CSJ - SP29907(28-10-2009)(2)

CAS O7

RAFAEL BURGO ELGADO

4 5 L 4 (cid:9) 41

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Aprobado Acta No.339 Bogotá D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009). VISTOS Decide la Sala acerca de la admisibilidad de los fundamentos lógicos y de adecuada argumentación de las demandas de casación presentadas por el defensor del procesado RAFAEL BURGOS DELGADO y por el apoderado de la SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE CÓRDOBA "SOTRACOR S.A'., como tercero civilmente responsable, contra la sentencia de segundo Ç\) 2 (cid:9)

CAIÓN 29O7

RAFAEL BURGOS DEL' GAOO grado de 18 de mayo de 2007 mediante la cual el Tribunal Superior de Montería revocó la de carácter absolutorio emitida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito del mismo Distrito Judicial, para en su lugar condenar al enjuiciado como autor del delito de homicidio culposo agravado. HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL Hacia las dos y treinta de la tarde del 21 de enero de 2002, a la 3a altura de la calle 40 con avenida de Montería, el señor Alonso Salazar Cardona resultó arrollado por el bus de servicio público intermunicipal de placas QQA-1 15 que cubría la ruta MonteríaLorica, cuando su conductor RAFAEL BURGOS DELGADO sobrepasaba otro automotor. Vinculado BURGOS DELGADO a través de indagatoria a la

investigación penal que inició la Fiscalía General de la Nación, al no ser necesario resolver su situación jurídica de conformidad con la normatividad adjetiva de 2000, se clausuró la instrucción y por decisión de 27 de noviembre de 2003 se profirió resolución de acusación en su contra por el delito de homicidio culposo agravado al haberse acreditado el estado de embriaguez al momento de conducir. Tal calificación fue confirmada el 3 de diciembre de 2004 por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Montería. 3

CAS O7

RAFAEL BURGOS DELGAÓO • (cid:9) ,v1 ,4 '( ,,, Previamente, por decisión de 6 de junio de 2002 se admitió la demanda de constitución de parte civil promovida a través de apoderado por los hijos del interfecto, Carlos Arturo y Leonardo Salazar García y se dispuso vincular como terceros civilmente responsables al propietario del bus de servicio público, Fernando Espítia, así como a la empresa transportadora 'SOTRACOR SA" a la cual se encontraba afiliado el rodante. También, por solicitud de estos últimos, mediante providencia de 2 de octubre de 2002, se llamó en garantía a la compañía

TMSEGUROS COLPA TRIA S.A. ".

La fase del juicio la adelantó el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Montería, despacho que luego de surtir el acto público de juzgamiento, mediante sentencia de 5 de marzo de 2007 absolvió a RAFAEL BURGOS DELGADO de los cargos formulados. No obstante, en virtud del recurso de apelación instaurado por el

apoderado de la parte civil, el Tribunal Superior de Montería por decisión de 18 de mayo de 2007 revocó la absolución, en su reemplazó, lo condenó como autor del delito de homicidio culposo agravado a las penas principales de veintiocho (28) meses de prisión, y prohibición de conducir vehículos por el mismo lapso, concediéndole la suspensión condicional de fa ejecución de la pena. Por no haberse pronunciado respecto de la pretensión indemnizatoria y la caución que debía prestar el procesado para gozar del subrogado penal concedido, el Ad quem dictó el 28 de

CA ACIÓN j29907

RAFAEL BURGOS DELADO

5 ?ç4 .': 4?fIlZ junio siguiente sentencia complementaria en la cual condenó a BURGOS DELGADO y a los terceros civilmente responsables a pagar la suma de trescientos millones de pesos ($300.000.000) por concepto de perjuicios materiales y doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes como perjuicios morales. También dispuso(cid:9) que (cid:9) la compañía (cid:9) llamada (cid:9) en garantía reembolsara a la empresa transportadora la suma que en salarios mínimos legales mensuales habían pactado por la muerte de una persona, al tiempo que le fijó al procesado la caución en un salario mínimo legal mensual vigente. Pese a lo anterior, por solicitud del apoderado de la empresa transportadora llamada a responder civilmente, el Tribunal por auto de 23 de julio de 2007 declaró la nulidad de la providencia complementaria al estimar que para el momento de su emisión la

sentencia ya estaba ejecutoriada. El apoderado de la parte civil promovió acción de tutela y la Corte Suprema de Justicia mediante proveído de 1° de noviembre de 2007 protegió el derecho al debido proceso invocado al advertir el error sustancial del Tribunal por no haberse pronunciado respecto de todas las pretensiones del recurso de apelación instaurado por el mismo sujeto procesal y declaró la nulidad parcial del fallo de segundo grado, ordenando a esa Corporación suplir tal falencia. En virtud de lo anterior, el juez plural emitió sentencia complementaria el 8 de noviembre de 2007 en la cual mantuvo la 5

CA Ció N(O7

RAFALBURG SDEL DO

5 4 .'J.#rn /.)/,4-,W condena en perjuicios y la caución prendaria respecto del procesado, ya reseñadas. El apoderado de la empresa transportadora llamada a responder civilmente y el defensor del procesado interpusieron recurso extraordinario de casación con las respectivas demandas, de cuya admisibilidad se ocupa la Sala. LAS DEMANDAS A nombre del procesado Primer cargo: Para el defensor, la sentencia es violatoria del artículo 97 del Código Penal, porque contrario a la exigencia legal de acreditar los daños materiales, el Tribunal supuso la prueba para demostrar que los actores civiles sufrieron perjuicio por daño emergente y lucro cesante en cuantía de trescientos millones de pesos ($300.000.000,00). Añade que los hijos del interfecto carecían de interés y legitimación en la causa para deprecar el resarcimiento de perjuicios, pues según el libelo civil no se está ante una acción

hereditaria pues no invocaron la calidad de herederos, ni pidieron el monto para la sucesión del causante, sino para su propio beneficio. 6

CASAIÓN9O7

RAFAEL BURG0SDE ADO 4 • (cid:9) 4

Agrega que tales actores civiles no son menores de edad, ni se tiene noticia que dependieran económicamente de la víctima, tampoco están en el listado de a quiénes se les debe alimentos, de ahí que al faltarles la condición de damnificados no se les podía favorecer con un estimativo pecuniario. Refuta al Tribunal por acoger el valor unilateralmente señalado en la demanda de parte civil como monto de los daños materiales, cuando argumentó que los interesados en desconocer tales perjuicios no habían aportado prueba para controvertirlos, porque para el censor, tal afirmación desconoce las reglas de la carga de la prueba. Repara también en la cuantificación de los ingresos mensuales del interfecto de $3.000.000oo, porque sólo encuentra respaldo en la afirmación de la parte actora, suma de la cual incluso tampoco se hizo la deducción de los gastos personales que aquél debía realizar normalmente. De la misma manera, critíca que se haya acudido a las tablas relacionadas con la expectativa de vida de la víctima, sin especificar cuál habría sido su vida útil laboral.

Segundo cargo: Pregona que la sentencia es violatoria de la ley sustancial "por falso juicio de existencia debido a error de hecho por falso juicio e identidad —sic—.

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CAS' C tÓj99O7

RAFAEL LJRGOS DL(1AD0

5 En criterio de censor, el Tribunal distorsionó el contenido de la indagatoria de RAFAEL BURGOS DELGADO, pues la tomó como prueba y no como medio de defensa para deducir de ella la violación del deber objetivo de cuidado, hecho que él había negado, desconociendo así el juzgador que la injurada sólo constituye medio de prueba cuando contiene la confesión del procesado. Que también se omitió valorar la prueba de alcoholemia practicada al occiso, la cual arrojó 240 mg% de alcohol en la sangre, estableciéndose con ello la culpa exclusiva de la víctima al crear el riesgo cuando atravesó imprudentemente la vía en los precisos momentos en que el conductor del bus adelantaba otro vehículo que se había estacionado delante. Por lo anterior, formula como única pretensión que la Corte case la sentencia condenatoria dada la imprudencia de la víctima y se exonere de responsabilidad económica a los terceros civilmente responsables. A nombre de la empresa transportadora llamada a responder civilmente El demandante formula dos cargos, el primero, con el carácter de principal bajo los cauces de la casación penal y el otro, como subsidiario por la vía de la casación civil. 8

CASAN2 07

RAFAEL BURGO EL ADO

,I 5 4 • (cid:9) ja,d,rn Primer cargo: Advierte que por el quantum punitivo del delito de homicidio culposo, inferior a los ocho (8) años de prisión, la censura la presenta bajo la vía excepcional dada la pretermisión de las garantías fundamentales del debido proceso y legalidad, así como

de la tipicidad y la prohibición de aplicación de responsabilidad objetiva predicables del procesado, lo cual afecta también de manera directa a la compañía que representa. En este sentido, pregona la errada construcción del tipo culposo por parte del Tribunal por no haber considerado la necesaria relación que debe existir entre el desconocimiento del deber objetivo de cuidado y la producción del resultado, así como por no haber abordado el aspecto subjetivo del mismo. Con base en lo anterior, al amparo de la causal primera de casación prevista en el artículo 207 de la Ley 600 de 2000 denuncia la violación de los artículos 9 0 23 y 109 del Código Penal debido a los siguientes errores fácticos: - (cid:9) Falso juicio de existencia por suposición: El Tribunal imaginó una prueba relacionada con que el límite de velocidad para la zona donde ocurrió el accidente era inferior a los cuarenta kilómetros por hora, porque al concluir que la huella de frenada permitía establecer que el automotor se desplazaba aproximadamente a esa velocidad, tal cifra la tildó la Corporación 9

CA4' ÓNÁ 9O7

RAFAEL BURG(S DELC4fD0 ma r4 de excesiva para de allí construir la trasgresión del deber de cuidado por parte del conductor. Pone de manifiesto que el juez de primer grado para la decisión de absolución reconoció el hecho del hallazgo del alcohol en la sangre del procesado, pero basado en el análisis de la conducción dentro de los límites de velocidad exigidos concluyó que el desenlace fatal se habría producido aún si el conductor no hubiera ingerido alcohol, porque ese tiempo en el desplazamiento

le permitió hacer lo que estaba a su alcance para evitar el resultado como pitar y frenar en una corta distancia. Bajo tal óptica, estima que el Tribunal debió admitir que la infracción al deber de cuidado por el margen de embriaguez del conductor no se constituía en el riesgo no permitido que se tradujo en el resultado, porque muy a pesar de esa situación el conductor pudo reaccionar prudentemente tan pronto vio a la víctima, pero como de todas formas se produjo el resultado, el mismo no le podía ser atribuido porque no es la concreción de un riesgo creado por él, sino exclusivamente por la víctima al cruzar la calle sin visibilidad alguna, lanzándose de manera que los conductores que venían por la vía solo podían detectarla cuando superaran el obstáculo visual que representaba la buseta retenida en frente. - (cid:9) Falso juicio de existencia por omisión: El ad quem no consideró el Decreto 1344 de 1970 modificado por el Decreto 1809 de 1990, anterior Código Nacional de Tránsito entonces lo (cid:9)

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PAÁL ?»' vigente, en cual en el artículo 127-A establecía como límite de velocidad en las vías urbanas sesenta kilómetros por hora. Explica que de haberlo sopesado, dado que el sitio de los hechos corresponde a una zona urbana, como según la huella de frenada el vehículo se desplazaba a cuarenta kilómetros por hora, indica que estaba dentro del rango legalmente permitido y no iba a exceso de velocidad. - (cid:9) Falso juicio de existencia por suposición. El Tribunal

consideró una prueba inexistente para acreditar que el conductor del bus no frenó o redujo la velocidad cuando otro vehículo de servicio público se estacionó al frente del suyo sobre la vía, cuando afirmó que en vez de frenar, lo esquivó. - (cid:9) Falso juicio de identidad. El juzgador distorsionó el dictamen de alcoholemia del procesado practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal cuando parte de la base del estado de alicoramiento pero no atiende el escaso margen de alcohol en sangre que según la pericia corresponde a 124 mg%, aspecto que sí fue analizado por el juez de primer grado. Para el censor, de haberse considerado integralmente esa prueba no se habría concluido a la ligera la embriaguez del conductor como una infracción al deber de cuidado o como un factor de incremento del riesgo y menos que ese riesgo se haya traducido en el resultado muerte del peatón. 11

CACIÓN

RAFAEL 8URGS DEAOO

5 4 .4 ?.irn 4 - (cid:9) Falso juicio de existencia por omisión. El Tribunal pese a un dictamen que establecía 223 mg% de alcohol en la sangre de la víctima, concluyó la sobriedad de la misma y que aquella anotación era un simple error de trascripción según el oficio remisorio de la pericia, desconociendo así que hay dos dictámenes; uno del 10 de marzo de 2002 N° 1145-02-CQF-DNC9 según el cual se detectó 223% mg de alcohol etílico en la muestra de sangre del occiso y otro de la misma fecha N° 11 41 -02-GQFDNC indicativo que no se le detectó alcohol. Falso juicio de identidad. El ad quem del dictamen conclusivo de que no se detectó alcohol en la sangre de la víctima, no tuvo en cuenta que ese examen fue realizado después de cuarenta y dos horas del accidente al tomarse la muestra al momento de la diligencia de necropsia, cuando era evidente que ya no habría rastros de esa sustancia en el cuerpo, pues ya había sido absorbida por el mismo. Aclara el libelista que al momento del hecho se realizó un primer examen, el cual arrojó 223 mg.%, cantidad que tardaría aproximadamente 14 horas en oxidarse o eliminarse por el cuerpo. Que lo anterior guarda correspondencia con la manifestación del procesado acerca de que al ingresar al hospital tanto a él como al peatón les hicieron la prueba de alcoholemia, saliendo para éste positiva, y por lo afirmado por el testigo Hugo Alberto Muñoz 12

RAFAEL BU

5 (cid:9) (cid:9) $000 10, Morelo quien auxilió a la víctima al indicar que le había percibido olor a alcohol. Así las cosas, insiste en que el conductor no se desplazaba a exceso de velocidad, ni incurrió en infracción por no disminuir la velocidad en el momento en que otro vehículo se detuvo en frente. Que si bien conducía bajo el influjo de bebidas embriagantes, el escaso margen de alcohol unido a la imprudencia de la víctima impedían fundamentar en ese riesgo la producción del resultado. En criterio del libelista, el peatón realizó una actividad de riesgo al

lanzarse a la vía pública sin tener la mínima visibilidad necesaria, situación ante la cual un conductor que se encontrara bajo las mismas condiciones del procesado, salvo la presencia del alcohol en su sangre, no habría podido evitar el accidente. En consecuencia, solicita a la Sala casar el fallo y emitir decisión de carácter absolutorio a favor del procesado por atipicidad de la conducta, y en consecuencia, exonerar del pago de perjuicios a la sociedad transportadora. Segundo Cargo (subsidiario) Acude a la causal primera de casación civil para denunciar la falta de aplicación del artículo 2357 del Código Civil ante la concurrencia de culpas", dado que la actuación imprudente de la 13

CASIÓ99O7

RAFAEL BURGCPEL1AD0 1 víctima al contribuir de manera eficiente en la producción del resultado impedía que la compañía (cid:9) transportadora (cid:9) fuera condenada al pago total de los perjuicios, pues correspondía reducir tal monto. Señala que el Tribunal aceptó que el peatón actuó imprudentemente y que si bien no se presentaba culpa exclusiva de su parte, sí era compartida con el conductor. Detalla la imprudencia del peatón al cruzar intempestivamente la calle sin tener visibilidad de la misma y sin que los conductores que se dirigían por ella pudieran verlo, pues según el procesado, una buseta se detuvo delante de su (cid:9) bus (cid:9) y él procedió (cid:9) a adelantarla por la izquierda divisando al peatón que se encontraba en la mitad de la vía cuando superó el obstáculo de la visión del automotor detenido.

Por lo tanto, solicita reducir el monto indemnizatorio. ALEGATOS DEL SUJETO NO RECUURETE El apoderado de la parte civil se opone a las pretensiones de los demandantes. Señala que los libelistas desconocen que el Tribunal sí analizó el aspecto subjetivo de la conducta y la relación casual dada la 14 cAStC1ÓN RAÁLBU (cid:9) rÁÍ 7 •(cid:9) ?•;:m 42 conducción del bus por parte del acusado, de por sí una actividad peligrosa, con las infracciones dada su embriaguez y el exceso de velocidad, circunstancias con las cuales incrementó el riesgo permitido. En este orden, considera que no se infringió algún derecho fundamental de los sujetos procesales y se torna improcedente la casación. Pone de presente que al enjuiciado se le podía exigir otra conducta antes y durante los hechos, pues debía conducir sobrio, además, para la conclusión de la velocidad del bus no requería el Tribunal demostración, pues en el croquis se anotó la huella de frenado, se trataba de una vía en buen estado con excelente visibilidad y pese a corresponder a una zona comercial por ser un domingo, había escaso flujo vehicular, sin que mediaran así factores externos que incrementaran el riesgo del peatón. De igual forma, resalta que la víctima se encontraba sobria pues como lo manifestaron sus familiares no consumía bebidas embriagantes, además, acababa de salir de su fábrica de cocinas, y estaba a punto de alcanzar la orilla de la vía cuando intempestivamente apareció el bus, manejado por RAFAEL

BURGOS, quien iba a gran velocidad por el afán de llegar al sitio de control de la empresa transportadora, de ahí que zigzagueó y quedó a escasos centímetros del andén. 15

CAL N( 99O7

RAFAEL BURCEILADO 4 4:7 dZir 4 (cid:9)

1 ,,.u.q • (cid:9) En la misma línea, asevera que el exceso de velocidad del rodante, constatada con la huella de frenada, encuentra eco en la declaración del agente de la Policía Nelson José Díaz Gutiérrez cuando dijo que "otros me decían que era que el señor del bus venia a alta velocidad". En cuanto al dictamen según el cual el procesado tenía 124 mg % de alcohol en su sangre, señala que así hubiera sido inferior o superior tal porcentaje, infringió una norma de tránsito, pues ingerir bebidas embriagantes genera excitación, altera los sentidos e impide la conducción de automotores. Acerca de los dos dictámenes de alcoholemia de la víctima, señala el apoderado de la parte civil que los libelistas sólo quieren resaltar el que arrojó resultados positivos, desconociendo el conclusivo de La ausencia de rastros de alcohol en la sangre buscando con ello trasladarle toda la responsabilidad. En suma, es partidario de que los supuestos yerros no tienen incidencia alguna para variar la decisión de condena, pues el nexo causal que determinó la ocurrencia del hecho fue el alicoramierito del conductor, sumado al exceso de velocidad. Finalmente, reseña que las pretensiones indem nizatorias formuladas en la demanda de parte civil no fueron objetadas, el

vehículo de servicio público estaba siendo explotado comercialmente, lo que conduce a que los terceros civilmente responsables deban sufragar los daños causados. 16 (cid:9) CA 9O7

RAFAEL BURGOS DEL ADO

5 CONSIDERACIONES DE LA CORTE Demanda a nombre del procesado Primer cargo: De manera preliminar, la Corte advierte que al estar la censura encaminada a debatir la indemnización de perjuicios fijada en la sentencia, en cuanto el defensor estima que el Tribunal supuso la prueba para su acreditación, debió encausarla bajo los lineamientos establecidos en el ordenamiento procesal civil. Y si bien el tope mínimo establecido por el legislador para la procedencia del recuso en materia civil habilitaría al demandante para acceder a esta sede, el desarrollo que le imprime al cargo carece de la idoneidad necesaria para su admisión, como se verá: Efectivamente, la cuantía para acceder a la casación civil según la Ley 592 de 2000 (con la cual se modificó el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil) determinó que el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente ha de ser o exceder los 425 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y como el fallo se profirió el 18 de mayo de 2007 año en el que el salario mínimo ascendía a la suma de $433.700,00 tales factores arrojan una cuantía de $1 84'322.500,00. En este caso, los montos de las condenas en perjuicios materiales y morales fueron fijados en trescientos millones de pesos 17

BACIÓN1 ?7

RAFAEL 9UROS DADO • (cid:9) 4 ? ,ç, ($300.000.000,00) y doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en su orden, por lo mismo, se supliría tal exigencia legal. Y aunque en materia civil y penal, tratándose del recurso de casación existe alguna identidad en sus causales, ya que en uno y otro ordenamientos adjetivos se contempla la violación directa e Indirecta de la ley sustancial, la omisión del libelista en citar la causal del ordenamiento civil no tendría entidad para desestimar el cargo al dar así prevalencia al derecho sustancial sobre el formal, no sucede lo propio con la argumentación del cargo, dada la mixtura en las varias críticas formuladas, postura que en todo caso constituye una afrenta de los principios lógicos de no contradicción y de razón suficiente que imponen, de un lado, evitar la presentación de postulados que por su contraste se opongan, y de otro, que la fundamentación para cada censura ha de bastarse a sí misma. Pese a que no identifica la clase de error de juicio que llevó a la violación directa del artículo 97 del Código Penal o si se trató de una infracción mediada por errores probatorios, ataca el censor la legitimidad de los hijos de la víctima para constituirse en parte civil al no haber acreditado su condición de herederos, al mismo tiempo, repara en la legalidad de la condena al pago de perjuicios y discrepa de su monto poniendo en duda la actividad laboral que desempeñaba el occiso, la tabla de mortalidad, el promedio de sus ingresos mensuales para la fecha del deceso, y los gastos

personales que debía sufragar. 18

CASÁIÓN2O7

RAFAEL BURGOS DELdDO • (cid:9) 4

En este orden, aduce simultáneamente que el sentenciador supuso la prueba relativa a los perjuicios materiales causados a los herederos de la víctima del accidente y cuestiona la titularidad del derecho para recibir la indemnización, porque en su parecer no está probada la dependencia económica, tópicos que imponían una presentación autónoma delimitando así el ámbito de la causal de casación, con una pretensión también independiente y acorde, y no como lo hace al deprecar para los dos reproches una sola pretensión, de reconocer la culpa exclusiva de la víctima y exonerar a los terceros civilmente responsables. Incluso, sobre tal pedimento en sede del interés del demandante se advierte que en vez de abogar por la exoneración de responsabilidad civil de su asistido, en cuanto está llamado al pago de los perjuicios de manera solidaria, sólo lo hace respecto de los terceros civilmente responsables, sin tener facultad para representar los derechos de esos otros sujetos procesales. Para el censor, de la sola muerte del peatón no se podía predicar que resultaron perjudicados sus dos hijos mayores de edad, por ella, rechaza la estimación de daños materiales y morales edificada en la sentencia, pero desdeña de un lado, que mediante prueba documental con los respectivos registros del estado civil se acreditó tal legitimidad y de otro que en materia civil la demanda tiene un contenido probatorio el cual ha de ser valorado por el juez, y precisamente en ella se puso de manifiesto ese parentesco y el perjuicio causado a los descendientes del occiso.

19 CA Cló 9W7 RAFAEL BDUE-4RDWO • (cid:9) ? ,ç,, ,(,, El libelista considera que el Tribunal supuso la prueba para demostrar el daño emergente y el lucro cesante, pero no avanza más allá de tal enunciado, lo cual no deja de ser una simple discrepancia con la ponderación judicial de las pruebas cuando se concluyó al sopesar fa acreditación de la parte civil de la previa buena salud del peatón, quien contaba con sesenta años de edad y "era un próspero dueño de la fábrica Universal de Cocinas", en la cual obtenía una asignación mensual de tres millones de pesos ($3.000.0001oo), de la pretensión de quinientos cuarenta millones de pesos anhelada en el libelo civil, tras el análisis de las varias facturas y recibos de caja aportados, estimó los daños en trescientos millones de pesos ($300.000.000,00), acudiendo también para ello a la vida probable de la víctima según las tablas de supervivencia de la Superintendencia Bancaria y el Instituto de Seguros Sociales.

Así razonó el Tribunal: .. para la Sala es incuestionable que en & evento de la especie se causó un daño, pues se lesionó el bien jurídico de la vida de una persona, y para nadie es un secreto e/ perjuicio que ello causa en una familia. En el presente caso se ha causado un daño material y uno moral.

En cuanto al primero, esto es, al material, la parte civil demostró que el occiso era dueño de una industria y como tal devenga un salario de 20

RAFAEL OL

4 •(cid:9)

tres millones de pesos mensuales, sin que este hecho se encuentre objetado o controvertido por las partes. 'Siendo innegable que la parte civil aportó prueba del perjuicio material —lucro cesantey los interesados en desconocer dichos perjuicios no han aportado prueba para controvertir los mismos, la Sala debe proceder a ponderar los mismos de acuerdo a las pruebas que obran en el expedienteo. Precisamente, cuando el perjudicado opta por hacer valer su derecho en el proceso penal, tal y como lo prevé el artículo 50 de la Ley 600 de 2000, una vez admitida la demanda como actor civil queda facultado para aportar y solicitar pruebas encaminadas a demostrar la ocurrencia del hecho, la responsabilidad del sujeto pasivo de la acción judicial penal, así como la naturaleza y cuantía de perjuicios, para lo cual puede incluso denunciar bienes de aquél o del llamado a responder civilmente, así como pedir medidas cautelares sobre los mismos. Bajo esta perspectiva, la presentación del demandante dista de la realidad procesal, en cuanto el apoderado de la parte civil comprobó la actividad de la víctima en su fábrica de cocinas integrales, sus ingresos y su relación con sus dos hijos, contando así con elementos de juicio para establecer el justiprecio o proporción del daño causado. 21 47

CAS4CÓN

RAFAEL BURÓÓ DEL.ÁDÓ

(cid:9) 1 ?'jjrn Ciertamente, no se duda que Ja prueba del daño corresponde a quien lo alega y una vez probado se establecerá su cuantía, por ello, como base de la relación jurídico procesal en el ámbito

privado se acreditó la existencia del daño y la obligación de resarcir, en tanto que los terceros civilmente responsables no aportaron sustento a la enervación de la pretensión indemnizatoria, ni objetaron las pruebas aportadas por la parte civil. Como no sólo del vínculo o dependencia laboral es predicable la responsabilidad indirecta, pues también puede derivar de la obligación legal de resultado por actividades que tienen la virtualidad de engendrar daños y por los mismos son riesgosas, y aquí la empresa por tener el bus sirviéndose y beneficiándose de él, con el poder efectivo de uso, control y aprovechamiento al ubicarse como guardián de la actividad tenía la obligación de impedir que escapara a su control y por ello estaba también llamada responder civilmente, En este orden, la deficiente enunciación y demostración del cargo conllevan a que no sea admitido. Cargos comunes (vía penal) En atención a la similitud de argumentación y de pretensiones de las censuras formuladas por el defensor del procesado y por el 22

CAS$N 7

RAFAEL BURGd DE110)o

• 4/42r

4 5 ?,#'/ 4 ? • '4' representante de la empresa transportadora llamada a responder civilmente, en los cuales refutan la atribución de responsabilidad del conductor del bus, se hace aconsejable su estudio conjunto. En primer lugar, las manifestaciones del representante de la empresa, para justificar la intervención de la Corte Suprema como Tribunal de casación por la vía excepcional, resulta a todas luces innecesaria si se tiene en cuenta que se está ante un delito de homicidio culposo en el cual concurre la circunstancia de

agravación punitiva al encontrase el procesado al momento de conducir bajo el influjo de bebidas embriagantes, situación que eleva el rango punitivo máximo a nueve (9) años de prisión y por lo mismo lo habilita para presentar la demanda por la vía común. Ello significa que la argumentación relacionada con la vulneración de las garantías fundamentales del debido proceso, legalidad, tipicidad y proscripción de responsabilidad objetiva predicables del incriminado y de contera de la empresa transportadora se tendrán como fundamentos adicionales para demostrar el cargo, pero no como un requisito que en este caso deba exigirse para resolver la aptitud de la demanda. La Sala acerca de las posibilidades de intervención en la sede extraordinaria del tercero civilmente responsable ha precisado que pueden estar fundadas en: 23

CASPLÓN 29Ç

RAFAEL URGODELGO

,1 5

1. Discutir exclusivamente el tema de los perjuicios, caso en el cual se deberá atender a la cuantía y a /as causales que rigen la casación civil.

2. Reclamar la protección de sus garantías fundamentales, bien a través de la casación ordinaria, ya mediante la discrecional, sin que para este último efecto importe la cuantía de la indemnización que fue condenado a pagar.

3. Pedir el desarrollo de la jurisprudencia sobre un tema exclusivamente ligado a sus intereses patrimoniales, ejerciendo la casación discrecional y sin que interese el monto de la condena.

4. Abogar por la absolución del procesado porque ¡a conducta causant