CSJ - SP28435(04-02-2009)

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Teresa de Jesús Castaño Grajales República de Colombia Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente

JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS Aprobado acta N 027

Bogotá, D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil nueve (2009). VISTOS La Corte resuelve el recurso de casación interpuesto por el defensor de TERESA DE JESÚS CASTAÑO GRAJALES contra el fallo proferido el 30 de mayo de 2007 por el Tribunal Superior de Manizales que, al confirmar con algunas modificaciones la decisión emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de la misma ciudad, el 23 de marzo de 2004, la condenó a las penas principales de 42 meses de prisión, multa de $349.076.721.00 e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la sanción privativa de la libertad, como autora del delito de enriquecimiento ilicito, según lo previsto en el artículo 148 del Decreto 100 de 1980. HECHOS El Tribunal Superior de Manizales los sintetizó de la siguiente manera: Rad. 28435. CASACIÓN / Teresa de Jesús Castaño Grajales República de Colombia Corte Suprema de Justicia "Mediante escrito anónimo enviado a la Fiscalía General de la Nación el 2 de abril de 2001, se denunciaron, a partir de la grave situación económica de la Central Hidroeléctrica de Manizales, los malos manejos, las contrataciones irregulares y las sobrefacturaciones que la habrían

ocasionado. "En tal sentido, fue señalada como uno de los funcionarios responsables de tal situación, la señora TERESA DE JESÚS CASTAÑO GRAJALES, quien para la fecha ostentaba el cargo de subgerente comercial de la CHEC y desde tiempo atrás ejercía poder directivo en la empresa, en representación del grupo político al que pertenece, quien habría incrementado su patrimonio de manera considerable, sin que su salario justificare tales montos. Así se afirmó que la denunciada posee varios inmuebles que fueron relacionados, para cuya adquisición no recurrió a créditos hipotecarios, a más de que anualmente viaja al exterior con recursos propios. ACTUACIÓN PROCESAL En virtud de una denuncia anónima, la Dirección Seccional de Fiscalías de Manizales, mediante resolución del 14 de agosto de 2001, designó el conocimiento del diligenciamiento a la Fiscalia Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Manizales que, el 20 de febrero de 2002, dispuso la apertura de la instrucción. 7

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Teresa de Jesus Castaño Grajales República de Colombia Corte Suprema de Justicia Recibida las indagatorías de Teresa de Jesús Castaño Grajales y Oscar Darío Llano Arrubla, incorporados al diligenciamiento plural prueba de carácter pericial contable y cerrada la investigación, el mérito del sumario se calificó el 4 de septiembre de 2002 con resolución de acusación contra los citados procesados por el delito de enriquecimiento ilícito, según lo previsto en el artículo 148 del Decreto 100 de 1980, decisión que al ser

recurrida fue confirmada el 29 de noviembre de 2002. La etapa del juicio la tramitó el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales que, luego de cumplir con los ritos de ley, el 23 de marzo de 2004, dictó sentencia de primera instancia en la que condenó a Teresa de Jesús Castaño Grajales a las penas principales de 48 meses de prisión, multa de $457.989.540.00 e interdicción de derechos y funciones publicas por el mismo lapso de la sanción privativa de la libertad, como autora del delito de enriquecimiento ilícito. De la misma manera, le negó la prisión domiciliaria. Así mismo, absolvió a Oscar Darío Llano Arrubla. Apelado el fallo por el fiscal y el defensor, el Tribunal Superior de Manizales, el 30 de mayo de 2007, lo confirmó en lo fundamental, toda vez que condenó a la acusada Teresa de Jesús Castaño Grajales a las penas principales de 42 meses de prisión, multa de $349.076.721.00 e interdicción de derechos y funciones publicas por el mismo término de la sanción privativa de la libertad, como autora del delito de enriquecimiento ¡lícito, según lo previsto en el artículo 148 del Decreto 100 de 1980.

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Teresa de Jesús Castaño Grajales República de Colombia Corte Suprema de Justicia LA DEMANDA DE CASACIÓN El defensor de Teresa de Jesús Castaño Grajales presenta cuatro cargos contra la sentencia de segunda instancia, así: Primer cargo Basado en la causal primera de casación, acusa al Tribunal de haber

violado, de manera indirecta, la ley sustancial por erores de hecho derivados de falsos juicios de existencia y de identidad, que condujeron a la aplicación indebida del artículo 148 del Decreto Ley 100 de 1980. Considera que los errores de apreciación probatoria se presentan a) sobre los ingresos por venta de café y, b) los rendimientos financieros que obtuvo la incriminada en su actividad económica, motivo por el cual procede a dividir el cargo en los siguientes acápites: a) Ingresos por ventas de café. En lo atinente a las ventas de café, indica que la sentencia de condena no acepta como ciertos todos los ingresos por dicho concepto, dado que no logró establecerse en el proceso que la totalidad de facturas allegadas correspondieran a la actividad cafetera de quienes fueron procesalmente vinculados. A continuación pasa a relacionar apartes de la sentencia y destaca que el Tribunal no precisó a cuáles declarantes se refería, al indicar que varios de ellos concumieron para certificar que es costumbre de los propietarios de Rad. 28435. CASACIÓN / Teresa de Jesús Castaño Grajales República de Colombia Corte Suprema de Justicia fincas vender café a nombre de terceros y anotaron que por lo regular se trataba de familiares, mayordomos o trabajadores, por cuanto que, en su criterio, deponentes como Betsabé Betancurt, Carlos Arturo Cardona, Emey Salazar, Octavio Quintero, Julio César López y Jaime González Botero señalaron que lo usual es que la ventas se hagan a nombre de diferentes personas, sin poner condición de que deben ser cercanas.

Respecto a que el juzgador no aceptó todas las ventas reportadas, se basa en la afimación del Tribunal, según la cual, a través de Octavio de Jesús Quintero se logró determinar que Oscar Dario Llano llevaba “contabilidad sistematizada de su actividad agrícola", deducción a la que arribó al examinar la pregunta referida a si llevaba contabilidad, a lo cual el declarante dijo que “era muy metódico en ese sentido; la verdad pues no me consta pero se que él es muy práctico en eso”. En lo que atañe a la posición del juzgador de segundo grado consistente en no aceptar la certificación expedida por el Comité de Cafeteros sobre la productividad de la finca de los Llano-Castaño, que corresponde al año 2000, dice que el fallador ignoró lo expresado por Libardo Morales García, quien fue administrador de la finca hasta el año 1992 aproximadamente, persona que informó que cuando se retiró de la finca estaba “toda mejorada". Y, por último, en lo que tiene que ver con la afirmación del juzgador respecto que no admitió en su totalidad los ingresos por ventas de café, porque Oscar Darío Llano no recordó nombres de las personas que le

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Teresa de Jesús Castaño Grajales República de Colombia Corte Suprema de Justicia vendían el café y que aparecen en múltiples facturas, afirma que si bien en la indagatoria le fue dificil recordar los nombres, también lo es que sostuvo que no le era imposible, lo cual, según el libelista, constituye una tergiversación del Tribunal, pues le asigna a las palabras del indagado un alcance que no tiene, en la medida en que si en la mentada diligencia no

recordó, tal circunstancia no significa que no pudiera aportar las facturas. b) Ingresos por rendimientos financieros Dice que al proceso se incorporaron documentos que acreditan los rendimientos financieros pagados a su representada a partir de 1995, tema que la sentencia acepta como debidamente acreditado de manera parcial. Argumenta que la diferencia entre los dineros demostrados con los documentos y los aceptados por el Tribunal provienen de rendimientos, pero la fecha que expresa éste se funda en que éstos tuvieron origen en recursos que no se encuentran debidamente justificados. Asi, califica como tergiversación del Tribunal que de la suma obtenida cada año sólo hubiese aceptado una parte y, por ello, al no admitir la cantidad restante como ingresos, la excluye, no obstante provenir de rendimientos financieros las inversiones realizadas con ese dinero, yerro que condujo a considerar incremento patrimonial no justificado obtenido por razón del cargo o de sus funciones, inferencia que no comparte. Manifiesta que una cosa es el incremento patrimonial no justificado en razón del cargo, y otra es que de ese incremento se obtengan

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Teresa de Jesús Castaño Grajales República de Colombia Corte Suprema de Justicia rendimientos. Bajo la anterior perspectiva, complementa, para efectos de la tipicidad en la conducta de enriquecimiento ilícito resulta necesario acreditar la relación de causalidad entre el cargo y el incremento, situación que no ocurió en este supuesto. Por lo expuesto, depreca a la Corte casar la sentencia y, en su lugar, dictar una de carácter absolutorio. Segundo cargo De igual manera, con base en la causal primera de casación, acusa al

Tribunal de haber violado, de manera directa, la ley sustancial por falta de aplicación del artículo 204 de la Ley 600 de 2000. Afirma que si bien el Tribunal redujo la pena, al hacerlo se basó y tuvo en cuenta criterios que la agravan, violando así la prohibición de la reformatio in pejus, en tanto que estimó, al corregir la sanción de 48 meses que determinó el juez de primera instancia, que éste se había ubicado en los cuartos medios, pero al graduarla en el primer cuarto, e imponer el tope del mismo (42 meses), en consideración a la gravedad y modalidades del hecho punible y del grado de culpabilidad, también incurrió en un desatino, habida cuenta que esas mismas circunstancias el juez a quo las habiía considerado para un aumento de pena en seis (6) meses, que equivale a la sexta parte del rango de movilidad entre 42 y 78 meses. En tales condiciones, estima que la pena debía ser el mínimo del primer cuarto aumentado en tres (3) meses, y al no hacerse la graduación de tal ZA

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Teresa de Jesús Castaño Grajales República de Colombia Corte Suprema de Justicia manera se valoró más drásticamente la punibilidad, con lo cual se infringe el artículo 204 del Código de Procedimiento Penal. Por manera que considera que se debe casar la sentencia y dictar una de reemplazo que reduzca la pena impuesta a veintisiete (27) meses. Tercer cargo Anota que el juzgador violó, de manera directa, la ley sustancial por falta de aplicación del 38 del Código Penal.

Acota que la negativa del juzgador de conceder la detención domiciliaria a su defendida no se ampara en la inexistencia de alguno de los requisitos o presupuestos que la ley procesal exige para tales efectos, sino en un escrito de un penalista argentino y otro colombiano que, por supuesto, no se refieren al caso, y en la trascripción de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia donde al parecer se la niegan a un procesado que cometió un delito muy grave que la cita no especifica. Dice que si bien las trascripciones del fallador para negar la detención domiciliaria se refieren a la corrupción y a la necesidad de combatirla, esa apreciación no puede ser suficiente para dejar de lado el pago de la pena de manera extramural, teniendo en cuenta que no todos los delitos de enriquecimiento ilícito son de la misma gravedad, y éste se materializa por no poder justificar en un momento dado un incremento patrimonial, situación distinta a quienes como funcionarios se apoderan de los recursos oficiales.

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Teresa de Jesús Castaño Grajales República de Colombia Corte Suprema de Justicia Por lo expuesto, solicita casar parcialmente la sentencia y, por lo mismo, conceder a la procesada la detención domiciliaria. Cuarto cargo Basado en la causal segunda de casación, asevera que la sentencia es parcialmente incongruente con la resolución de acusación. Estima que el Tribunal al determinar el monto de la multa como equivalente al valor del incremento patrimonial injustificado, no podía extender a lo no demostrado la acción de extinción de dominio, como lo señaló en la parte

considerativa y resolutiva de la sentencia recurrida, pues tal situación desborda el marco trazado por la fiscalia en su providencia, y la toma incongruente. En consecuencia, pide a la Corte casar la sentencia y, en su lugar, dictar una de reemplazo que no desborde la suma señalada por la Fiscalía como incremento patrimonial. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA PARA LA CASACIÓN PENAL Primer cargo Conceptúa que la censura no está llamada a prosperar, toda vez que los ingresos por ventas de café que el casacionista cuestiona a través de un error de hecho por falso juicio de existencia no se cometieron. Así, luego de transcribir un fragmento del fallo impugnado, aduce que el juzgador de 7

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Teresa de Jesús Castaño Grajales República de Colombia Corte Suprema de Justicia segundo grado dio las razones por las cuales acogió como ingresos lícitos las ventas de café y la productividad de la finca a partir del año 2000, los que se adujeron como pruebas para justificar el incremento patrimonial de los incriminados. De la misma manera, dice que en esta sede no resulta razonable considerar ahora que tiene mayor peso probatorio el testimonio de una sola persona, ante el volumen probatorio analizado por el Tribunal. De ahi que insista en anotar que la prueba objeto de controversia fue razonablemente valorada por los jueces de instancia, en conjunto y a la luz de los principios de la sana crítica y, por consiguiente, no se ha incurrido en yerro alguno. Respecto al acápite denominado ingresos por ventas de café que el censor

postula por la vía del error de hecho por falso juicio de identidad, opina, después de copiar otro fragmento del fallo atacado, que fueron veintidós los declarantes que concurrieron en la etapa de audiencia pública, y varios de ellos para certificar que era costumbre de los propietarios de fincas vender café a nombre de terceros. Cuando estos declarantes señalan, complementa, que era usual o costumbre que los propietarios de fincas cafeteras vendieran café a nombre terceros, debe entenderse, como lo estima el Tribunal, que se trataba de personas distintas de los propietarios y en ellos deben incluirse los parientes, el mayordomo y demás trabajadores; entonces, no encuentra la Delegada cuál es la tergiversación, distorsión o desfiguración que se ha producido con los testimonios recibidos en la audiencia, y tampoco se 10

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Teresa de Jesús Castaño Grajales República de Colombia Corte Suprema de Justicia vislumbra incidencia de tales dichos en el fallo definitivo, por cuanto éste se ha construido con base en otro sinnúmero de pruebas que analizaron los jueces de instancia, como el aporte de facturas, el informe del organismo cafetero departamental y el dictamen del perito del C. T. ., entre otras. En cuanto al reparo atribuido al juzgador por no haber admitido las facturas de ventas llevadas al proceso, partiendo de lo señalado por Octavio de Jesús Quintero, referido a la contabilidad sistematizada que se llevaba, acota que el Tribunal dijo que con apoyo en la labor investigativa del C.T.I.,

se deteminó que a travées del señor Octavio de Jesús Quintero, mayordomo de la finca, Dario Llano acostumbraba a llevar contabilidad sistematizada de su actividad agricola. Pero así mismo, a renglón seguido, señaló que varios caficultores afirmaron que Llano Arrubla era sumamente ordenado en el aspecto contable por ser ingeniero agrónomo y laborar en el Comité de Cafeteros de Caldas, donde asesoraba caficultores, circunstancias que unidas al hecho de que los procesados tenían para el año 2000 fincas altamente tecnificadas, como certificó el Comité de Cafeteros, permitian inferir el manejo de una contabilidad. En tales condiciones, manifiesta que no fue con el testimonio del administrador que se presumió el manejo de una contabilidad en la producción de café de la finca de los Llano-Castaño, sino que ademas del alcance objetivo que se otorgó al relato del administrador, en armonia con otros medios de prueba se logró establecer el hecho que pretende desestimar el casacionista.

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Teresa de Jesús Castaño Grajales , República de Colombia Corte Suprema de Justicia Ahora bien, en lo que respecta a la presunta tergiversación del testimonio de Oscar Dario Llano, argumenta que sobre la dificultad o imposibilidad de recordar éste la identidad de personas que a su nombre y de su esposa compraron café, ello no puede representar tergiversación alguna, pues el adjetivo empleado en el ejercicio mental que hiciera el indagado resulta intrascendente ante la consideración efectuada por el juez de segunda

instancia, al admitir como medio de convicción parte de las facturas que se arrimaron al proceso, cuando dijo: ...esta Sala de Decisión se limitará a aceptar, en lo que a ventas de caté se refiere, aquellas (facturas) cuyo origen se demostró, vale decir, aquellas en las cuales figuran los enjuiciados o su familia y aquellas personas que conforme a la misión de trabajo adelantada por el C. T. 1., laboraron para éstos,...” En sintesis, advierte que éste recordara o no nombres de personas que compraban café a su nombre, no tuvo infiuencia en el resuitado del proceso, pues se vino a establecer que de todos esos nombres que figuran en las facturas, sólo los correspondientes a él y su esposa, sus familiares y dependientes, fueron los admitidos probatoriamente para ser tenidos en cuenta en el monto de las ventas de café. Por último, en lo que atañe al capítulo que el casacionista denominó ingresos por rendimientos cafeteros que ataca a través del error de hecho por falsos juicios de identidad, asevera que la hipótesis que ensaya se entiende en razón a los intereses que defiende en beneficio de la señora Teresa de Jesús Castaño Grajales, pero no puede ser aceptada por no resultar acertada, ya que el Juez sentenciador de segundo grado en su 12 VA

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Teresa de Jesús Castaño Grajales República de Colombia Corte Suprema de Justicia fallo fue claro en expresar porqué no acogió la totalidad de los rendimientos presentados para el escrutinio. Asi, colige que una cosa es admitir los rendimientos que se obtienen de un

dinero determinado, y otra bien distinta, establecer que no todos esos corresponden a origen lícito, y es allí en donde radica la diferencia con lo expresado entre el fallador y el casacionista. En otras palabras, el enriquecimiento ilícito que se investigó en el presente caso, corresponde al periodo en que la incriminada Teresa de Jesús Castaño Grajales se desempeñó como funcionaria de la CHEC en cargos de confianza y dirección entre los años de 1995 a 2000, en los cuales tuvo incrementos no justificados en su patrimonio. Entonces, mal podría admitirse tales rendimientos como incremento lícito. Por manera que la censura no está llamada a prosperar. Segundo cargo Estima el representante del Ministernio Público que el fallo proferido por el Tribunal en contra de Teresa de Jesús Castaño Grajales no ha agravado la pena, toda vez que la impuesta por el juez a quo, 48 meses, se redujo a 42 meses, y tampoco el quantum finalmente impuesto se encuentra afectado por falta de motivación, pues mientras el juez de primera instancia esgrime como fundamento los artículos 61 y 67 del Código Penal anterior, Decreto 100 de 1980, que daba al juez una discrecionalidad no reglada para moverse en el ámbito de la punibilidad, 13 Í |

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Teresa de Jesús Castaño Grajales República de Colombia ' Corte Supt1ma ;a Justicia el Tribunal individualizó la pena con apoyo en el sistema de cuartos, ubicándose en el primero, que tiene como tope en su límite superior la cifra

de 42 meses que fue la impuesta, lo cual se ajustó a los parámetros señalados en los artículos 54 a 61 de la Ley 599 de 2000, considerando la gravedad y modalidades del hecho punible y el grado de cuipabilidad que había tenido en cuenta el juez penal del circuito en su momento. Asi, el reparo efectuado por el demandante carece de vocación de éxito. Tercer cargo Áduce que las consideraciones expuestas por el juez de primer grado para no otorgar la “suspensión de la ejecución" de la pena impuesta en la sentencia, tienen que ver con la ausencia de los requisitos previstos en el artículo 63 del Código Penal, los cuales no se cumplian en el aspecto objetivo, y en el subjetivo estimó que tampoco estaban dados las condiciones para la sustitución de la prisión. De ahi que haya dispuesto que la pena se cumpliera en establecimiento carcelario. Destaca que el cargo que por falta de aplicación del artículo 38 del Código Penal plantea el casacionista no tiene vocación de éxito, máxime cuando Su argumento no es más que su personal valoración, sin que en modo alguno ponga en evidencia un yerro de derecho o de actividad que conduzca a la Corte a intervenir como tribunal de casación. En consecuencia, sugiere que el cargo no está llamado a prosperar. !4

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Teresa de Jesús Castaño Grajales República de Colombia Corte Suprema de Justicia Cuarto cargo Después de definir el instituto de extinción de dominio, dice que conforme a la autonomía que caracteriza dicha acción, puede afirmarse que en el caso que ocupa la atención de la Corte, el proceso que se lleve a cabo sobre

extinción de dominio tendrá su propio desarrollo y para nada incidirá el resultado del presente. Asi, se advierte de lo expresado por la Corte Constitucional en sentencia que trascribe. Entonces, el reclamo que formula el demandante no está llamado a prosperar porque lo presuntamente agregado por los falladores de instancia no representa incongruencia alguna, ya que, como se deduce, puede ser considerado o no en el nuevo procedimiento que con la acción de extinción de dominio se inicie. Por lo expuesto, solicita a la Corte no casar el fallo impugnado.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE Primer cargo

1. El defensor de la procesada, con base en la causal primera de casación, acusa al Tribunal de haber violado, de manera indirecta, la ley sustancial derivada de errores de hecho por falsos juicios de existencia y de identidad,

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Teresa de Jesús Castaño Grajales República de Colombia Corte Suprema de Justicia yerros que condujeron a la aplicación indebida del artículo 148 del Decreto 100 de 1980. Anota que respecto a los ingresos por venta de catfé el fallo impugnado no aceptó todos los valores por dicho concepto, argumentando que no se logró demostrar que la totalidad de las facturas correspondían a la actividad cafetera, en tanto que no precisó a cuáles declarantes se refería, cuando razonó que varios de ellos habían informado que constituía costumbre de los propietarios de las fincas vender café a nombre de terceros. Sin embargo, dice que en el proceso obran testimonios que confirman lo anterior, pero sin poner la condición de que se trata de personas cercanas, esto es, familiares, mayordomos o trabajadores.

Y, por último, en lo atinente a los ingresos por rendimientos financieros, acota que en el trámite obran documentos que indican que a su representada le fueron pagados los mismos a partir de 1995, situación que fue aceptada de manera parcial en el fallo inpugnado.

2. Frente al primer motivo de censura que postula el casacionista, esto es, lo atinente a los ingresos por ventas de café, acto en el cual se ignoró el testimonio de Libardo Morales García, ex administrador de la finca de la procesada y de su cónyuge, vale destacar inicialmente que'í error de hecho por falso juicio de existencia se comete cuando el juzgador en la apreciación probatoria, es decir, al momento de valorar conjunta y mancomunadamente las pruebas, supone un medio de convicción que no obra en el diligenciamiento o excluye uno, los que tenían la capacidad de

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Teresa de Jesús Castaño Grajales República de Colombia Corte Suprema de Justicia probar circunstancias que eliminan, disminuyen o modifican la decisión absolutoria o de condena. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, surge diáfano que el casacionista parte de supuestos distintos a los plasmados en el fallo, respecto a la presunta productividad que tenía la finca, puesto que la certificación expedida por el Comité de Cafeteros no fue acogida por el Tribunal de manera total. Para el juzgador fue evidente que la proyección realizada por el Comité de Cafeteros se hizo sobre presupuestos no demostrados, por cuanto el cálculo efectuado por la citada entidad acerca de la probable producción

cafetera de los predios de los procesados y su rentabilidad, sólo obedece a cómputos efectuados a partir del estado en el cual se hallaban los predios para el año 2000, cuando ya habían sido objeto de tecnificación y habían alcanzado su máxima productividad,..En tal sentido, ninguna explicación lógica se brindó acerca de un hecho evidente: Mientras para los primero (años) la gran parte de las facturas aparecen a nombre de terceros, para los años 1999, 2000 y 2001, la mayoría de facturas aportadas están a nombre de los procesados, familiares suyos o del mayordomo de las fincas, Octavio Quintero, circunstancia que corrobora la afirmación efectuada por esta Judicatura Plural, en el sentido de que en la medida que los predios se tecnificaban, la producción se iba acrecentando”. "En efecto, el análisis financiero con el cual se pretende justificar el incremento patrimonial obtenido por el concepto de venta de café para el 17

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Teresa de Jesús Castaño Grajales República de Colombia Corte Suprema de Justicia periodo señalado, parte de supuestos que no solamente no fueron demostrados, sino que en este momento no resultan susceptibles de verificación, pues como ya se señaló, debieron probarse con los respectivos registros contables, o cuando menos con declaraciones a partir de las cuales se pudiera constatar a ciencia cierta que el café que aquellos ferceros aparecen vendiendo provenía de las fincas de propiedad de los enjuiciados...”. Por manera que en este particular evento no se puede predicar que el

testimonio de Morales García no fue objeto de actividad probatoria, habida cuenta que el hecho que se pretendía demostrar fue objeto de análisis y confrontado con los demás elementos de juicio. Así mismo, como lo recuerda el Procurador Delegado, el juzgador de primera instancia también analizó el punto, concluyendo: “"Respecto de los múltiples testimonios recepcionados en la audiencia pública, ni quitan ni ponen a lo hasta aquí argumentado, habida cuenta que tales declaraciones se refirieron en su mayoría a las ventas de café que hacía el señor LLANO ARRUBLA, lo que ya está probado con la inmensa cantidad de facturas que había aportado la defensa...” (Folio 35 sentencia juzgado 2 penal Circuito de Manizales). De lo anterior se colige que la prueba objeto de controversia fue razonablemente valorada por los jueces de instancia, en conjunto y a la luz de los principios de la sana crítica y, por consiguiente, no se ha incurrido en yerro alguno.

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Teresa de Jesús Castaño Grajales República de Colombia Corte Suprema de Justicia Ingresos por ventas de café. Falsos juicio de identidad. De común acuerdo con la Delegada y verificado el trámite surtido en la etapa del juicio, fueron 22 los testimonios que concurrieron al acto público con el fin de certificar que era costumbre de los propietarios de fincas vender café a nombre de terceros, elementos de juicio que fueron apreciados de manera objetiva sin que hubiesen sido objeto de tergiversación por parte de los juzgadores de instancia. Mirese cómo el Tribunal dedujo de las afimaciones hechas por los

declarantes, según las cuales, constituía costumbre que los cafeteros vendieran café a nombre de terceros, que debía entenderse que se trataba de personas distintas a los propietarios, entre los cuales, se hallaban los parientes, el mayordomo y demás trabajadores. De ser ello así refulge evidente que los sentenciadores no cometieron el alegado error de hecho por falso juicio de identidad en los testimonios recibidos en el acto de la audiencia pública. Ademas, la conclusión a que llegó el sentenciador no se construyó a partir del dicho de los mentados deciarantes sino que fue elaborada bajo el sustento de otras pruebas que fueron incorporadas al diligenciamiento, tales, como, las facturas, el informe del comité de cafeteros, el dictamen del perito del Cuerpo Técnico de Investigación, entre otros. Así mismo, es verdad, como lo destaca el casacionista, que los falladores de instancia no admitieron todas las facturas de venta llevadas al proceso 19

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Teresa de Jesús Castaño Grajales República de Colombia Corte Suprema de Justicia con el objeto de demostrar la procedencia licita del incremento patrimonial de la acusada. No obstante, para llegar a esa conclusión no solo tuvieron en cuenta el testimonio de Octavio de Jesús Quintero sino también la labor investigativa realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación que deteminó que el señor Oscar Darío Llano acostumbraba a llevar contabilidad sistematizada de su actividad agricola. De la misma manera, indicaron que varios caficultores afirmaron que el señor Llano era una persona muy ordenada en el aspecto contable, en la

medida en que ostentaba la profesión de ingeniero agricola y que laboraba en el Comité de Cafeteros de Caldas, aspectos fácticos que unidos al hecho de que los procesados tenían para el año 2000 fincas tecnificadas, permitieron inferir en la existencia y manejo de una contabilidad. En consecuencia, contrario a lo afirmado por el libelista, el juzgador no solo tuvo en cuenta el testimonio del administrador para inferir la existencia y manejo de una contab