CSJ - SP29078(15-05-2008)

EXTRADICIÓN. £.: 29078

HÉCTOR FABIO GIRALDO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL Aprobado acta No. 119

Magistrado Ponente:

Dr. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ

Bogotá, D. C., quince de mayo del año dos mil ocho. Conceptúa la Corte sobre la extradición del ciudadano colombiano HÉCTOR FABIO GIRALDO, solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos de América. ANTECEDENTES 1.- El Gobierno de los Estados Unidos de América, por conducto de su Embajada en Colombia, mediante Nota Verbal No. 3613 fechada el 19 de noviembre de 2007, dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitó la detención provisional con fines de extradición del señor HÉCTOR FABIO GIRALDO (alias 'Don Adolfo"), nacido el 17 de marzo de 1965 e identificado con la cédula de ciudadanía número 16.711.573. De esta solicitud, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio traslado al Ministerio del interior y de Justicia, y al Fiscal General de la

EXTRADICIÓN. RADM? 9078

HÉCTOR FABIO 'GIRALDO Nación. Esta autoridad, mediante Resolución de 21 de noviembre de 2007, libró orden de captura en su contra, la cual se hizo efectiva el día 23 siguiente en la ciudad de Cali. 2.- Con Nota Verbal No. 0132 del 18 de enero de 2007, la Embajada de los Estados Unidos de América formaliza ante el Ministerio de Relaciones Exteriores la solicitud de extradición del referido

ciudadano colombiano. Informa que HÉCTOR FABIO GIRALDO es requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos y lavado de dinero, Precisa que “es el sujeto de la acusación No. CR-07-653, dictada el 21 de agosto de 2007 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York”, por medio de la cual se le acusa de: (i) concierto para importar cocaína, (ii) concierto internacional para distribuir con la intención de importar cocaína y; (iii) concierto para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas. Señala que el 21 de agosto de 2007 la Corte Distrital dictó un auto de detención contra el señor GIRALDO con base en la acusación, el cual permanece válido y ejecutable. Nanifiesta que “/os hechos del caso indican que Hernán Felipe Ramirez García, Héctor Fabio Giraldo, y Guillermo Valencia Zuluaga participaron en una organización internacional de tráfico de narcóticos en la región del norte del Valle del Cauca de Colombia. La organización traficante era llamada “Cartel del Norte del Valle”. La investigación reveló que durante años recientes, el Cartel del Norte z

EXTRADICIÓN. RAD.:;5? 078

HÉCTOR FABIO GIRALDO del Valle ha sido responsable de exportar miles de kilogramos de cocaína desde Colombia a los Estados Unidos. Los narcóticos han sido enviados generalmente desde Colombia hasta a México en lancha rápida o en avión. El Cartel del Norte del Valle es responsable de la exportación de una gran cantidad de cocaína que entra a los

Estados Unidos vía México”. Específicamente en relación con el requerido en extradición en este caso, precisa que “trabajaba como administrador para una de las más poderosas, violentas y acaudaladas familias que controlaban el Cartel del Norte del Valle. Giraldo era supervisor en la oficina de lavado de dinero de la organización donde él vigilaba numerosas fincas y otras propiedades de inversión que la organización adquiría con las utilidades provenientes de la venta de narcóticos. Giraldo era personalmente responsable de transportar utilidades provenientes de la venta de narcóticos desde Colombia a los Estados Unidos, y era inversionista en los cargamentos de múltiples toneladas de narcóticos”. Advierte de otra parte, que “todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997”. Para tales efectos, adjunta los siguientes documentos debidamente autenticados, traducidos y legalizados por el Consulado de Colombia en Washington, D.C.: 2.1.- Declaraciones juradas en apoyo de la solicitud de extradición,

EXTRADICIÓN. RAD.QQ 078

HÉCTOR FABIO GIRALDO rendidas por Carolyn Pokorny, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos de América para el Distrito Este de Nueva York, y Therone J. Eugene, Agente Especial de la Administración de Control de Drogas (DEA). 2.2.- Acusación de los Estados Unidos de América contra HÉCTOR FABIO GIRALDO y otros, presentada el 21 de agosto de 2007 ante la Corte Distrital de los Estados Unidos de América para el Distrito Este de Nueva York, dentro del caso penal No. CR-07-653. 2.3.- “"Orden de Arresto”, emitida por la Corte Distrital de los Estados

Unidos de América para el Distrito Este de Nueva York, contra HÉCTOR FABIO GIRALDO, por los cargos referidos en la acusación. 2.3.- Disposiciones sustanciales aplicables al caso, Secciones 982 (extinción penal del derecho de dominio), 1956 (lavado de recursos monetarios), 3282 (término de prescripción para delitos no capitales) y 3551 (penas autorizadas) del Título 18 del Código de los Estados Unidos; 812 (listas de sustancias controladas), 841 (actos prohibidos), 853 (extinción penal del derecho de dominio), 952 (importación de sustancias controladas), 959 (posesión, fabricación o distribución de sustancias controladas), 960 (actos ilícitos) y 963 (tentativa y concierto) del Título 21 ejusdem. 3.- El Ministerio de Relaciones Exteriores dio traslado de la documentación al Ministerio del Interior y de Justicia y conceptuó, además, que “por no existir Convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal penal 4 y

EXTRADICIÓN. RAD.: 29078

HÉCTOR FABIO GIRALDO colombiano”. El Ministerio del Interior y de Justicia, por su parte, adjunto al oficio 1226 fechado el 22 de enero de 2007, dio curso ante la Corte de la solicitud de extradición, en donde, una vez agotado el procedimiento establecido en la Ley 906 de 2004, corresponde emitir el concepto de rigor.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

Durante el término de traslado, hicieron uso de este derecho la

defensa técnica y el Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal. De la defensa técnica. Solicita, en primer lugar, para el evento de que la Corte emita concepto favorable a la extradición, ésta se condicione a que a su asistido no se le aplique pena de muerte o la cadena perpetua; no pueda ser juzgado por hechos ocurridos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997; se dé cumplimiento al principio de favorabilidad de la ley penal y en consecuencía le aplique la pena que frente a las dos legislaciones aparezca como la menor, y de igual manera “a todas las demás consideraciones que tengan que ver con el cumplimiento de la misma”.

EE EXTRADICIÓN. 3£Zo 78

HÉCTOR FABIO GIRALDO No obstante dicho planteamiento, considera que el concepto de la Corte debe ser negativo, toda vez que, en su criterio, “/a extradición es un acto contrario al concepto de justicia que un alto Tribunal y el gobierno colombiano deben tener respecto a sus gobernados”. Su petición, dice, “es de naturaleza ética porque la extradición, si bien es legal, al aplicarse las formalidades del Código de Procedimiento Penal no tiene legitimidad en nuestro país” ya que, en su concepto, violae l derecho de defensa y el debido proceso en la medida en que “en nuestro país no hay cuestionamientos relativos a la ocurrencia del hecho, a la validez o mérito de la prueba recaudada por las autoridades extranjeras, a la forma de participación o el grado de responsabilidad, a la calificación jurídica correspondiente”, agregando que el indictment no se puede equiparar a la resolución de acusación, todo lo cual hace que, en su criterio, la extradición no

sea legítima. Del Ministerio Público. Considera que los requisitos relacionados con la validez formal de la documentación presentada, la demostración plena de la identidad del solicitado, la concurrencia del principio de la doble incriminación y la equivalencia de la proferida en el extranjero, que el artículo 502 de la Ley 906 de 2004 prevé como condiciones para conceptuar favorablemente, se cumplen a cabalidad. igual sucede, dice, con las exigencias de que el delito haya sido cometido en el exterior y con posterioridad al 16 de diciembre de 1997., Por todo lo anterior

EXTRADICIÓN. RAD.: Z 078

HÉCTOR FABIO GIRALDO sugiere a la Corte emitir concepto en dicho sentido. Solicita, asimismo, que la Corte proponga al Gobierno Nacional que el requerido no sea juzgado por un hecho diverso del que motivó la extradición, ni sometido a tratos inhumanos o degradantes, ni a la pena de muerte.

SE CONSIDERA: 1.- Aclaración previa.

A fin de responder en primer lugar el planteamiento de la defensa al sugerir que la extradición de su asistido HÉCTOR FABIO GIRALDO resulta improcedente, básicamente porque en el curso del trámite no resulta discutible la ocurrencia del hecho, la validez de la pruebá recaudada, la forma de participación o el grado de responsabilidad, resulta pertinente reiterar que con apego a la regulación constitucional y legal del instrumento, la jurisprudencia de esta Corte' ha sido persistente en indicar que la extradición no corresponde a la noción de proceso judicial en el que se juzgue la conducta de aquél a

quien se reclama en el exterior, sino que obedece a un instrumento de cooperación internacional previsto normativamente (Convención, Tratado, Convenio, Acuerdo, Constitución, o Ley, según cada caso particular), con la finalidad de evitar la evasión de la acción de la justicia por parte de quien ha realizado comportamientos delictivos refugiándose en territorio sobre el cual carecen de competencia las

EXTRADICIÓN. RAD..: Í(/) 78

HÉCTOR FABIO GIRALDO autoridades jurisdiccionales que solicitan su presencia, y pueda responder personalmente por los cargos que le son imputados y por los cuales, cuando menos, haya sido convocado a juicio criminal. Es precisamente por dicha razón, por la cual en su trámite no tienen cabida cuestionamientos relativos a la validez o mérito de la prueba recaudada por las autoridades extranjeras sobre la ocurrencia del hecho, la forma de participación o el grado de responsabilidad del encausado; la normatividad que prohíbe y sanciona la conducta delictiva; la calificación jurídica correspondiente; la competencia del órgano judicial; la validez del trámite en el cual se le acusa; o la pena que le correspondería purgar para el caso de ser declarado penalmente responsable, pues tales aspectos corresponden a la órbita exclusiva y excluyente de las autoridades del país que eleva la solicitud, y su postulación debe hacerse al interior del respectivo proceso utilizando los instrumentos de controversia probatoria y de impugnación a las decisiones judiciales que prevea la legislación del Estado que formula el pedido. Ha sido reiteradamente dicho, asimismo, que la normatividad

procesal colombiana no establece la posibilidad de que el trámite de extradición culmine ante la Corte con un fallo capaz de hacer tránsito a cosa juzgada, sino en un concepto jurídico de la Corte Suprema de Justicia que por lo mismo no es susceptible de impugnación alguna, cuyo objeto es verificar el cumplimiento de precisos aspectos relacionados con la validez formal de la documentación presentada, la demostración plena de la identidad del solicitado, el principio de la doble incriminación, consistente en que el hecho que motiva el Cfr. por todos, concepto de Extradición de dicie8mbre 12 de 2000. Rad. 16720.

EXTRADICIÓN. RAD.:7 9078

HÉCTOR FABIO GIRALDO pedido también esté previsto en Colombia como delito y sancionado con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años, la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero -que de no ser una sentencia cuando menos corresponda a aquella que en la legislación colombiana es la resolución acusatoria-, y, cuando fuere el caso, el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos, según el marco normativo al efecto señalado de modo oficial por el Gobierno Nacional como director de las relaciones internacionales. Estos aspectos, como resulta apenas obvio, igualmente condicionan la práctica de pruebas, las cuales deben cumplir los presupuestos de pertinencia, conducencia y utilidad que imponen los artículos 359 y 500 del Código de Procedimiento Penal. Dada la prevalencia de su naturaleza administrativa, el trámite de este tipo de extradición se cumple con la intervención activa del

gobierno nacional, quien dentro de su autonomía política no sólo da inicio recibiendo la solicitud y la documentación correspondiente con la cual se perfeccione el expediente, y establece el marco normativo aplicable a cada caso particular antes de darle curso al máximo tribunal de la justicia ordinaria para lo de su competencia, sino que mediante una resolución administrativa le pone fin a la actuación, sea concediendo la extradición, difirrendo la entrega del solicitado, o negando el pedido del Gobierno extraniero, aunque previamente requiere el concepto de la Corte que solo le vincula si fuere negativo, pues de ser favorable, quedará “en libertad de obrar según las conveniencias nacionales”, y de esta manera, en ejercicio del poder legítimamente conferido, interactuar en el concierto internacional. /r

EXTRADICIÓN. RAD.:2 9078

HÉCTOR FABIO GIRALDO Como en este caso el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia conceptuó sobre la ausencia de convenio aplicable en materia de extradición con el país solicitante (Estados Unidos de América), y estableció la consecuente aplicación de lo previsto, en el referido tema, por el Código de Procedimiento Penal, la Corte abordará el estudio de los aspectos sobre los cuales debe emitir el concepto, previstos por el artículo 502 de la Ley 906 de 2004, sin que resulte viable incursionar en el ámbito de la prueba de la responsabitidad penal del solicitado, como de modo indebido se pretende por la defensa. Y la Corte califica de indebida dicha postura, no sólo por razón del manifiesto desconocimiento de la naturaleza del trámite de extradición que por ley le compete llevar a cabo, sino porque pretextando la aplicabilidad al caso de particulares criterios éticos por

fuera de los aspectos normativa y expresamente establecidos en el ordenamiento constitucional y legal, pretende que la Corte se salga del marco jurídico que rige su actuación y decida de acuerdo con criterios no autorizados, lo cual, como ha sido visto, resulta inaceptable. Debe precisarse, además, que de la solicitud y documentos anexos se establece que las actividades delictivas que se le imputan al señor HÉCTOR FABIO GIRALDO tuvieron ocurrencia en el exterior y no versan sobre delitos políticos, toda vez que las conductas definidas como concierto para traficar con estupefacientes y realizar transacciones financieras con las utilidades 10

EXTRADICIÓN. RAD.£ 078

HÉCTOR FABIO GIRALDO provenientes del tráfico de narcóticos no constituyen delito político. Por otra parte, salvo la aclaración que más adelante se hará, debe precisarse que los hechos por cuya realización se solicita la extradición fueron cometidos con posterioridad a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 01 de 1997, modificatorio del artículo 35 de la Carta Política”. Resalta la Corte, además, que en el pliego enjuiciatorio en que se apoya la solicitud de extradición y en ésta, se precisa que los actos determinantes de los delitos de concierto para importar a los Estados Unidos de América, y concierto para distribuir con la intención de importar a ese país cinco kilogramos o más de cocaína, y para realizar transacciones financieras con las utilidades provenientes del tráfico de narcóticos, fueron llevados a cabo dentro del Distrito Oriental de Nueva York en los Estados Unidos de América

y en otros lugares, entre enero de 1995 y agosto de 2007. Y si bien en la documentación anexa se indica que parte de los actos determinantes de las mencionadas ilicitudes tuvieron realización en territorio de la República de Colombia, también es claro que allí, entre otras cosas, se precisa que el acusado “era gerente de la Oficina de Lavado de Dinero y Progas de la Organización Ramirez Abadía” y “se encargaba personalmente del transporte del producto de la droga ? Según se aclara por parte de la Fiscal Auxiliar en la declaración jurada anexa a la solicitud "aunque las confabulaciones citadas que se alegan en la acusación comenzaron antes del 17 de diciembre de 1997, existen pruebas independientes de la conducta de cada acusado después de esa fecha para apoyar una condena en cada uno de los cargos” FEl. 63 anexo. 11 ó f 1a

EXTRADICIÓN. RAD.£ 078

HÉCTOR FABIO GIRALDO hacia Estados Unidos desde Colombia”. De manera que acorde con cualquiera de las hipótesis identificadas dogmática y doctrinariamente como instrumentos jurídicos para establecer el lugar de realización de la conducta (Art. 14 del C. P.), tales como el lugar de realización de la acción, según el cual la conducta se entiende cometida en el lugar donde se llevó a cabo total O parcialmente la exteriorización de voluntad; y la del resultado que entiende realizada la conducta en donde se produjeron sus efectos; y la teoría de la ubicuidad o mixta que entiende realizada la conducta donde se efectuó la acción de manera total o parcial, como en el sitio donde se produjo o debió producirse el resultado, se tiene que los

comportamientos atribuidos por las autoridades judiciales de los Estados Unidos de América a HÉCTOR FABIO GIRALDO, traspasaron las fronteras colombianas, de lo cual surge que se satisface la condicionante constitucional de que el delito haya sido cometido en el exterior.

2.- VALIDEZ FORMAL DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS.

De la actuación se establece que la documentación allegada por la Embajada del Estado requirente, relacionada con la acusación No. CR07-653, dictada el 21 de agosto de 2007 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York no sólo fue autenticada mediante sello y firma por el Secretario de esa Corte, sino que a ella hace alusión el Fiscal Auxiliar cuando en declaración FI. 63 anexo. Fls, 90 anexo 12 !¡

EXTRADICIÓN. RAD.% 078

HÉCTOR FABIO CIRALDO jurada indicó que “es práctica del Tribunal de Distrito para el Distrito Oriental de Nueva York retener la acusación formal original y radicarla ante el Secretario del Tribunal. Por lo tanto, he obtenido una copia certificada fiel y exacta de la acusación formal del Secretario del Tribunal y la he anexado a esta declaración jurada como Prueba B. También he anexado el original de la orden de arresto como prueba C. La acusación Formal y la orden de arresto no incluyen el segundo apellido, VELASCO'. Esta omisión no afecta la validez de nínguno de estos documentos, El nombre del acusado se puede corregir en cualquier momento bajo las leyes de los Estados Unidos, incluyendo hasta después de que el acusado es

extraditado”. Además, las declaraciones juradas rendidas por Carolyn Pokorny, Fiscal Auxiliar para el Distrito Este de Nueva York, y del Agente Especial Therone J. Eugene de la Administración para el Control de Drogas ('DEA' por sus siglas en inglés), figuran avaladas con la firma de un Juez Magistrado del Distrito Este de Nueva York; legalizados por Thomas C. Black, Director Asociado Interino de la Oficina de Asuntos Internacionales -División de lo Penaldel Departamento de Justicia, el Procurador General de los Estados Unidos de América, la Secretaria de Estado, y el Funcionario Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado de dicho país. Estos instrumentos, por su parte, fueron autenticados por el Consulado de Colombia en Washington, D.C., y a su vez por el Jefe de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 5 FI. 67 anexo 13

EXTRADICIÓN. RAD.: £ 078

HÉCTOR FABIO GIRALDO Por lo anterior, teniendo en cuenta que la solicitud de extradición del ciudadano colombiano HÉCTOR FABIO GIRALDO, se hizo por la vía diplomática, que ella contiene la copia auténtica de la resolución de acusación, la cual, junto con las declaraciones juradas que se allegan en apoyo de la solicitud, es específica en indicar exactamente las conductas que motivaron la solicitud y el lugar y las fechas o épocas en que fueron realizadas, así como los datos necesarios para estableqer la plena identidad de la persona reclamada, la copia auténtica de las disposiciones sustanciales aplicables al caso, y que en la expedición, trámite y traducción de los citados documentos se

cumplieron los ritos formales de legalización prescritos por las normas pertinentes de los Estados Unidos de América, la Corte los tendrá como aptos para servir de prueba de aquello que ellos contienen. Esto, si en cuenta se tiene que en este caso asimismo se cumple lo establecido por el artículo 259 del C. de P. C., modificado por el artículo 1% Núm. 118 del D.E. 2282/89, según el cual “/os documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, o en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país”, disposición aplicable al caso por virtud del principio de integración normativa previsto por el artículo 25 del C. de P. P. de 2004 y el inciso último del artículo 495 ejusdem. Acorde con lo analizado en precedencia, para la Corte es manifiesto 14

EXTRADICIÓN. RAD.:£ 078

HÉCTOR FABIO GIRALDO el cumplimiento de este requisito del concepto.

3.- DEMOSTRACIÓN PLENA DE LA IDENTIDAD DE LA

PERSONA REQUERIDA.

De lo actuado se establece que HÉCTOR FABIO GIRALDO, quien se encuentra privado de la libertad con ocasión de este trámite, es la misma persona a la que se refiere la acusación No. 07-653, dictada el 21 de agosto de 2007 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, y la misma

mencionada en las notas verbales mediante las cuales el gobierno de dicho país, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención provisional con fines. de extradición, y posteriormente formalizó el pedido ante las autoridades colombianas. Esto por cuanto, en el documento enjuiciatorio base de la solicitud formal de extradición se precisa que el acusado responde al nombre de HÉCTOR FABIO GIRALDO, como asimismo se anuncia en la declaración rendida por la Fiscal Auxiliar y el Agente Especial, quienes precisan que el acusado es ciudadano colombiano, nacido el 17 de marzo de 1965 y se identifica con la cédula de ciudadanía número 16.711.573, de quien allegan una fotografía y fotocopia de la cédula de ciudadanía”. Debe anotarse, que a dichas características se refieren las notas diplomáticas remitidas por la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, mediante las cuales solicitó la detención preventiva con 15

EXTRADICIÓN. RAD% 9078

HÉCTOR FABIO GIRALDO fines de extradición y posteriormente formalizó el pedido ante el gobierno colombiano. Es de resaltarse, asimismo, que con la mencionada cédula de ciudadanía se identificó al momento de ser aprehendido con ocasión de la orden de captura con fines de extradición expedida por el Fiscal General de la Nación”; también, que mediante cotejo dactiloscópico se estableció correspondencia entre las impresiones dactilares tomadas al aprehendido y las obrantes en la fotocélula emanada de la Registraduría Nacionab, sin que, además, por parte de la defensa

técnica o material se hubiere presentado discusión alguna sobre dicho particular, comprobándose, por tanto, que la capturada es la misma persona requerida en extradición. Por estas razones, la Corte encuentra satisfecho el requisito en mención.

4.- PRINCIPIO DE LA DOBLE INCRIMINACIÓN.

De conformidad con lo establecido por el artículo 493-1 del C.P.P. de 2004, para conceder la extradición es requisito indispensable que el hecho que la motiva también esté previsto en Colombia como delito y reprimido con sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años. 4.1.- Según la acusación No. 07-653, dictada el 21 de agosto de Fis. 33,36 y 62 anexo. 7 FI, 29, Fi. 21 anexo 16 ñ EXTRADICIÓN. RAD..: 2€ 9078 HÉCTOR FABIO GIRALDO 2007 contra HÉCTOR FABIO GIRALDO por el Gran Jurado en sesión ante la Corte Distrital de los Estados Unidos de América para el Distrito Este de Nueva York, se tiene que el requerido es acusado en el CARGO UNO de haber acordado con otros individuos la importación a los Estados Unidos de América, de cinco kilogramos o más de cocalna; en el CARGO DOS de haberse confabulado con otros para distribuir con la intención de importar cocaína a los Estados Unidos de América y; en el CARGO TRES de haber hecho parte de una asociación delictuosa conformada junto con otras personas para realizar transacciones financieras sobre las ganancias de una actividad ilícita y específica, como lo es el tráfico de

estupefacientes. 4.2.- Las normas sustanciales aplicadas, cuya traducción fue oportunamente allegada al expediente, tratan de los delitos de concierto para importar a los Estados Unidos, desde un lugar fuera de dicho palís, cinco kilogramos o más de cocaíina; del concierto para distribuir con la intención de importar cocaina y, del concierto para realizar transacciones financieras con las utilidades provenientes del narcotráfico, por cuyas conductas se establece pena de prisión entre diez años y cadena perpetua, así como un término de máximo de veinte años de privación de la libertad, respectivamente. 4.2.1.- En la legislación colombiana, por su parte, los delitos de concierto para distribuir y para importar cocaína a los Estados Unidos de América, así como para realizar transacciones financieras con las utilidades provenientes del tráfico de sustancias estupefacientes de que tratan los CARGOS UNO, DOS y TRES de la acusación, 17

E)'_(TRADICIÓN. RAD.:%O 78

HECTOR FABIO GIRALDO corresponden al “concierto para delinquir” previsto por el artículo 340 del Código Penal, modificado por el artículo 8% de la Ley 733 de 2002 y últmamente por el artículo 19 de la Ley 1121 de 2006 que entre otras hipótesis prevé pena de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años cuando, como se establece de los términos de la acusación, el concierto sea para cometer delitos de narcotráfico o de lavado de activos. Como en este caso las autoridades judiciales de los Estados Unidos de América acusan a HÉCTOR FABIO GIRALDO de haber

concertado, junto con otras personas, ilícita, intencionalmente y a sabiendas, para distribuir y para importar a los Estados Unidos de América cinco kilogramos o más de cocaína, así como para realizar transacciones financieras con ganancias provenientes del tráfico de sustancias alucinógenas, es de concluirse que en relación con los CARGOS UNO, DOS y TRES de la acusación, se cumple el presupuesto relativo a la doble incriminación para extraditar, pues en la legislación penal colombiana tales comportamientos también se hallan definidos como delito, y por su realización prevé pena mínima superior a cuatro años de prisión. Cabe destacar que las conductas imputadas en tales cargos contenidos en la resolución de acusación, dicen relación con delitos de concierto para traficar sustancias estupefacientes, no únicamente la participación en un acto ilícito determinado, por medio de llevar a cabo varios actos diferenciados en circunstancias de modo, lugar y tiempo, como se destaca en la acusación y en las declaraciones juradas rendidas por la Fiscal Auxiliar y el Agente Especial. 18 7

EXTRADICIÓN. RAD.:£ 078

HÉCTOR FABIO GIRALDO De manera que la imputación no consiste simpiemente en atribuirle coparticipación criminal en un solo hecho delictivo, sino que se funda en el acuerdo de personas asociadas en la preparación y ejecución de programas para llevar a cabo una pluralidad de punibles en cuanto planes criminales relacionados con el tráfico de alucinógenos, que es precisamente lo que otorga autonomía al tipo de concierto para delinquir en delitos de narcotráfico.

Se concluye, entonces, sin lugar a dudas, que respecto de tales cargos se cumple el requisito relativo a la doble incriminación y la pena mínima para extraditar. Se satisface, por tanto, el requisito en mención.

5.- EQUIVALENCIA DE LA PROVIDENCIA PROFERIDA EN EL

EXTRANJERO.

El artículo 493-2 del C.P.P. de 2004 establece como presupuesto de procedencia de la extradición “que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente”. En este caso no queda ninguna duda de que la acusación No. CR07-653, dictada el 21 de agosto de 2007 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, en contra del señor HÉCTOR FABIO GIRALDO, y con fundamento en la cual se solicita su extradición, corresponde a la resolución acusatoria en la 19

EXTRADICIÓN. RADE 078

HÉCTOR FABIO GIRALDO legislación colombiana, pues además de que con dicho acto procesal la actuación subsiguiente no es otra distinta al juicio oral que finaliza con el respectivo fallo de mérito, como aquí sucede, desde el punto de vista formal es específica en señalar el lugar y la fecha o época en que los hechos tuvieron lugar, los nombres de los partícipes y la calificación jurídica de la conducta, con lo cual se satisfacen en suficiencia los aspectos fácticos y jurídicos de la imputación. Es tanto esto, que en la resolución de acusación en que se apoya la solicitud de extradición no sólo se indica el nombre del acusado, sino

los lugares y fechas o épocas en que tuvieron ocurrencia los actos determinantes de los delitos imputados. Si a ello se agrega que la legislación procesal de los Estados Unidos de América se estructura sobre el sistema acusatorio, y que el proyecto de acusación lo presenta el fiscal! y lo aprueba el gran jurado después de examinar la evidencia allegada por aquél, que en éste la acusación es un escrito que contiene un pliego de cargos formulado por la Fiscalía en contra del procesado para que se defienda de ellos en juicio, que incluye la individualización del acusado, una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes -esto es la descripción de la conducta típica imputada, con las circunstancias que la especifican y