CSJ - SP32567(09-09-2009)

Feriblica de Columbia Página 1 de 9 y , F Definición de competencia, N” 32.567

EDILSON JAIRO HERNÁNDEZ

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

Aprobado Acta No. 283. Bogotá, D.C., nueve de septiembre de dos mil nueve. VISTOS Conforme a lo regiado en el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, define la Corte la competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la providencia proferida por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga (Valle del Cauca), el 27 de mayo de 2009, por medio de la cual otorgó al sentenciado EDILSON JAIRO HERNÁNDEZ, "la sustitución de la prisión por prisión domiciliaria conforme a lo dispuesto en la Ley 750 de 2002".

ANTECEDENTES

1. El Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Buenaventura (Valle del Cauca), mediante sentencia proferida el 27 de febrero de 2009, condenó a EDILSON JAIRO HERNÁNDEZ como autor del concurso de Feeriblica de Colombia _$ Página 2 de 9 - Definición de competencia, N" 32.567

EDILSON JAIRO HERNÁNDEZ Conte g,0n-ma, aé__%1&¡h¿a delitos constitutivos de tráfico, fabricaciónn o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o

municiones. En razón de ello, le impuso las penas principales de 69 meses de prisión y el equivalente a 67 salarios mínimos legales mensuales de multa, le aplicó la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, le negó el beneficio sustitutivo de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y se abstuvo de pronunciarse respecto de la prisión domiciliaria.

2. Ejecutoriada la sentencia condenatoria, se remitió la actuación a la oficina de reparto de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga, para la respectiva vigilancia y ejecución de las sanciones impuestas a EDILSON JAIRO HERNÁNDEZ, detenido por ese entonces en la Cárcel del

Circuito Judicial de Buenaventura. El asunto fue asignado al Juzgado 1 de esa especialidad, el cual avocó conocimiento el 24 de abril del año en curso y dictó, el 27 de mayo siguiente, proveido en el que sustituyó la pena intramural por la prisión domiciliaria, a favor del condenado, de conformidad con lo previsto en la Ley 750 de 2002.

3. Como el auto en mención fue apelado por el delegado del Ministerio Público, el Juzgado 1 de Ejecución de Penas y DPopública de Colombia y Página 3 de 9 - Definición de competencia, N'" 32.567

EDILSON JAIRO HERNANDEZ Conte Hproma de Justicia Medidas de Seguridad de Buga concedió el recurso y remitió la actuación, para desatar la alzada, al juzgado de conocimiento.

A su turno, el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Buenaventura profirió proveido, el 26 de agosto de 2009, en el que se declaró incompetente para dirimir al impugnación, “dado que no se trata de la aplicación especial del artículo 478 del Código de Procedimiento Penal, en la medida en que la decisión que adoptó el Juez de Ejecución de Penas, no tiene que ver con mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación”. Así, considerando que la apelación debía ser conocida por las Salas Penales de los Tribunales Superiores de Distrito, de acuerdo a lo señalado en el artículo 34-6 de la citada codificación, envió la actuación a esta Corporación, “para que decida sobre el particular”. CONSIDERACIONES DE LA CORTE De acuerdo con lo regulado en el artículo 32-4 de la Ley 906 de éOO4, a la Corte le asiste atribución para pronunciarse respecto de la definición de la competencia que con ocasión del presente asunto plantea el titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Buenaventura, buscando apartarse del conocimiento del recurso de apelación interpuesto contra un auto del Juzgado Primero de Ejecución de Repiblicad e Colombia o Página 4 de 9 y Definición de competencia, N 32.567 EDILSON JAIRO HERNÁNDEZ Penas y Medidas de Seguridad de Buga, pues, considera, del mismo debe conocer su superior funcional, es decir, la Sala Penal del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial. Por lo anterior, entones, conforme lo ha señalado la

jurisprudencia de la Sala', es de su resorte definir la manifestación de incompetencia proveniente de un juzgado, cuando éste señala como competente a un Tribunal, tal cual sucede en este evento, donde un Juzgado Penal del Circuito de Buenaventura indicó que corresponde asumir el conocimiento de la segunda instancia a un Tribunal. | Ahora bien,/es evidente que la competencia para resolver la segunda instancía desatada en el presente asunto, radica en cabeza del Juez Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Buenaventura, pues, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medida de Seguridad adoptó en primera instancia, una decisión que se relaciona con uno de los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, en este caso, el de la prisión domiciliaria. En efecto, el artículo 478 de la Ley 906 de 2004 -aplicable en este caso, por haberse rituado bajo las preceptivas del sistema acusatorio penal-, expresamente señala que "/as decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en ' Autos del 30 de mayo y 30 de noviembre de 2006, Radicados 24.964 y 26.517, respectivamente. Repiblica de Colombia N Página 5 de 9 H Definición de competencia, N" 32.567 EDILSON JAIRO HERNÁNDEZ <amfe %Óf(!!!d á-_ím relación con mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación, son apelables ante el juez que protirió la condena en primera o única instancia”. En anterior oportunidad, la Corte precisó que el precepto

transcrito no reñía con lo establecido en el numeral 6 del artículo 34 lIbidem -—citado en este evento por el juzgado de conocimiento-, el cual señala que las Salas Penales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial conocen “del recurso de apelación interpuesto contra la decisión de ejecución de penas”, en tanto que, la "controversia se dirime por el principio de especialidad de la norma procesal, a la que auxilia el criterio del precepto posterior, porque el artículo 478 ejusdem que se revisa hace parte del Libro IV, que desarrolla única y especificamente la temática de la ejecución de la sentencia. “Adicionalmente - se dijo también-, la norma examinada en concreto escinde de la multiplicidad de materias de las que conocen los jueces de ejecución de penas —redención de penas, acumulación jurídica de penas, aplicación de penas accesonas, libertad vigilada, extinción de la condena, entre otros — aquellas que deciden sobre los mecanismos sustitutivos privativos de la libertad; lo que devela que por excepción y especialidad, estos temas son del conocimiento del juez que profirió la condena”. ? Auto del 2 de diciembre de 2008, Radicado 30.763. Q;híá¿"caf de … Página 6 de 9 . Definición de competencia, N 32.567 EDILSON JAIRO HERNÁNDEZ Corte Qf;b;ema aé%ábfm'a En el mismo precedente, la Corte ratificó su jurisprudencia, en el sentido de que la prisión domiciliaria constituye, a no dudario, uno de los mecanismos sustitutivos de la pena.

Efectivamente, esto dijo en esa oportunidad: "No obstante, como lo recuerda el Tribunal, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a partir de la sentencia del 26 de junio de 2008 proferido dentro del radicado 22453, varió el antenor criterio, en tanto que advirtió que la "prisión domiciliaria está concebida en la Ley 599 de 2000 como un mecanismo sustitutivo de la prisión, tal como lo regula el artículo 38 de la reseñada legislación, incluyéndose allí -omo se viouna serie de exigencias de carácter objetivo (como el quantum de pena prevista para el delito) como subjetivo (referidas — por ejemploal análisis del desempeño personal, social, laboral que fundadamente permitan deducir que no se colocará en peligro a la comunidad), condiciones unas y otras que dado su carácter de concurrente han de comprobarse por el eventual beneficiario del instituto en mención. Pero a la par con la anterior figura, la Ley 750 de 2002 y especificamente lo previsto por el articulo 1, añadió a aquella forma de ejecutar una pena otra especie de prisión domiciliaria, esta vez con un destinatanio específico: la mujer (y/o el hombre) cabeza de familia, siempre y cuando se cumplan también los requisitos alll mismos señalados, entre los cuales cabe destacar la inexistencia de antecedentes penales y el que el delito no esté excluido de tal beneficio, asfí como la valoración de factores personales, laborales, sociales que permitan determinar que el Ó?"y¿2¡fm de Calambia N y Página 7 de 9

' % Definición de competencia, N 32.567 EDILSON JAIRO HERNANDEZ condenado no podrá en peligro a la comunidad o entre otrosa los hijos menores”. En tales condiciones, necesanamente la pacífica jurisprudencia que había sentado la Sala respecto de la definiciones de competencia consistente en que el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que dictaba el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, por razón de la negativa de conocer la prisión domiciliana, lo conocía el funcionario de segunda instancia de quien dictó el fallo de primera, puesto que dicho instituto no era un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, tiene que recogerse por las razones expuestas en precedencia”. Así las cosas, en el caso que ocupa la atención de la Sala, surge claro que la declaración de incompetencia tiene génesis sobre quien es el funcionario que debe conocer del recurso de apelación contra una decisión dictada por un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, referente al otorgamiento de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la sanción intramural, que constituye, sin lugar a dudas y como su nombre lo indica, uno de los “mecanismos sustitutivos de la prisión”. En efecto, no es de recibo la argumentación del juez de conocimiento cuando ligeramente sostiene que la providencia impugnada no tiene que ver con mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, cuando es evidente que la inconformidad del Ministerio Público impugnante radica, Q;M'ÁÚM de cai/nmáf'a N AE PÓgÍDS 8 de 9

: F Definición de competencia, N 32.567 EDILSON JAIRO HERNANDEZ %'m'( %bwma da]M2fa precisamente, en la concesión al condenado del beneficio contenido en la Ley 750 de 2002. En este orden de ideas, es claro que de conformidad con el citado artículo 478 de la Ley 906 de 2004, la competencia para desatar la alzada radica en el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Buenaventura, despacho judicial que profirió la condena en primera instancia, al cual se le asignará la competencia para que conozca del recurso de apelación interpuesto contra la providencia dictada por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga el 27 de mayo de 2009, por medio de la cual sustituyó la pena de prisión por la prisión domiciliaria. En mérito a lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, RESUELVE ASIGNAR el conocimiento para conocer de la apelación del auto del 27 de mayo de 2009, proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Seguridad de Buga, al Juez Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Buenaventura, despacho al que se ordena remitir inmediatamente la actuación, conforme con las motivaciones plasmadas en el cuerpo del presente proveido. Ó?Íyí hea de %m&'a - Página 9 de 9 ? Y Definición de competencia, N 32.567

- EDILSON JAIRO HERNÁNDEZ

anff %mw afa._… Contra esta decisión no procede recurso alguno. Cúmplase

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