CSJ - SP27145(26-09-2007)

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

EXTRADICIÓN No. 27145

JAIME SATIZÁBAL VEGA

Proceso No 27145

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente

JAVIER ZAPATA ORTIZ

Aprobado Acta No. 181 Bogotá D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil siete (2007). La Embajada de los Estados Unidos de América solicitó la extradición del ciudadano colombiano JAIME SATIZÁBAL VEGA, para que comparezca en juicio por delitos federales de lavado de dinero. Surtido el traslado que establece el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, la Sala de Casación Penal rinde el concepto que en derecho corresponde.República de Colombia

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ANTECEDENTES

1. Con la Nota Verbal No. 2878 del 3 de noviembre de 2006, la Embajada de los Estados Unidos de América solicitó la detención provisional con fines de extradición, del ciudadano colombiano JAIME SATIZÁBAL VEGA, para comparecer en juicio por delitos federales de lavado de dinero. En esa oportunidad se informó que el requerido es ciudadano colombiano, nacido el 23 de julio de 1955 y portador de la cédula No.

19.330.683.

2. Recibida la Nota Verbal, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió copia a la

Fiscalía General de la Nación, entidad que ordenó la captura con fines de extradición, mediante resolución de diciembre 18 de 2006, la cual se materializó el día 30 de enero de 2007 en la ciudad de Bogotá, por funcionarios del DAS.

3. Con la Nota Verbal No. 0698 del 13 de marzo de 2007, la Embajada de los Estados Unidos de América formalizó la solicitud de extradición, en la cual se extractan los hechos y las pruebas que fundamentan las imputaciones delictivas contenidas en la Acusación Sustitutiva No. 06-007 (WHW), dictada el 20 de junio de 2006, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, indicando que entre febrero de 2002 y julio de 2005, Carlos Gasca y JAIME SATIZÁBAL VEGA participaron en una operación internacional de lavado de dinero (fls 126 y ss. cdno. anexo)República de Colombia

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3 Con la nota diplomática fueron remitidos los siguientes documentos, autenticados y traducidos al castellano, para sustentar la solicitud de extradición: 3.1. Declaración jurada, rendida el 6 de marzo de 2007 por Margaret Ann Mahoney, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey. Se refirió al procedimiento cumplido por el Gran Jurado para dictar la acusación, concretó los

cargos y las leyes pertinentes de los Estados Unidos y presentó una síntesis de los hechos que dieron lugar a la solicitud de extradición. (fls. 64 y ss cdno. anexo). 3.2. Transcripción de las disposiciones penales sustantivas supuestamente transgredidas por el requerido en extradición (fls. 60 y ss cdno. anexo). 3.3. La Acusación Sustitutiva No. 06-007 (WHW), dictada el 20 de junio de 2006, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey. 3.4. Copia de la orden de captura proferida en contra del requerido (fl. 37 cdno anexo). 3.5. Declaración jurada, rendida el 6 de marzo de 2007, en apoyo a la extradición, por Brian Iandoli, Agente Especial para el Control de Drogas (DEA), quien proporcionó información adicional sobre la investigación, la evidencia que compromete al requerido y la identidad de éste (fls. 30 y ss.)

4. El Ministerio del Interior y de Justicia estimó que el expediente se encontraba completo y la solicitud de extradición formalizada, por lo cual, lo envió a la Sala de Casación Penal para lo de su competencia. Adjuntó el concepto rendido por el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio Relaciones Exteriores, en el sentido que por no existirRepública de Colombia

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JAIME SATIZÁBAL VEGA 4 tratado de extradición aplicable entre Estados Unidos y Colombia, es procedente obrar de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico penal colombiano.

5. El requerido designó un apoderado de confianza, con el cual se inició el

4 tratado de extradición aplicable entre Estados Unidos y Colombia, es procedente obrar de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico penal colombiano.

5. El requerido designó un apoderado de confianza, con el cual se inició el correspondiente trámite, se corrió traslado para la práctica de pruebas y para alegar, pero de éste término sólo hizo uso el Ministerio Público.

ALEGATOS DE LAS PARTES

1. El Procurador Cuarto Delegado para la Casación Penal efectuó un recuento de los antecedentes del trámite de extradición y de los documentos aportados con la solicitud. Además, indicó que las conductas que motivaron la solicitud de extradición fueron realizadas con posterioridad al Acto Legislativo No. 01 de 1997 que reformó el artículo 35 de la Constitución Nacional, por lo que ningún condicionamiento existe en relación con el marco temporal de los comportamientos.

Tampoco existe obstáculo en cuanto al lugar de ocurrencia de los hechos, dado que al ciudadano requerido se le imputa el cargo de concertación para infringir las leyes de los Estados Unidos, relacionadas con el narcotráfico, comportamiento de carácter transnacional. En cuanto a la normatividad aplicable señala que ante la ausencia de convenio vigente entre el país requirente y el requerido, debe aplicarse el Código de Procedimiento Penal Colombiano. Seguidamente señaló que el concepto debe fundarse exclusivamente en los aspectos a que hace referencia la Ley 906 de 2004, artículo 502 y procedió a su análisis, así:República de Colombia

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JAIME SATIZÁBAL VEGA 5 1.1. Validez formal de la documentación aportada: Los documentos fueron

artículo 502 y procedió a su análisis, así:República de Colombia

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JAIME SATIZÁBAL VEGA 5 1.1. Validez formal de la documentación aportada: Los documentos fueron presentados por la vía diplomática y aparecen traducidos. En ellos se indican las conductas que motivaron la solicitud, su lugar, fecha de comisión y datos necesarios para establecer la plena identidad del solicitado; además, obran copias del texto de las normas que describen las conductas delictuales por las cuales se dictaron las referidas acusaciones. Los documentos fueron debidamente certificados por los correspondientes funcionarios del país requirente y, por ello, la agencia del ministerio público estima que tienen validez formal y satisfacen las exigencias del ordenamiento jurídico. 1.2. Demostración de la plena identidad del requerido en extradición: Las Notas Verbales que soportan la extradición identificaron al ciudadano solicitado en extradición y en su contra se libró orden de captura. Posteriormente, al notificarse de la aprehensión con fines de extradición, se identificó con la cédula No.19.330.683, lo que permite evidenciar que se trata de la misma persona.

1.3. Principio de la doble incriminación: Es requisito indispensable que el hecho que motiva la solicitud de extradición, también esté previsto como conducta punible en Colombia y reprimido con sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años. Seguidamente transcribió los cargos endilgados en la resolución de acusación, ya que

es con ella que debe efectuarse la confrontación y dado que la conducta imputada es la de concierto para lavado de activos, concluye que existe doble incriminación porqueRepública de Colombia

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JAIME SATIZÁBAL VEGA 6 los artículos 340 y 323 del Código Penal sancionan dichos ilícitos con penas que satisfacen el límite mínimo de la pena de prisión exigido.

1.4. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero: El pronunciamiento judicial remitido por el país requirente que contiene el acta de cargos proferida por el Tribunal Distrital de los Estados Unidos, responde a la resolución de acusación de la legislación procedimental colombiana. Destaca que en efecto, la acusación del país solicitante refiere en detalle los comportamientos por los cuales se acusa al requerido, señala los supuestos de hecho que fundamentan la decisión, la respectiva adecuación a las normas del país extranjero y determina la persona en quién recae el compromiso penal. Esta decisión da inicio a la etapa del juicio, igual que la resolución de acusación en Colombia. Acorde con lo expuesto, solicita emitir concepto favorable a la extradición de JAIME SATIZÁBAL VEGA, exhortando de manera previa al Gobierno Nacional para que advierta al país extranjero que el requerido sólo podrá ser juzgado por las conductas que generan su extradición, de acuerdo con los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos y según lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 34 de la

Constitución Política, no podrá ser sometido a pena de muerte, desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. CONSIDERACIONES DE LA SALARepública de Colombia

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7 Debido a que no existe tratado de extradición aplicable entre los Estados Unidos y Colombia, según lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, y porque los hechos ocurrieron hasta julio de 2005, como se afirma en la acusación, el concepto que le corresponde emitir a la Sala de Casación Penal en este trámite de extradición se rige por el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004). De conformidad con el artículo 502 del Código de Procedimiento Penal, la Corte Suprema de Justicia fundamentará su concepto en: (i) la validez formal de la documentación presentada, (ii) demostración plena de la identidad del solicitado, (iii) el principio de la doble incriminación, (iv) la equivalencia de la providencia dictada en el extranjero y, (v) cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos. Tal como lo advierte el Delegado del Ministerio Público, convergen los anteriores requisitos, por lo cual se emitirá concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano, JAIME SATIZÁBAL VEGA, previo análisis de los tópicos legales enunciados en precedencia:

1. VALIDEZ FORMAL DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA. 1.1. El Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), artículo 49 5, dispone que

legales enunciados en precedencia:

1. VALIDEZ FORMAL DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA. 1.1. El Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), artículo 49 5, dispone que la solicitud de extradición debe ser presentada por vía diplomática o en casos excepcionales por la consular o de gobierno a gobierno, adjuntando: i) copia o transcripción auténtica de la sentencia, de la resolución de acusación o su equivalente; ii) indicación exacta de los actos que determinaron la solicitud de extradición y el lugar y la fecha en que fueron ejecutados; iii) todos los datos que seRepública de Colombia

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JAIME SATIZÁBAL VEGA 8 posean y que sirvan para establecer la plena identidad de la persona reclamada; y iv) copia auténtica de las disposiciones penales aplicables para el caso. Tales documentos deben ser expedidos de acuerdo con la forma señalada por la legislación del Estado requirente y se traducirán al castellano, si fuere necesario. 1.2. El artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º, numeral 118 del Decreto 2282 de 1989, estipula que “Los documentos públicos otorgados en el país extranjero por funcionario de éste o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si

una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el Cónsul colombiano.” 1.3. Aquellas exigencias fueron adecuadamente observadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América, pues, por vía diplomática presentó la solicitud, a través de su Embajada en Colombia, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a dicha solicitud se anexaron copias de la Acusación Sustitutiva No. 06-007 (WHW), dictada el 20 de junio de 2006, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey y de las declaraciones rendidas por Margaret Ann Mahoney, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey y Brian Iandoli, Agente Especial para el Control de Drogas (DEA).República de Colombia

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9 Dichos documentos fueron autenticados según lo dispuesto en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual se presume que fueron otorgados conforme con el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos; siendo, por tanto, factible admitirlos como medios de prueba en este trámite. En efecto, el Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo

Penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, certificó que copias fieles de los testimonios rendidos por Margaret Ann Mahoney, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey y Brian Iandoli, Agente Especial para el Control de Drogas (DEA), se mantienen en los archivos oficiales del Departamento de Justicia de Washington D.C. de los Estados Unidos de América. (fl. 121 cdno anexo) El Procurador de los Estados Unidos, Alberto R. Gonzales, hizo constar que para ese entonces Jason E. Carter desempeñaba el cargo de Director Asociado, de la Oficina de Asuntos Internacionales, de la División de lo Penal, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en Washington D.C., quien con ese propósito hizo estampar el sello del Departamento de Justicia y solicitó que diera fe de su firma. (fl. 122 cdno. anexo) La Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, certificó que al documento anexo se le fijó el sello del Departamento de Estado y que el Funcionario Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado, Fernesia T. Crawford, suscribió su nombre. (fl.124 cdno. anexo) El Cónsul de Colombia en Washington (e), Carlos Andrés Hurtado Pérez, certificó que es auténtica la firma de Fernesia T. Crawford (fl. 125 cdno. anexo)República de Colombia

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10 Los mencionados documentos fueron traducidos al castellano por la Embajada de los

Estados Unidos de América y en conjunto con las Notas Verbales permiten establecer claramente las conductas imputadas, el lugar y la fecha de su ejecución y se acreditan los hechos que sucedieron en el país requirente, cumpliendo así la exigencia de la Constitución Política, artículo 35, según la cual se concederá la extradición de colombianos de nacimiento por delitos cometidos en el exterior. En consecuencia, se verifica que se encuentran reunidas las exigencias del artículo 495 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), con lo cual se satisface el requisito de la validez formal de la documentación presentada con la solicitud de extradición.

2. DEMOSTRACIÓN PLENA DE LA IDENTIDAD DEL SOLICITADO La información que contiene la documentación aportada para el presente trámite permite a la Sala deducir que JAIME SATIZÁBAL VEGA, privada de la libertad con fines de extradición, es la misma persona requerida por el Gobierno de los Estados

Unidos de América. Así se infiere valorando conjuntamente los datos suministrados por el país requirente en las notas diplomáticas y en los testimonios rendidos en apoyo de la solicitud de extradición, lo consignado en la orden de captura, en la notificación de la orden de captura contra el requerido y en la actitud asumida por éste en el curso del trámite.República de Colombia

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JAIME SATIZÁBAL VEGA 11 2.1. La Nota Verbal No. 2878 de noviembre 3 de 2006, mediante la cual fue solicitada

la detención provisional, hace saber que el requerido se llama JAIME SATIZÁBAL VEGA, que es ciudadano colombiano, nacido el 23 de julio de 1955 y portador de la cédula de ciudadanía No. 19.330.683. 2.2. La Nota Verbal No. 0698 de marzo 13 de 2007 que formalizó la solicitud de extradición, las declaraciones rendidas en apoyo de dicha solicitud y la resolución que ordenó la captura, emitida por el Despacho del Fiscal General de la Nación, reiteran y ratifican la información relativa a la identidad del ciudadano requerido. 2.3. Al momento de notificar la orden de captura y en el acta de derechos del capturado, JAIME SATIZÁBAL VEGA se identificó con la misma cédula; además, su identidad no ha sido objeto de cuestionamiento alguno a lo largo del trámite. Se evidencia así que JAIME SATIZÁBAL VEGA, es la misma persona que reclama el Gobierno de los Estados Unidos de Norte América.

3. PRINCIPIO DE LA DOBLE INCRIMINACIÓN.

Establece el numeral 1° del artículo 493 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), que para conceder u ofrecer la extradición es necesario que el hecho que la motive también esté previsto en Colombia como delito y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años.República de Colombia

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JAIME SATIZÁBAL VEGA 12 3.1. En la Acusación Sustitutiva No. 06-007 (WHW), dictada el 20 de junio de 2006, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, en la que se formulan los siguientes cargos:

“CARGO 1

en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, en la que se formulan los siguientes cargos:

“CARGO 1

(Conspiración para cometer lavado de dinero) (…)

12. Desde el mes de febrero de 2000 o alrededor de esa fecha hasta el mes de julio de 2005 o alrededor de esa fecha, en Somerset, en el Distrito de Nueva Jersey, y en otros lugares, los acusados, … JAMIE (SIC) SATIZABAL,…a sabiendas de que el bien involucrado en las transacciones financieras representaban las ganancias provenientes de la de alguna forma de actividad ilegal, y a sabiendas de que las transacciones estaban estructuradas en su totalidad o en parte para ocultar y encubrir la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad y el control de las ganancias de una actividad ilícita especificada, específicamente la transferencia, entrega, u otra disposición de moneda de los Estados Unidos superior a los $10.000.000 que eran las ganancias provenientes del narcotráfico, en contravención del Título 18m Código Federal de los Estados Unidos, Sección 1956 (a)(1)(B)(i)” 3.2. El delito de concierto para el lavado de activos, endilgado a JAIME SATIZÁBAL

VEGA, es también punible en Colombia, pues configura el injusto de concierto para delinquir previsto en el artículo 340, inciso 2 del Código Penal, Ley 599 de 2000, modificado por la Ley 1121 de 2006, artículo 19, que sanciona con prisión de 8 a 18 años a quienes se concierten con el fin de cometer delitos de lavado de activos. También el ilícito de lavado de activos previsto en el Código Penal, artículo 323, modificado por la Ley 747 de 2002, artículo 8 y por la Ley 1121 de 2006, artículo 17,República de Colombia

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JAIME SATIZÁBAL VEGA 13 está sancionado con pena privativa de la libertad de ocho (8) a veintidós (22) años, lo que evidencia el cumplimiento del principio de la doble incriminación, dado que el citado delito se encuentra tipificado en Colombia y la sanción prevista no es inferior a cuatro (4) años de prisión.

4. EQUIVALENCIA DE LA PROVIDENCIA PROFERIDA EN EL EXTRANJERO Por disposición del numeral 2° del artículo 493 del Código de Procedimiento Penal

(Ley 906 de 2004), para que pueda ofrecerse o concederse la extradición, es necesario que el país reclamante haya proferido en contra del requerido, resolución de acusación o su equivalente. Tal exigencia se cumple también frente a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano JAIME SATIZÁBAL VEGA, formalizada por el Gobierno de los Estados

Unidos de América, toda vez que la Acusación Sustitutiva No. 06-007 (WHW), dictada el 20 de junio de 2006, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, es equivalente al escrito de acusación establecido en los artículos 336 y 337 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004). En efecto, la Resolución de Acusación, en conjunto con las declaraciones y documentos que se acompañan, permite establecer las conductas endilgadas al ciudadano requerido, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron ejecutadas, la individualización concreta del acusado, las pruebas que le sirven de sustento y, las disposiciones jurídicamente relevantes. Por tanto, da lugar a la fase del juicio, en la cual tendrá el procesado la oportunidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción frente a los cargos a él atribuidos.República de Colombia

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14 La Sala ha sostenido que a pesar de no existir coincidencia exacta entre los sistemas procesales del Estado requerido y el Estado peticionario, existen similitudes que las tornan equivalentes: a) Es un escrito de acusación en el cual se atribuyen los cargos en contra de la acusada para que se defienda de ellos en el juicio. b) Formulada la acusación se inicia el juicio oral que finaliza con el respectivo fallo de mérito. c) Se señalan los hechos, con especificación de las circunstancia de tiempo modo

y lugar en que ocurrieron y la calificación jurídica de las conductas, con indicación de las disposiciones sustanciales aplicables.1 Por lo tanto, puede concluirse que esta exigencia legal también se satisface

5. CONCLUSIONES Los anteriores razonamientos permiten concluir a la Sala que están dadas las exigencias legales para conceptuar de manera favorable respecto de los cargos a que se refiere la solicitud de extradición del ciudadano colombiano JAIME SATIZÁBAL

VEGA. Sin embargo, el Gobierno debe determinar si el requerido es investigado o ya fue juzgado en Colombia por los hechos por los cuales es solicitado en extradición y atendiendo lo dispuesto en el artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), puede subordinar la concesión de la extradición a las condiciones que

1 Concepto de Extradición de marzo 27 de 2007, radicado 25431.República de Colombia

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JAIME SATIZÁBAL VEGA 15 considere oportunas, así como exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos anteriores, diversos de los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido a sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la eventual condena, ni sometido a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, ni desaparición forzada, por el país solicitante, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 y 34 de la Constitución Política de Colombia. Además, la Sala ha de indicar que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2º del artículo

189 de la Constitución Política, corresponde al señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento. Cabe subrayar que JAIME SATIZÁBAL VEGA se encuentra privado de la libertad desde el treinta (30) de enero de 2007 y que el tiempo que ha permanecido privado de la libertad en razón del trámite de extradición, debe ser tenido en cuenta como parte de la pena que podría llegar a imponerse en el país requirente. En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición de JAIME SATIZÁBAL VEGA, identificado con la cédula No. 19.330.683, solicitado por los cargos atribuidos en la Acusación Sustitutiva No. 06-007 (WHW), dictada el 20 de junio de 2006, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey.República de Colombia

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16 Hágasele conocer el presente concepto a JAIME SATIZÁBAL VEGA, a su defensor, al Agente del Ministerio Público y al Fiscal General de la Nación. Devuélvase el expediente al Ministerio del Interior y de Justicia para lo de su competencia.

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO Cita medica SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS Aclaración de voto

competencia. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO Cita medica SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS Aclaración de voto AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCARepública de Colombia

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MAURO SOLARTE PORTILLA JAVIER ZAPATA ORTIZ

TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria ACLARACIÓN DE VOTO Con el respeto que siempre profeso por las decisiones de la Sala, expongo a continuación los aspectos que, en mi sentir, deben incluirse en los conceptos de extradición que emite la Corte frente a trámites que involucran ciudadanos colombianos por nacimiento, particularmente cuando se desarrollan en ausencia de cláusulas pactadas en instrumentos internacionales de carácter bilateral o multilateral, en la forma de condicionamientos que el Gobierno Nacional debería exigir al momento de acceder a la entrega de un connacional, además de los que se le vienen sugiriendo de manera común.República de Colombia

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JAIME SATIZÁBAL VEGA

18 La posición que he venido sustentando en Sala y que no ha tenido acogida, descansa en que la Corte al asumir la función de

conceptuar, no sólo ha de tener como guía los parámetros que sobre la materia están fijados en el ordenamiento procesal penal patrio, sino que, además, su misión también debe estar influida por la regla del artículo 2º de la Constitución, pues en cuanto órgano máximo de la jurisdicción ordinaria y, por tanto, componente esencial en la estructura del Estado Social de Derecho, también debe velar por la efectividad de los principios –entre ellos el fundante de la dignidad humana-, derechos y deberes consagrados en la Carta; defender la independencia nacional y proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades. En ese orden de cosas, estimo que es preciso advertir en el concepto sobre la necesidad de plantear otras condiciones a la entrega del reclamado, derivadas del hecho de que el acto de extradición no implica que el extraditado pierda la nacionalidadRepública de Colombia

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JAIME SATIZÁBAL VEGA 19 colombiana, lo cual sólo ocurre frente a los presupuestos señalados en el artículo 98 de la Constitución. En tales condiciones, cuando la entrega en extradición de un nacional colombiano se tramita y agota, en ausencia de un convenio multilateral o bilateral sobre la materia, con arreglo a la Constitución y a la ley, debe tenerse en cuenta que a diferencia de lo que ocurre si se hubiera adelantado conforme a un instrumento internacional en el cual las partes acuerdan condiciones que pueden significar la restricción de ciertos

derechos, en virtud a la configuración del Estado colombiano como social y democrático de derecho, en el cual es base fundamental el respeto a la dignidad humana (artículo 1º de la Carta), las condiciones que se deben exigir al país reclamante tienen que estar ligadas con la observancia allí de los derechos y garantías que cobijarían al solicitado de ser juzgado en Colombia. Eso es así, porque al acceder a la extradición de un colombiano por nacimiento el Estado, a través del GobiernoRepública de Colombia

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JAIME SATIZÁBAL VEGA

20 Nacional, renuncia a la potestad de ejercer su propia jurisdicción, pero no a la obligación de proteger al extraditado, pues en tanto siga siendo súbdito de Colombia, tiene derecho a todas las prerrogativas, garantías y derechos que emanan de la Constitución y la ley, en particular, aquellos que se relacionan con su calidad de procesado y que tienen que ver con la dignidad humana. Así las cosas, siendo el marco esencial de la figura de la extradición lo señalado en el artículo 35 de la Constitución, que fija un sistema de fuentes 2 para que se solicite, conceda u ofrezca, que son los tratados públicos y, en su defecto, la ley, es preciso comentar que como no hay un instrumento vigente de esa naturaleza que ligue a Colombia con Estados Unidos en el tema de extradición, el ámbito para evaluar la procedencia de una solicitud, concesión u ofrecimiento de extradición entre los dos países es el Código de Procedimiento Penal.

2 Corte Constitucional, sentencia C-740/00.República de Colombia

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21

países es el Código de Procedimiento Penal.

2 Corte Constitucional, sentencia C-740/00.República de Colombia

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JAIME SATIZÁBAL VEGA

21 Obsérvese que los preceptos que desarrollan la extradición tanto en la Ley 600 de 2000 como en la ley 906 de 2004, además de reiterar las reglas constitucionales (improcedencia por delitos políticos, o la de colombianos por nacimiento por hechos cometidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997 –artículo 508 y artículo 490, respectivamente-); fijan el organismo al que le corresponde ofrecer o conceder la extradición de u