CSJ - SP29837(15-07-2008)

República de Colombia

SEGUNDA INSTANCIA N° 29837

HÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ

Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrada Ponente:

MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS

Aprobado Acta No. 190. Santiago de Tunja, julio quince (15) de dos mil ocho (2008). VISTOS Se pronuncia la Sala sobre el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Buga el 4 de abril del ario en curso, mediante la cual condenó al doctor HÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ, en su condición de Juez Primero Laboral del Circuito de Buenaventura, como autor del delito de peculado por apropiación cometido en concurso homogéneo. HECHOS Al doctor HÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ se le imputa haberse apropiado para sí o para un tercero de la suma total de $ 39.798.512,85, como consecuencia de las condenas que impuso dentro de tres procesos que República de Colombia (cid:9) 2

SEGUNDA INSTANCIA N° 29837

HÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ 15115 s "3 /

\Str Corte Suprema de Justicia adelantó de manera separada como Juez Primero Laboral del Circuito de Buenaventura contra el Fondo de Pasivo Social (cid:9) de (cid:9) la (cid:9) empresa (cid:9) Puertos (cid:9) de (cid:9) Colombia

(FONCOLPUERTOS), de la siguiente manera:

1. Mediante sentencia del 27 de julio de 1995 condenó al pago en favor de Félix Jiménez Camacho de pensión de jubilación vitalicia en cuantía de $ 375.519,71 y a la suma de $ 2.876.345,35, esto último por concepto de reajuste de dicha pensión desde el 14 de diciembre de 1991 hasta la fecha de la providencia.

2. Según sentencia del 28 de agosto de 1995 condenó al reajuste de pensión de jubilación por valor de $ 125.859,45 mensuales y a la suma de $ 8.039.548,34 por concepto de diferencia de la pensión reajustada desde el 6 de abril de 1974 hasta la fecha de la decisión, a favor de Teresa Anchico Cortés, quien actuó en representación de la menor Amanda María Castillo y como sustituta pensional de Jesús Castillo Art (cid:9)royave.

3. A través de sentencia del 10 de octubre de 1995, dentro del proceso promovido por Aureliano López Cuero se condenó al reajuste de su pensión de jubilación por un valor de $ 50.949,48 mensuales y a la suma de $ 1.824.277,81 por concepto de diferencia de la pensión Lfy República de Colombia (cid:9) 3

(cid:9)

SEGUNDA INSTANCIA N° 29837

rs HAROLD GAMBOA VELÁSQUEZ Corte Suprema de Justicia reajustada desde el 19 de octubre de 1991 hasta la fecha de esta decisión.

4. Posteriormente, por orden de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se surtió el grado jurisdiccional de consulta respecto de las

citadas sentencias, motivo por el cual el Tribunal Superior de Bogotá, en desarrollo de la política de descongestión judicial, mediante decisiones independientes, las revocó y ordenó compulsar copias para investigar penalmente al doctor HÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ en su condición de Juez Primero Laboral del Circuito de Buenaventura. ACTUACIÓN PROCESAL Con sustento en la compulsa de copias reseñada, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá inició, por separado, las respectivas investigaciones penales (rads. 14674-673, 14676-645 y 14681-720); sin embargo, mediante resolución del 27 de agosto de 2004 determinó tramitarlas bajo una misma cuerda procesal. En la misma providencia, ante la imposibilidad de vincular en forma personal al doctor GAMBOA VELÁSQUEZ, se lo declaró persona ausente, resolviéndole 'yr República de Colombia (cid:9) 4

SEGUNDA INSTANCIA N° 29837

HÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ v Corte Suprema de Justicia su situación jurídica el 26 de octubre de 2006 con medida de aseguramiento de detención preventiva por el concurso de conductas punibles de peculado por apropiación a favor de terceros, agravados por la cuantía. En esta determinación también se declaró la prescripción de la acción penal por razón de los delitos de prevaricato por acción. Clausurada la fase instructiva, se calificó su mérito el 29 de enero de 2007, con resolución de acusación en contra de HÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ, por el delito de

peculado por apropiación agravado por la cuantía, en concurso homogéneo. Ejecutoriado el vocatorio a juicio, el conocimiento del proceso lo asumió la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, en donde, una vez realizadas las audiencias preparatoria y pública de juzgamiento, se dictó sentencia el pasado 4 de abril, mediante la cual se condenó al procesado GAMBOA VELÁSQUEZ a las penas principales de ochenta (80) meses de prisión, multa en cuantía de $ 39.798.512,85 e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por término igual al de la pena privativa de la libertad, así como al pago de perjuicios materiales por la suma de $ 39.798.512,85 indexados. En la misma determinación, se le negaron el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución República de Colombia (cid:9) 5

SEGUNDA INSTANCIA N° 29837

HAROLD GAMBOA VELASQUEZ Corte Suprema de Justicia de la pena y el sustituto de la prisión domiciliaria. Contra la anterior decisión, el defensor del sindicado interpuso recurso de apelación, sobre el cual se pronuncia la Corte a través de esta providencia. LA IMPUGNACIÓN El defensor comienza por advertir que en este proceso "propiamente no hubo investigación", por haberse adelantado en Bogotá no obstante haber ocurrido los hechos en la ciudad de Buenaventura, sin que el funcionario instructor hubiera estado en el lugar de los acontecimientos o comisionado a otros fiscales de conformidad con la facultad otorgada en el artículo 84 del estatuto procesal penal o, cuando menos, ordenado una

misión de trabajo al CTI. Acto seguido, aduce que las únicas pruebas decretadas en el proceso "no llegaron con la observancia plena de los ritos legales, señalados en el artículo 239 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000); además, los procesos laborales llegaron en forma irregular a los autos, pues no se profirió providencia alguna para tenerlos como prueba. República de Colombia (cid:9) 6

SEGUNDA INSTANCIA N° 29837

HÁROLD G.A.MBOA liELÁSQUEZ Corte Suprema de Justicia En el capítulo denominado "(1)a consulta de las sentencias de los procesos laborales" aduce que con estas providencias se desconoció el artículo 69 del Código de Procedimiento Laboral al no establecer dicho grado jurisdiccional cuando están involucrados los institutos descentralizados del orden nacional. Por consiguiente, desde su punto de vista, el procedimiento efectuado por el Consejo Superior de la Judicatura constituyó un verdadero "abuso del derecho", dado que la consulta vino a contemplarse a partir del artículo 14 de la Ley 1149 del 10 de julio de 2007 cuando llenó el vacío existente, pero antes de su vigencia no podía ser suplido con decretos del gobierno nacional, ni por vía de tutela y menos a través de Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura. Adicionalrnente, las sentencias de segunda instancia proferidas por las Salas Laborales de Descongestión de los Tribunales Superiores "son elaboradas por tarea", pues cada Magistrado debe responder por 30 sentencias, para lo cual cuenta solamente con 20 o 22 días hábiles, y

si a ello se restan los días que dichos funcionarios invierten "en ejecutar las funciones administrativas, como nombramiento de jueces, repartos, discusiones en salas, cátedra universitaria y algunas actividades sociales" a lo República de Colombia (cid:9) 7

SEGUNDA INSTANCIA N° 29837

HÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ

:‘,Atai; Corte Suprema de Justicia sumo quedan 15 días, término dentro del cual resulta imposible el cumplimiento de esa labor. Frente a la situación de Félix Jiménez Camacho observa cómo se revocó el fallo laboral de primer grado que había establecido la pensión de jubilación en la suma de $ 375.519,71 "dizque aplicando la Ley 71 de 1988 pero la sentencia de segunda instancia es de fecha 30 de octubre de 2002 y no se aplicaron los porcentajes de reajustes que señala esa ley, de acuerdo a la variación de índice de precios al consumidor". Tampoco se tuvo en cuenta, añade, que con la Ley 100 de (cid:9) 1993 (cid:9) se creó el sistema de (cid:9) seguridad social integral, en cuyo artículo 35 se estipuló que el monto de la pensión de jubilación no puede ser inferior al valor del salario mínimo legal mensual vigente, como así lo previó el artículo 2° de la Ley 71 de 1988. Por lo anterior, le parece bastante extraño que la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal de Bogotá desconozca e inaplique normas vigentes en materia de reajustes a la pensión de jubilación, fallando las consultas con disposiciones derogadas, como la Ley de

4a• 1976 y la Ley 71 de 1988, pues cuando el procesado dictó las sentencias ya se encontraba vigente la Ley 100 de 1993, además porque de conformidad con el art. 16 del República de Colombia (cid:9) 8

SEGUNDA INSTANCIA N° 29837

HAROLD GAMBOA VELÁSQUEZ Corte Suprema de Justicia Código Sustantivo del Trabajo "en caso de que una ley nueva establezca una prestación ya reconocida en Convención Colectiva de Trabajo, se aplicará la más favorable al trabajador", por lo cual no es aplicable en este caso la Convención sino la Ley 100. Respecto de Teresa Anchico Cortés, anota que "existen las mismas razones que en el antes mencionado", por cuanto la pensión fue reajustada en menos de un salario mínimo mensual y ha debido aplicarse la Ley 100 de 1993 e inoreinentarse automáticamente cada ario conforme al índice de precios al consumidor. Igual situación ocurre frente a la condena en favor de Aurelio López Cuero, respecto de quien, adicionalmente, para la liquidación del reajuste de su pensión no se tuvo en cuenta la inspección judicial practicada por el Juzgado "en donde a cada trabajador se le deducen desde un año hasta 30 días en forma injustificada en el certificado de tiempo de servicio, sin que repose en la hoja de vida documento alguno que justifique tal proceder". En seguida, manifiesta que en la audiencia pública de juzgamiento no hubo defensa técnica, pues el procesado "estuvo huérfano de una persona idónea que República de Colombia (cid:9) 9

SEGUNDA INSTANCIA N° 29837

HÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ

• Corte Suprema de Justicia controvirtiera la prueba y sin presentar argumento alguno, aceptó los planteamientos de la Fiscalía".

De inmediato pregona que en el proceso no se probó ninguna vinculación directa ente el funcionario acusado y los terceros demandantes "ni menos se ha demostrado, nada que vicie la legalidad de las sentencias de primera instancia, como se deja demostrado". Así mismo, advierte que "en la investigación y en la etapa del juicio, por estar ausente, no tuvo un profesional del derecho que lo asistiera y ninguna de las etapas del proceso han sido contradichas". De otro lado, asegura que el hecho de que se hayan revocado lo fallos no permite inferir responsabilidad en la conducta del acusado, menos cuando no se ha demostrado que "no tuvieron posibilidad de ser recurridos por los abogados de FONCOLPUER TOS y si estos no hicieron uso de esos recursos, no significa que GAMBOA VELÁSQUEZ haya cometido el delito, ni mucho menos que hubiere cometido peculado, pues no hay ni relación material ni jurídica, ni sicológica con los terceros demandantes". En el mismo sentido, agrega, no está demostrado que los bienes apropiados se encontraran bajo su República de Colombia (cid:9) 10

SEGUNDA INSTANCIA N° 29837

HÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ

•;•f• 919

• Corte Suprema de Justicia custodia y, además, FONCOLPUERTOS ha debido recurrir los fallos que ordenaban los pagos.

Por lo anterior, considera que el sentenciador incurrió en un defecto sustantivo al apoyar su decisión en

una norma inaplicable al caso concreto, a lo cual se suma que los jueces son autónomos para interpretar la ley en sus decisiones y que el juez laboral no adopta decisiones relacionadas con bienes oficiales. Acerca de esto último afirma que "en la tradición jurídica del país, jamás se había llegado a una tesis tan absurda y equivocada como la de la disponibilidad jurídica para justificar la posición draconiana de la H. Corte Suprema de Justicia, por eso ya varios Magistrados se han rebelado contra esa tesis, así les haya costado no seguir en sus empleos". Con fundamento en lo expuesto, depreca la revocatoria de la sentencia impugnada "por no estar ajustada a derecho, pues no hay responsabilidad del acusado y los hechos investigados no constituyen delito de peculado". CONSIDERACIONES DE LA SALA La Corte es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la sentencia dictada en este proceso de conformidad con lo dispuesto República de Colombia (cid:9) 11

09•5 SEGUNDA INSTANCIA N° 29837

HAROLD GAMBOA VELASQUEZj Corte Suprema de Justicia en el numeral 3° del artículo 75 del Código de Procedimiento Penal de 2000, pues la acción penal es ejercida contra el ex Juez Primero Laboral del Circuito de Buenaventura, juzgado en primera instancia por el Tribunal Superior de Buga por actos realizados en ejercicio de sus funciones. Para resolver la impugnación, la Corte se circunscribirá a examinar los aspectos sobre los cuales se

expresa disentimiento, incluyendo, desde luego, los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, a voces de lo normado en el artículo 204 del mismo estatuto procesal penal. Con tal propósito, la Sala acometerá cada uno de los temas planteados por la defensa, agrupando aquellos que tengan relación entre sí, de la siguiente forma:

1. No hubo investigación por haberse adelantado por un fiscal de un lugar diverso a donde ocurrieron los hechos: Carece este argumento de entidad para suscitar la revocatoria del fallo adoptado por el Tribunal Superior de Buga, por las siguiente razones: República de Colombia (cid:9) 12

SEGUNDA INSTANCIA N° 29837

HAROLD GAMBOA VELASQUEZ 49r --— • ,c• -95h ';,.1 (cid:9) 1 _ Corte Suprema de Justicia La Fiscalía tiene competencia en todo el territorio nacional, según lo establece el artículo 113 de la Ley 600 de 2000, de ahí que el artículo 306 ibídem estipule que durante la investigación no habrá lugar a nulidad por el factor territorial. En consecuencia, ningún impedimento existía para que un Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá asumiera la investigación; máxime cuando así se procedió por asignación especial efectuada por la Dirección Nacional de Fiscalías mediante Resolución 001259 del 29 de agosto de 2003. Ahora, si bien la dinámica inherente a la investigación puede determinar la necesidad de practicar pruebas fuera de la sede del funcionario judicial, también lo es que en este caso el fiscal instructor no lo juzgó pertinente y el

impugnante no ofrece razones para considerar arbitraria esa actuación, limitándose simplemente a afirmar que por esa circunstancia 'propiamente no hubo investigación", lo cual resulta insuficiente para demostrar la vulneración del debido proceso. De cualquier forma, así hubiese surgido la necesidad de recaudar pruebas en el lugar de los acontecimientos, el hecho de que el funcionario no se traslade a practicarlas en forma personal o por comisionado, de conformidad con República de Colombia (cid:9) 13

SEGUNDA INSTANCIA N° 29837

HÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ Corte Suprema de Justicia las atribuciones en ese sentido establecidas en el artículo 84 ibídem, o que no haya dispuesto la realización de una misión de trabajo, dista de constituir anomalía alguna porque el artículo 237 del mismo ordenamiento consagra el principio de libertad probatoria, de acuerdo con el cual mediante cualquier medio de prueba resulta procedente acreditar los elementos estructurales de la conducta punible y la responsabilidad del procesado. Ahora, si la pretensión del impugnante apuntaba a denunciar la falta de actividad probatoria, como se podría inferir de su genérica expresión en el sentido de que no hubo investigación, oportuno resulta señalar que el recurrente tampoco logra demostrar irregularidad en ese sentido. Ello, porque el impugnante elude la mínima obligación que le atañe, en pro de corroborar esa conclusión, de individualizar las pruebas dejadas de practicar y, consecuentemente, de establecer cómo tales probanzas habrían desvirtuado los fundamentos del fallo condenatorio. Y es que, como lo tiene dicho la jurisprudencia de la

Sala, la trascendencia de actos omisivos de la naturaleza aducida por el impugnante debe aparecer acreditada en el proceso para que resulte viable la adopción de una República de Colombia (cid:9) 14

SEGUNDA INSTANCM N' 29837

HÁROLD GAMBOA VELASQUEZ

• ;I) Corte Suprema de Justicia determinación (cid:9) de (cid:9) carácter (cid:9) invalidatorial, (cid:9) a (cid:9) cuya consecuencia, inexorablemente se aceptaría la propuesta argumentativa en forma tácita esbozada por la defensa, pero imposible de ser acogida, según lo visto.

2. Ilegalidad de las pruebas a partir de las cuales se sustentó la sentencia: Plantea el defensor que las únicas pruebas decretadas en el proceso se practicaron con inobservancia del rito legal señalado en el artículo 239 del Código de Procedimiento Penal y que los procesos laborales fueron allegados en forma irregular, dado que su allegamiento no se decretó mediante providencia previa.

Acorde con lo estipulado en la preceptiva legal referida por el recurrente: "Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa dentro o fuera del país, podrán trasladarse a otra en copia auténtica y serán apreciadas de acuerdo con las reglas previstas en este código. Al respecto, ver sentencia del 4 de mayo de 2006, radicación 22328, entre 1 otras. República de Colombia (cid:9) 15

SEGUNDA INSTANCIA N° 29837

HÁROLD GAMBOA VELASQUEZ

- . Corte Suprema de Justicia Si se hubieren producido en otro idioma, las copias deberán ser vertidas al castellano por un traductor oficial". Pues bien, la defensa sustenta esta afirmación en la inexistencia de auto que ordenara la incorporación de los procesos laborales a la presente actuación. Sin embargo, olvida que dichos procesos se integraron a cada una de las investigaciones iniciadas, por separado, como consecuencia de la compulsación de copias dispuesta una vez se evidenció el comportamiento irregular del ex Juez Primero Laboral de Buenaventura. En tal virtud, resulta apenas obvio entender que al ordenarse la fusión de todas esas investigaciones para ser tramitadas bajo una misma cuerda por su evidente conexidad, las pruebas de cada una de ellas pasaron a integrar la única actuación procesal que quedó como consecuencia de esa unificación. Por consiguiente, ninguna ilegalidad puede predicarse respecto de la incorporación de los procesos laborales a la presente actuación

3. Ilegalidad de las sentencias laborales proferidas en segunda instancia: Sobre (cid:9) el (cid:9) particular, (cid:9) conviene (cid:9) precisar (cid:9) que (cid:9) la consulta de las sentencias laborales proferidas por el República de Colombia (cid:9) 16

SEGUNDA INSTANCIA N° 29837

I-IÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ 7.,1\rn I 311M, 7i

\(cid:9) / Corte Suprema de Justicia doctor HÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ se dispuso con fundamento en una interpretación razonable surgida en torno a las noimas reguladoras de la materia. En ese

sentido se estimó que, como al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Laboral, dicho grado jurisdiccional opera, entre otros casos, cuando las sentencias de primera instancia fueren adversas a la Nación, tal situación se presentaba frente a la EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA porque el artículo 35 de la Ley 1 a de 1991 ordenó la asunción por parte de la Nación de los pasivos de la mencionada entidad oficial. Además, el procedimiento del Consejo Superior de la Judicatura al dar vía libre al grado jurisdiccional de consulta compagina con el criterio sentado ulteriormente por la Corte Constitucional a través de la sentencia SU962 del primero de diciembre de 1999, en cuya parte motiva, sobre lo pertinente, precisó: "Ante tan claras disposiciones, a juicio de la Corte no hay ninguna duda acerca de la obligatoria aplicación del artículo 69 del C.P.L. y, por ende, de la forzosa tramitación de la consulta de-las sentencias de primera instancia que sean total o parcialmente adversas a FONCOLPUER TOS, toda vez que el pago de las acreencias reconocidas estaría a cargo de la Nación, responsable directa de las obligaciones laborales . y del pasivo laboral de República de Colombia (cid:9) 17

SEGUNDA INSTANCIA N° 29837

HÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ

- „ Corte Suprema de Justicia COLPUER TOS y de FONCOLPUER TOS, según lo dispusieron, en particular, la Ley 1'. de 1991, el DecretoLey 036 de 1992 y el decreto-Ley 1689 de 1997".

Punto sobre el cual, con antelación a la decisión constitucional, también se había ocupado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en decisión de fecha diciembre 11 de 1998, en donde sobre el particular adujo: "Por sus funciones y el origen de sus recursos, y dado que la directamente obligada es la Nación, resulta imperativo entender que el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, si bien es un establecimiento público, su naturaleza jurídica es de carácter especial, por lo que se justifica que las prerrogativas establecidas directamente en el decreto de creación se extiendan aún al grado jurisdiccional de consulta, cuando la providencia le fuere total o parcialmente adversa, porque en este caso se está hablando de obligaciones contraídas por la Nación. Máxime que dentro de su funciones se le ordena 'ejercitar o impugnar las acciones judiciales y administrativas necesarias para la defensa y.protección de los intereses de la Nación, de la Empresa Puertos de Colombia en liquidación y del Fondo. n Qtf República de Colombia (cid:9) 18

SEGUNDA INSTANCIA N° 29837

HÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ r

.;•Alr Corte Suprema de Esto signir i ca que el Tribunal no se equivocó al conocer del grc do jurisdiccional denominado 'consulta', porque siendo parcialmente adversa la sentencia de primera instanc a al Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Col( mbia, el pago de la obligación estaría a cargo de la Nac ón, que para efectos de la Ley la. de 1991

.y el Decreto Ley 36 de 1992, es la única deudora como responsable d las obligaciones asumidas por la liquidación de i Empresa Puertos de Colombia, y quien, además se vería afectada en sus intereses por la sentencia condenatoria en su contra". De lo ant rior emerge con total claridad que las sentencias prof ridas en segunda instancia por la Sala Laboral del Trib nal Superior de Bogotá, por virtud de las cuales se revocaron los fallos condenatorios de primer grado dictados por el procesado en contra de FONCOLPUERTOS por acreencias laborales no evidencian el vicio de legalidad endilgado por el recurrente, ni mucho menos que el 1p roceder del Consejo Superior de la Judicatura al aT torizar el grado jurisdiccional constituyó un "abuso l derecho", como así lo sostiene el di impugnante. República de Colombia (cid:9) 19

SEGUNDA INSTANCIA N° 29837

HAROLD GAMBOA VELASQUEZ

Corte Suprema de

4. Las deeisiones proferidas por la Sala Laboral del Tribunal fueron adoptadas sin el debido estudio: En punto de este argumento expuesto por el defensor de GAMBOA VELÁSQUEZ comiéncese por señalar que el peculado atribuido al procesado no emana de las senten,cias laborales proferidas en segunda instancia, sino por razón de apropiarse para sí o para un tercero de elevadas sumas de dinero mediante la adopción de decisiones contrarias a derecho. Por tanto, el comportamiento punible se estructuró con independencia de la revocatoria pronunciada por el Tribunal respectivo.

Tanto es así que cuando esto último ocurrió ya se había

materializado la, apropiación de los dineros. Por lo misino, en contra de la efectiva configuración del delito resulta inane el planteamiento de la defensa conforme al cual las providencias laborales de segunda instancia se emitieron sin el debido estudio porque "son elaboradas porLarea", pues cada Magistrado en atención a su carga de trabajo y compromisos extra laborales no dispone de tiempo para asumir un estudio serio de los asuntos sometidos a su consideración. República de Colombia (cid:9) 20

SEGUNDA INSTANCIA N° 29837

HÁROLD GAMBO.A VELASQUEZ

47S

• M1

, )) Corte Suprema de Justicia

5. El procesado actuó ajustado a las normativas aplicables: Respecto de los tres casos fallados por el ex juez HÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ sostiene en común que sus decisiones consultaron con la normatividad aplicable y que el error deviene de la interpretación del Tribunal al haber sustentado su decisión revocatoria sin haber tenido en cuenta los reajustes a la pensión de jubilación previstos en la Ley 71 de 1988 y desconocer la vigencia de la Ley 100 de 1993 para cuando el procesado dictó las sentencias, conforme a cuyo artículo 35 el monto de la pensión de jubilación no puede ser inferior al valor del salario mínimo legal mensual vigente, debiendo aplicarse, entonces, el art. 16 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual "en caso de que una ley nueva establezca una prestación ya reconocida en Convención Colectiva de Trabajo, se aplicará la más favorable al trabajador", de

donde se infiere que no era aplicable en este caso la convención laboral sino la referida Ley 100. Frente a la situación del ex trabajador Félix Jiménez Camacho(cid:9) resulta (cid:9) evidente (cid:9) la (cid:9) falta (cid:9) de (cid:9) razón (cid:9) del planteamiento expuesto por el defensor, por cuanto el motivo que condujo a la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal de Bogotá para revocar la condena en contra de FONCOLPUERTOS, mediante su decisión de fecha /(- k República de Colombia (cid:9) 21

SEGUNDA INSTANCIA N° 29837

HÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ Corte Suprema de Justicia octubre 30 de 2002, no versó sobre el reajuste de su pensión, sino por habérsele concedido esa prestación sin tener derecho a ella, de modo que cualquier discusión en derredor de su monto resulta impertinente. Para el efecto, baste con evocar los argumentos expuestos en esa determinación: "la única reclamación que formuló el actor en el escrito primigenio que dio inicio a este proceso, se circunscribe a que se le reconozca y pague los valores que resultan probados al determinar el nuevo promedio de pensión de jubilación a su favor teniendo en cuenta los valores resultantes de reajuste del 10,04% del porcentaje faltante, indemnización moratoria por brazos caídos, incremento a la pensión de jubilación y demás factores resultantes y no pagados. El sentenciador de primer grado accedió a lo pretendido por el actor, teniendo en cuenta que ,según la

inspección judicial practicada con exhibición de la hoja de vida del ex trabajador, el artículo 100 de la C.C. del T., y la certificación expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, la pensión del actor debió alcanzar la suma de $ 375.519,71 y no la suma de $ 326.514,39, presentándose una diferencia de $ 49.005,32, pues condena al reajuste de la pensión de jubilación reclamada fundado en que para te-f7v República de Colombia (cid:9) 22

SEGUNDA INSTANCIA N° 29837

HÁROLD GAPIBOA VELASQUEZ Corte Suprema de Justicia completar el tiempo de servicio previsto en la convención colectiva de trabajo, para tener una pensión de jubilación equivalente al 80%, se debe incluir el tiempo en que el demandante prestó el servicio militar. Decisión que esta Sala encuentra equivocada, porque al tratarse de una pensión de carácter convencional, ha de estarse a los términos de la misma para definir si el derecho que ella consagra se tiene o no, y en este caso la cláusula convencional que invoca el actor para tener derecho al reajuste de tal prestación Social (art. 100 C.C.T.), exige 20 arios de servicios continuos o discontinuos, lo que no se da, porque de las pruebas que obran en el expediente, se colige que el accionante laboró por espacio de 19 años, 9 meses y 4 días". Algo similar ocurre en relación con lo fallado por el sindicado en los procesos laborales instaurados por Teresa Anchico Cortés y Aurelio López Cuero, porque la misma Sala del Tribunal de Bogotá revocó las condenas a

su favor proferidas por el procesado GAMBOA VELÁSQUEZ en consideración a que los demandantes, en uno y otro caso, no concretaron debidamente sus pretensiones, los hechos sustento de ellas y tampoco aportaron pruebas indispensables para su demostración, lo cual impedía abordar su estudio, sin embargo el procesado no sólo asumió su análisis sino que además República de Colombia (cid:9) 23

SEGUNDA INSTANCIA N° 29837

HiíROLD GAMBOA VELASQUEZ n Corte Suprema de Justicia accedió a sus pretensiones, extralimitándose frente a lo pedido en las demandas cuyos contenidos delimitaban su competencia. Así, en el fallo del Tribunal de fecha junio 2 de 2002, por medio del cual se decidió el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia proferida dentro del proceso laboral iniciado por Teresa Anchico Cortés, quien actuó en representación de la menor Amanda María Castillo y como sustituta pensional de Jesús Castillo Arrroyave, se señaló: «(E)n los hechos y pretensiones consignadas en el libelo introductorio, no se especificaron con precisión y claridad cuáles fueron las diferencias dejadas de cancelar al actor, el salario devengado, ni cuantificaron los conceptos o factores salariales dejados de incluir en la liquidación de la cesantía definitiva, de la pensión de jubilación y demás prestaciones sociales, pues estos vienen narrados en forma genérica e imprecisa, que impiden hacer un análisis juicioso y concreto del petitum de la demanda, es decir, que tales hechos no pudieron ser objeto de debate dentro del proceso porque no fueron

planteados en la demanda, como lo exige el art. 25 del C.P.L., ya que esta es la que demarca el ámbito del litigio, lo que significa que no estuvo bien configurada la causa petendi. República de Colombia (cid:9) 24

SEGUNDA INSTANCIA N° 29837

HÁROLD GAMBOA VELÁSQUEZ n_0.zy.)_ /) Corte Suprema de Justicia El art. 25 del C.P.L. exige con relación a la causa petendi que la demanda deberá contener lo que se demanda, expresando con claridad y precisión los hechos