CSJ - SP29311(09-04-2008)

República de Colombia

SEGUNDA INSTANCIA 29311

HAROLD GAMBOA VELASQUEZ

• .1) Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrada Ponente:

MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS Aprobado acta N° 085.

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil ocho (2008). VISTOS Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la sentencia proferida por Ie l I, Tribunal Superior de Buga el 19 de diciembre de 207, mediante la cual condenó al doctor HÁROLD GAMB A VELÁSQUEZ en su condición de Juez Primero Laboral del Circuito de Buenaventura (Valle), a las penas principa 1e s de ocho (8) arios y seis (6) meses de prisión, multa n cuantía de $245.706.819,1 e inhabilitación• para el ejercicio de derechos y funciones públicas por térm;i Io igual al de la pena privativa de la libertad, así como a la accesoria de pérdida del cargo en cuyo desempeño ejec tó los hechos, como autor del delito de peculado ior apropiación cometido en concurso homogéneo. República de Colombia (cid:9) 2

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HÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ

4 9111117 \í) Corte Suprema de Justicia HECHOS Se reprocha al doctor HÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ haberse apropiado para sí o para un tercero

de la suma total de $245.706.819,1, como consecuencia de las condenas que impuso dentro de seis procesos que adelantó de manera separada en su condición de Juez Primero Laboral del Circuito de Buenaventura (Valle); el primero contra la EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA y los cinco restantes contra el FONDO DE PASIVO SOCIAL de la misma empresa, FONCOLPUERTOS, según la siguiente discriminación:

1. En el proceso promovido por José Gabriel Mosquera en sentencia del 8 de septiembre de 1993, condenó al pago de $72.968,37 por concepto de reliquidación de cesantías y de $100.000 a título de agencias de derecho. Al presentarse demanda ejecutiva para hacerse efectivas dichas condenas, el mismo funcionario, "en sentencia complementaria", dictada el 1° de diciembre de 1993 condenó a la EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA a pagar $1.459.367,25 por mora en el pago de las prestaciones sociales y, en auto del 2 de febrero de 1994, estimó las agencias en derecho en

$569.153. República de Colombia

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HÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ lid Corte Suprema de Justicia Con ocasión de condenas, el demandante recibió la suma de $2.618. , representada en el título judicial 0736845 del 10 de fiebrero de 1994, según orden (cid:9) del juez procesado en auto del 9 de febrero del (cid:9) mismo ario, dinero embar dentro de la mencionada actuación procesal.

2. En el proceso proinovido por Delfína Santana

Sánchez según sentencia del 19 de julio de 1995, condenó al pago de $49.274 por concepto de cesantía definitiva, $6.684.417,54 por indemnización moratoria y $5.506,11 diarios desde el día siguiente del fallo y hasta cuando se verifique el pago de la cesantía. En auto del 26 de julio del mismo año estimó las agencias en derecho en $2.031.670. Durante el tramite del proceso ejecutivo i posteriormente presentado por la apoderada de la demandante, el juez incluyó ',como agencias en derecho la suma de $2.629.608. El 27 de enero de 1998 el funcionario judicial ordenó entregar a la parte demandante la suma de $27.718.158,53 (cid:9) incorporada (cid:9) en (cid:9) el (cid:9) título judicial 0000661632 del 21 de enero del mismo ario, dinero embargado en el proceso laboral en mención.

3. En sentencia del 6 de julio de 1995 condenó a pagar al señor José Enrique Escobar Vivas, demandante, República de Colombia (cid:9) 4

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HAROLD GAMBOA VELASQUEZ Corte Suprema de Justicia la suma de $469.648,54 a título de diferencia respecto de la Pensión reajustada desde el 31 de diciembre de 1991 a la fecha del fallo, $245.077,63 por reliquidación de la cesantía definitiva, $21.174.284,70 por indemnización moratoria desde el 1° de marzo de 1992 a la fecha de la sentencia y $17.557,45 diarios desde el día siguiente a

esa decisión y hasta cuando se verifique el pago de la reliquidación. En auto del 15 de febrero de 1996 el juez ordenó entregar (cid:9) a (cid:9) la (cid:9) parte (cid:9) demandante (cid:9) la (cid:9) suma (cid:9) de $32.114.686,22, incorporada en el título judicial 1505199 de la misma fecha.

4. En sentencia del 20 de agosto de 1997 condenó a pagar a favor del demandante, señor Héctor Truque Espinosa, $363.029,78 por reliquidación de la cesantía definitiva y $14.821,14 por cada día de retardo a partir del 10 de febrero de 1992 y hasta cuando se verifique su pago.

Por razón de esta condena, la parte demandante recibió la suma de $39.000.000; dinero que se ordenó cancelar con el acta de conciliación No. 25 del 5 de mayo de 1998 y las resoluciones 0988 y 2070 de 1998. República de Colombia (cid:9) 5

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Corte Suprema de Justicia

5. Condenó a pagar, según sentencia del 18 de julio de 1995, la suma de $9.036.865,80 por concepto de indemnización moratoria a favor de Rosario Araujo González, demandante.

Por auto del 20 de enero de 1998 el doctor GAMBOA VELÁSQUEZ ordenó entregar a la parte demandante título judicial por valor de $64.879.268,80, monto embargado en el proceso.

6. Finalmente, en proceso promovido por Gaudencio

Grueso mediante sentencia del 12 de julio de 1995 determinó a su favor la suma de $22.632.892,23 por concepto de indemnización moratoria. Por esta condena el funcionario judicial ordenó entregar a la parte demandante, mediante auto del 28 de enero de 1998 y oficio del 11 de febrero del mismo ario, dineros embargados representados en títulos de depósito judicial en cuantía de (cid:9) $75.000.000 y $4.376.602,23, respectivamente. ACTUACIÓN PROCESAL Al surtirse, por orden de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el grado jurisdiccional de consulta respecto de las citadas sentencias dictadas 1V7"- República de Colombia (cid:9) 6

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Cal Corte Suprema de Justicia por el Juez Primero Laboral del Circuito de Buenaventura, diversos tribunales superiores del país, en desarrollo de la política de descongestión determinada por la propia Sala Administrativa, las revocaron y ordenaron compulsar copias para investigar penalmente al mencionado funcionario judicial. Con sustento en tal antecedente, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá inició, por separado, las respectivas investigaciones penales; sin embargo, mediante resolución del 22 de agosto de 2005 dispuso tramitarlas bajo una misma cuerda. Como en resolución del 14 de julio de 2004 la fiscalía instructora declaró persona ausente al implicado, con decisión del 11 de septiembre de 2006 le resolvió

situación jurídica, profiriendo en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva por el concurso de conductas punibles de peculado por apropiación a favor de terceros, agravados por la cuantía. En la misma determinación decidió declarar la prescripción de la acción penal por razón de los delitos de prevaricato por acción, cuya estructuración también arrojaban los hechos investigados. Cumplida la fase instructiva, el 11 de octubre de 2006, el fiscal ordenó su clausura. El 27 de noviembre 2177República de Colombia (cid:9) 7

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\ Corte Suprema de Justicia siguiente, tras correrse el traslado de rigor, calificó el mérito del sumario con resolución de acusación en contra de HÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ, por el delito de peculado por apropiación, en concurso homogéneo. En firme el pliego acusatorio, el conocimiento del proceso lo asumió la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, Corporación que realizadas las audiencias preparatoria y pública de juzgamiento, puso fin a la instancia con sentencia condenatoria del 19 de diciembre de 2007, contra la cual el defensor del acusado interpuso el recurso de apelación; impugnación que motiva la intervención de la Corte. SENTENCIA RECURRIDA Empezó señalando que la calidad de servidor público del procesado aparece acreditada con el Acuerdo 030 del 8 de octubre de 1991 mediante el cual el Tribunal Superior de Cali lo nombró como Juez Primero Laboral

del Circuito de Buenaventura y con el acta de posesión 614 del 22 de los mencionados mes y ario, que... la fecha en la cual asumió el cargo. Respondió luego la glosa de la defensa orientada a cuestionar la aducción de los procesos laborales para ser tenidos como prueba en este caso. Al respecto replicó que (cid:9) República de Colombia (cid:9) 8

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• Corte Suprema de Justicia esos procesos constituyeron, precisamente, la base probatoria para las seis investigaciones que después se unieron en virtud de la resolución del 22 de agosto de 2005 mediante la cual la fiscalía declaró su conexidad procesal.

Consideró, de otra parte, estar plenamente demostrado que el ex juez HÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ en ejercicio de sus funciones, profirió sentencias a favor de José Gabriel Mosquera, Delfina Santana Sánchez, José Enrique Escobar Vivas, Héctor Truque Espinosa, Rosario Araujo González y Gaudencio Grueso, por cuya razón la entidad demandada debió cancelarles elevadas sumas de dinero, apropiándose así "en provecho suyo, o de terceros, o de ambos" de dineros del Estado y frente a los cuales el funcionario tenía una clara relación de disponibilidad. Sustentó esto último con decisión proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Para el Tribunal de instancia, el acusado ejecutó con dolo los peculados, lo cual se deduce de actuaciones tales

como "la producción reiterada y consecutiva de fallos ilegales, la forma grosera como resolvía los casos sin tener fundamentos probatorios, amañando los cálculos de los tiempos de servicios de los demandantes, contraviniendo la prueba documental que obraba en los expedientes, omitiendo expresar fundamentos coherentes y razones 0/TRepública de Colombia (cid:9) 9

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HÁROLD GAMBOA _ war Corte Suprema de Justicia jurídicas, incluso llegó a beneficiar a los demandantes profiriendo 'sentencia complementaria" fuera de los términos legales". En ese sentido, se refirió a las irregularidades que llevaron a la segunda instancia a revocar las sentencias proferidas por el juez de primera instancia. Así, destacó cómo en el proceso promovido por José Gabriel Mosquera el demandante no probó su calidad de miembro del sindicato de trabajadores, razón por la cual no podía beneficiarse de la convención colectiva de trabajo. Además, añadió, el juez contravino la prueba documental allegada al proceso, conforme a la cual el demandante estuvo suspendido 33 días por faltas; así mismo, profirió "sentencia complementaria" por fuera de los términos legales. Reseñó cómo en el proceso laboral promovido por Delfina Santana Sánchez el funcionario se apartó, sin razón alguna, de los documentos obrantes en el expediente y reliquidó la pensión de jubilación y la cesantía, sin existir fundamento probatorio para ello. Respecto del proceso laboral adelantado por José Enrique Escobar Vivas resaltó cómo desbordó el ámbito de

su competencia al condenar al reajuste de las cesantías por unas razones no invocadas, cercenando el derecho de República de Colombia (cid:9) 10

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HÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ j; Corte Suprema de Justicia defensa de Puertos de Colombia. De igual manera, al conceder (cid:9) al (cid:9) demandante (cid:9) pensión (cid:9) de (cid:9) jubilación equivalente al 69.63%, desconoció que esa prestación se pactó para quienes completaran 19 arios de servicio, requisito no cumplido por el demandante, quien sólo acreditó 18 arios y 17 días. Y en relación con los procesos laborales seguidos por Héctor Truque Espinosa, Rosario Araujo González y Gaudencio Grueso puso de presente la forma de condenar a la empresa demandada, esto es, sin existir fundamento probatorio para fallar a favor de los demandantes. A lo anterior el a quo sumó la actitud del procesado de no someter a consulta sus decisiones, pese a que ese trámite se imponía a la luz de lo estipulado en el artículo 35 de la Ley la de 1991; proceder con el cual pretendió dejar en la impunidad sus acciones ilegales y que solo se desarchivó cuando altas instancias judiciales del país ordenaron la consulta de rigor. El Tribunal dosificó la pena con base en lo dispuesto en la Ley 190 de 1995 la cual establecía para el peculado por apropiación prisión de 6 a 15 arios, multa equivalente al valor de lo apropiado e interdicción de derechos y

funciones públicas de 6 a 15 arios. En el caso de la pena privativa de la libertad, determinó el mínimo legal y por República de Colombia (cid:9) 11

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I Let» Corte Suprema de Justicia cada peculado hizo un incremento de 6 meses. Igual procedió frente a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. La multa la fijó en el equivalente al valor de lo apropiado. De otra parte, por no encontrar reunidos los presupuestos para su concesión, le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Finalmente, lo condenó a devolver a favor de FONCOLPUERTOS un valor equivalente al monto de lo apropiado, debidamente indexado. LA IMPUGNACIÓN Cuestionó inicialmente la forma como se adelantó la investigación, desde Bogotá, "a control remoto" y "a larga distancia", pues el fiscal nunca se trasladó al lugar donde ocurrieron los hechos. Adicionalmente criticó el hecho de no emplearse en este caso la prueba testimonial, en cuanto dejó de recibir las declaraciones de los demandantes y de los abogados litigantes, quienes pudieron informar sobre la conducta del ex juez procesado. Consideró que las pruebas con las cuales se fundamentó la sentencia condenatoria no fueron legalmente producidas, pues los procesos laborales se (cid:9) República de Colombia (cid:9) 12

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7 ,\(cid:9) Corte Suprema de Justicia incorporaron a la investigación sin previo auto que lo ordenara y, en su criterio, la resolución donde se ordenó la acumulación de las investigaciones no suple ese vacío. Además estimó que las sentencias laborales proferidas en segunda instancia son fruto de la violación flagrante de la ley, porque para la época de su proferimiento regía el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, el cual no establecía la consulta para esos casos. Ese trámite, añadió, sólo vino a preverlo el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007 cuando llenó el vacío; sin embargo, pero antes de su vigencia no podía ser suplido con decretos del gobierno nacional, ni por vía de tutela y menos a través de Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura. Por lo anterior, tilda de arbitraria la decisión de la Sala Administrativa del mencionado Consejo, de ordenar la consulta de las sentencias proferidas en contra de FONCOLPUERTOS. Por lo demás, sostiene que las decisiones emitidas en desarrollo de dicha orden no tuvieron como fundamento el estudio cuidadoso de los procesos laborales, pues la Sala Administrativa impuso como tarea a las Salas de Descongestión la elaboración de 25 sentencias mensuales, labor imposible de ejecutar. Q9/- República de Colombia (cid:9) 13

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. - Corte Suprema de Justicia Al abordar el análisis de los fundamentos del fallo condenatorio, señala que toda la problemática surge de la mala fe con la cual actuaron los funcionarios de Puertos

de Colombia, pues al hacer las liquidaciones de las prestaciones sociales de los trabajadores, les restaban algún tiempo de servicio sin dar razones de ello, lo cual motivó el malestar de los afectados, llevando a la interposición de más de 6.000 demandas laborales, que se tornaron millonarias por los brazos caídos y las indemnizaciones de rigor. En esa medida, según el impugnante, el ex juez GAMBOA VELÁSQUEZ no hizo sino aplicar la convención colectiva de trabajo y las normas del Código Laboral, que favorecían a los trabajadores y las cuales resultaban de obligatorio cumplimiento. Por esa vía, agregó, en el proceso promovido por Héctor Truque Espinosa, encontró que se le dedujeron sin justificación alguna 294 días, los cuales no podían ser de licencias, pues éstas sólo alcanzan 90 días, "ni de sanciones, ni mucho menos de permiso sindicales, que no se pueden deducir, ni tampoco se pueden computar como faltas". Refirió que en el caso de Delfina Santana Sánchez se le descontaron 65 días y en el de Gaudencio Grueso se le dedujeron 33 días. En este aspecto se dolió de que el a (cid:9) República de Colombia (cid:9) 14

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HÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ Corte Suprema de Justicia quo no se pronunciara sobre los argumentos ofrecidos por la defensa en la audiencia pública. Cuestionó subsumir los hechos en el tipo penal del peculado. En su criterio, cuando el juez laboral resuelve un conflicto de esa naturaleza y lo falla a favor del

trabajador no se apropia de dineros, porque los demandantes no reclaman bienes del Estado sino derechos prestacionales que tienen como sustento un contrato laboral, ello tanto más cuando los jueces no son ordenadores del gasto y los únicos bienes que manejan son los títulos judiciales. Le pareció injustificada la crítica efectuada al acusado por las salas laborales que conocieron en segunda instancia de los procesos fallados por el acusado, frente a la suma fijada como agencias de derecho. Al respecto, respondió que las mismas hacen parte de las costas del proceso y pertenecen al demandante, no al abogado, amén de corresponder a la labor integral del litigante, la cual incluye estar atento al desarrollo del proceso. Otro tanto consideró de la afirmación según la cual las sentencias se hacían en serie. En su sentir, esa es una labor imposible porque en materia laboral cada caso es diferente. 47r República de Colombia (cid:9) 15

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HAROLD GAMBOA VELASQUEZ tes.w Corte Suprema de Justicia Puso de presente cómo las mencionadas salas laborales dejaron de examinar la actitud asumida por FONCOLPUERTOS pues a pesar de notificarse las demandas a sus representantes legales, éstos sólo contestaron algunas y no apelaron ninguna sentencia. Tras destacar que no en todas las oportunidades se concedió a los demandantes la integridad de sus pretensiones, se ocupó del caso de Jorge Enrique Escobar Vivas para cuestionar la argumentación de la Sala Laboral de Descongestión cuando señaló que ni la ley ni la convención imponen al empleador sumar el tiempo

laborado en otras dependencias oficiales; al contrario, expone que la convención sí contiene norma en ese sentido, a cuyo amparo el ex juez laboral le concedió la pensión al aludido trabajador. Frente al mismo Escobar Vivas, el recurrente también censura la afirmación de la Sala Laboral de Descongestión, en el sentido de no haberse aducido en la demanda los hechos respectivos, pues tal situación sí ocurrió, como se aprecia en el hecho 4° del libelo, donde se manifiesta que el demandante trabajó en Minsalud 8 meses y 29 días. República de Colombia (cid:9) 16

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HÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ Corte Suprema de Justicia Con sustento en las anteriores razones, la defensa solicitó revocar la sentencia impugnada y, en su lugar, absolver al procesado. CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la sentencia dictada en este proceso de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 75 del Código de Procedimiento Penal de 2000 pues la acción penal es ejercida contra el ex Juez Primero Laboral del Circuito de Buenaventura, juzgado en primera instancia por el Tribunal Superior de Buga según por actos realizados en ejercicio de sus funciones. Con apego a lo establecido en el artículo 204 del estatuto procesal penal en mención, la labor de la Corte se contraerá a examinar los aspectos sobre los cuales se expresa inconformidad, incluyendo, como lo autoriza la

norma, los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación. Para tal cometido la Sala se referirá puntualmente a cada uno de los temas planteados por la defensa, agrupando aquellos que tengan relación entre sí. República de Colombia (cid:9) 17

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Corte Suprema de Justicia

1. La investigación se realizó en Bogotá "a larga distancia" y no se "emplearon" pruebas testimoniales: Estos argumentos carecen de capacidad para afectar la legalidad y rectitud del pronunciamiento adoptado por el Tribunal Superior de Buga porque, en primer lugar, la fiscalía tiene competencia en todo el territorio nacional, según lo establece el artículo 113 de la Ley 600 de 2000, en cuyo fundamento el artículo 306 ibídem establece que durante la investigación no habrá lugar a nulidad por el factor territorial.

Ningún impedimento existía, por tanto, para que un Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá asumiera en este caso la investigación; máxime cuando se procedió en ese sentido por asignación especial efectuada por la Dirección Nacional de Fiscalías mediante resolución 001256 de 2003, conforme consta al folio 2 del cuaderno principal. Ahora bien, la dinámica de la investigación puede determinar la necesidad de practicar pruebas fuera de la sede del funcionario judicial. En este caso, el fiscal instructor no lo juzgó pertinente y el impugnante no ofrece razones para considerar arbitraria esa actuación, limitándose simplemente a afirmar de manera genérica

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Co Wall

• Corte Suprema de Justicia que la investigación se efectuó "a control remoto" o "a larga distancia".

De todas maneras, así hubiese surgido la necesidad de recaudar pruebas en el lugar de los hechos, la circunstancia de que el funcionario no se traslade a practicarlas en forma personal no constituye anomalía alguna, pues en la sistemática procesal penal prevista en la Ley 600 de 2000 (art. 84) le es perfectamente viable acudir a la figura del comisionado para el efecto. Y, en segundo término, porque el artículo 237 del ordenamiento procedimental en cita consagra el principio de libertad probatoria, de modo que con cualquier medio de prueba resultaba en este evento procedente demostrar los elementos estructurales de la conducta punible y la responsabilidad del procesado, sin que con ese propósito se erigiera en un imperativo legal acudir a la prueba testimonial, como lo sostiene la defensa. Pero, desde luego, si su pretensión es denunciar la falta de actividad probatoria por no recepcionarse las declaraciones de los demandantes y abogados litigantes que promovieron los procesos laborales por razón de los cuales se produjo la iniciación de la investigación penal, pertinente resulta señalar que el recurrente no logra demostrar irregularidad en ese sentido, pues omite República de Colombia (cid:9) 1 9

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HÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ Corte Suprema de Justicia indicar la forma como las probanzas echadas de menos

habrían desvirtuado los fundamentos del fallo condenatorio, limitándose a afirmar solamente que los testigos pudieron declarar acerca de la conducta del acusado. Como lo tiene dicho la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la trascendencia de omisiones de la naturaleza aducida por el impugnante, debe aparecer acreditada en el proceso para que resulte viable la adopción de una determinación de carácter invalidatorial, a cuya consecuencia, realmente, conduciría la propuesta argumentativa tácitamente esbozada por la defensa, pero imposible de ser acogida, según lo visto;72. Ilegalidad de las pruebas con las cuales se cimentó la sentencia: Como se recuerda, la defensa sustenta esta afirmación en la inexistencia de auto que ordenara la incorporación de los procesos laborales a la presente actuación. Sin embargo, olvida que dichos procesos se integraron a cada una de las investigaciones iniciadas, por separado, como consecuencia de la compulsación de l Al respecto, ver sentencia del 4 de mayo de 2006, radicación 22328, entre otras. eivf República de Colombia (cid:9) 20

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9.4 Corte Suprema de Justicia copias ordenada una vez se evidenció el comportamiento irregular del ex Juez Primero Laboral de Buenaventura. En tal virtud, resulta apenas obvio entender que al ordenarse la fusión de todas esas investigaciones para ser tramitadas bajo una misma cuerda por su evidente conexidad, las pruebas confortantes de cada una de ellas

pasaron a integrar la única actuación procesal que quedó como consecuencia de esa unificación. Por consiguiente, ninguna ilegalidad puede predicarse respecto de la incorporación de los procesos laborales a la presente actuación.

3. Ilegalidad de las sentencias laborales proferidas en segunda instancia: Según el impugnante, en los casos fallados por el ex Juez Primero Laboral del Circuito de Buenaventura no operaba la consulta porque para la época de los hechos regía el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil.

Además, considera que las sentencias laborales de segunda instancia se profirieron sin el debido cuidado, con el único objetivo de cumplirse la orden de descongestión impuesta por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. República de Colombia (cid:9) 21

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HAROLD GAMBOA VELASQUEZ Corte Suprema de Justicia Al respecto, pertinente resulta anotar que la consulta de las sentencias laborales proferidas por el doctor HÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ se dispuso con fundamento en una interpretación razonable surgida en torno a las normas reguladoras de la materia. En ese sentido se estimó que, como al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, dicho grado jurisdiccional opera, entre otros casos, cuando las sentencias de primera instancia fueren adversas a la Nación, tal situación se presentaba frente a la EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA porque el artículo 35 de la Ley 1 a de 1991 ordenó la asunción por parte de la Nación de los pasivos de la mencionada entidad oficial. Tal fue la hermenéutica plasmada en la sentencia

SU-962 de 1999 proferida por la Corte Constitucional, en cuya parte motiva, en lo pertinente, concluyó: "Ante tan claras disposiciones, a juicio de la Corte no hay ninguna duda acerca de la obligatoria aplicación del artículo 69 del C.P.L. y, por ende, de la forzosa tramitación de la consulta de las sentencias de primera instancia que sean total o parcialmente adversas a FONCOLPUERTOS, toda vez que el pago de las acreencias reconocidas estaría a cargo de la Nación, responsable directa de las obligaciones laborales y del pasivo laboral de COLPUERTOS y de eipb7— República de Colombia (cid:9) 22

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HÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ Corte Suprema de Justicia FONCOLPUER TOS, según lo dispusieron, en particular, la Ley 1a. de 1991, el Decreto-Ley 036 de 1992 y el decreto-Ley 1689 de 1997". De todas formas, resulta evidente que el peculado atribuido al ex juez procesado no emerge de las sentencias laborales proferidas en segunda instancia, sino del hecho de apropiarse para sí o para un tercero de elevadas sumas de dinero mediante la adopción de decisiones amañadas y contrarias a derecho. Por tanto, el comportamiento punible se estructuró con independencia de la revocatoria pronunciada por el Tribunal respectivo. Tanto es así que cuando esto último ocurrió ya se había materializado la apropiación de los dineros. Por lo anterior, en contra de la efectiva configuración del delito, resulta inane el planteamiento de la defensa

conforme al cual las providencias laborales de segunda instancia se emitieron sin el debido estudio.

4. El procesado actuó ajustado a la convención colectiva y al Código Laboral: Este argumento lo sustenta, entre otros motivos, en que el ex juez acusado no hizo sino decidir en contra de la mala fe con la cual actuaron los funcionarios de Puertos de Colombia quienes al liquidar las prestaciones de los República de Colombia (cid:9) 23

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HÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ Corte Suprema de Justicia trabajadores les descontaron algún tiempo de servicio sin dar razones de ello. Al efecto cita los casos de Héctor Truque Espinosa, Delfina Santana Sánchez y Gaudencio Grueso. El anterior planteamiento no tiene vocación de prosperidad, de una parte, porque no es cierto que los seis casos fallados por el procesado tuvieran como fundamento la indebida liquidación de las prestaciones. Dos de ellos, entre el que se encuentra el de Gaudencio Grueso2 citado expresamente por la defensa como ejemplo de su tesis, giraron en torno a la supuesta no expedición del certificado médico a los trabajadores una vez se retiraron de la empresa, omisión que fundamentó la condena laboral. Ciertamente, como lo puso de presente la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, si los ex trabajadores fueron efectivamente sometidos al respectivo examen médico, resultaba descabellado condenar a la empresa demandada por la negligencia de aquellos de reclamar los consecuenciales certificados médicos, a lo cual estaban ellos obligados conforme está establecido por el artículo 57-7 del Código Sustantivo del Trabajo de

acuerdo con el cual su expedición procede sólo si el trabajador lo solicita. 2 El otro caso es el de Rosario Araujo González. República de Colombia (cid:9) 24

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HÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ ras Corte Suprema de Justicia De otro lado se tiene que, aun cuando los casos restantes sí se basaron en el descuento a los trabajadores de tiempo de servicio, no es cierto que el ex juez actuó amparado por la ley. Por tanto, plena razón asiste al Tribunal de Buga cuando dedujo un proceder manifiestamente irregular en el ex funcionario procesado, pues condenó a la empresa demandada a espaldas de lo acreditado en las actuaciones laborales. En efecto, en el proceso promovido por Héctor Truque Espinosa se allegaron certificaciones y resoluciones que daban cuenta de la no