CSJ - SP26037(07-02-2007)

EXTRADICIÓN N° 26037

JUAN DIEGO VILLAMIL MEDINA

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Proceso No 26037

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrada Ponente:

MARINA PULIDO DE BARÓN

Aprobado Acta No. 014 Bogotá D.C., febrero siete (7) de dos mil siete (2007). VISTOS Conceptúa la Corte en relación con la solicitud de extradición del ciudadano colombiano JUAN DIEGO VILLAMIL MEDINA elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en Colombia. ANTECEDENTES El mencionado ciudadano es requerido para que comparezca en juicio “ por delitos federales de narcóticos ” ante la Corte DistritalEXTRADICIÓN N° 26037

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2 Corte Suprema de Justicia República de Colombia de los Estados Unidos para el Distrito Meridional de Nueva York, dado que, con fecha marzo 9 de 2006, el Gran Jurado profirió en su contra la segunda acusación sustitutiva S2-05-Cr-965, por cuyo medio se le formuló el siguiente cargo: “Cargo Uno: Concierto para importar a los Estados Unidos, desde un lugar fuera de los Estados Unidos, sustancias controladas, específicamente, heroína y cocaína, lo cual es en contra del Título 21, Secciones 812, 952 (a), 960(b) (1) (A) y 960 (b) (1) (B) del Código de los Estados Unidos, todo en

violación del Título 21, Sección 963 del Código de los Estados Unidos”

1. Documentos allegados con la solicitud de extradición.

Con el objeto de formalizar la solicitud de extradición, fueron allegados al presente trámite los siguientes documentos, debidamente traducidos y legalizados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores: La Nota Diplomática número 1354 de fecha junio 6 de 2006 y la Nota Verbal 2064 del 18 de agosto del mismo año, a través de las cuales la Embajada de los Estados Unidos solicita la detención provisional con fines de extradición del señor JUAN DIEGO VILLAMIL MEDINA y formaliza su solicitud de extradición, respectivamente. En ellas, se precisa que se trata de un ciudadanoEXTRADICIÓN N° 26037

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3 Corte Suprema de Justicia República de Colombia colombiano, motejado “Juancho”, nacido el 31 de agosto de 1974 y titular de la cédula de ciudadanía número 10.489.793 Copia de la resolución de acusación No. S2-05-Cr-965, dictada por el Gran Jurado ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Meridional de Nueva York, de fecha marzo 9 de 2006. Copia de la orden de arresto expedida por la Magistrada Juez de la referida Corte Distrital de fecha marzo 9 de 2006, contra JUAN DIEGO VILLAMIL MEDINA , para que “de contestación ante los cargos” de “concierto para importar heroína y cocaína”.

Copia de las disposiciones del Código Penal de los Estados Unidos relativas al cargo contenido en la resolución de acusación. Declaraciones juradas del Fiscal Federal Adjunto Daniel L Stein de la oficina del Fiscal Federal del Distrito Meridional de Nueva York, a través de la cual efectúa una presentación de los procedimientos policiales y judiciales realizados, así como del compromiso de responsabilidad del solicitado y de Jarod Forget, Agente especial de la Administración Antinarcóticos (DEA), quien actuó en las diversas averiguaciones y pesquisas que determinaron la acusación presentada contra el requerido en extradición.

2. Actuación surtida previo el envío de las diligencias a la Corte.EXTRADICIÓN N° 26037

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4 Corte Suprema de Justicia República de Colombia El Gobierno de los Estados Unidos de América, mediante Nota Diplomática No. 1354 de fecha junio 6 de 2006, solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano JUAN DIEGO VILLAMIL MEDINA , a quien las autoridades judiciales de ese país a través de la resolución de acusación S2-05-Cr.965 del 9 de marzo de 2006, le profirieron un cargo relacionado con el delito de tráfico de estupefacientes, concretamente el de “Concierto para importar heroína y cocaína”.

Con fundamento en la anterior petición, el Fiscal General de la Nación, mediante resolución del 16 de junio de 2006, decretó la captura con fines de extradición del solicitado, la cual se produjo el

21 de junio del mismo año en allanamiento practicado en la Carrera 7 N° 10-45 lote 6 del Municipio de Santander de Quilichao (Cauca), por efectivos de la Policía Nacional adscritos al Área de Interdicción del Grupo de Policía Judicial de la Dirección de Antinarcóticos. Actualmente, el mencionado ciudadano se encuentra privado de su libertad en la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Cómbita (Boyacá). Mediante la Nota Verbal No. 2064 del 18 de agosto de 2006, la Embajada de los Estados Unidos de América formalizó la solicitud de extradición del mencionado, lo que dio lugar a que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del oficio No. OAJ.E. 1485 de la misma fecha, conceptuara que “En atención a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, me permito manifestarleEXTRADICIÓN N° 26037

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5 Corte Suprema de Justicia República de Colombia que por no existir Convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal penal colombiano”.

3. Actuación surtida en esta Corporación.

Proveniente del Ministerio de Justicia y del Derecho se recibió por esta Sala la aludida solicitud de extradición con la documentación anexa. De inmediato, se dio inicio a este trámite garantizando el derecho de defensa al requerido y luego se dispuso, mediante auto del 28 de septiembre de 2006, correr el traslado

previsto en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004, dentro del cual en forma exclusiva el defensor del solicitado en extradición presentó memorial deprecando la práctica de pruebas. La Sala, mediante auto del 30 de noviembre de 2006, negó por improcedente la solicitud probatoria elevada por el abogado defensor, al tiempo que dispuso correr el traslado previsto en la misma norma del estatuto procesal penal. Dentro del término previsto para presentar alegatos de conclusión, el Representante del Ministerio Público y el abogado defensor allegaron escritos con el fin de ser tenidos en cuenta en el concepto que debe emitir la Corte.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El Ministerio Público: EXTRADICIÓN N° 26037

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6 Corte Suprema de Justicia República de Colombia El Procurador Primero Delegado para la Casación Penal considera reunidas las exigencias establecidas en la Ley 906 de 2004 para que la Corte emita concepto favorable a la extradición de JUAN DIEGO VILLAMIL MEDINA solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos. De esa forma, señala que los documentos aportados por Estados Unidos son formalmente válidos, se cumple el principio de doble incriminación y mínimo de pena exigido, se cuenta con los datos necesarios para dar por establecida la plena identidad del requerido en extradición y la providencia proferida en el extranjero equivale a la resolución de acusación de nuestro sistema procesal. Con base en lo anterior, el Procurador Delegado estima que resulta viable conceder la extradición de JUAN DIEGO VILLAMIL MEDINA por el cargo atribuido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Meridional de Nueva York, al encontrarse reunidas las exigencias legales establecidas.

El defensor:

resulta viable conceder la extradición de JUAN DIEGO VILLAMIL MEDINA por el cargo atribuido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Meridional de Nueva York, al encontrarse reunidas las exigencias legales establecidas.

El defensor: El defensor solicita a la Sala emitir concepto desfavorable a la solicitud de extradición de su representado. En ese sentido, insiste en que la resolución de acusación extranjera para este caso específico, carece de los elementos formales, para equipararse a la colombiana.EXTRADICIÓN N° 26037

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7 Corte Suprema de Justicia República de Colombia Asegura la defensa que en Estados Unidos la acusación se hace de manera verbal ante el juez dado que su sistema es oral y, por lo tanto, la acusación “en reserva” presentada por ellos, es el inicio de una investigación equiparable en Colombia a una “etapa previa” y en nuestro país la acusación se formula después de pasar dicha etapa. Advierte, además, que dentro del presente trámite sólo se ha hablado de la Ley 906 de 2004 incurriendo en una violación del artículo 29 de la Constitución Nacional, en tanto que, en su sentir, la Ley aplicable es la 600 de 2000. Argumenta el defensor, finalmente, que al ser esta la ley aplicable, debe tenerse en cuenta que el artículo 356 de esa normatividad establece que se deben tener dos indicios graves de responsabilidad para imponer medida de aseguramiento y para emitir una resolución de acusación la conformación de los requisitos

contenidos en el artículo 397 al 399 ibidem, los cuales no se pueden tener por acreditados a partir de la insular llamada telefónica. CONSIDERACIONES DE LA SALA Cuestión previa. Previo a que la Sala conceptué sobre la solicitud de extradición del señor JUAN DIEGO VILLAMIL MEDINA , se impone señalar que si bien en la Nota Diplomática 1354 del 6 de junio deEXTRADICIÓN N° 26037

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8 Corte Suprema de Justicia República de Colombia 2006, se habla de dos cargos en contra del mencionado ciudadano colombiano, debe aclararse que en este pronunciamiento sólo se tendrá en cuenta el primero de ellos, en tanto que en la acusación sustitutiva S2 05 Cr. 965, se le llamó a responder por dicho cargo y no así, en cuanto al segundo del que trata la Nota. Aspectos Generales. Como reiteradamente lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte, su competencia dentro de un trámite de extradición se circunscribe a la emisión del concepto sobre la procedencia de entregar o no a la persona solicitada por otro país, luego de verificar las exigencias dispuestas por el legislador (artículos 493, 495 y 502 de la Ley 906 de 204), teniendo en cuenta para ello, además y primordialmente la previsión constitucional contenida en el inciso 2º del artículo 35 de la Carta Política que autoriza la extradición de colombianos por nacimiento cuando son reclamados por delitos distintos de los conocidos como delitos políticos, que hayan sido

cometidos en el exterior, siempre que tales comportamientos también estén contemplados como conductas punibles en la legislación penal interna y que la comisión de los mismos sea posterior a la fecha de promulgación del Acto Legislativo No. 1 de 1997, esto es, al 17 de diciembre de tal anualidad. Dado que según lo expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de este diligenciamiento, no existe tratado de extradición vigente entre Colombia y los Estados Unidos deEXTRADICIÓN N° 26037

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9 Corte Suprema de Justicia República de Colombia América, el trámite de la solicitud de extradición y el concepto que como culminación del mismo debe emitirse, se surtirá y emitirá de conformidad con las exigencias señaladas en el Código de Procedimiento Penal Colombiano. Por tanto, en el momento actual corresponde realizar el análisis previo a la emisión del concepto, según lo precisado en el artículo 502 del referido ordenamiento, sobre los siguientes puntuales aspectos: validez formal de la documentación allegada por el país requirente; demostración plena de la identidad de la persona solicitada; concurrencia del principio de la doble incriminación, según el cual “el hecho que motiva” la solicitud también debe estar “previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años”; y acreditación de la “equivalencia de la providencia proferida en el extranjero” con la acusación propia del sistema procesal colombiano.

Pues bien, en relación con cada uno de tales aspectos se tiene:

1. Validez formal de la documentación.

Según lo establece el artículo 495 del estatuto procesal penal, la solicitud de extradición debe efectuarse por vía diplomática y de manera excepcional por la consular o de gobierno a gobierno, adjuntando copia auténtica del fallo o de la acusación proferida en el extranjero, con indicación de los actos que determinan la petición,EXTRADICIÓN N° 26037

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10 Corte Suprema de Justicia República de Colombia así como del lugar y fecha en que fueron ejecutados, los datos que permitan identificar plenamente al reclamado y copia auténtica de las disposiciones penales aplicables al caso; documentos que deben ser expedidos en la forma establecida por la legislación del país reclamante y traducida al castellano, si fuere el caso. A su vez, el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989, dispone en el numeral 118 de su artículo 1º que los documentos públicos otorgados en un país extranjero por uno de sus funcionarios o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República y, en su defecto, por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron de acuerdo con la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y si se trata de

agente consular de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el Cónsul Colombiano, disposición aplicable al caso en virtud del principio de integración normativa previsto en el artículo 25 y el inciso último del artículo 495 del estatuto procesal penal. Los mencionados requisitos legales, sin lugar a dudas, se encuentran orientados a exigir que como sustento de una solicitud de extradición, el Estado requirente debe remitir en todos los casos y sin excepción alguna, los soportes de la misma pero no deEXTRADICIÓN N° 26037

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11 Corte Suprema de Justicia República de Colombia manera simple, sino con el lleno de las referidas exigencias formales. Advertido lo anterior, se observa que el Gobierno de los Estados Unidos de América solicita por vía diplomática la extradición del ciudadano colombiano JUAN DIEGO VILLAMIL MEDINA a través de su Embajada en Colombia y que para tal efecto anexó copia de la resolución de acusación No. S2 05 Cr. 965, dictada por el Gran Jurado ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Meridional de Nueva York, el 9 de marzo de 2006, en la cual se relacionan las conductas objeto de censura, así como los lugares y fechas de su ocurrencia. También allegó copia de la orden de captura expedida en contra de JUAN DIEGO VILLAMIL MEDINA por la Corte Distrital para el Distrito Meridional de Nueva York, el 9 de marzo de 2006,

para que responda por el cargo de “Concierto para importar heroína y cocaína”. Igualmente, fueron aportadas las declaraciones juradas de Daniel L. Stein , Asistente Fiscal de los Estados Unidos para la Unidad de Tráfico Internacional de Narcóticos de la división de lo penal de la Fiscalía de los estados Unidos para el Distrito Meridional de Nueva York, a través de la cual realiza una presentación de los procedimientos policiales y judiciales efectuados, así como del compromiso de responsabilidad del solicitado y de Jarot Forget ,EXTRADICIÓN N° 26037

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12 Corte Suprema de Justicia República de Colombia Agente Especial de la Administración Antinarcóticos (DEA) de los Estados Unidos, quien actuó como investigador en las averiguaciones que determinaron la acusación presentada contra el requerido en extradición, quien además de confirmar los pormenores de los cargos, especificó los datos de identidad del acusado y las disposiciones normativas aplicables al caso. Los referidos documentos obran en traducción al castellano certificada y autenticada conforme a la legislación propia del Estado requirente, cuentan con la certificación de autenticidad expedida por Jason E. Carter , Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quien es reconocido en tal condición por el Procurador del mismo país, Alberto R. Gonzales. Igualmente, aparece certificación sobre la referida documentación suscrita por Condoleezza Rice , Secretaria de Estado de los Estados Unidos y Sonya N Johnson , Auxiliar de

Autenticaciones del Departamento de Estado, cuya firma aparece autenticada ante la Cónsul de Colombia en Washington D.C. A partir, entonces, de tales documentos, es claro que el primer requisito exigido por el artículo 502 de la Ley 906 de 2004 se encuentra suficientemente acreditado.

2. Demostración plena de la identidad del solicitado.EXTRADICIÓN N° 26037

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13 Corte Suprema de Justicia República de Colombia La anunciada exigencia, cuya evaluación debe efectuar la Sala en el concepto que le corresponde emitir, apunta a establecer que la persona procesada (acusada o condenada) en el país reclamante, es la misma sometida al trámite de extradición, sin que ello implique determinar su verdadera identidad, pues para tenerlo por acreditado suficiente resulta que exista plena coincidencia entre una y otra de tales personas. Sobre el particular se tiene que el Gran Jurado ante la Corte acusa a JUAN DIEGO VILLAMIL MEDINA ; la orden de arresto fue librada en contra del mismo y tanto en la Nota Diplomática 1354 del 6 de junio de 2006, remitida tiempo antes de que se produjera su captura, como en la Nota Verbal número 2064 del 18 de agosto abril de la misma anualidad, por cuyo medio se formaliza la solicitud de extradición, se indican el referido nombre y apellido del reclamado y se precisa que el solicitado es “también conocido como “Juancho”, es ciudadano de Colombia, nacido el 31 de agosto de 1974 en Colombia. Es portador de la cédula colombiana N° 10.489.793…” La persona capturada por orden del Fiscal General de la Nación con fines de extradición se identificó como JUAN DIEGO

Colombia. Es portador de la cédula colombiana N° 10.489.793…” La persona capturada por orden del Fiscal General de la Nación con fines de extradición se identificó como JUAN DIEGO VILLAMIL MEDINA, con cédula de ciudadanía número 10.489.793 y así se ha notificado de diversas decisiones adoptadas en el marco de este trámite.EXTRADICIÓN N° 26037

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14 Corte Suprema de Justicia República de Colombia De lo expuesto puede concluirse que en punto de la plena identidad del ciudadano colombiano solicitado en extradición no existe dubitación alguna, en tanto que con los mismos datos con que fue solicitado se ha identificado y firmado en repetidas oportunidades, quien sobre el particular tampoco ha elevado cuestionamiento alguno dentro de esta actuación. De conformidad con lo anterior, estima la Sala satisfecha la exigencia legal de la plena identidad del solicitado en extradición.

3. Principio de la doble incriminación.

En el análisis de la operatividad de este principio debe la Sala establecer si los comportamientos delictivos que se imputan al requerido en el país solicitante tienen en Colombia la misma naturaleza, esto es, que también sean considerados como conductas ilícitas y que, además, tengan señalada como sanción una pena mínima no inferior a cuatro (4) años de prisión. Dado que se trata de un mecanismo de cooperación internacional, el mencionado cotejo debe adelantarse con base en los preceptos internos vigentes para el momento en que se rinda el

concepto, motivo por el cual resulta improcedente la aplicación del principio de favorabilidad con ocasión del tránsito legislativo, en cuanto los preceptos del país requerido no son objeto de aplicación por parte del Estado reclamante1.

1 Cfr. Concepto del 22 de julio de 2004. Rad. 22206, entre otros.EXTRADICIÓN N° 26037

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15 Corte Suprema de Justicia República de Colombia JUAN DIEGO VILLAMIL MEDINA es solicitado para dar respuesta a la resolución de acusación No. S2 05 Cr. 965, dictada por el Gran Jurado ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Meridional de la Nueva York, el 9 de marzo de 2006, por el cargo de “Concierto para importar heroína y cocaína”, en la cual se anota: “CARGO UNO. Concierto para importar heroína y cocaina. El Gran Jurado acusa que: 1. Comenzando en o alrededor de julio de 2004 a más tardar, hasta e inclusive el 30 de enero de 2006 o alrededor de esa fecha, en el Distrito Meridional de Nueva Cork y en otros lugares, los acusados …JUAN DIEGO VILLAMEL (sic) MEDINA, alias “Juancho,… y otros conocidos y desconocidos, con conocimiento de causa e intencionada e ilícitamente se combinaron, concertaron, se confederaron y acordaron entre si y juntos para violar las leyes antinarcóticos

de Estados Unidos.

2. Como parte y Objeto del Concierto, los acusados …JUAN DIEGO VILLAMEL (sic) MEDINA, alias “Juancho” y otros tanto conocidos como desconocidos importaban y de hecho importaron hacía Estados Unidos desde un lugar fuera del país una sustancia controlada, a saber, un Kilogramos y más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad perceptible de cocaína en violación a las secciones 812, 952

(a) y 960 (b) (1) (A) del Título 21 del Código de Estados

Unidos.EXTRADICIÓN N° 26037

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3. Como parte y objeto adicionales del concierto, los acusados …JUAN DIEGO VILLAMEL (sic) MEDINA, alias “Juancho” y otros tanto conocidos como desconocidos importaban y de hecho importaron hacía Estados Unidos desde un lugar fuera del país una sustancia controlada, a saber, un Kilogramos y más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad perceptible de cocaína en violación a las secciones 812, 952

(a) y 960 (b) (1) (B) del Título 21 del Código de Estados Unidos. Las normas que consideran violadas las autoridades de ese país son las Secciones 812, 952 (a) y 960 (b) (1) (A) y (B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos. Título 18, Sección 812 “Tabla de sustancias controladas

Tabla I. (b) A menos que sea específicamente excluido o que esté incluido en otra tabla, cualquiera de los siguientes derivados del opio, sus sales, isómeros y sales de isómeros, siempre que sea posible que tales sales, isómeros y sales de isómeros existan dentro de la designación química específica: (10) Heroína. Tabla II. “(a) A menos que sea específicamente excluida o que esté incluido en otra tabla, cualquiera de las siguientes sustancias, ya sea producida directa o indirectamente mediante la extracción a partir de sustancias de origen vegetal o en forma independiente por medio de síntesis química, oEXTRADICIÓN N° 26037

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17 Corte Suprema de Justicia República de Colombia mediante una combinación de extracción y síntesis química: (4) la cocaína, sus sales, sus isómeros ópticos y geométricos, y las sales de sus isómeros.” Título 21, Sección 952 (a): “Importación de sustancias controladas: a). Sustancias controladas de la Tabal I y II y drogas narcóticas de la Tabal III, IV o V; excepciones: Será ilegal importar hacia el territorio aduanero de los Estados Unidos desde cualquier lugar fuera de ese territorio (pero dentro de los Estados Unidos), o importar hacia los Estados Unidos desde cualquier lugar fuera de ese país, una sustancia controlada de la Tabla I o II del subcapítulo I de este capítulo, o cualquier droga narcótico de la Tabla III, IV o V del

Subcapítulo I de este capítulo, con la excepción de que: (1) Tal cantidad de opio crudo, paja de adormidera, concentrado de paja de adormidera y hoja de coca que el Fiscal General viere necesarios para los propósitos médicos o científicos u otros productos legítimos y, (2) Tal cantidad de cualquier sustancia controlada de la Tabla I o II o cualquier droga narcótica de la Tabla III, IV o V que el Fiscal General viere necesario para los propósitos médicos o científicos o para otras necesidades legítimas de Estados Unidos….EXTRADICIÓN N° 26037

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18 Corte Suprema de Justicia República de Colombia Podrán ser importadas conforme a las reglas que dispusiere el Fiscal General. Ninguna cantidad de opio crudo podrá ser importado para la fabricación de heroína o el opio para fumar. Título 21, Sección 960 (b) (1) (A) y (B): “(b) penas. (1) En el caso de una violación al subcapítulo (a) de esta sección, que trata de – (A) un Kilogramo o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad perceptible de heroína. (B) 5 Kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad perceptible de: … (ii) cocaína, sus sales, sus isómeros ópticos y geométricos, y las sales de los isómeros el que cometa dicha infracción a la ley será castigado con la pena de al menos 10 años de

prisión y no más que la cadena perpetua , con una multa que no deberá exceder de lo autorizado en el título 18 o US$ 4,000.000 si el reo es individuo, o con ambas penas. La conducta por la cual se acusó a JUAN DIEGO VILLAMIL MEDINA se encuentra tipificada en el artículo 340 del Código Penal, modificado por los artículos 8° de la Ley 733 de 2002 y 14 de la Ley 890 de 2004, cuyo texto es el siguiente: “Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuatro (4) a nueve (9) años”. “Cuando el concierto sea para cometer delitos de tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas (…)EXTRADICIÓN N° 26037

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19 Corte Suprema de Justicia República de Colombia lavado de activos (…) la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil (2.000) hasta veinte mil (20.000) salarios mínimos legales mensuales”. Así las cosas, al cotejar las normas invocadas por Estados Unidos como país requirente, con las disposiciones internas de Colombia, fácilmente se advierte que la conducta de concierto para delinquir, agravada por la naturaleza de los actos, tratándose de delito relacionado con el narcotráfico, se encuentra penalizada tanto

allí como acá. Adicional a lo anterior se observa que los comportamientos por los cuales fue acusado el requerido en extradición por parte del Gran Jurado ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Meridional de Nueva York, se encuentra sancionado en la legislación punitiva de Colombia con pena privativa de la libertad superior a cuatro (4) años. En suma, estima la Sala que se encuentra satisfecha la exigencia de la doble incriminación, dado que, además, la mencionada conducta no corresponde a delitos políticos o de opinión.

4. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero con la acusación del sistema procesal colombiano.

Al respecto, compete a la Sala señalar en el concepto si el acto judicial por cuyo medio se acusa al reclamado en extradiciónEXTRADICIÓN N° 26037

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20 Corte Suprema de Justicia República de Colombia en el Estado requirente es equivalente a la resolución de acusación propia del sistema procesal colombiano. Según se ha señalado en forma reiterada, no se trata de una identidad entre ambas decisiones judiciales, pues lo importante es establecer que con ellas se abre el paso al juicio donde se debatirá la acusación, que en tal pieza procesal aparezca un relato sucinto del comportamiento imputado con especificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar y su calificación jurídica, con el correspondiente señalamiento de los preceptos aplicables. Como sin dificultad puede observarse, es evidente que la acusación No. S2 05 Cr. 965, dictada por el Gran Jurado ante la

Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Meridional de Nueva York JUAN DIEGO VILLAMIL MEDINA , al igual que ocurre con la demanda acusatoria en el ordenamiento interno colombiano, marca el comienzo del juicio, en el cual el acusado tiene la oportunidad de controvertir las pruebas y los cargos por los cuales se le acusa. Además, según la documentación debidamente aportada por vía diplomática, autenticada y traducida, la acusación señala los cargos imputados y las disposiciones del país requirente que se estimaron violadas; también aparecen relacionados los lugares de ocurrencia de los comportamientos ( Distrito Meridional de Nueva York y otros lugares ), su época (“ Comenzando en o alrededor deEXTRADICIÓN N° 26037

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21 Corte Suprema de Justicia República de Colombia julio de 2004 a mas tardar, hasta e inclusive el 30 de enero de 2006 o alrededor de esa fecha ”) y el nombre del acusado, JUAN DIEGO VILLAMIL MEDINA También se allegaron declaraciones juradas rendidas por Daniel L Stein, Asistente Fiscal en la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Meridional de Nueva York y de TJarod Forget , Agente Especial de la Administración Antinarcóticos (DEA) de los Estados Unidos, las cuales apoyan la actuación y señalan el compromiso de responsabilidad del requerido, luego es evidente la equivalencia entre la acusación del Gran Jurado y la establecida en

nuestro sistema, obviamente, se trata de una equivalencia material y no de identidad de formas. Lo anterior es suficiente para decir que ninguna razón asiste al señor defensor en cuanto a que una y otra no son equivalentes. Por tanto, estima la Sala que esta exigencia se encuentra acreditada, pues la acusación del Gran Jurado es equivalente a la acusación de que tratan los artículos 336 y 337 de la Ley 906 de 2004. Cuestión final Resta señalar que como ha sido criterio reiterado de la Sala, corresponde al Gobierno Nacional condicionar la entrega del reclamado, en el evento de que acceda a la extradición, a que noEXTRADICIÓN N° 26037

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22 Corte Suprema de Justicia República de Colombia podrá ser juzgado por hechos anteriores al 17 de diciembre de 1997, ni diferentes a los que motivan la solicitud, ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes ni podrá ser impuesta la pena de cadena perpetua o confiscación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política de Colombia. Por lo expuesto, la