CSJ - SP26005(13-09-2006)

CASACIÓN 26.005

CILBER O SOTO GONZALEZ,

HENDRIK VAN BILDERBEEK SOTO,

PEDRO ARTURO PINTO MONTOYA y

JUAN CARLOS PILONIETA OSORIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

MAGISTRADO PONENTE

ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN

APROBADO ACTA N°97

BogotL 13. C., trece (13) de septiembre de dos mil seis (2006) ASUNTO Sería del caso entrar a examinar si la demanda de casación presentada por el defensor de HENDRIK VAN BILDERBEEK SOTO contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, que confirmó la dictada por el Juzgado 13 Penal del Circuito de Bogotl, reúne los requisitos que para su admisión exige el Código de Procedimiento Penal, si no fuera porque de manera evidente aparece que ha operado el fenómeno jurídico de la (V....-

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GILBERTO SOTO GONZÁLEZ.

HENDRIK VAN BILDERBEEK SOTO,

PEDRO ARTURO PINTO MONTOYA y JUAN CARLOS PI LONI ETA OSORIO prescripción de la acción penal, lo que impide hacer cualquier pronunciamiento diverso al de su declaratoria. H ECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL El 18 de noviembre de 1994 la Asociación Probienestar de Familia Colombiana -PROFAM I LIAsolicitó a la Corporación Financiera FES S.A. -CORFESla renovación de un CDT por valor de $ 300.000.000. El 16 de diciembre del

mismo año el CORFES informó telefónicamente a una empleada de PROFAMILIA sobre un posible endoso y cesión del referido CDT, pero como tales operaciones no fueron autorizadas por la entidad, el 19 siguiente se dio orden de no pago y el 21 del mismo mes Jaime Buitrago Ruiz, Director Financiero y Administrativo de PROFAMILIA, presentó la denuncia respectiva. Como resultado de las labores de investigación se vinculó al proceso a Gilberto Soto Gonaez, Hendrik Van Bilderbeek Soto, Pedro Arturo Pinto Montoya y han Carlos Pilonieta Osorio. 2 (.1 • N (cid:9)26.005

CILBER O SOTO GONZÁLEZ

HENDRIK VAN BILDERBEEK SOTO,

PEDRO ARTURO PINTO MONTOYA y JUAN CARLOS PILONIETA OSORIO Respecto de este último, el Fiscal 89 Seccional de esta ciudad dictó preclusión de la investigación el 8 de agosto de 20001. En el mismo proveído, dictó resolución acusatoria contra los derns sindicados, por los delitos de falsedad material de particular en documento público agravado por el uso, en concurso heterogéneo con falsedad en documento privado, estafa agravada por la cuantía en grado de tentativa y falsificación o uso fraudulento de sello oficial. Esa providencia Fue confirmada el 17 de abril de 2001 por el Fiscal 14 Delegado ante los Tribunales de Bogotá y Cundinamarca2, con excepción hecha del delito de falsificación o uso fraudulento de sello oficial, respecto del cual declaró prescrita la acción penal. Notificada la decisión, cobró ejecutoria el 4 de mayo del mismo año.

El 6 de marzo de 2002 el Juzgado 13 Penal del Circuito de Bogoocondenó a Gilberto Soto González, Hendrik Van Bilderbeek Soto y Pedro Arturo Pinto Mon-toya por los ilícitos (cid:9) que (cid:9) les (cid:9) merecieron (cid:9) el (cid:9) llamamiento (cid:9) a (cid:9) juicio. (cid:9) Les impuso 65 meses de prisión y de inhabilidad para ejercer Folios 264 a 276 del cuaderno n.° 2 =Folios 3 a 13 del cuaderno de la Fiscalta. 3

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GILBERTO SOTO GONZÁLEZ.

FIENDRIK VAN BILDERBEEK SOTO.

PEDRO ARTURO PINTO MONTOYA y /VAN CARLOS PI LON IETA OSORIO derechos y funciones públicas y el pago arnsobilumr de daños y perjuicios ocasionados y a favor de la firma afectada, por un valor equivalente a 30 gramos oro. Les concedió la prisión 4omiciliaria3. Frente a la apelación formulada por los defensores de los tres procesados, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de santa Marta, en sentencia del 14 de diciembre de 2005, declaró la prescripción de la acción penal y, como consecuencia, cesó procedimiento a su favor por el delito de falsedad en documento privado. Además, revocó el fallo de primera instancia respecto de Pedro Arturo Pinto Montoya y, en su lugar, lo absolvió de los cargos; y lo confirmó en relación con Gilberto Soto González y Hendrik Van Bilderbeek Soto, pero

modificó la pena impuesta y la dejó en 60 meses de prisión e igual término para la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones, como resultado de la cesación de procedimiento'. CONSIDERACIONES 3 Folios 111 a 145 del cuaderno n.° 3. 4 Folios 12 a 41 del cuaderno del Tribunal. 4

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HENDRIK VAN BILDERBEEK SOTO,

PEDRO ARTURO PINTO MONTOYA y )VAN CARLOS PILONIETA OSORIO La Sala se abstendrá de pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda de casación y, en su lugar, ordenará' cesar el procedimiento a favor de los procesados, porque la acción penal ha prescrito.

En efecto: Según el artículo 83 de la Ley 599 de 2000, la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, sin que sea menor de 5 años, ni exceda de 20, salvo las excepciones allí señaladas.

La iniciación del término de prescripción comienza a contarse, para los delitos instantáneos, desde el día de la consumacións. Este tiempo se interrumpe por la resolución de acusación, debidamente ejecutoriada, y comienza nuevamente a correr por un tiempo igual al señalado en el artículo 83, pero no puede ser inferior a 5 años ni superior a 10. 5 Artículo 84 de la Ley 599 de 2000 y 83 Decreto Ley 100 cle 1980. 5 1...-.%--

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GILBERTO SOTO GONZÁLEZ,

HENDRIK VAN BILDERBEEK SOTO,

PEDRO ARTURO PINTO MONTOYA y JUAN CARLOS PILONIETA OSORIO Respecto a la blsedad material de particular en documento público, el artículo 220 del Decreto Ley 100 de 1980, vigente para la época de los hechos, señala una pena de 2 a 8 años. Pero, con la agravación por el uso contemplada en el artículo 222 ibickm, se aumenta hasta en la mitad, es decir, pasa de 2 a 12 años. Sin embargo, el artículo 287 de la Ley 599 de 2000 prevé para el mismo delito una pena de 3 a 6 años, y el 290 ibidem un aumento igual por el uso, por lo que la prisión queda entre 3 y 9 años. En lo relacionado con la esta, el artículo 356 del Código Penal anterior señala una punibilidad de 1 a 10 años de prisión. Con el agravante, por razón de la cuantía, se aumenta de una tercera parte a la mitad, esto es, pasa a un máximo de 15 años. En la Ley 599 de 2000 ese delito tiene fijada una pena de 2 a 8 años (artículo 246) y con la agravación, que es la misma del estatuto anterior, el máximo queda en 12 años. 6

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PEDRO ARTURO PINTO MONTOYA y

JUAN CARLOS PILONIETA 050R10

En consecuencia, para efectos de prescripción, la Ley 599 de 2000 resulta ser más favorable.

Ahora, como la conducta punible se cometió en el grado de tentativa, conforme al artículo 27 del mismo ordenamiento la pena máxima se reduce de 12 a 9 años. En este caso la resolución de acusación se profirió el 8 de agosto de 2000 y quedó ejecutoriada el 4 de mayo de 2001. Luego a partir del siguiente día (5) empezó a contabilizarse el término de prescripción, que se completó el 5 de mayo de 2006, esto es, después de dictada la sentencia de segunda instancia y antes de que llegara el proceso a esta Corporación para resolver sobre la demanda de casación. Es evidente que transcurrieron más de 5 años durante la etapa del juicio sin que la sentencia adquiriera ejecutoria, razón por la cual se declarará la prescripción y la extinción de la acción penal por los delitos ya mencionados. La jurisprudencia ha sostenido que cuando la verificación de esa causal de cesación de procedimiento no requiere, por 7

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CILBER O SOTO GONZÁLEZ

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PEDRO ARTURO PINTO MONTOYA y JUAN CARLOS PILONIETA OSORIO parte de la Corte, esfuerzo alguno, sino que se deduce cómodamente del expediente, su reconocimiento debe hacerse de manera inmediata. Por lo tanto, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda de casación y, en su lugar, declarará la prescripción de la acción penal. En consecuencia, ordenará cesar todo procedimiento contra los señores Gilberto Soto González y Hendrik Van Bilderbeek Soto.

El juzgado de primera instancia adoptará todas las medidas necesarias como consecuencia de lo decidido en esta providencia. Por la prescripción detectada, se ordenará compulsar copias a la sala .)uriscliccional Disciplinaria del Conseto Superior de la .mdicatura para lo de su cargo. En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, o ..

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CILBERTÓ SOTO GONZÁLEZ,

HENDRIK VAN BILDERBEEK SOTO,

PEDRO ARTURO PINTO MONTOYA y

AJAN CARLOS PI LONI ETA OSORIO RESUELVE Primero. Abstenerse de emitir pronunciamiento sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por el apoderado del señor Hendrik Van Bilderbeek Soto. Segundo. Declarar prescrita la acción penal derivada de las conductas punibles de falsedad material de particular en documento público agravada por el uso y estafa agravada por la cuantía, en grado de tentativa, atribuidas a Gilberto Soto González y Hendrik Van Bilderbeek Soto. Por consiguiente, decretar en su favor la cesación de procedimiento. Tercero. El juzgado de primera instancia deberá tomar todas las medidas como consecuencia de la extinción de la acción penal. Cuarto. Compulsar copias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para lo de su cargo. 9

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GILBERTO SOTO GONZÁLEZ,

HENDRIK VAN BILDERBEEK SOTO,

PEDRO ARTUR.0 PINTO MON-R3YA y

JUAN CARLOS PILONI ETA 050R10

Quinto. Contra esta decisión no cabe recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE • ' • 50 RTE PO TiLLA

(cid:9) SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO ni a , fr

ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN MARINA PULIDO DE BARÓN

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10

(yr) p..A.SACIÓN 26.005

GILBERTO SOTO GONZÁLEZ,

HENDRIK VAN BILDERBEEK SOTO,

PEDRO ARTURO PINTO MONTOYA y

JVAN CARLOS PI LONJETA OSORIO

TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria 11