CSJ - SP25638(27-03-2007)

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

EXTRADICIÓN 25638

MARÍA CHRISTINA MARÍN CASTRO

Proceso No 25638

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Aprobado Acta No. 45 Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil siete (2007) VISTOS Emite la Corte concepto en relación con la solicitud de extradición de la ciudadana colombiana MARÍA CHRISTINA MARÍN CASTRO, elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en Colombia. ANTECEDENTESRepública de Colombia

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2 MARÍA CHRISTINA MARÍN CASTRO es requerida para comparecer a juicio “ por delitos federales de narcóticos” ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, toda vez que el 4 de mayo de 2006 el Gran Jurado profirió en su contra la resolución de acusación de reemplazo No. S3 05 Cr. 1262 por hechos que sucedieron “desde por lo menos agosto de 2005 hasta abril de 2006” cuando en compañía de otros sujetos, “ participaron en un concierto para importar cocaína proveniente del Cartel del Norte del Valle a los Estados Unidos”.

1. Sustento documental de la solicitud de extradición Para formalizar la solicitud de extradición el Gobierno de los

Estados Unidos allegó como soporte los siguientes documentos debidamente traducidos y legalizados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores: - Las notas verbales números 0777 y 1325 del 28 de marzo y 1º de junio de 2005, respectivamente, a través de las cuales la Embajada de los Estados Unidos demanda la captura con fines de extradición de MARIA CHRISTINA MARÍN CASTRO y formaliza la petición de extradición. En ellas precisa que se trata de una ciudadana colombiana nacida en Filadelfia (Caldas), portadora de la cédula de ciudadanía número 24.851.628.República de Colombia

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MARÍA CHRISTINA MARÍN CASTRO 3 - Copia de la resolución de acusación de reemplazo No. S3 05Cr. 1262, dictada el 4º de mayo de 2006 por el Gran Jurado ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. - Copia de la orden de arresto expedida por la referida Corte Distrital el 4 de mayo de 2006 contra MARÍA CHRISTINA MARÍN CASTRO, para que de respuesta a las acusaciones.

• Copia de las disposiciones del Código Penal de los Estados Unidos relativas a los cargos contenidos en la resolución de acusación.

• Declaraciones juradas de Kevin R. Puvalowski , Fiscal Federal Adjunto de la oficina del Fiscal Federal del Distrito Meridional de Nueva York, a través de la cual realiza una presentación de los procedimientos policiales y judiciales

efectuados, así como del compromiso de responsabilidad de la solicitada, y de Andreas Dyer, Agente Especial de la Administración Antinarcótica de los Estados Unidos, quien actuó como investigador en las averiguaciones que determinaron la acusación presentada contra la requerida en extradición.

2. Actuación surtida previo al envío de las diligencias a la Corte.República de Colombia

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4 El Gobierno de los Estados Unidos a través de su representación diplomática en Colombia instó la detención provisional con fines de extradición de MARÍA CHRISTINA MARÍN CASTRO, mediante la Nota Verbal No. 0777 de 28 de marzo de 2006, de la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia dio traslado tanto al Ministro del Interior y de Justicia, como al Fiscal General de la Nación, y éste por decisión del 3 de abril del mismo año ordenó la captura con tal propósito. Dicha determinación fue ejecutada por miembros de la Policía Nacional el mismo día en la ciudad de Bogotá. En la actualidad la mencionada ciudadana se encuentra privada de su libertad en la Reclusión de Mujeres en Bogotá. El Gobierno de los Estados Unidos de América formalizó la solicitud de extradición de MARÍA CHRISTINA MARÍN CASTRO mediante Nota Verbal No. 1325 del 1º de junio de 2006.

3. Actuación surtida en esta Corporación La Viceministra del Interior y de Justicia envió la actuación a esta Sala junto con la documentación atrás relacionada para la emisión del respectivo concepto e indicó que mediante oficio OAJ.E. 1032 del 2 de junio de 2006 el Ministerio de RelacionesRepública de Colombia

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esta Sala junto con la documentación atrás relacionada para la emisión del respectivo concepto e indicó que mediante oficio OAJ.E. 1032 del 2 de junio de 2006 el Ministerio de RelacionesRepública de Colombia

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5 Exteriores conceptuó que “ por no existir Convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal penal colombiano”. Después de haber requerido a la solicitada en extradición para la designación de defensor que la representara dentro de este diligenciamiento, se dio inicio al trámite previsto en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004. Esta Sala mediante providencia de 24 de enero de 2007 negó la práctica de pruebas solicitada por el defensor de la requerida en extradición y dispuso correr el traslado respectivo para la presentación de los alegatos de conclusión. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN La representante del Ministerio Público y el apoderado de MARÍA CHRISTINA MARÍN CASTRO allegaron en su oportunidad las alegaciones previas al concepto que debe emitir la Corte.

1. El Ministerio PúblicoRepública de Colombia

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6 La Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal considera reunidas las exigencias legales para que la Corte emita concepto favorable a la extradición de MARÍA CHRISTINA MARÍN CASTRO solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos.

Señala que los documentos aportados cumplen el requisito de validez, además, la petición se presentó por vía diplomática y se adjuntó copia de la acusación proferida en contra de la solicitada ante el Tribunal Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en la que se indican los actos que sustentan la reclamación, el lugar y fechas de su ejecución, así como la identidad de la requerida. También indica que fueron aportados los medios demostrativos de la acusación, tales como las declaraciones de las autoridades encargadas de investigar el asunto y que obra copia del texto de las normas del Código Penal de Estados Unidos pertinentes al caso, lo que permite concluir que se satisface a cabalidad la exigencia de la validez formal de la documentación allegada por el país requirente. Respecto de la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero estima la Procuradora que la resolución de acusación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos guarda correspondencia con la acusación de nuestro sistema procesal que da inicio a la etapa del juicio.República de Colombia

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7 Concerniente al principio de la doble incriminación encuentra que los comportamientos censurados a MARÍA CHRISTINA MARÍN CASTRO por el concierto para violar leyes de narcóticos de los Estados Unidos, así como la fabricación y distribución de una sustancia controlada se ajustan en la legislación patria en el delito de concierto para delinquir con el fin de realizar actividades

de narcotráfico de que trata el artículo 340 del Código Penal, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002 que prevé una pena de prisión de seis (6) a doce (12) años, así como al ilícito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes previsto en el artículo 376 del Código Penal que establece una penalidad de ocho (8) a veinte (20) años, montos que en consecuencia satisfacen también el requisito en estudio. Acerca de la plena demostración de la identidad de la solicitada en extradición considera la Procuradora que los datos suministrados por el Gobierno de los Estados Unidos en las notas verbales por cuyo medio se solicitó su detención y extradición, coinciden con los de la persona que se encuentra privada de su libertad en razón de este trámite. Por último, destaca que al revisar el Título 21 Sección 960 (b) (1) del Código de los Estados Unidos en el que se establecen las penas relacionadas con los delitos de narcóticos se contempla la cadena perpetua, por lo cual sugiere que la Corte advierta al Gobierno Nacional que debe condicionar la entrega de la solicitada en extradición a fin de que se provean las garantíasRepública de Colombia

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MARÍA CHRISTINA MARÍN CASTRO 8 suficientes para que no le sea impuesta dicha pena, pues de acuerdo con la Constitución Política el Estado colombiano no puede admitir la imposición de penas irredimibles.

2. El defensor de la requerida en extradición

El apoderado judicial de MARÍA CHRISTINA MARÍN CASTRO crítica la providencia mediante la cual negó la práctica de pruebas por él solicitadas. Indica que con las probanzas pretendía acreditar que el delito se cometió en territorio colombiano, que su asistida laboraba en una empresa privada que presta sus servicios a una aerolínea y no es empleada de “AVIANCA” como falsamente se menciona en el indictment y en las declaraciones que soportan el pedido de extradición, además, que labora en Bogotá y no en dependencias territoriales o extraterritoriales de los Estados Unidos. Aduce que su representada tampoco es agente de aduanas, miembro de la Policía Nacional o de algún organismo oficial encargado del control o represión de narcotráfico, ni ha tenido entrenamiento en la persecución de tal ilícito y se le requiere en extradición por conductas omisivas realizadas en ColombiaRepública de Colombia

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MARÍA CHRISTINA MARÍN CASTRO 9 respecto de las cuales su actividad no tiene alguna relación de causalidad. Para el defensor, de nada sirve que el Código de Procedimiento Penal de 2004 consagre un momento procesal para que el requerido en extradición solicite pruebas, si la Corte sólo analizará las condiciones de tiempo, modo y lugar de los hechos al momento de emitir el concepto teniendo en cuenta solamente las pruebas aportadas por el Estado requirente, con lo cual, estima, que el derecho de defensa se convierte “en un

ejercicio distractor para aparentar un inexistente respeto a la garantía del debido proceso”, colocando al requerido en desigualdad manifiesta, en contra de la igualdad predicada para las partes. Señala que de esta forma se pueden cometer injusticias, ya que la suerte legal de la requerida dependerá de “la voluntad incontrolada de las autoridades norteamericanas” así, el Estado Colombiano ha desconocido por acción y omisión los derechos y garantías de su representada con el pretexto de que un artículo del Código de Procedimiento Penal está por encima de la Constitución Política, disposición de menor jerarquía con el poder para derogar los Tratados Internacionales que consagran en todo tiempo la vigencia de los derechos fundamentales como el de contradicción, defensa, debido proceso, derecho a pedir y aportar pruebas.República de Colombia

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10 Indica que por lo anterior serán las Cortes Internacionales las que juzguen al Estado Colombiano demostrando con esta alegación que se agotaron infructuosamente todos y cada uno de los mecanismos legales de defensa judicial. CONSIDERACIONES DE LA SALA Anotación inicial. Ha insistido la Corte en que su competencia dentro del trámite de extradición se limita a la emisión de un concepto sobre la procedencia de entregar o no a la persona solicitada por otro país luego de verificar las exigencias normativas que se desprenden de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 35 de la Constitución Política que permite la extradición de colombianos

por nacimiento cuando son reclamados por delitos distintos de los conocidos como delitos políticos, que hayan sido cometidos en el exterior, siempre que tales comportamientos también estén previstos como conductas punibles en la legislación penal interna y que la comisión de los mismos sea posterior a la fecha de promulgación del Acto Legislativo No. 1 de 1997, esto es, al 17 de diciembre de 1997.República de Colombia

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11 De acuerdo con la acusación, como las conductas atribuidas a MARÍA CHRISTINA MARÍN CASTRO y que motivan la extradición fueron realizadas “desde agosto de 2005 hasta abril de 2006” , esto es, con posterioridad al Acto Legislativo N° 1 de 1997 que reformó el artículo 35 de la Constitución Política, ningún condicionamiento se debe hacer en relación con el marco temporal de los comportamientos. No surge obstáculo en cuanto al lugar de ocurrencia de los hechos, toda vez que al tenor de lo dispuesto en el inciso segundo de la misma norma constitucional, para que proceda la entrega de un nacional por nacimiento se requiere que el delito por el cual se lo solicita en extradición se haya cometido en el exterior, y en el caso de la especie en la resolución de acusación se da cuenta del concierto para importar cocaína hacia los Estados Unidos comportamientos que sobrepasan las fronteras nacionales y adquieren un evidente carácter transnacional. En relación con la normativa a aplicar en el trámite, el

Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que no existe tratado de extradición vigente entre Colombia y los Estados Unidos de América, por lo tanto, se deben observar las exigencias señaladas en la legislación patria, y dado que las conductas atribuidas a la requerida en extradición tuvieron ocurrencia con posterioridad al 1° de enero de 2005 se deberá atender lo dispuesto en la Ley 906 de 2004, vigente desde tal fecha.República de Colombia

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12 Según las previsiones del artículo 502 de la citada ley, corresponde analizar los siguientes aspectos: i) La v alidez formal de la documentación allegada por el país requirente, ii) La demostración plena de la identidad de la persona requerida, iii) La concurrencia del principio de la doble incriminación, y iv) La acreditación de la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero con la resolución de acusación del sistema procesal colombiano.

1. Validez formal de la documentación aportada.

De acuerdo con lo normado en el artículo 495 de la Ley 906 de 2004, la solicitud de extradición debe efectuarse por vía diplomática y de manera excepcional por la consular o de gobierno a gobierno, adjuntando copia auténtica del fallo o de la acusación proferida en el extranjero, con indicación de los actos que determinan la petición, así como del lugar y fecha en que fueron ejecutados, los datos que permitan identificar plenamente

al reclamado y copia auténtica de las disposiciones penales aplicables al caso; documentos que deben ser expedidos en la forma establecida por la legislación del país reclamante y traducida al castellano, si fuere el caso. A su vez, el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989, dispone en el numeralRepública de Colombia

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MARÍA CHRISTINA MARÍN CASTRO 13 118 de su artículo 1º que los documentos públicos otorgados en un país extranjero por uno de sus funcionarios o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República y, en su defecto, por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron de acuerdo con la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y si se trata de agente consular de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el Cónsul colombiano, disposición aplicable al caso en virtud del principio de integración normativa previsto en el artículo 23 y el inciso último del artículo 495 en comento. Los anteriores requisitos legales se encuentran orientados a exigir que como sustento de una solicitud de extradición, el Estado requirente deba remitir en todos los casos y sin excepción alguna los soportes de la misma pero no de manera simple, sino

con el lleno de las referidas exigencias formales. Advertido lo anterior, el Gobierno de los Estados Unidos de América solicita por vía diplomática la extradición de la ciudadana colombiana MARÍA CHRISTINA MARÍN CASTRO a través de su embajada en Colombia y para tal efecto anexó copia de la resolución de acusación sustitutiva No. S3 05 Cr. 1262 dictada por el Gran Jurado ante la Corte Distrital de los Estados Unidos paraRepública de Colombia

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MARÍA CHRISTINA MARÍN CASTRO 14 el Distrito Sur de Nueva York, el 4 de mayo de 2006, en la cual se relacionan las conductas objeto de censura, así como los lugares y fechas de su ocurrencia. También allegó copia de la orden de arresto expedida el mismo día por la referida Corte Distrital contra la mencionada ciudadana colombiana, para que de respuesta a unas acusaciones. Fueron aportadas las declaraciones juradas de Kevin R. Puvalowski, Fiscal Federal Adjunto de la oficina del Fiscal Federal del Distrito Meridional de Nueva York, a través de la cual realiza una presentación de los procedimientos policiales y judiciales efectuados, así como del compromiso de responsabilidad de la solicitada, y de Andreas Dyer, Agente Especial de la Administración Antinarcótica de los Estados Unidos, diligencias que determinaron la acusación presentada contra la requerida en extradición en las que además se confirman los pormenores de los cargos, especifican los datos de identidad de la acusada y

relacionan las disposiciones normativas aplicables al caso. Los aludidos documentos obran en traducción al castellano certificada y autenticada conforme a la legislación propia del Estado requirente, cuentan con la certificación de autenticidad expedida por Jason E. Carter , Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quien esRepública de Colombia

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MARÍA CHRISTINA MARÍN CASTRO 15 reconocido en tal condición por el Procurador del mismo país, Alberto R. Gonzales. Igualmente aparece certificación sobre la referida documentación suscrita por Condoleezza Rice , Secretaria de Estado de los Estados Unidos y Patrick O. Hatchett , Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado, cuya firma aparece autenticada ante la Cónsul de Colombia en Washington D.C. En este orden, es claro que el primer requisito exigido por el artículo 502 de la Ley 906 de 2004 se encuentra suficientemente acreditado.

2. Demostración plena de la identidad del requerido en extradición.

La anunciada exigencia apunta a establecer que la persona procesada (acusada o condenada) en el país reclamante, es la misma sometida al trámite de extradición, sin que ello implique determinar su verdadera identidad, pues para tenerlo por acreditado suficiente resulta que exista plena coincidencia entre una y otra de tales personas. Revisada la documentación allegada por el Gobierno solicitante a través de Las notas verbales números 0777 y 1325República de Colombia

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MARÍA CHRISTINA MARÍN CASTRO 16 del 28 de marzo y 1º de junio de 2005, respectivamente, de la

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MARÍA CHRISTINA MARÍN CASTRO 16 del 28 de marzo y 1º de junio de 2005, respectivamente, de la embajada de los Estados Unidos de América las cuales soportan la petición de extradición de MARÍA CHRISTINA MARÍN CASTRO, además de la resolución de acusación y orden de arresto libradas en su contra, se anota que es una mujer nacida en Filadelfia (Caldas), portadora de la cédula de ciudadanía 24.851.628, también conocida como “ MARIA CRISTINA MARÍN

CASTRO”.

Los anteriores datos fueron incorporados en la Resolución mediante la cual el Fiscal General de la Nación ordenó la captura de la requerida, y en los documentos que dan cuenta de su aprehensión aparece que se identificó como MARÍA CRISTINA MARÍN CASTRO, con cédula de ciudadanía número 24.851.628 de Palestina (Caldas), así suscribió el poder otorgado a su defensor y se ha notificado de diversas decisiones adoptadas en el marco de este trámite, circunstancias de univocidad que evidencian que se trata de la misma persona y acredita la plena identidad de la solicitada en extradición.

3. Principio de la doble incriminación.

Según el artículo 493, inciso 1° de la Ley 906 de 2004 la doble incriminación se presenta cuando el hecho motivante de la extradición también está previsto como delito en la legislaciónRepública de Colombia

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MARÍA CHRISTINA MARÍN CASTRO 17 patria y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años.

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MARÍA CHRISTINA MARÍN CASTRO 17 patria y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años. En el análisis de este principio la Sala debe establecer si la conducta que se le imputa a la requerida en el país solicitante es considerada como delito en Colombia, con la comparación de las normas que allí sustentan la sindicación y las de orden interno para determinar si éstas también recogen los comportamientos en cada uno de los cargos. MARÍA CHRISTINA MARÍN CASTRO es solicitada para dar contestación a la resolución de acusación de reemplazo No. S3 05 Cr. 1262, dictada por el Gran Jurado ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el 4 de mayo de 2006, en la que se le acusa de: CARGO UNO. (Concierto para infringir las leyes antinarcóticos): “Desde a más tardar el mes de agosto de 2005 o alrededor de esa época, hasta e inclusive el mes de abril de 2006, LEONIDAS MOLINA TRIANA alias ‘Sofoco’, alias ‘Don Oscar’, JUAN CARLOS CARDONA, alias ‘El Flaco’, alias ‘Gamín’, JAIME

ENRIQUE ROMERO PADILLA, alias Yimmy’, JORGE PLAZAS

SILVA, alias “El Flaco’, HUMBERTO ÁVILA, HENRY FERRO VARÓN, alias ‘El Mono’, y MARÍA CHRISTINA MARÍN CASTRO, los acusados, y otros tanto conocidos como desconocidos ilícita e intencionalmente y con conocimiento de causa combinaron, concertaron, confederaron y concordaron conjuntamente y el unoRepública de Colombia

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los acusados, y otros tanto conocidos como desconocidos ilícita e intencionalmente y con conocimiento de causa combinaron, concertaron, confederaron y concordaron conjuntamente y el unoRepública de Colombia

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MARÍA CHRISTINA MARÍN CASTRO 18 con el otro para infringir las leyes antinarcóticos de los Estados Unidos. “Como parte y objetivo del concierto, LEONIDAS MOLINA TRIANA alias ‘Sofoco’, alias ‘Don Oscar’, JUAN CARLOS CARDONA, alias ‘El Flaco’, alias ‘Gamín’, JAIME ENRIQUE ROMERO PADILLA, alias Yimmy’, JORGE PLAZAS SILVA, alias “El Flaco’, HUMBERTO ÁVILA, HENRY FERRO VARÓN, alias ‘El Mono’, y MARÍA CHRISTINA MARÍN CASTRO, los acusados, y otros conocidos como desconocidos, fabricaban y distribuían y de hecho fabricaron y distribuyeron una sustancia controlada, a saber: cinco kilogramos y más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad perceptible de cocaína, con la intención y el conocimiento de que esa sustancia controlada sería importada ilícitamente a los Estados Unidos y a las aguas dentro de las 12 millas de la costa de los Estados Unidos, que sería delito en contravención a las Secciones 812, 959, 960 (a)(3) y 960 (b)(1)(A) del título 21 del Código de los Estados Unidos”.

CARGO DOS: (Distribución de estupefacientes); “El 17 de octubre

de 2005 o alrededor de esa fecha, LEONIDAS MOLINA TRIANA, alias ‘Sofoco’, alias ‘Don Oscar’, JUAN CARLOS CARDONA, alias ‘El Flaco’, alias ‘Gamín’, JAIME ENRIQUE ROMERO PADILLA, alias Yimmy’, JORGE PLAZAS SILVA, alias “El Flaco’, HUMBERTO ÁVILA, HENRY FERRO VARÓN, alias ‘El Mono’, y MARÍA CHRISTINA MARÍN CASTRO, los acusados y otros tanto conocidos como desconocidos, ilícita e intencionadamente y conRepública de Colombia

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MARÍA CHRISTINA MARÍN CASTRO 19 conocimiento de causa fabricaban y distribuían y de hecho fabricaron y distribuyeron una sustancia controlada, a saber: cinco kilogramos o más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad perceptible de cocaína, con la intención y el conocimiento de que esa sustancia controlada sería importada ilícitamente a los Estados Unidos y a las aguas de las 12 millas a la costa de los Estados Unidos, a saber: Los acusados causaron que aproximadamente 409 kilogramos de cocaína fueron transportados de Colombia a la ciudad de México (México), con el conocimiento de que esa cocaína sería importada posteriormente a los Estados Unidos (Sección 959 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.)” De conformidad con las copias de las disposiciones legales que reposan en el expediente, respecto de los cargos relacionados con el concierto para violar las leyes de narcóticos

de los Estados Unidos y fabricar y distribuir una sustancia controlada, a saber, cinco kilogramos o más de mezclas de sustancias que contenían una cantidad perceptible de cocaína, la Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos establece bajo el epígrafe “ Tentativa y Concierto ” que “ El que intente o concierte para cometer cualquier delito definido en este subcapítulo será castigado con las mismas penas que se prevén para el delito cuya comisión era el objetivo de la tentativa o el concierto”.República de Colombia

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20 Por su parte, la Sección 959 del Título 21 del mismo ordenamiento establece con el rotulo de “ Posesión, fabricación, o distribución de sustancias controladas” que será ilegal si con fines de importación ilícita cualquier persona fabrica o distribuye una sustancia controlada. A su turno, la Sección 960 (a) (3) del Título 21 contempla como “acto ilícito” el que “ en violación de la Sección 959 de este título, fabrique, posea con intenciones de distribuir, o distribuya una sustancia controlada” estableciendo en el apartado (b) (1) (A) cuando se trata de cinco (5) kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad perceptible de cocaína una pena de “ al menos 10 años de prisión y no más que la cadena perpetua...”. Las conductas por las cuales se acusó a MARÍA

CHRISTINA MARÍN CASTRO se encuentran tipificadas en el Código Penal colombiano, así: el delito de concierto para fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de una sustancia que contenga una cantidad perceptible de cocaína con el conocimiento y la intención de que dicha sustancia sería importada ilícitamente a los Estados Unidos, en nuestro país configura el delito de concierto para delinquir con el fin de traficar con narcóticos descrito por el artículo 340 de la Ley 599 de 2000, modificado por la Ley 733 de 2002 y por el artículo 19 de la Ley 1121 del 29 de diciembre de 2006, sancionado con prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años.República de Colombia

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21 Así mismo, lo relacionado con la fabricación o distribución de una sustancia controlada (cocaína) se ajusta a las previsiones del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes de que trata el artículo 376 de la Ley 599 de 2000 que con la modificación de incremento punitivo de la Ley 890 de 2004 que prevé una pena de diez (10) años, ocho (8) meses a treinta (30) años de prisión, ilícito que consagra varias hipótesis relacionadas con introducir al país, así sea en tránsito o sacar de él, transportar, llevar consigo, almacenar, conservar o suministrar cualquier tipo de droga que

produzca dependencia. Así las cosas, al cotejar las normas invocadas por Estados Unidos como país requirente, con las disposiciones internas de Colombia, fácilmente se advierte que las conductas atribuidas a MARÍA CHRISTINA MARÍN CASTRO se encuentran penalizadas tanto allí, como acá. Adicional a lo anterior, la Corte observa que los comportamientos por los cuales fue acusada la requerida en extradición por parte del Gran Jurado ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, se encuentran sancionados en la legislación punitiva de Colombia con penas privativas de la libertad superiores a cuatro (4) años. Por lo tanto estima la Sala que se encuentra satisfecha la exigencia de la doble incriminación.República de Colombia

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22 Referente a la pena de comiso incluida en la resolución de acusación del país requirente, “la cual busca el decomiso de todos los bienes que se hayan derivado de ingresos obtenidos como resultado de la comisión de los anteriores delitos. Si dichos bienes no estuvieren disponibles, las normas anteriores permiten que otros bienes del acusado sean decomisados ”, la Corte considera que no puede ser entendida en estricto sentido como un cargo. Efectivamente, como ya ha tenido ocasión de expresarlo esta Corporación 1 el señalamiento de la pena de decomiso no comporta imputación alguna, sino a lo sumo el anuncio de la

consecuencia patrimonial que la declaratoria de responsabilidad acarrea respecto de los bienes involucrados en los delitos por cuya comisión se acusa a la requerida, tema ajeno a la solicitud de extradición y que por lo tanto, no se encuentra comprendido dentro de la temática de la cual debe ocuparse el concepto que corresponde emitir a la Corte.

4. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero con la acusación del sistema procesal colombiano La Sala debe señalar en el concepto si el acto judicial por cuyo med