CSJ - SP31688(14-09-2009)

De República de Catombia CASACIÓN 31688

$ OSIRIS LORENA VAN-STRAHLEN PEINADO Y OTRO.

Corte Supvema de Juoticia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente: ALFREDO GOMEZ QUINTERO Aprobado acta. N: 287

Bogotá D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil nueve (2009) VISTOS Se pronuncia la Corte en relación con la admisibilidad de la demanda de casación instaurada por el defensor de ANA ALICIA QUIROZ MARTÍNEZ y OSIRIS LORENA VAN STRAHLEN PEINADO contra la sentencia del dos (2) de agosto de dos mil siete (2007), por medio de la cual el Tribuna! Superior de Valtedupar confirmó, con algunas modificaciones, el fallo de primera instancia proferido por el Juez Penal del Circuito de Chiriguaná el 25 de septiembre de 2003, en el que profirió las siguientes condenas: N Casación N 31688

OSIRIS LORENA VAN-STRAHLEN PEINADO Y OTRO.

ANA ALICIA | Contrato sin | Prisión 72 meses, inhabiltación de QUIROZ cumplimiento de | derechos y de funciones públicas por el MARTIÍNEZ requisitos legales, mismo término y multa de 40 s.m.I.m.v. Falsedad ideoclógica en Negó subrogados documento público OSIRIS Falsedad ideológica en | Prisión 42 meses; inhabilitación de LORENA documento público derechos y de funciones públicas por igual VAN término. STRAHLEN Sustituyó la pena de prisión por prisión

PEINADO domiciliana. Rodolfo Contrato sin | Prisión 5 años de prisión, inhabilitación de Enrique cumplimiento de | derechos y de funciones públicas por el Quiroz requisitos legales mismo témino y muta de 40 s.m.Lm.v. González Falsedad ideológica en | Sustituyó la pena de prisión por prisión decumento público domiciliaria Enilda María y | Contrato sin | Prisión de 5 años y cuatro meses; Frede Parody | cumplimiento de | inhabilitación para el ejercicio de derechos Pontán requisitos legales, | y de funciones públicas por igual término, falsedad ideológica en | multa de 40s.m.I.m.v. documento público y | Sustituyó la pena de prisión por prisión falsedad en documento | domicilaria. privado María Basilia | Contrato sin | Prisión de 6 años y 4 meses, inhabilitación Parody cumplimiento de | para el ejercicio de derechos y de Pontón requisitos legales; funciones públicas por igual término, multa Falsedad ideológica en de 40 s.m.L.m.v. documento público; Sustituyó la pena de prisión por prisión Violación del régimen de domiciliaria. inhabilidades e incompatibiliidades y falsedad en documento privado (Fuente: sentencia de primera instancia). Contra la sentencia condenatoria interpusieron recurso extraordinario de casación los defensores técnicos de las

procesadas ANA ALICIA QUIROZ MARTÍNEZ y OSIRIS LORENA

VAN STRAHLEN PEINADO.

Repiúbtica de Colombia x__x CasaciónN 31688

Ú OSIRIS LORENA VAN-STRAHLEN PEINAY DOTORO .

Corte Suprema de Justicia

HECHOS ANA ALICIA QUIROZ MARTÍNEZ se desempeñó como Alcaldesa del municipio de la Jagua de lIbirico, Cesar, durante el períiodo constitucional de 1998 — 2000 (1? de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2000) y en ese lapso, celebró múltiples contratos y profirió resoluciones de pago, con los establecimientos comerciales “Almacén Novedades Lia", Funeraria “La Piedad” y Hospedaje "“El Paraiso”, cuyas propietarias eran las señoras Maria Basilia, Enilda Maria y Frede Parody Pontón, siendo (Maria Basilia) concejal del municipio en el mismo período constitucional, y por ende inhabilitadas las tres hermanas para contratar con el ente territorial. La señora Alcaldesa, de común acuerdo con el jefe de planeación del municipio Rodolfo Enrique Quiroz González y con las hermanas Parody Pontón, efectuaron una serie de órdenes de suministro y de facturas de flos referidos establecimientos comerciales, y para evitar la contratación con la concejal y su familia, utilizaron falsamente el nombre de un supuesto propietario República de Colombia x& T Casación N 31688

! Í OSIRIS LORENA VAN-STRAHLEN PEINADO Y OTRO.

Cote Suprema de Juoticia de los establecimientos comerciales, “Carlos Astirio Parra y — o Carlos Parra". Se trataba efectivamente de Carlos Parra Larios, quien negó rotundamente haber celebrado contrato alguno con el municipio; sin embargo, a nombre suyo tramitaron cuentas de cobro ante la

tesorera municipal OSIRIS LORENA VAN STRAHLEN PEINADO quien realizó múltiples pagos y giró títulos valores con cargo a esas órdenes de suministro, por las cuentas previamente reconocidas por la Alcaldesa. El valor —totalde la contratación alcanzó la suma de ciento dieciséis millones ciento dieciocho mil cuatrocientos veinticinco ($116 118 425) millones de pesos'. ANTECEDENTES La Fiscalía Quinta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Valledupar profirió resolución de acusación de primera instancia el 2 de noviembre de 2001 contra los procesados, por los delitos de Contrato sin cumplimiento de requisitos legales (artículo 146 del Decreto 100 de 1980, modificado por el Decreto 141 de 1980, por la Ley 80 de 1993, por la Ley 190 de 1995) Falsedad ideológica en documento público (artículo 219 del Decreto 'Cfr. página 4, cuarto párrafo de la sentencia de primera instancia. Casación N 31688

Ta £ OSIRIS LORENA VAN-STRAHLEN PEINAY DOTORO .

Corte Suprdee Jmuotaici a 100 de 1980); ib. artículo 286 de la Ley 599 de 2000); Violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades (artículo 144 del Decreto 100 de 1980) y falsedad en documento privado (artículo 221 del Decreto 100 de 1980) (Fls. 473 — 492 / 1); el 24 de enero de 2002, la Delegada ante el Tribunal de Valledupar confirmó la

acusación (Fis. 576 — 603 / 1). El Juez Penal del Circuito de Chiriguaná profirió sentencia condenatoria el 25 de septiembre de 2003 (Folios 1025 — 1065 / 2). La defensa de las sentenciadas apeló el fallo y el Tribunal de Valledupar, a donde llegó el expediente desde el 1 de diciembre de 2003 (cfr. fi. 1 / 3), confirmó la condena el 2 de agosto de 2007 (tes años y ocho meses después), con las siguientes modificaciones:

1. En relación con Enilda María y Frede Parody Pontón definió que como particulares que eran, actuaron en condición cómplices en las conductas de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público y autoras de falsedad en epúllica de Colombc N

Casación N 31688 £k ,5 OSIRIS LORENA VAN-STRAHLEN PEINADO Y OTRO. documento privado, a partir de ello declaró la prescripción de la acción penal por encontrar que se hablan superado los cinco años desde la ejecutoria de la acusación y cesó el procedimiento (página 14 y 15 de la sentencia).

2. En relación con María Basilia Parody Pontón (concejal municipal) declaró la prescripción de la acción penal por la conducta de falsedad en documento privado, y confirmó la sentencia en relación con las demás conductas objeto de imputación (contrato sin cumplimiento de requisitos legales, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y falsedad ideológica en documento público), de manera que tasó la pena de prisión en 6

años, inhabilitación para el ejercicio de derechos y de funciones públicas por igual término, multa vc_ie 40 s.m.l.m.v; mantuvo la decisión de sustituir la pena de prisión por prisión domiciliaria.

3. Canfirmó en lo demás la sentencia del Juzgado; hizo énfasis en que se trata de conductas delictivas cometidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas.

(Folios 56 — 84 / 3). fi Casación N" 31688

- OSIRIS LORENA VAN-STRAHLEN PEINADO Y OTRO.

Corte Suprdee mJuoatic ia La defensa técnica de la sentenciada ANA ALICIA QUIROZ MARTÍNEZ formuló de manera oportuna el recurso extraordinario de casación (Folios 228 — 246 / 3) y de manera simultánea solicitó al Tribunal declarar la prescripción de la acción penal por superarse el término legal en la fase del juzgamiento, (Folios 247 — 255 / 3). Lo propio hizo el defensor técnico de OSIRIS LORENA VAN STRAHLEN PEINADO que presentó la demanda de casación el 5 de marzo de 2009 (Folios 260 — 273 / 3 ) y de manera simultánea solicitó al Tribunal de Valledupar que declarara la prescripción de la acción penal por vencimiento de téminos en la fase del juicio. (Folios 274 — 276 /3). El Tribunal de Valledupar resolvió la solicitud de prescnpción mediante providencia del pasado 26 de marzo de 2009, en el sentido de declarar prescrita la acción penal únicamente por el delito de falsedad ideológica en documento público (artículo 219 del

Decreto 100 de 1980), lo que comportaría, de una parte, la cesación del de procedimiento en relación con OSIRIS LORENA VAN STRAHLEN PEINADO en tanto fue la única conducta por la que fuera sentenciada (Cfr. párrafo tercero del folio 295 / 3), razón Repúllica de Calombia N í OSIRIS LORENA VAN-STRAHLEN PEINADO Y OTRO. objetiva que relevará a la Sala de responder la demanda de casación propuesta, y de la otra la reducción de la pena en un año en relación con ANA ALICIA QUIROZ MARTÍNEZ, Rodolfo Enrique Quiroz González y María Basilia Parody Pontón por razón de la prescripción de la acción penal en relación con la falsead ideológica en documento público. En ese orden, las penas y las conductas objeto de condena quedaron de la siguiente manera: ANA Prisión 5 años, inhabilitación de derechos y de ALICIA funciones públicas por el mismo término y multa QUIROZ de 40 s.m.I.m.v. MARTÍNEZ | Contrato sin | Negó subrogados Rodolfo cumplimiento de | Pnsión 4 años de prisión, inhabiltación de Enrique requisitos legales, derechos y de funciones públicas por el mismo Quiroz témino y muta de 40 s.m.I.m.v. González Sustituyó la pena de prisión por prisión domiciliaria Maria Contrato sin | Prisión de 5 años, inhabilitación para el ejercicio Basilia cumplimiento de | de derechos y de funciones públicas por igual Parody requisitos legales; témino, multa de 40 3.m.I.m.v. Pontón Violación del | Sustituyó la pena de pnsión por prisión

régimen de | domiciliaria. inhabilidades e incompatibilidades. (Fuente: Auto del 26 de marzo de 2009, Tribunal de Valledupar, folios 287 — 298 /3). LA IMPUGNACION República de Colombia ñ3?3 $ í Casación N 31688

! OSIRIS LORENA VAN-STRAHLEN PEINADO Y OTRO.

1. Demanda presentada a favor de ANA ALICIA QUIROZ MARTÍNEZ Cargo único. Nulidad por violación del debido procesoPrescripción de la acción penal Considera el recurrente que la acción penal en relación con la totalidad de los comportamientos por los que fuera llamada a juicio su defendida se encuentran prescritos en razón a que el término de prescripción de la acción penal, una vez interrumpida la prescripción con la eje3utoria de la resolución de acusación, se contabiliza por un término igual a la mitad del señalado para la pena máxima, sin que en ningún caso sea inferir a cinco años.

Como la resolución de acusación quedó ejecutoriada el 24 de enero de 2002, y se trata de comportamientos en lo que incurrió su defendida (servidora pública), entonces a los cinco años se les debe incrementar una tercera (1/3) parte, por suerte que a partir del llamamiento a juicio deben contabilizarse seis (6) años y ocho (8) meses, que se cumplieron el 24 de septiembre de 2008. » Casación N 31688

'f Í OSIRIS LORENA VAN-STRAHLEN PEINAY DOTORO .

(léase 23 de septiembre de 2008, por cuanto no puede contabilizarse dos veces el día 24).

Por modo que el Estado perdió la potestad de continuar adelantando el proceso y lo pertinente es que la Corte declare la prescripción y disponga la cesación del procedimiento.

2. En relación con la demanda que se presentó a favor de OSIRIS LORENA VAN STRAHLEN PEINADO, como el Tribunal declaró la cesación del procedimiento mediante auto del pasado 26 de marzo de 2009, ello releva a la Sala de responder la demanda de casación interpuesta.

Recuérdese: La señora OSIRIS LORENA VAN STRAHLEN PEINADO fue sentenciada de manera exclusiva por el delito de falsedad ideológica en documento público, previsto en el articulo 219 de la Ley 100 de 1980 y que tiene previstos unos límites punitivos que van de 3 a 10 años.

Ciertamente que el cómputo para la prescripción de la acción penal en este caso es de cinco años (la mitad del máximo), que 10 República de Colombia XX>E¡ “ Casación N 31684 o H OSIRIS LORENA VAN-STRAHLEN PEINAY DOTORO . incrementada en una tercera (1/3) parte por tratarse de un comportamiento delictivo cometido por un servidor público, el término de prescripción es de seis años y ocho meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación. El Tribunal contabilizó de manera correcta ese tiempo, que venció el 23 de septiembre de 2008 y por ello dispuso la cesación de procedimiento a favor de la señora VAN STRAHLEN PEINADO (Cfr. auto del 26 de marzo de 2009, folios 287 — 298), razón que releva a la Sala de admitir y de responder la demanda de casación

interpuesta por la defensa de la procesada.

CONSIDERACIONES

1. Demanda presentada a favor de ANA ALICIA QUIROZ MARTÍNEZ Cargo único. Nulidad por violación del debido procesoPrescripción de la acción penal

11 Repúbtica de Colombia X,X ; Casación N” 31688

f OSIRIS LORENA VAN-STRPEAINAHDOL YE ONTRO .

La Sala INADMITIRÁ la demanda de casación propuesta por el defensor de la procesada QUIROZ MARTÍNEZ, porque al revisar el escrito desde la óptica de la finalidad del recurso extraordinario, no encuentra la necesidad de casar de oficio el fallo, por no advertir hipótesis alguna de compromiso-de garantías fundamentales, ningún agravio inferido a las partes intervinientes en el proceso, ningún criterio que devele la necesidad de variar la jurisprudencia según lo previsto en los artículos 206 y 216 de la Ley 600 de 2000.

En efecto: Tal como lo hiciera notar el Tribunal de Valledupar (auto del 26 de marzo de 2009, folios 287 — 298 / 3), las conductas de violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades (artículo 144 del Decreto 100 de 1980) y de contrato sin cumplimiento de requisitos legales (artículo 146 ib.) tienen prevista una pena de prisión de 4 a 12 años”. ?Art. 144. - Viotación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades.

El empleado oficial que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación del régimen legal de inhabilidades o incompatibilidades, incurrirá (en arresto de uno a cinco años, en

multa hasta de cinco millones de pesos e interdicción de derechos y funciones públicas de dos (2) a siete (7) años). “Ley 80 de 1993, Art 57. - De la infracción de las normas de contratación. El servidor público que realice alguna de las conductas tipificadas en los artículos 144, 145 y 146 del Código Penal, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa de veinte (20) a ciento cincuenta (150) salarios minimos legales mensuales. 12 epúblca de Caumbi N F í Casación N 31688

- OSIRIS LORENA VAN-STRAHLEN PEINADO Y OTRO.

La Sala reitera que cuando se presenta la acusación de manera oportuna y por ese motivo se interrumpe la prescripción de la acción penal, en delitos cometidos por funcionarios públicos el término de prescripción es igual a la mitad del máximo de la pena prevista para la conducta punible, sin que en ningún caso sea menor de 6 años y 8 meses, de conformidad con los artículos 82 del Decreto Ley 100 de 1980 y 83 y 86 del Código Penal actual? (Ley 599 de 2000): Ley 190 de 1995, Art. 32.- Para los delitos contra la administración pública no contemplados en esta ley que tengan penas de multa, ésta será siempre entre diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes de acuerdo con la dosificación que haga el juez. ... Art 146. -Contrato sín cumplimiento de requisitos legales. Modificado Decreto 141 de 1980, Art. 1o. El empleado oficial que por razón del ejercicio de sus

funciones y con el propósito de obtener un provecho ilícito para si, para el contratista o para un tercero, tramite contratos sin observancia de los requisitos legales esenciales o los celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres (3) años, multa de un mil a cien mil pesos e interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas de uno (1) a cinco (5) años. Ley 80 de 1993, Art. 57 . - De la infracción de las normas de contratación. El servidor público que realice alguna de las conductas tipificadas en los artículos 144, 145 y 146 del Código Penal, incumirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa de veinte (20) a ciento cincuenta (150) salarios minimos legales mensuales. Ley 190 de 1995, Art. 32. - Para los delitos contra la administración pública no contemplados en esta ley que tengan penas de multa, ésta será siempre entre diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes de acuerdo con la dosificación que haga el juez”. Cfr. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, sentencia del 25 de agosto de 2004, rad. num, 20873. 13 República de Colombia XX - Casación N 31688

f OSIRIS LORENA VAN-STRAHLEN PEINADO Y OTRO.

Corte Suprvde eJmuotaici a "En ningún caso la acción penal por el delito donde sea autor, participe o interviniente un servidor público en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos prescribe en un término

inferior a seis (6) años y ocho (8) meses, sea que la prescripción se presente antes de ejecutonarse la resolución acusatoria (en la instrucción), o sea que la prescripción se produzca después de quedar en fime la acusación (en la etapa del juzgamiento)...”. Al haber sido declarada la prescripción de la acción penal por la conducta de falsedad ideológica en documento público, mediante auto del 26 de marzo de 2009 por el Tribunal Superior de Valledupar, sólo queda por decir que la conducta objeto de condena contra ANA ALICIA QUIROZ MARTÍNEZ es la de contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales prevista en el artículo 146 del Decreto 100 de 1980, cuyos límites punitivos van de 4 a 12 años. Luego, si el término de prescripción de la acción penal, una vez interrumpida la prescripción con.la resolución de acusación ejecutoriada, que en este caso sucedió el 24 de enero de 2002 cuando la Fiscalía Delegada ante el Tribunal confirmó el llamamiento a juicio, es lo propio reiterar que el término de prescripción (que es igual a la mitad del máximo establecido en la Sentencia del 25 de agosto de 2004, rad. 20673, en el mismo sentido, rad. núm. 26973 del 10 de octubre de 2007, 14 República de Colombia X_X fNt f OSIRIS LORENA VAN-STRAHLEN CPasEacIiónN ANY DO3T1OR6O8 .8 ley), se ve incrementado en una tercera parte por tratarse de una conducta punible cometida por un servidor público (en este caso,

de un alcalde municipal), tal como aparece previsto en el inciso quinto de artículo 83 de la Ley 299 de 2000 (ib. artículo 82 del Decreto 100 de 1980). Por modo que el cómputo de prescripción de la acción penal para el tipo de contrato sin cumplimiento de requisitos legales es de ocho (8) años, que se cumplirían el 23 de enero de 2010 y no antes, como lo hizo notar con acierto el Tribuna! de Valledupar en el auto del 26 de marzo anterior (Cfr. folios 287 — 298 del cuaderno del Tribunal), cuando sostuvo que para los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales (artículo 146) y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades (artículo 144)... que tienen un máximo de pena de doce (12) años, este fenómeno jurídico ocurrirá en ocho (8) años contabilizados a partir del 24 de enero de 2002...”. (Destaca la Sala. FI. 295 primer párrafo). El incremento en el término de prescripción de la acción penal en caso de conductas delictivas cometidas por servidores públicos, “Ctr. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, sentencia del 25 de agosto de 2004, rad. num. 20673. 15 República de Colombia XX Casación N 31683

_y ; OSIRIS LORENA VAN-STRAKHLEN PEINADO Y OTRO.

Corte Suprdee Jmuosatic ia obedece a la posición privilegiada de la que gozan y que a menudo se constituye en factor que dificulta la persecución penal; se trata de una política criminal que propende por conjurar la impunidad de quienes, con su conducta lesionan los valores de la

credibilidad y confianza públicas, por la necesidad de proteger más eficazmente a la sociedad del -efecto corrosivo y demoledor que la delincuencia oficial tiene sobre la legitimidad de las instituciones públicas”. Se aplica aquí el inciso sexto del artículo 83 de la Ley 599 de 2000, según el cual “A! servidor público que en ejercicio de sus funciones, de su cargo, o cono ocasión de ellos realice una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará en una tercera parte”, en concordancia con el inciso primero. Por esas razones la Sala inadmitirá la impugnación. Cfr. Sentencia de casación del 19 de febrero de 2009, rad. núm. 30074; en igual sentido, Auto del 9 de abril de 2008, rad. núm. 22378; sentencia de revisión, rad. núm. 28547 del 4 de junio de 2008; Auto de casación del 31 de marzo de 2008, rad. núm. 28890, entre otras. 16 Rapiblicad e Calombia Casación N 31686

$ OSIRIS LORENA VAN-STRAHLEN PEINADO Y OTRO.

Gone OBuprde eJmustaici a En virtud de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal,

RESUELVE

1. INADMITIR la demanda de casación presentada por los defensores de ANA ALICIA QUIROZ MARTÍNEZ y de OSIRIS LORENA VAN STRAHLEN PEINADO contra la el fallo del 2 de

agosto de 2007, proferido en segunda instancia por el Tribunat Superior del Distrito Judicial de Valledupar. Contra este auto no procede recurso alguno, en virtud a lo dispuesto en los Arts. 213 y 187, inc. 2 de la Ley 600 de 2000. Cópiese, notifiquese, cómplase y devuélvase al Tribunal de origen. 17 Repúblicad e Colembia XX Casación N 31688

OSIRIS LORENA VAN-STRAHLEN PEINADO Y OTRO.

NNc %; —

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO MARÍA DEX ROSARIO G DE LEMOS

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YESID RAMIREZ BASTIDAS VIE

Teresa Ruiz Núñez Secretaria