CSJ - SP25751(18-10-2006)

UZSA

CASACTON 25751

ARMANDO LIÉVANO QUINTERO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrada Ponente:

MARINA PULIDO DE BARÓN

Aprobado Acta No. 118. Bogotá D.C., octubre dieciocho (18) de dos mil seis (2006). VISTOS Se pronuncia la Sala en punto de la admisibilidad formal del libelo de casación presentado por el defensor del procesado ARMANDO LIÉVANO QUINTERO, contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Neiva el 6 de marzo de 2006, confirmatoria de la dictada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de la misma ciudad el 1 de julio de 2005, por cuyo medio lo condenó como coautor penalmente responsable del delito de fraude procesal. ' HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL “Los hechos que motivaron este diligenciamiento fueron adecuadamente sintetizados por el ad quem de la siguiente manera: 2 KÁ%ÓN 25751 - ARMANDO LIÉVANO QUINTERO “Ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva se radicó el proceso ejecutivo hipotecario propuesto por el BANCO GANADERO contra ARMANDO ACEVEDO QUINTERO — hoy LIÉVANO QUINTERO (por reconocimientode paternidad, se aclara) —. El 3 de abril de 1998, dentro del mentado juicio se libró mandamiento ejecutivo por la suma de DIECISÉIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS ($16.180.930.00)". “El 2 de agosto de 1999 comparecieron ante la Inspección

Primera del Trabajo y Seguridad Social de Neiva, en calidad de . demandante la señora GLORIA PATRICIA MARTÍNEZ CERÓN y como demandado el señor ARMANDO ACEVEDO QUINTERO — hoy LIEVANO QUINTERO — con el fin de ventilar un diferendo de naturafeza laboral a través de la vía conciliatoria. Al término de dicha. diligencia, empleador y trabajadorá suscribieron el acta de conciliación No. 345, acordando el pago de VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS CÓON VEINTISIETE CENTAVOS ($29.796.027.00), por concepto de salarios pendientes, cesantías, intereses sobre las cesantías, Vacaciones y otros conceptos, comprometiéndose el demandado a cancelarle a su ex empleada la referida suma de dinero a más tardar el 10 de agosto siguiente. El funcionario que dirigió al acto conciliatorio, aprobó el acuerdo Ientre las partes a través de auto proferido en la misma fecha”. “El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva, con oficio 1043 del 24 de agosto de 1999, le solicitó al Juzgado

Va A 3 CASACIÓN 25751

ARMANDO LIÉVANO QUINTERO Tercero Civil del Circuito de la ciudad se tuviera en cuenta la prelación de créditos, lo cual se traduce, en que rematados los bienes embargados y secuestrados al ejecutado, con su producto primero debe cancelarse el crédito laboral”. La Fiscalía Seccional de Neiva declaró abierta la instrucción, en cuyo marco vincmuedliaónt e indagatoria a

ARMANDO LIÉVANO QUINTERO y Giloria Patricia Martínez Cerón, Clausurado el instructivo, el sumario fue calificado el 26 - de abril de 2002 con resolución de acusación en contra de los procesados como presuntos autores del delito de fraude procesal. La fase del juicio correspondió adelantarla al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva, despacho que una vez surtido el rito correspondiente profirió fallo el 19 de julio de 2005, por cuyo medio condenó a ARMANDO LIÉVANO QUINTERO a la pena principal de dos (2) años de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso como coautor penalmente responsable del delito por el cual fue acusado, concediéndole el subrogado penal de la condena de ejecución condicional. En la misma providencia fue condenada Gtoria Patricia Martínez Cerón. 4 _ ASACIÓN 25751 - - ARMANDO LIÉVANO QUINTERO Impugnada la sentencia por los defensores, el Tribunal Superior de Neiva la confirmó mediante fallo del 6 de marzo de 2006, el cual es ahora objeto de impugnación extraordinaria interpuesta por el defensor de ARMANDO LIÉVANO

QUINTERO.

LA DEMANDA Al amparo de la causal primera de casación, cuerpo segundo, el impugnante formula un reproche contra el fallo de . segundo grado, por violación indirecta de la ley sustancial derivada de errores de hecho por fálso juicio de existencia por omisión y falso juicio de identidad sobre algunas de las pruebas obrantes en la actuación. .

Al fundamentar el reparo comienza por afirmar que los falladores incurrieron en un error de hecho por falso juicio de existencia por omisión, al no valorar la declaración de Fabiola Patiño de Polanco, quien tenía interés real por-adquirir el apartamento del procesado, prueba que como hecho indicante acredita que ARMANDO LIÉVANO sí estaba en condiciones de cumplir la obligación laboral contraída con , Gloria Patricia Martínez Cerón con la venta del inmueble de su'propiedad, contrario a lo asumido en el fallo atacado. Agrega que en la conciliación laboral celebrada entre los dos procesados no había interés en engañar a la justicia, pues de ser así, “eso llevaría a la conclusión absurda de que todo

Va AA 5 CASACIÓN 25751

ARMANDO LIÉVANO QUINTERO deudor que incumple una obligación, está en el fondo realizando un ilícito de fraude procesa”. lgualmenteéeñala que los sentenciadores incurrieron en error de Ihecho por falso juicio de identidad respecto del documento por cuyo medio se acredita que Gloria Patricia Martínez “solo fue contratada como secretaria de ASUPAFSEFI el 15 de septiembre de 2000, por lo que se infiere que igualmente estuvo trabajando sin solución de continuidad laboral” con el incriminado. Precisa que dicho documento nmo demuestra las conclusiones del fallo atacado, pues por el contrario, lo que de él se infiere “es que el tesorero le estaba dando unas instrucciones a Gloria Patricia, lo que solo demuéstra que para dicha época ya se desempeñaba como secretaria de la asociación. También aduce que obra otra nota del 15 de septiembre

de 2000 firmada por el Tesorero de la asociación, en la cual informa a Gloria Patricia el cambio de sede “y no su vinculación desde esa fecha” y aparecen las cuentas de cobro présentadas por la mencionada ciudadana en agosto de 1999, así como las declaraciones de Orlando Giraldo y José Eugenio Olivera acerca de que aquella se desempeña como secretaria desde que se creó la referida asociación. _6 CASACIÓN 2751 ARMANDO LIÉVANO QUINTERO A partir de lo expuesto, el demandante concluye que no se ha configurado el delito de fraude prócesal y que por tanto, se impone casar la sentencia impugnada para en su lugar absolver a su defendido. CONSIDERAC¡ONES DE LA SALA Según el inciso 1 del artículo 205 de la Ley 600d e 2000, este medio impugnaticio procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia por los tribunales superiores de distrito judicial y por el Tribunal PenaÍ Militar, cuando se proceda por “delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años" (subrayas fuera de texto). En aquellos casos en que el fallo de segundo grado no es proferido por los mencionados tribunales, o que el delito por el cual se procede tiene pena privativa de la libertad inferior al quantum señaladoen precedencia o sanción no restrictiva de la libertad, el inciso 3 del artículo 205 del estatuto procesal penal faculta a esta Sala para admitir discrecionalmente las demandas de casación presentadas, “cuando lo considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de

los derechos fundamentales, siempre que reúna los demás requisitos exigidos por la ley”. 7 ASACIÓN 25751 ARMANDO LIÉVANO QUINTERO Desde luego, cuando se trata de la casación discrecional es deber del impugnante exponer con claridad y precisión los motivos por los cuales debe intervenir la Corte, ya para proveer un pronunciamiento con criterio de autoridad respecto de un tema jurídico especial, bien para unificar posturas conceptuales o actualizar la doctrina, ora para abordar úun tópíco aún no desarrollado, con el deber de indicar de qué manera la decisión solicitada tiene la dual utilidad de brindar solución al asunto y servir de guía a la actividad judicial. Cuando la pretensión del casacionista se orienta a asegurar - la garantía de derechos fundamentales, tiene la obligación de demostrar la violación e indicar las normas constitucionales que protegen el derecho invocado, así como su desconocimiento en el fallo recurrido. También se tiene que el censor no puede acudir simultáneamente a las dos especies de casación (ordinaria o común y discrecional) en cuanto son excluyentes, dado que la “ segunda es sucedánea de la primera, esto es, úÚnicamente procede en la medida en que no resulte viable la casación ordinaria. Advertido lo anterior, en el caso de la especie se observa que por tratarse del delito de fraude procesal, para el cual el legislador ha dispuesto una pena privativa de la libertad cuyo máximo no supera los ocho (8) años, en punto del recurso de 8 c&%w 25751ARMANDO LIÉVANO QUINTERO casación se impone acudir a la vía discrecional (artícul2o05 de la

Ley 600 de 2000). Lo anterior, porque en el artículo 182 delderogádo' estatuto penal bajo cuya vigencia se cometió el comportamiento delictivo tenía una sanción de uno (1) a cinco (5) años de prisión, mientras que en el artículo 453 de la Ley 599 de 2000, vigente para cuando se profirió el fallo impugnado, se establece una pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión. Ahora, al observar el libelo de casación presentado por el defensor del incriminado, pronto se establece que no cumple su | obligación de ofrecer argumentos encaminadosa demostrar alguna de las posibilidades para que la Sala admita discrecionalmente su demanda. ' En efecto, no identifica en concreto la temática que debe abordar el pronunciamiento, no dice si sobre el particular ya hay jurisprudencia y, de ser así, cuáles son las decisiones que se ocupan del asunto y cómo se relacionan con el caso objeto de estudio, omisión que a la postre le impide identificar el punto dudoso, la existencia de providencias contradictorias, o el vacío que corresponde dilucidar jurisprudencialmente y cómo el desarrollo del concepto reclamado tiene la doble utilidad de servir, tanto para este trámite, como para la solución de casos similares. Tampoco del cuerpo de la demanda se consigue establecer con precisión la denuncia de agravio alguno a los KEZ 9 ASACIÓN 25751 ARMANDO LIÉVANO QUINTERO derechos fundamentales del acusado, pues el defensor de manera vaga e imprecisa plantea que los falladores incurrieron

en error de hecho por falso juicio de existencia al omitir la ponderación del testimonio de María Fabiola Patiño de Polanco y en error de hecho por falso juicio de identidad respecto del documento por cuyo medio se acredita que Gloria Patricia Martínez Cerón “solo fue contratada como secretaria de ASUPAFSEFI el 15 de septiembre de 2000, por lo que se infiere que igualmente estuvo trabajando sin solución de continuidad laboral” con ARMANDO LIÉVANO, pero no procede a desarrollar y fundamentar las censuras de conformidad con la - especie de yerros que propone, motivo por el cual no se consigue evidenciar en su propuesta casacional quebranto de garantías de su procurado.. Además, se limita a cotejar su particular ponderación de las pruebas con la plasmada por los funcionarios judiciales en el fallo atacado, proceder inadmisible en este recurso extraordinario y que, por tanto, no conduce en modo alguno a acreditar la violación de derechos de ARMANDO LIÉVANO. Lo expuesto permite establecer que el recurrente no cumple con los postulados requeridos para que resulte viable admitir discrecionalmente el estudio del recurso de óasación interpuesto, además de que tampoco la Sala advierte violación alguna de los derechos fundamentales o garantías del procesado LIÉVANO QUINTERO, como para que tal circunstancia impusiera el ejercicio de la facultad oficiosa de ARMANDO LIÉVANO QUINTERO naturaleza legal! que le asiste a esta Corporación sobre el particular. — Así las cosas, encuentra la Sala que: el libelo acusa las graves fallas destacadas, que no pueden en modo aálguno ser

enmendadas por la Corte, pues ello lo impide el pr¡ncipio de limitación que rige el trámite casacional, imponiéndose de plano su inadmisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 600 de 2000. En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE

• JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, — . RESUELVE INADMITIR la demanda de casación interpuesta por el defensor del procesado ARMANDO LIÉVANO QUINTERO, por las razones expuestas en la anterior motivación. — De conforrñidad con lo dispuesto en el artículo 187 del Código de Procedimiento Penal, contra este proveído no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase.

M SOLAME PORTILLA 11 C&'JON ;5751

-ARMANDO LIÉVANO QUINTERO

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ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

MARINA PULIDO DE BARÓN

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