuerzo jurisdiccional en el caso concreto y/o la contribución del irhpufado a resolverlo —incluyendo en la noción de “resolución del caso”, la reparación efectiva a la víctima— y la cantidad de rebaja punitiva. “Si, por ejemplo, se esperó hasta el último momento para aceptar los cargos y siempre se mostró reticente a colaborar, su decisión

de sometimiento podría leerse simplemente como la última oportunidad para obtener una rebaja significativa de pena sin haber suministrado nada a cambio distinto a disponer de su derecho de allanarse o no a unas imputaciones frente a las cuales sabe que no fiene gran posibilidad de éxito si va a juicio. En tal escenario es muy posible que el ofrecimiento del Fiscal sobre la rebaja sea el menor previsto en la ley o cercano a él y si al imputado no le interesa y el funcionario no está dispuesto a pactar uno mayor, pues simplemente no hay acuerdo y las dos partes correrán con el albur de seguir adelante con el trámite procesal. “7.2.5. La aceptación de cargos en el modelo procesal de la ley 906 de 2004 implica, entonces, una negociación entre las partes para convenir la rebaja de pena y eso la convierte en uno de los tipos de acuerdos que se pueden lograr entre Fiscalía y procesado (e imputado; en los dos momentos siguientes: “a) Desde la formulación de imputación y hasta antes de presentarse la acusación, con disminución punitiva de “hasta la %víóáfc& de Calombia ; - E , .| Página 21 de 32 ; l Casación No 25.300 E LINA MARCELA BETANCUR VALENCI Cunte gy)¡—'ema: a%%d¿¿kr'a— mitad de la pena imponible”, sin que pueda ser inferior a la tercera parte si se tiene en cuenta que la siguiente rebaja punitiva en el trámite procesal por aceptar cáfgos está prevista en “hasta la tercera párte de la pena a imponer” (art. 356-5). “Según el artículo 288-3 de la ley es en esa primera diligencia

• donde el Fiscal ilustra al imputado sobre la posibilidad de á!!anarse a la imputación y debido a que la aceptación y el convenio de rebaja punitiva se convierten en el contenido del escrito de acusación, como se deduce del artículo 351 ibídem, es manifiesto que aceptar "los cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación” —como dice la norma—, desde ésta diligencia y hasta antes de que la acusación sea presentada, comporta una rebaja de pena de entre la tercera parte y la mitad de la pena imponible, extremos dentro de los cuales debe efectuarse la negociación entre las partes y, de acordarse la disminución punitiva, la misma integrará junto con la aceptación de los cargos el escnto de acusación. 'b) En la audiencia preparatoria, con rebaja de "hasta Ía Íer_cera parte de la pena.a imponer” (art. 356-5), sin que pueda ser inferior — a la sexta parte si se tiene en cuenta que declararse culpable al comienzdoel juicio oral otorga una rebaja de la sexta parte de la pena imponible réspecto de los cargos áceptados l(art. 36?, inciso 29), disminución ésta que por su carácter de fija opera automáticamente y no requiere de ningún convenio interpartes. "En este caso, si previamente Fiscalia y procesado no han acordado la reducción punitiva, el Juez del conocimiento ordenará un receso para que lo hagan y, si lo convienen y es voluntario y no excede los límites mínimo y máximo señalado, se convocará para dictar la sentencia.

FQ?/1F//¿¡?/¡— de Cotambia

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LINA MARCELA BETANCUR VALENCIA !

A Ertte gybxer¡¿ft r/r…ºj¿krk¿a- ' A —7.2.6. Es evidente, pues, que las aceptaciones de cargos que tienen lugar en el procedimiento penal de 2004 y que se comparan a la sentencia anticipada del Uproced¡m¡ento penal de 2000, guafdan diferenc¡as fundamentales' que impiden la posibilidad de aplicar por favorabilidad las rebajas más generosas del primero a casos que se tramitan o tramitaron por el segundo, simple y llanamente porque se ftrata de mecanismos distintos de terminación ant¡cipa¿fa del proceso. “En el modelo de la ley 600 de 2000 el procesado se allana a los cargos en el sumario o en el juicio y sobreviene una rebaja . punitiva automática, sin importar que lo haya hecho el primer día a partir del cual contó con la oportunidad o el último, como tampoco su actitud indemnizatoria, la existencia de otros procesos en su contra, el estado o condiciones de la persona ofendida con el delito o alguna otra parecida; en el nuevo modelo de justicia penal consensual de la ley 906 de 2004, por el contrario, Fiscal y procesado acuerdan la rebaja, que por eso se estableció flexible, resultando la misma dependiente de consideracionceomso el ahorro de proceso, la contribución del procesado en la solución del caso, su disposición a reparar efectivamente a la víctima y otras similares áue en momento alguno se pueden confundir con los criterios legales para fijar la pena, sin pasar por alto obviamente

las directivas adoptadas por la Fiscalía en materia de acuerdos o preacuerdos y las pautas de políftica criminal eventualmente existentes, circunstancias todas respecto de las cuales quien cuenta con información para el discernimiento respectivo es el Fiscal y no el Juez. - ' - 7.2.7. Ahora bien: la circunstancia de que el allanamiento a cargos en el Procedimiento Penal de 2004 sea una modalidad de ' . CORTE CONSTITUCIONAL, Sent. C592 de 2005, M.P., Dr. ÁLVARO TAFUR GÁLVIS. %íááí;% de Colambia: . Página 23 de Ea uy Casación No 25.3

N Y LINA MARCELA BETANCUR VALEN: Cante Q;y)¡:enz(¿_ a%%¿f¿'€¿aacuerdo, traduce que en aquellos casos en los que el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido un incremento patrimonial fruto de la misma, debe reintegrar como mínimo el 50% de su valor y asegurar el recaudo del remanente para que el Fiscal pueda negbc¡ar y acordar con él, conforme lo ordena el artículo 349 de esa codificación. “Una interpretación contraria, orientada a respaldar la idea de que aceptar los cargos en la audiencia de formulación de imputación exonera de ese requisito para acceder a -la rebaja de pena, riñe con los fines declarados en el artículo 348 ibídem y ! específicamente con los de obtener pronta y cumplida justicia, activar la solución de los conflictos socialées que genera el delito y propiciar la reparación de los perjuícios ocasionados con él, a cuyo

cumplimiento apunta la medida de política criminal anotada, de impedir negociaciones y acuerdos cuando no se reintegre el incremento patnmonial logrado con la conducta punible. “La noción de pronta y cumplida justicia, entonces, debe entenderse en la nueva sistemática de manera integral, es decir, no' sólo en la perspectiva de lograr una sentencia condénatorfa rápidamente a cambio de una ventaja punitiva para el procesado — que es lo que pasa en la sentencia anticipada—, sino además en la necesidad de restablecer el equilibrio quebrantado con el delito, que es lo que finalmente soluciona el confiicto al verse la víctima compensada por la pérdida sufrida. 7.2.8. Ratifica la Corte, entonces, la conclusión de que la sentencia anticipada de la ley 600 de 2000 y la aceptación de cargós de la ley 906 de 2004 no son lo mismo y, en consecuencia, no es viable aplicar por favorabilidad ninguna rebaja de ésta última en el evento examinado.” o %//f'á/¿nade %n/nw¡/;áz= A Págirna 24 de Casación No 25.3 LINA MARCELA BETANCUR VALENCI Crrte Hiprema de Fnsicia Por manera que para la Sala mayoritaria, la aceptación unilateral de los cargos en la audiencia de formulación de la imputación, conllevaba a una obligada concertación sobre el porcentaje de la disminución punitiva. No obstante, en la sentencia del 14 de marzo del año en curso”, la Sala mayoritaria descartó, implicitamente, la

obligatoriedad de ese espacio de disbusión para pactar el porcentaje de reducción puniti