CSJ - SP25830(28-09-2006)

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Defimición de competencias y _ Radicado 25830 é

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION PENAL

Magistrado Ponente — MAURO SOLARTE PORTILLA Aprobado acta número 107 Bogotá D.C, veintiocho dé septiembre de dos mil seís, En los términos del artículo 54 de la ley 906 de 2004 define la Corte la c0mpeten¿ia para resolver la 50/¡citud de preclusión de la investigación. que a favor de Angelo Patiño Jaramillo solicita el Fiscal ter¿ero especializado de Manizales. ANTECEDENTES El Fiscal tercero especiálizadó de Maniza/es, bajo las formas del procedimiento establecido en la ley 906 de 2004, 1e presentó al juez segundo penal del circulto especializado, solicitud de prechusión de la investigación a favor de Angelo Patiño Jaramillo. Definición de competencias Radicado 258301 En la petición adujo que Patiño Jaramillo - quien manifestó ser integrante del autodenominado Bloque Centauros de las llamadas Autqb'efensas Unidas de Colombia, con influencia en los departamentos de Meta y Casanare -, se presentó el día 30 de octubre del año pasado ante las autoridades de Policía del departamento de Caldas, a las cuales les brindó información. valiosa acerca de la ident¡dád de los dirigentes y actividades del grupo al cual pertenecía. Sobre esa base, el Comité operativo para la dejación de las armas (coda) le expidió la certificación de que trata el numeral 4 del artículo 12 del decreto 128 de 2003, y como la

conducta por él reconocida puede ser tipificada en el artículo 340 del código penal, la fiscalía estima que es imperativo reconocerle los beneficios estipulados en el artículo 13 del citado decreto, que dispone lo siguiente: "Beneficios Jurídicos. De conformidad con la ley, tendrán derecho al indúlto, suspensión condicional de la ejecución de la pena, la cesación de procéám¡ento, la preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria, según el estado del proceso, los desmovilizados que hubieren formado parte de las organizaciones armadas al margen de la ley, respecto de los cuales el Comité Operativo para la dejación dé Armas, CODA, expida la certificación de que trata el numeral 4 del artículo 12 del presente decreto.” Le solicitó al Juez que proceda de conformidad con ese precepto. ¿%Mw…f' Definición de competencias V Radicado 25830 "A RAZONES PARA LA DEFINICION DE COMPETENCIA Mediante decisión del 10 de julio del presente año, el Juez segundo penal especializado de Manizales consideró que no era competente para decidir el asunto. Estimó que ni antes de expedirse laley 906 de 2004, ni ahora, ese tipo de decisiones le corresponde resolverlas a la jurisdicción especializada, pues con anterioridad a la ley 975 de 2005, ese tipo de asuntos deblan dirimirlos los Tribunales Superiores de Distrito Judicial (leyes 418 de 1997, 548 de 1999 y 782 de 2002, reglamentada por los decretos 128 de 2003,l 3660 de 2003 y 2767 de 2004), y ahora, bajo la vigencia de la ley 975 de 2005,

los Tribunales Superiores de Justicia y Paz. No obstante, decidió el punto, absteniéndose de decretar la preclusión de la investigación solicitada. La Fiscalía apeló la decisión y en consecuencia se remitió El expediente al Tribunal Superior de Manizales, el cual mediante decisión del 18 de julio de 2006, se inhibió de resolver El recurso. Expresó que si alguien carece de competencia, como el juzgado lo postuló, no puede pronunciarse sobre el tema que se propone a su consideración. De manera que si el juzgado estimó que el competente es el Tribunal de Justicia y Paz, ha ,Dgjíníción de competencias A Radicado 25830 debido enviar el expediente a la Corte Suprema de Justicia, autoridad a la cual le corresponde resolver el impase surgido por la falta de competencia que se alega. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Primero. Le corresponde a la Corte, de acuerdo con el articulo 54 de la ley 906 de 2004, definir la competencia cuando se trate de “aforados constitucionales y legales, o de tribumales, o de juzgados de diferente distrito. Como el Juzgado tercero penal del circuito especializado, consideró que el competente para conocer de la soñicitud era la Sala de decisión penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial, la Corte, como Superior funcional que es de éste último, definirá el conflicto propuesto (numeral 4 del artículo 32 de la ley 906 de 2004). 1 Asíl o ha señalado la Sala, al considerar que, "no es precisamente el superior jerárquico de quien discute la

competencia quien debe pronunciarse para dilucidarla — como lo señala el Tribunal Superior de Manizales -, toda vez que si como sucede en éste caso, un juez del drcuito rechaza ser competente por entender que lo seria un Tribunal, es a la Corte, como superior funcional y no jerárquico a quien, acorde con lo indicado, le corresponde resolver la objeción.” _' Cfr., al respecto, por todos, Corte Suprema de Justicia, auto del 30 de mayo de.2006, radicado 24954 , Definición de competenczas "a Radicado 25830 Segundo. Los pr0cesos% de paz, sea de diálogo o de desmovilización, incluyen f0rmás de reincorporación a la vida Civil, para lo cual las leyes 782 de 2002 y/o 975 de 2005, prevén instrumentos judiciales e5pec)'fícos tendientes a reconocer benefiáb5 jurídicos relacionados con esas situaciones, Se trata de mecanismos excepcionales, ¿pr0pi05 de modelos de justicia de transición que reconocen “una tensión entre el objetivo social de lograr un tránsito efectivo hacia la paz o la democracia, y los dere¿hos de las víctinas a que las WQ/acion¿5 de derechos sean investigadas, enjuiciadas y castigadas por el Estado, y a que se logre una efectiva e2 reparación.” Por esas razones, tales disposiciones no pueden analizarse mediante una hermenéutica cónvenc¡óna/, sino con principios políticos normativizados en la Constitución y en los tratad05 internacionales, que ponen de mamf esto "una nueva noción de justicia en el contexto de la comunidad

internacional, que atiende a la necíesidad de alcanzar la efedfvidad del derecho a la paz en aquellas sociedades en situación de confiicto, pero que a la vez pretende responder, aún en estas circunstandas, al imperativo de enjuiciar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y lograr el esclarecimiento de la verdad al respecto, nuevo concepto de justicia que apera déntro del tránsito de un - periodo de violencia a otro de consolidación de la paz y de vigencia del ? Corte Constitucional, Sentencia C 370 de 2006. Defihición de competencias Radicado 25830 Estado de Derecho, o de autoritarismo a otro de respeto al pluralismo democrático. ? O como en reiteradas oportunidades ha tenido ocasión de decirlo la Sala, con ocasión de la interpretación de la ley 975 de 20035, "e/ valor justicia y los principios de igualdad y proporcionalidad, en orden a juzgar la constitucionalidad de una norma (y otros principios y otras normas se dirá ahora), no pueden estudiarse tal como si se tratara de uha ley ordinaria, sino tomando en cuenta las singularidades de la que | ahora se analiza, expedida con la finalidad de resolver la tensión que en este caso surge entre los conceptos de paz y justicia, que son también fundamentos del Estardo, y de los compromisos intemacionales adquiridos por Cotombia. "Por lo mismo, la vinculació'n entre política y derecho alcanza un nivel mayor al que de ordinario se presenta en la legislación comin, en la Ctial, por ejemplo, la proporcionalidad de la respuesta estatal y la simetría

con la agresión a bienes jurídicos, responde a la gravedad del injusto y grado de culpabilidad, mientras que, tratándose de una ley especial, como aquí sucede, se sujetan a otros valores, según se indicó. Desde ese margen se puede establecer que los procesos de negociación o de desmovilización dirigidos a lograr la reincorporación de grupos al margen de la ley, y a los cuáles se refieren las leyes 782 de 2002 y 975 de 2005, regulan a?'stintaé p03¡bi/idades relacionadas con esas temáticas, dependiendo de /dem. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, colisión de competencias, radicado 24549 del 7 de diciembre de 2005, entre otras, Za dA , [ /D¿ffínición de competencias /,¡ ' Radicado 25830 los objetivos que con ellas 5é_ buscan. Así por ejemplo, la ley 975 de 2005, | f "no contiene la ley 975 de 2005 una disposición que exonere al delincuente del cumplimiento de la sanción penal. Si bien es verdad que se le hace objeto de un tratamiento jur¡bico penal menos riguroso que el existente en el Código Penal —sí se cfump/en por el infractor unos requisitos determinados en relación con las httimas y por la colaboración con la administración de justicia-, lo c¡ert5 es que, aún así, no desaparece la — pena. Esta se impone, pero el procesado puede —con estricta 5ujec¡ó'n a los reguisitos y condiciones que el legislador señalohacerse acreedor a un beneficio que podría reducirie la privación de la libertad por un t¡einpo sin

que éste desparezca, beneficio q¿¡e será objeto de análisis detenido posteriormente en esta providencia. > Por fuerza de esa argunfentac¡ón se impone una primera conclusión: la ley 975 de 2005, de justicia y de paz, define un proceso sui generís en dondeílos derechos a la verdad, justicia y reparación, encuentran efectividad, siempre, en la asignación de una pena que simbólicamente busca la realización de esos principios y la transición hacia una paz consensuada. No por otra razón al definirse el ámbito de la ley, interpretación y aplicación normativa, en el aparte inicial del artículo 2 se dijo lo siguiente: "La presente ley regula lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, 5 Corte Constitucional, sentencia citada. f / Definición de competencias - Radicado 25830 como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional.” (resaltado fuera de texto) Una segunda conclusión que se deriva de la Nlosofia de la | ley 975 de 2003, es la de que la amnistía, el indulto y otros beneficios establecidos en la ley 782 de 2002, se rigen por lo dispuesto en esta última legislación, como lo reafirma el aparte final del artículo 2 de la ley primeramente menc¡onada en los siguientes términos: "La reinserción a la vida civil de las personas que puedan ser

favorecidas con amnistia, indulto o cualquier otro beneficio establecido en la ley 782 de 2002, se regirá por lo dispuesto en dicha ley.” Lo anterior, porque la ley 975 de 2005 regula un proceso específico dentro del modelo propio de una justicia de transición que debe concluir ordinariamente con una sanción, a diferencia de lo que ocurre con la 782 de 2002 define procedimientos destinados a la realización del indulto (por parte del Gobierno), la amnistia, la inhibición de la investigación o la preclusión de la investigación o la cesación de procedimiento, según sea el caso, con intervención de las autoridades judiciales (fiscales o jueces). La alusión a fiscales y jueces es explicable en atención a que la ley 782 de 2002 se expidió antes de haberse promulgado el nuevo código de procedimiento penal (ley 906 de 2004), que - //WMVJ / efinición de competencias _; Radzcado 25830 como se sabe, entrega a los jué_ces, en el marco del pr¡hc¡b¡o de reserva jJudicial, la posibilidad de decidir acerca de las causas relacionadas con la imposibilidad de iniciar o continuar la acción penal (artículos 331 y 332 ley 906 de 2004). ,Pero si se tiene en cuent$ que hoy en día coexisten en todo el país diferentes sistemas procesales, no se ve ninguna razón para que los Fiscales, a quienes les fue atribuida la competencia para decidir sobre ?/a improseguibilidad de la acción penal (preclusión de la ¡hvesñyaciójn) o para no iniciarla (inhibición), no puedan pronunciarse al re5éecto. 5 Además, la dec/afatoria

de inexequibilidad del ar¿¡'cu/oi= 78 de la ley 906 de 2004 7 mediante la cual se priva a /¿5 fiscales de la p05¡b¡/¡dád de archivar las diligencias pena/e5,f debe entenderse en el e27t0rn0 de la interpretación de la ley ?906 de 2004 que consagra un ¡ El artículo 24 de la ley 782 de 2002, dispone: ' Se podrán conceder también, según proceda, de acuerdo con el estado del respectivo proceso penal, la cesación de procedimiento, la resolución de preciusión de la instrucción o la resolución inhibitoria, a quienes confiesen y hayan sido'o fueren denunciados o procesados por hechos constitulivos de los delitos a que se refiere este título y no hayan sido aún condenados mediante sentencia ejecutoriada, Para estos efectos, se tramitará la solicitud de acuerdo con los articulos anteriores y, una vez verificados los requisitos, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá la solicitud al Tribunal correspondiente, o a la Dirección de Fiscalía ante la cual se adelante el trámite, quienes deberán emitir de plano, la providencia que decida la respectiva solicitud, en los términos legales y observando el principio de celeridad. Si la persona se encuentra privada de la libertad, las citadas autoridades deberán dar trámite. preferencial a las solicitudes de beneficios ¡urídicos, y en la providencia en la cual se conceda la petición de preclusión de la instrucción o la cesación de procedimiento, deberá revocarse el auto de detención del beneficiario, cancelarse las órdenes de coptura en su contra y ordenar oficiar a los organismos competentes,

La Sala Penal del Tribunal respectivo deberá resolver dentro de los tres (3) meses siguientes, contados a pariir del día siguiente al recibo del expediente. Este término es improrrogable. 7 Sentencia C 591 del 8 de junio de 2005 Definición de competencias / Radicado 25830 sistema especial de reserva judicial y no en el contexto de la Justicia de transición que busca reincorporar a la vida civil a los miembros de los grupos organizados al margen de la ley. En síntesis, en materia de competencia con relación a esta temática se puede concluir lo siguiente:

1. Aquellos asuntos relacionados con la aplicación de los beneficios contemplados en la ley 782 de 2002 para delitos políticos, y concierto para delinguir simple (artículo 340-1 de a ley599 de 2000), utilización ilegal de uniformes e insignias (346 idem), instigación a delinquir simple (348-1 ibidem), fabricación, tráfico y porte de armas y municiones (365 idem) le corresponde, según el estado del proceso, resolverlos a los fiscales competentes una vez reciban la petición de la Dirección de fiscalías correspondiente, o a /ós Tribunales Superiores de Distrito Judicial, mediante un trámite de simple constatación que . amerita que la decisión se tome de plano (artículo 24 ley 782 de

2002).

2. Los procesos que 5é adelanten por aquellas conductas que no puedan ser beneficiadas con alguno de los mecanismos establecidos en la ley 782 de 2002 y que implican la asignación de una pena (artículo 10 de la ley 975 de 2005), les corresponde a los

Los delitos de y concierto para delinquir simple (artículo 340-1 de a ley 599 de 2000), utilización ilegal de uniformes e insignias (346 idem), instigación a delinquir simple (348-1 ibidem), fabricación, tráfico y porte de armas y municiones (365 idem), de acuerdo con el artículo 69 de la ley 975 de 2005, pueden admitir beneficios tales como la resolución inhibitoria, la prechusión de la investigación o la cesación de procedimiento, para aquellos actores que se hubiesen desmovilizado en las condiciones señaladas en la ley 782 de 2002. 10 : T : /ó/ejinicr'ón de competencias Radicado 25830 Tribunales de Justicia y Paz, dqda su cobertura eminentemente residual. Tercero. De manera qué a partir de esos elementos de Juicio, ya se puede exp/¡tár pór qué los asuntos que definen esos temas se encargan a uba jurisdicción o a un tribunal especial y por qué no se puede admitir que instituciones propias del sistema de justicia oránario cubran el ejerc¡¿¡o de actividades que están re/ac¡bnádas con puntuales programas de re¡n5ercfón a la vida civil como eguivocadamente lo p¡énsa el señor Fiscal tercero especializado de Manizales al hacer una lectura descontextualizada de las normas cuya aplicación pide reconocer analógicamente. ' Por lo tanto, no re5u/taí difícil concluir que ese tipo de solicitudes no las puede pr0p5ner El fiscal especializado por su propia iniciativa, ni reso/ver/asáe/ juzgado, pues nóte5e cjue con relación a la posibilidad de reincorporación de los miembros de .

los grupos armados a la vida CiviL existe una competencia privativa especialmente definida en las leyes 975 de 2005 y 782 de 2002, tal y como se explicó con anterioridad. | Cuarto. De acuerdo con ello y como se trata de una entrega voluntaria por quien afirma haber pertenecido a grupos de autodefensa que operan en los departamentos del Meta y del Casanare, y como no se tiene evidencia de que contra el citado existan procesos penales ni porque delitos, le corresponde 1 A Definitión de competencias Radicado 25830 resolver si se dan los presupuestos requeridos por la ley 782 de 2002 para inhibirse de abrir investigación penal, al Fiscal delegado ante el tribunal Superior que designe la Dirección de Fiscalias de Villavicencio, tal como lo dispone del artículo 24 de la ley 782 de 2002, y en ningtin caso el tribunal de justicia y paz que como se ha dicho, tiene una competencia eminentemente residual. De esta manera, la Sala reconsidera su posición inicial, plasmada en la decisión del 22 de agosto del presente año, radicado 25831, en la cual estimó que el competente para conocer de esta clase de asuntos era el Tribunal de Justicia y Parz. Por lo expuesto, La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Dispone: Remitir la actuación por competencia ante la Dirección de Fiscalías de Villavicencio, con miras a que el Fiscal que designe determine si es viable que se inhiba de abrir investigación penal respecto del peticionario Angelo Patiño Jaramillo. 12 efinición de competencias Radicado 25830 Infórmese de esta determ?nac¡ón al Fiscal especializádo, al

Juzgado segundo penal del circuito especializado, al tribunal Superior de Manizales y a A ng¿la Patiño Jaramillo. a

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