CSJ - SP29029(20-02-2008)

«04/lea de cae4rné/21 Casación 29.0291 JA ¡RO PALACIO PATIÑO y Otro <arte 9;rotez (le jkftiria,

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

Aprobado Acta No. 33 Bogotá, D.C., veinte de febrero de dos mil ocho. VISTOS Se pronuncia la Sala sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por el defensor de los procesados JARO PALACIO PATIÑO y JHON JAIRO IZASA MUÑOZ, contra el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Superior de Pereira, fechado el 26 de julio de 2007, mediante el cual confirmó integralmente la sentencia proferida, el 19 de septiembre de 2006, por el Juzgado Penal del Circuito de Desquebradas, Risaralda, condenando a sus representados legales a la pena principal de 322 meses y 20 días de prisión, en calidad de coautores de los t.(cid:9) «yxWea,dr (ailandia Casación 29.029 JA/RO PALACIO PAT/ÑO y Otro 'arete (a(0—, cfamict delitos de homicidio agravado, (cid:9) hurto calificado agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Además, se impuso la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, por lapso de veinte años, el pago, a título de perjuicios morales, del equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, y se negó a los procesados el subrogado de la

suspensión condicional de la ejecución de la pena. LOS HECHOS Fueron narrados en la sentencia de segundo grado, del siguiente tenor: "El 20 de noviembre del año 2004, aproximadamente a las 18:30 horas, agentes de la policía retuvieron en la carrera 16 con calle 81 de la mencionada ciudad, el vehículo SUZUKI LJ-80 de placas NEJ-637, modelo 80, dentro del cual se movilizaban JA/RO PALACIO PA TIÑO y otro individuo que inicialmente dijo llamarse MAURICIO MORALES PESCADOR, pero identificado posteriormente como JHON JAIRO ISAZA MUÑOZ, en razón a que dicho automotor llevaba el vidrio panorámico roto; además, la sospecha de que se estaba ante la presencia de un ilícito se acrecentó, cuando el último de los mencionados presentaba ensangrentada una mano y el pantalón. 3 er gr9baWira C adondia Casación 29.029 JA/RO PALACIO PA TIÑO y Otro atle 9;0~ de fitellicia, C Como las explicaciones dadas no eran convincentes, se decidió por parte de los policiales conducirlos hasta el Comando para verificar la información y una vez allí, se reportó por parte de la central que el campero estaba relacionado con un caso de hurto y tentativa de homicidio en la persona de JOSÉ GENARO ÁLVAREZ AMAYA, verdadero propietario del mismo, el cual había acaecido minutos antes a la retención de los mencionados en el sector de la Vereda Aguazul de Dosquebradas.

Al día siguiente se tuvo conocimiento, que la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, a través de la Fiscalía 31 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Pereira, Risaralda, había practicado en el Hospital "San Jorge" una diligencia de inspección al cadáver de quien en vida respondía a JOSÉ GENARO ÁLVAREZ AMAYA, fallecido a consecuencia de impacto de proyectil disparado con arma de fuego" DECURSO PROCESAL La investigación preliminar fue iniciada de oficio por la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía de Pereira, el 21 de noviembre de 2004. Posteriormente, en esa misma fecha, dada la retención de los posibles autores del homicidio, a bordo del automotor hurtado a la víctima, la Fiscalía Secciona] 36 de Pereira, abrió formal instrucción, en la cual se ordenó vincular mediante indagatoria a g 4 «elieldieez de caakti,127, Casación 29.029 JAIRO PALACIO PATIÑO y Otro prte 9;brena detlidtkia ( JAIRO PALACIO PATIÑO y quien hasta ese momento se había identificado como MAURICIO MORALES PESCADOR. El 23 de noviembre de 2004, se recabó la injurada de los procesados, quienes, en ese acto, nombraron como su defensor de confianza al abogado GUILLERMO ESPINOSA MEJÍA. El 30 de noviembre de 2004, se resuelve la situación jurídica de los capturados JAIRO PALACIO PATIÑO y JHON JAIRO

IZASA MUÑOZ —luego de comprobarse que este era el nombre real de quien dijo llamarse Mauricio Morales Pescador-, decretándose en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad provisional, por los delitos de homicidio, hurto calificado agravado, y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego o municiones. Previa solicitud del defensor, el 19 de enero de 2005, la Fiscalía revocó la medida de aseguramiento dictada y ordenó la libertad inmediata de los procesados, por entender que se había «Oreiliecr caelorrs6122 Casación 29 029

JAIRO PALACIO PA TIÑO y Otro

5 Of ?arte erento de 51.illicirt modificado sustancialmente la situación probatoria que sirvió de soporte a su imposición. Como quiera que la Procuraduría interpuso y sustentó el recurso de apelación en contra de la decisión que revocó la medida de aseguramiento, el 27 de diciembre de 2005, la Fiscalía Tres Delegada ante el Tribunal Superior de Pereira, decidió revocar lo decidido por el A quo y, en consecuencia, dejó vigente la medida de aseguramiento decretada en disfavor de los procesados, librando, por consecuencia de ello, las correspondientes órdenes de captura. El 6 de enero de 2006, se decretó el cierre de la investigación. Durante el lapso de ejecutoria y de presentación de alegatos, el 16 de enero, se aprehendió a JAIRO PALACIO

PATIÑO.

Previo a la calificación del mérito del sumario, en escrito

presentado el 18 de enero de 2005, presentó renuncia al cargo de 6 gqbaWlea cle cadontév», Casación 29.029 Á

JA/RO PALACIO PATIÑO y Otro n

(a yele 99renta, cie ef1M11~ defensor de ambos procesados, el abogado Guillermo Espinosa Mejía. Por ocasión de ello, ese mismo día la fiscalía dispuso comunicar lo ocurrido a los procesados y designarles de oficio, mientras nombraban defensor de su confianza, al abogado

VIRGILIO QUINTERO RAMÍREZ.

El 20 de enero, ante designación previa que hiciera JAIRO PALACIO PATIÑO, se reconoció personería y posesionó como su defensor de confianza al profesional del derecho ALEJANDRO ALZATE URIBE. A la vez, se asignó a este la asistencia oficiosa

de JHON JAIRO IZASA MUÑOZ.

En el mismo auto se anota que "para garantizar el debido proceso se inician a partir del día 22 de enero los termino (sic) de ejecutoria del cierre de investigación al no haber tenido los sindicados defensor entre los días diecisiete a diecinueve de los corrientes". 7 «ralea de caninyriitir Casación 29.029 el JA/RO PALACIO PATIÑO y Otro a" fi: E n'e (j;brenza, de déMia El 10 de febrero de 2006, se calificó el mérito de la instrucción, profiriéndose resolución de acusación en contra de

JHON JAIRO IZASA MUÑOZ y JAIRO PALACIO PATIÑO, en

calidad de coautores de los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Ejecutoriada la resolución de acusación, toda vez que no se interpusieron recursos en su contra, el proceso le fue repartido para adelantar la fase del juicio, el 4 de abril de 2006, al Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda. El 5 de mayo de 2006, JAIRO PALACIO PATIÑO presenta escrito en el cual cambia de defensor y designa para que los siga representando en el proceso al abogado CÉSAR HELCÍAS HUERTAS VALENCIA, a quien de inmediato le reconoció personería para actuar el juzgado. Posteriormente, el profesional del derecho LEÓN ALEJANDRO ALZATE, envía libelo en el cual renuncia a seguir «99 aliéc& de Cadondice, Casación 29029 g 1." (cid:9) JAIRO PALACIO PA TIÑO y Otro (cid:9) , a it 91;bretzta cleilkite;eia representando a JAIRO PALACIO PATIÑO, pero nada dice en torno de la representación oficiosa que se le asignó a favor de

JHON JAIRO IZASA.

El 11 de mayo de 2006, tuvo lugar la audiencia preparatoria, a la cual acudieron JAIRO PALACIO PATIÑO y su defensor de confianza, más no el procesado JHON JAIRO IZASA, a quien, en esa misma diligencia, se le designó como defensor de oficio al

abogado CÉSAR HELCÍAS HUERTAS VALENCIA.

El 26 de mayo de 2006, operó la captura de JHON JAIRO

IZASA MUÑOZ.

El 5 de junio de 2006, el Juzgado Penal del Circuito emitió auto interlocutorio en el cual decretó la nulidad de lo actuado a partir, inclusive, del lapso otorgado a las partes para preparar la audiencia preparatoria, como quiera que se advirtió la renuncia presentada por el defensor de ambos procesados, a la cual no se le prestó atención y se continuó con el trámite del juicio. 9 (242/e/Mea, ck Cadornhi& (cid:9) Casación 29.029 JA/RO PALACIO PA TIÑO y Otro 9;tremez defi&z El 20 de junio de 2006, el defensor de los procesados presentó renuncia a la defensa de oficio asignada a favor de JHON JAIRO IZASA MUÑOZ, aduciendo que ya se hallaba representando, como defensor público, a JAIRO PALACIO PATIÑO, "y puede existir en la defensa conflicto de intereses". El despacho dio traslado de la renuncia al procesado IZASA MUÑOZ, quien designó como su defensor de confianza al profesional del derecho HÉCTOR HINCAPIÉ ESCOBAR, al cual se le concedió personería para actuar el 27 de junio de 2006. Empero, el 10 de junio de 2006, el profesional del derecho presentó renuncia al cargo, aduciendo diferencias respecto del pago de honorarios. De la renuncia se enteró al procesado, quien solicitó se le designara defensor oficioso, razón por la cual el juzgado asignó

para el efecto, el 11 de julio de 2006, al abogado Hoover Danilo Mejía Arcila. ,04 «efraca 04,7_5'o/cimba, Casación 29.029 JA/RO PALACIO PATIÑO y Otro Caoge 9120renw, de5M1Mia El 14 de julio de 2006, se realizó de nuevo la audiencia preparatoria. El 27 de julio de 2006, se dio comienzo a la audiencia de juzgamiento, culminándose ella el 29 de agosto de 2006. El 19 de septiembre de 2006 fue proferido el fallo de primera instancia, el cual fue corregido para rebajar la sanción accesoria de inhabilitación par el ejercicio de derechos y funciones públicas, a 20 años, a través de auto emitido el 29 de septiembre de 2006. En contra de la sentencia condenatoria sustentaron el recurso de apelación los defensores de los procesados. Finalmente, el 26 de julio de 2007, el Tribunal Superior de Pereira, profirió la sentencia de segundo grado, confirmatoria de lo decidido por el A quo. Por último, durante el trámite destinado a la interposición del recurso de casación, los procesados otorgaron para el efecto (cid:9) II Me)baca, ale cailentói‘t Casación 29.029/ JA/RO PALACIO PATINO y Otro an)Y• 9;01(~,a, detfidtleia, ) c poder al abogado Marino López Vélez, quien lo sustentó a favor de ambos.

LA DEMANDA

1. Cargo único.

Acudiendo a la causal tercera del artículo 207 de la Ley 600

de 2000, el recurrente, quien actúa a favor de ambos procesados y presenta argumento conjunto para ellos, acusa a la sentencia de haberse dictado en un juicio viciado de nulidad, dado que, afirma, los acusados "carecieron de defensa material y técnica durante un lapso importante y de relevancia dentro del proceso". Para el efecto, parte el demandante por citar las normas que dentro del proceso penal regulan el derecho de defensa (arts. 8, 9, 10, 13, y 15), el artículo 29 de la Constitución Política colombiana, y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 12 grrefiliea de c&dennba (cid:9) It Casación 29.029 JAIRO PALACIO PATIÑO y Otro 'arte G-215Arenr.57, 6113,AI:0kt A renglón seguido, destaca el recurrente cómo el defensor de los dos procesados renunció al encargo el día 17 de enero de 2006, ocurriendo que el 9 de febrero siguiente el acusado JAIRO PALACIO PATINO, ante la orfandad en la que se hallaba, solicitó se ampliara su injurada, sin que obtuviese respuesta, no empece a que "en ese interregno", se nombró al abogado ALEJANDRO ALZATE, sin que se entienda por qué, dado que reside él en la ciudad de Medellín "cuando en la región pululan abogados y opera con lujo de competencia la Defensoría Regional del Pueblo". Señala, además, el impugnante, que en el acta de notificación de la resolución de acusación "brilla por su ausencia

la notificación al defensor ALEJANDRO ALZA TE URIBE". Para ese efecto, añade, se comisionó a la fiscalía seccional de Medellín. Después, agrega el censor, se observa la constancia de notificación por Estado a los sujetos procesales que no fueron notificados personalmente del auto en cuestión, apareciendo 13 q grepttNiea, de (aVonnba, Casación 29.029. JA/RO PALACIO PA TIÑO y Otro caorte lit'reeinuz destleia, luego una constancia secretarial en la cual se hace ver que la providencia no fue recurrida. Ya posteriormente se agregó escrito sin fecha en el cual el defensor renuncia al cargo en lo que toca con JAIRO PALACIO PATIÑO, pero nada dice en relación con

JHON JAIRO IZASA MUÑOZ.

Esto conduce a afirmar, en palabras del casacionista, que "desde el 17 de enero de 2006, en el que el defensor de ambos sindicados renuncia a representarlos, hasta el 11 de mayo de 2006 cuando parece como defensor público de JAIRO PALACIO

PA TIÑO, el Doctor CESAR HELCIAS HUERTAS VALENCIA

(designación de mayo 4), a quien de inmediato se le designa como defensor de oficio de HJHON JA/RO ISAZA MUÑOZ, los dos hoy condenados en segunda instancia carecieron de defensor, ya que quien en papeles aparecía como su apoderado no se hizo notar en el proceso sino con un manuscrito donde renunciaba a un poder que nunca ejerció." A continuación, transcribe el demandante lo sostenido en la

audiencia preparatoria por la jueza a efectos de nombrar de oficio 14 de caVezimbia (cid:9) «;i5diliva g Casación 29 029 JA/RO PALACIO PA TIÑO y Otro c&lovele 91[0refita de,fid/Micr, a favor de JHON JAIRO ¡LASA MUÑOZ, al abogado de confianza designado por JAIRO PALACIO PATIÑO, y la forma en que el profesional del derecho solicitó se ordenara, a pesar de la extemporaneidad, la práctica de algunas pruebas, manifestando que en el término de 15 días destinado a los sujetos procesales para hacer tal solicitud, JAIRO PALACIO PATIÑO, no contó con defensor. Atendiendo a esas razones, la funcionaria decretó la prueba solicitada. Reconoce el recurrente que por ocasión de lo argumentado, el juzgado decretó la nulidad de parte de lo actuado, pero estima que se quedó corto el despacho, pues, la invalidación debió remitirse al momento en el cual se decretó el cierre de la instrucción, dado que si bien, el memorial de renuncia del defensor operó con posterioridad, en la práctica había cesado sus funciones desde mucho antes, al punto que no se notificó del auto de clausura de la instrucción ni presentó alegatos precalificatorios. Considera el impugnante que esa condición de "fantasma" del defensor de los procesados, dada su nula actividad en pro de 15 «yiemee de 'avenate(cid:9) t Casación 29.029

JA/RO PALACIO PATIÑO y Otro

pip , (cid:9) ?(cid:9) apee Oftitbrenw aletikuteva ( los intereses de estos, irradió un acto trascendente, cual debe predicarse de la calificación del mérito instructivo, impidiéndose que los acusados pudiesen presentar alegatos encaminados a obtener la preclusión o cuando menos hacer menos gravosa su condición, en yerro que se reiteró al obviarse controvertir a través de los recursos ordinarios la decisión de acusarlos. Y anota el demandante, citando el numeral 4° del artículo 398 del C. de P.P. "el mismo Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000, da como un hecho cierto, lógico, que al momento en que el fiscal pase a calificar el mérito de la instrucción, si esta va a consistir en resolución de acusación encontrará alegatos de los sujetos procesales". Entiende el casacionista que la no presentación de alegatos precalificatorios por parte de la defensa, conduce a la nulidad de la decisión de acusar a los procesados, por incumplimiento del requisito consagrado en el numeral 4° del artículo 398 de la Ley 600 de 2000, y así debió observarlo la fiscalía antes de calificar el mérito del sumario. 16 «tiviMec,b de Cldogniia ,,(cid:9) # Casación 29.029

JA/RO PALACIO PATIÑO y Otro

(arte Ortr'emrcr de flkilfria, Con ello, significa el recurrente comprobada la trascendencia de la omisión defensiva que dice entrever en el

profesional del derecho que se ocupó de esa tarea previo a la emisión de la resolución de acusación. Para soportar su posición, se ocupa el impugnante de transcribir apartes de jurisprudencia emitida por la Corte en punto del derecho de defensa técnica y su violación. Acorde con lo argumentado, finaliza su escrito el casacionista solicitando se case la sentencia, decretándose la nulidad de lo actuado desde el auto de cierre de la investigación, inclusive, y ordenando la libertad inmediata de sus protegidos legales. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Se ha anotado pacíficamente por la Corte, y ahora se reitera, cómo la demanda de casación ha de comportar un mínimo rigor lógico jurídico y argumental, pues, no se trata de hacer valer una ? 17 ffi;h11.11ieíb c4 Cadointier, (cid:9) Casación 29029/ JA/RO PALACIO PATIÑO y Otro” ai Caúre brema especie de tercera instancia que sirva de escenario adecuado a la controversia ya superada por los falladores de primero y segundo grados, en la cual se pretende anteponer el particular criterio o valoración probatoria, a aquel que sirvió de soporte a la decisión de los jueces A quo y ad quem, entre otras razones, porque a esta sede arriba la decisión judicial con una doble connotación de acierto y legalidad. Se faculta, por ello, que la dicha presunción sea quebrada a través de criterios claros, lógicos, coherentes y fundados, derivados del compromiso de demostrar la violación en la cual incurrió el fallador, suficiente para echar abajo el contenido de verdad de la

sentencia, en el entendido de que, de no haberse materializado el yerro, otra hubiese sido la decisión y precisamente así se ofrece trascendente recurrir al mecanismo extraordinario de impugnación. Esa naturaleza excepcional que reviste el yerro, dado lo ostensible del mismo, implica considerar que en la generalidad de los casos la sentencia reviste legalidad y no es común que las violaciones propias de las causales de casación se presenten. ) g 18 grcriliect (aiontéto (cid:9) Casación 29 029 JAIRO PALACIO P A(cid:9) TIÑO y Otr6 a rte 99frema ofefikilieia Desde luego que puede ser posible advertir en la tramitación judicial o el contenido de las decisiones, algunas irregularidades o yerros de fundamentación, pero esa sola advertencia, por ostensible que asome, no implica de suyo derrumbar lo actuado o resuelto, pues, como ya ha sido amplia y pacíficamente decantado por la jurisprudencia de la Sala, el yerro debe demostrarse trascendente, al extremo de significar que de no haberse presentado el mismo otra hubiese sido la decisión o las resultas del proceso. Ahora bien, en punto de nulidades ocasionadas por la presunta violación al derecho de defensa también ha sido bastante prolífica la producción jurisprudencial de la Corte en un tema de suyo subjetivo que dice relación con la independencia y autonomía propias del profesional del derecho en la que entiende él mejor manera de afrontar la estrategia defensiva, cuando claro se halla que en este tipo de temas no existen verdades reveladas ni mecanismos únicos y es precisamente la particularidad de cada

caso el factor a examinar para definir si hubo o no comportamiento negligente u omisivo y, a renglón seguido, si esta falta de actividad «Mitra, CaVo mAirt (cid:9) 19 Casación 29.029 / JA/RO PALACIO PATIÑO y Otro arraalpbrerrizr c/ejtal.e.eir ( tuvo efectos trascendentes que perjudicaron la condición sub iudice del vinculado penalmente. Porque, también se ha dicho reiteradamente, el solo silencio u omisión en presentar alegatos o controvertir las decisiones judiciales, no materializa "per se", la violación de los deberes del profesional del derecho, ni mucho menos conduce a significar automático el perjuicio para el procesado, dado que la mejor defensa no es necesariamente aquella que se caracteriza por la profusión en el alegato o la enconada controversia con lo decidido por los funcionarios judiciales. Tantas como abogados hay, pueden ser las estrategias defensivas pasibles de hacer operar en el proceso penal y ninguna de ellas debe ser descalificada de antemano solo porque el observador externo tenga una diferente óptica acerca de cómo pudo desarrollarse la labor en pro de la persona vinculada al proceso. 14 2 O «rade°, de cado/m.41a Casación 29.029 JA/RO PALACIO PATIÑO y Otro caerle 99reef tez de fiediedc Y, claro, ya "ex post" , cuando se conoce que la justicia ha fallado adversamente a los intereses del procesado, emitiendo sentencia de condena, siempre será posible aventurar muchas hipótesis que de manera más o menos elaborada indiquen factible

haber cambiado el curso de los hechos a favor del condenado. Pero, desde luego, no pueden ser estas lucubraciones el factor que soporte la existencia del vicio hecho radicar en la ausencia de defensa técnica, cuando claro se tiene que la tarea defensiva opera de medio y no de resultado. En consideración a ello, del demandante en casación se reclama, para que su postulación por la vía de la nulidad radicada en la falta de defensa técnica tenga buena fortuna, precisar adecuadamente los hechos, acorde con lo que el expediente informa, y a partir de allí determinar de manera objetiva no solo el comportamiento del profesional del derecho que se estima lesivo a los intereses del procesado, explicando por qué dentro del contexto concreto de lo habilitado en el expediente era otra la actividad que debía esperarse, sino los efectos que la omisión o mala praxis 21 441 greiteeMea de cailanko; Casación 29.029 JA/RO PALACIO PA TIÑO y Otro i; canrie 94bremet de t t'a tuvieron respecto de la condición particular del procesado, a la manera de entender que de haberse actuado como el recurrente lo postula, otra, bastante más favorable, hubiese sido la suerte de su protegido legal. Para el caso concreto, la Corte halla que el recurrente pasó por alto en su argumentación tan elementales principios de fundamentación, razón suficiente para que la demanda basada en un único cargo de nulidad deba ser inadmitida. En efecto, una primera crítica que debe hacerse a lo registrado en la demanda, radica en su falta de fidelidad con lo que la revisión del expediente enseña, no porque se hallen palpables

desarmonías, sino en atención a que la forma de presentación de lo ocurrido aparece evidentemente sesgada hacia los intereses por los cuales propugna, con una especie de verdad a medias que finalmente entrega un conocimiento parcial y parcializado Sobre este tópico, la Corte ha anotado': Auto del 28 de febrero de 2006, radicado 24.783 22 «de5eíilieez ck cakinb.z • Casación 29.029, JA/RO PALACIO PATIÑO y Otro ( jorte 91:02,e~ a e 5&12S, "La Sala tiene determinado que los requisitos formales de la demanda de casación no sólo hacen referencia a su contenido lógico armónico, es decir a su corrección formal, sino que también deben contener una corrección material. Ello significa que entre las piezas procesales sobre las que se fundamenten los cargos y la presentación que se haga de ellas en la demanda, debe existir una relación de correspondencia objetiva2, respetando siempre su realidad. En tales eventos, ha dicho también la Sala, no se trata de determinar a priori la prosperidad de la demanda, sino de prevenir que la corrección formal de la misma no esté sustentada sobre inexactitudes o mendacidades, conscientes o inconscientes, pero en todo caso advertib les a simple vista. Los antecedentes del caso debatido en una demanda de casación son vinculantes, no sólo porque la ley bajo la cual se rige el presente caso los incluye dentro de sus requisitos formales (numeral 2° del artículo 212 de la Ley 600 de 2000), sino porque los mismos son presupuesto del análisis que debe emprender la Corte cuando revisa su aspecto formal, pues de ello

dependerá muchas de las veces que la Sala encuentre correctamente demostrado un cargo en casación." Son, bajo estos parámetros, varias las glosas que cabe hacer a lo afirmado por el demandante en su libelo. En primer término, es necesario precisar, que el profesional del derecho encargado de atender los intereses de ambos procesado, del uno en calidad de defensor convencional, y del otro, como 2 Auto del 25 de abril de 2002, radicado No. 15.782. 23 74donÓia (cid:9) Casación 29 029 JA/RO PALACIO PA TIÑO y Otro a rte 99rema tAithvkl, oficioso, sí fue notificado personalmente de la resolución de acusación proferida contra sus representados legales, a pesar de que se pretenda insinuar en la demanda que se comisionó a la Fiscalía de Medellín para el efecto y finalmente la notificación operó por Estados En este sentido, a folios 241 del cuaderno principal, obra la notificación personal que por comisionado se hizo al abogado Alejandro Alzate Uribe, de la resolución de acusación proferida por la Fiscalía Seccional de desquebradas, en contra de sus asistidos legales. De ello se deriva, entonces, que para el momento del cierre de la investigación y luego, emitida la calificación del mérito de la instrucción, sí contaban los procesados con un defensor designado, el cual efectiva y materialmente se enteró del auto de llamamiento a juicio, contando con plenas posibilidades, si ese hubiese sido su querer, de impugnar dicha decisión, sin que pueda sostenerse válidamente, como lo sugiere el casacionista, que se tratase de un

"fantasma", o su presencia operase etérea. 24 «901Mea, c/e(13'domba, (cid:9) Casación 29.029 JAIRO PALACIO PA TIÑO y Otro ?agríe 99rema flmtée& No es cierto, objetivamente hablando, que para el momento en el cual el procesado JAIRO PALACIO PATINO, solicitó ampliar su indagatoria, se hallase este "huérfano", de asistencia letrada, como lo afirma taxativamente el recurrente, como quiera que precisamente en ese decurso temporal fungía defensor el abogado ALEJANDRO ALZATE URIBE, quien se posesionó el 20 de enero de 2005, precisamente, cabe resaltar, por designación que del mismo hiciera, a título de abogado de confianza, confiriéndole el respectivo poder, el procesado PALACIO

PATIÑO.

Y si el procesado hizo la solicitud de que se le ampliara la indagatoria, ello ocurrió porque en ese momento se le capturó luego de que se hiciera efectiva la orden expedida una vez se revocara el auto de primera instancia que revocó la medida de aseguramiento de detención preventiva originalmente impuesta, y no en atención a que el procesado debiera suplir una actividad que omitió realizar su defensor. PA7fralea calornbia (cid:9) 25 Casación 29.029 JA ¡RO PALACIO PATIÑO y Otro cal= n'e 9;bitonta cle ,Sdiebz Por lo demás, ninguna repuesta positiva podía esperar el procesado, como lo sugiere el casacionista, si se halla claro que para el momento en el cual pidió la ampliación de indagatoria, 9 de

febrero de 2006 (véase el escrito al folio 207 del cuaderno original), ya se había cerrado la investigación e incluso discurrieron efectivamente los términos de presentación de alegatos precalificatorios. No en vano, al día siguiente, 10 de febrero de 2006, se expidió el auto de calificación del mérito instructivo. Tampoco obedece estrictamente a la realidad, la crítica que hace el recurrente a la decisión de designar defensor de los procesados a un abogado con asiento profesional en la ciudad de Medellín, sencillamente porque esa no fue una decisión que primigeniamente corriera de cargo del funcionario instructor, claro como se halla que al profesional del derecho Alejandro Alzate Uribe, lo designó, por asumirlo de su confianza, el procesado JAIRO PALACIO PATINO, como expresamente lo da a conocer éste en el escrito obrante al folio 191 del cuaderno original. g 26 «yaie,a, de catainibizz (cid:9) Casación 29.029 (cid:9) • JA/RO PALACIO PATIÑO y Otro 4 t 14 Mil/ Can fte e Y, se agrega, si el abogado aceptó la postulación ello significa que estaba dispuesto a cumplir con la misión, no obstante hallarse radicado en la ciudad de Medellín, razón por la cual la fiscalía estimó adecuado, a la vez, asignarle la tarea de asistir oficiosamente al otro procesado, JHON JAIRO IZASA MUÑOZ. Hechas las anteriores precisiones atinentes a lo que en realidad arroja la verificación del expediente, debe resaltarse cómo

el análisis de la efectiva materialización del derecho de defensa técnica, o la violación patente del mismo, implica asumir esa tarea como un todo y no de forma descontextualizada o parcial, referida apenas a lo que hizo o dejó de hacer uno de los tantos profesionales del derecho que, en el caso concreto, intervinieron como abogados de los acusados. La labor defensiva, al efecto, es necesario abarcarla desde una óptica omnicomprensiva que permita verificar si durante todo el proceso estuvo o no acompañada la persona de eficaz intervención profesional, independientemente de que en un momento concreto se omita intervenir, sea haciendo postulaciones concretas, o ya (cid:9) 27 «epaWiea de cailondia, (cid:9) Casación 29 029 (cid:9) ' JAIRO PALACIO PA TIÑO y Otro , aive 9;brerna, 45.14lieict ( controvirtiendo decisiones que afectan al procesado, pues, se reitera, la mejor estrategia defensiva no implica necesario, y ni siquiera aconsejable, presentar argumentaciones en todos los eventos facultados por la ley para ello, ni mucho menos, establecer sucesivas confrontaciones respecto de todas y cada una de las providencias que en curso del proceso se emitan. Por ello, no puede tener fortuna la forma de abordar la crítica asumida por el demandante, que toma en cuenta sólo uno de los tantos apartados procesales, remitido también a uno solo de los varios abogados que han intervenido en el proceso, para ver de destacar, aisladamente, sin siquiera considerar su trascendencia,

que la omisión en presentar alegatos precalificatorios o controvertir a través de los recursos ordinarios la resolución acusatoria, desquicia la labor de la defensa y condujo, sin decir por qué, a la afectación de los intereses de los acusados. En este sentido, la auscultación de lo actuado por la defensa desde el momento mismo en que se vinculó por vía de injurada a los presuntos ejecutores del homicidio y subsecuente latrocinio, (cid:9) 28 ,24nAliea de c&070774a Casación 29.02