CSJ - SP32600(11-11-2009)02

República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 32600

LUCINDA SERRATO DÍAZ Y OTROS

4111 Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrada Ponente:

MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS Aprobado acta N° 353.

Bogotá, D. C., once (11) de noviembre de dos mil nueve (2009). VISTOS Se pronuncia la Sala sobre la admisibilidad de las demandas de casación presentadas por los defensores de

FLORALBA RODRÍGUEZ SERRADA OLNERIO TRUJILLO

ANDRADE y LUCINDA SERRATO DÍAZ, ROGER JULIO RODRÍGUEZ REYES y YUERLEY RODRÍGUEZ SERRAR), así como por el apoderado del tercero incidental, señora Flor María Quintero Cediel, contra la sentencia del 23 de enero de 2008, mediante la cual el Tribunal Superior de Neiva confirmó el fallo adoptado el 18 de octubre de 2005 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de la misma sede contra los mencionados procesados y, además, contra Luis Alberto, Miguel y Arbey Rodríguez Serrato, a quienes condenó como coautores del delito de lavado de activos, en concurso con enriquecimiento ilícito de QÁd?, 2 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 32600

LUCINDA SERRA DD DMZ Y OTROS

1,1 Corte Suprema de Justicia particulares y concierto para cometer delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

HECHOS

En el proceso se vienen sintetizando de la siguiente manera: "Por labores de inteligencia se tuvo conocimiento que un sujeto conocido como OLIVERIO N. estaba comerciando con sustancias alucinógenas, que al parecer transportaba desde la capital del Caquetá a esta dudad, en el taxi distinguido con las placas VXH-653, afiliado a la empresa Tour y Trans, por lo cual y a fin de verificar tal situación se autorizó la interceptación de la línea telefónica distinguida con el número 8744475, ubicada en el inmueble con nomenclatura 5-92 de la calle 25 A del barrio La Estrella de esta ciudad. Es así como mediante grabaciones magnetofónicas y transcritos los casettes que el investigador judicial adujo al proceso, se logró recopilar información de interés para la investigación penal, conversación donde los interlocutores tratan temas relacionados con el envío y comercio de prendas e insignias de uso exclusivo de las FFMM, se menciona la compra de bienes raíces, la construcción de una obra de cuatro plantas y que resultó ser el "Edificio Serrato", propiedad de los esposos RODRÍGUEZ SERRATO, construido con dineros que eran enviados por ASTRID RODRÍGUEZ SERRATO o alias 3 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 32600 LUCINDA SERRAM DIAZ Y OTROS Corte Suprema de Justicia LILIANA, quien maneja gruesas sumas de dinero y era la persona encargada de financiar la obra, comprometida al parecer con la guerrilla de las FARC y esposa o compañera marital de WILSON PEÑA MAJE, alias "El mojoso",

comandante del Frente 49 del citado grupo ilegal». "Con fundamento en las grabaciones se llevó a cabo diligencia preliminar, pasando las diligencias por competencia a la Fiscalía Especializada, que tras individualizar e identificar a los presuntos responsables, al igual que los bienes comprometidos, ordenó llevar a cabo diligencias de allanamiento donde fueron decomisados dos predios rurales, el "Edificio Serrato", varias casas, vehículos particulares y de servicio público, motos, dinero en efectivo, títulos de depósito, joyas, armas, semovientes, víveres, abarrotes, etc., restringiéndoles allí mismo el derecho a la libertad a alguna (sic) de los implicados».

ACTUACIÓN PROCESAL

1. Mediante resolución del 14 de enero de 2002, la Fiscalía inició investigación previa, la cual concluyó el 30 de septiembre de 2002, fecha en que la Fiscalía Especializada de Neiva decretó la apertura de instrucción penal, en cuyo desarrollo vinculó mediante indagatoria a LUCINDA

SERRATO DÍAZ, ROGER JULIO RODRÍGUEZ REYES,

YUERLEY RODRÍGUEZ SERRATO, FLORALBA RODRÍGUEZ

4 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 32600

LUCINDA SERRATO DIAZ Y OTROS

111 Corte Suprema de Justicia

SERRATO, OLIVERIO TRUJILLO ANDRADE, Miguel Rodríguez

Serrato, Luis Alberto Rodríguez Serrato, Arbey Rodríguez

Serrato y Máximo Mendoza Ramírez.

2. Mediante decisión del 11 de octubre siguiente el instructor resolvió la situación jurídica de los indagados, profiriendo (cid:9) en (cid:9) contra (cid:9) de (cid:9) ocho (cid:9) de (cid:9) ellos (cid:9) medida aseguramiento de detención preventiva en los siguientes

términos:

• A LUCINDA SERRADO DIAZ, ROGER JULIO RODRÍGUEZ REYES y Miguel Rodríguez Serrato por los delitos de (cid:9) concierto para delinquir, (cid:9) testaferrato, enriquecimiento ilícito a favor de terceros y lavado de activos. - A YUERLEY RODRÍGUEZ SERRADO y Arbey Rodríguez Serrato, por los ilícitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito a favor de terceros y lavado de activos.
• A FLORALBA RODRÍGUEZ SERRAR), OLIVERIO TRUJILLO ANDRADE y Luis Alberto Rodríguez Serrato, por los punibles de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito a favor de terceros, lavado de activos y utilización ilegal de uniformes e insignias.

W7 5 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 32600

LUCINDA SERRA 7D DiAZ Y OTROS

W‘

• Corte Suprema de Justicia Respecto de Máximo Mendoza Ramírez, el instructor se abstuvo de proferirle medida de aseguramiento.

3. Agotada la fase investigativa, el fiscal dispuso su clausura el 19 de agosto de 2003. Calificó el mérito del

sumario el 26 de septiembre del mismo año, profiriendo resolución de acusación contra LUCINDA SERRATO DÍAZ,

ROGER JULIO RODRÍGUEZ REYES, YUERLEY RODRÍGUEZ

SERRA7D, FLORALBA RODRÍGUEZ SERRATD, OLIVERIO TRUJILLO ANDRADE, Miguel Rodríguez Serrato, Luis Alberto Rodríguez Serrato y Arbey Rodríguez Serrato, por el delito de concierto para cometer los punibles de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos, en concurso con los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos. Adicionalmente, a LUCINDA SERRATO DÍAZ, ROGER JULIO RODRÍGUEZ REYES y Miguel Rodríguez Serrato les atribuyó la conducta de testaferrato. En la misma decisión, el funcionario investigador precluyó la investigación a Máximo Mendoza Ramírez.

4. Apelada la pieza calificatoria por los defensores de los procesados, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Neiva, en proveído del 18 de noviembre de 2003, la modificó para excluir de la acusación el delito de

6 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 32600

LUCINDA SERRATO DMZ Y OTROS

Corte Suprema de Justicia testaferrato.

5. El trámite de la fase del juzgamiento correspondió al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva, despacho judicial que tras surtir la ritualidad propia de esa etapa procesal profirió sentencia de primer grado el 18 de

octubre de 2005, en la cual condenó a LUCINDA SERRATO

DÍAZ ROGER JULIO RODRÍGUEZ REYES, YUERLEY

RODRÍGUEZ SERRAR), FLORALBA RODRÍGUEZ SERRATCl,

OLIVERIO TRUJILLO ANDRADE, Miguel Rodríguez Serrato, Luis Alberto Rodríguez Serrato y Arbey Rodríguez Serrato, por el delito de lavado de activos, en concurso con enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para cometer delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, imponiéndoles las penas principales de 9 años de prisión y multa en cuantía de 635 salarios mínimos legales mensuales, así como la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso. En el fallo el a quo resolvió el incidente propuesto a través de mandatario por la señora Flor María Quintero Cediel, en orden a obtener la devolución de, entre otra suma de dinero, $50.000.000 representados en un certificado de depósito a término fijo. El juez negó su reembolso y, contrariamente, dispuso compulsar copias con destino a la Fiscalía para la iniciación del respectivo trámite 7 República de Colombia(cid:9) CASACIÓN 32600 LUCINDA SERRATO DIA2 Y OTROS Corte Suprema de Justicia de extinción de dominio.

6. Con ocasión de la apelación interpuesta por los defensores de los procesados, por algunos de éstos y por el apoderado de la incidentante Flor María Quintero Cediel, el

Tribunal Superior de Neiva confirmó la sentencia condenatoria de primera instancia. El ad quem, adicionalmente, atendida la apelación también interpuesta por la Fiscalía acusadora, revocó la orden de compulsar copias para la iniciación del trámite de extinción de dominio y, en su lugar, decretó el comiso de los bienes cuya devolución negó el a quo, entre ellos, del certificado de depósito a término fijo.

7. Contra el fallo de segunda instancia promovieron el recurso de casación los defensores de los ocho procesados, así como el tercero incidental antes mencionado, aun cuando presentaron las respectivas demandas los

representantes de FLORALBA RODRÍGUEZ SERRATO, OLIVERIO TRUJILLO ANDRADE, LUCINDA SERRATO DÍAZ, ROGER JULIO RODRÍGUEZ REYES y YUERLEY RODRÍGUEZ SERRATO. También lo hizo el apoderado del tercero, no así los defensores de Alberto Rodríguez Serrato, Arbey Rodríguez Serrato y Miguel Rodríguez Serrato, cuyos recursos, por tanto, fueron declarados desiertos por el Tribunal. 8 República de Colombia (cid:9)

CASACIÓN 32600

LUCINDA SERRA ID DIAZ Y OTROS

11:1 Corte Suprema de Justicia

8. Es de anotar que con posterioridad a la sentencia de segunda instancia, exactamente cuando se surtían los traslados para la presentación de las demandas de casación, se declaró la prescripción de la acción penal en relación con el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, ordenándose consecuencialmente la cesación

de procedimiento por ese comportamiento.

9. En decisión proferida por separado, la Corte decretó la cesación de procedimiento, por prescripción de la acción penal, en relación con el delito de concierto para delinquir imputado a los aquí procesados.

LAS DEMANDAS El defensor de FLORALBA RODRÍGUEZ SERRATO formuló un único cargo con fundamento en la causal tercera de casación. El representante judicial de OLIVERIO TRUJILLO ANDRADE postuló tres cargos, los dos primeros con apoyo en la causal tercera y el último por violación directa de la ley sustancial. Quien está a cargo de la asistencia de LUCINDA SERRATO DÍAZ planteó dos cargos, ambos bajo el auspicio de la causal tercera. Los letrados que llevan la representación de ROGER JULIO RODRÍGUEZ REYES y YUERLEY RODRÍGUEZ SERRATO, en demandas presentadas por separado, formularon un único cargo por violación directa de la ley. Finalmente, el apoderado del 9 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 32600 LIJCINDA SERRATO DIAZ Y OTROS Corte Suprema de Justicia tercero incidental atacó la sentencia mediante dos cargos, el primero con base en la causal tercera y el segundo bajo la égida de la causal primera, cuerpo segundo. Por razones de método y con el fin de evitar repeticiones innecesarias, en el acápite subsiguiente la Sala realizará el resumen de cada una de las demandas y de inmediato ofrecerá la respuesta respectiva, con la aclaración consistente en que aquellos libelos con identidad

temática se sintetizarán y analizarán en forma conjunta. Se precisa, sin embargo, que la Sala omitirá hacer referencia, por sustracción de materia, a aquellas demandas cuyos cuestionamientos se dirigen exclusivamente contra los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir, dada la prescripción declarada en relación con esos punibles. Tal situación acontece con el tercer cargo de la demanda presentada a nombre de OLIVERIO TRUJILLO ANDRADE y con los libelos instaurados en representación de ROGER

JULIO RODRÍGUEZ REYES y YUERLEY RODRÍGUEZ

SERRA TD.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA Previamente a proceder al anunciado estudio, se hace necesario recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal de lo República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 32600

LUCINDA SERRATOÓL4Z Y OTROS

151 Corte Suprema de Justicia 2000 hay lugar a inadmitir la demanda de casación cuando el actor no cumple los presupuestos contemplados en el artículo 212 ibídem. Tales requisitos, particularmente el incluido en el numeral 3° del citado artículo 212, tienen como fin evitar que la casación se convierta en una tercera instancia. Por eso, la sustentación del recurso debe efectuarse de manera lógica y coherente en orden a facilitar su adecuada comprensión y porque solamente de esa manera tendrá capacidad para desvirtuar la doble presunción de acierto y legalidad que acompaña la sentencia. Esos propósitos se obtienen no sólo enunciando

debidamente la causal y el cargo formulado, con indicación en forma clara y precisa de sus fundamentos y de las normas que se estiman infringidas, sino cumpliendo las pautas que la Corte, en su decantada jurisprudencia, ha establecido frente a cada uno de los motivos de casación previstos en la ley. Bajo los anteriores parámetros, procede la Sala a analizar los libelos casacionales presentados. 1) Único cargo de la demanda instaurada a nombre de FLORALBA RODRÍGUEZ SERRATO, primer cargo de la demanda presentada a nombre de OLIVERIO TRUJILLO AlVDRADE y primer cargo de la 11 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 32600

LUC!~ SERRATO DÍAZ Y OTROS q#1

Corte Suprema de Justicia demanda allegada a nombre de LUCIIVDA SERRATO DÍAZ: Los actores sostienen que la sentencia se dictó en un juicio viciado de nulidad, por cuanto el instructor omitió en su momento notificar a los procesados la decisión del 14 de enero de 2002, mediante la cual se dispuso la iniciación de la investigación previa. Tal omisión, en su criterio, constituye irregularidad sustancial que afecta el debido proceso, en cuanto de esa manera se coartó a los implicados el derecho fundamental de conocer las investigaciones adelantadas en su contra y de defenderse oportunamente de ellas, bien solicitando ser escuchado en versión libre o aportando pruebas en pro de sus intereses, conllevando ese proceder a tramitar la indagación preliminar en forma sigilosa, anónima y clandestina. Estiman como violados los artículo 29 de la

Constitución Política, 6° y 13 del Código Penal y 6°, 24 y 322 del Código de Procedimiento Penal. Para los impugnantes, como se desconoció una garantía de carácter constitucional, el único remedio viable para restablecerla es la nulidad. En su apoyo evocan la sentencia C-412 de 1993 proferida por la Corte Constitucional. 12 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 32600

LUCINDA SERRATO DIA2 Y OTROS y,

Corte Suprema de Justicia El defensor de LUCINDA SERRATO DIAZ, adicionalmente, alude a la trascendencia de la irregularidad, señalando que ese aspecto dimana de la naturaleza misma del debido proceso, "es decir, de su origen constitucional, y los fines que se busca con su observancia dentro de las actuaciones judiciales y administrativas». En ese orden, sostiene que si la procesada hubiera conocido la existencia de la investigación previa, "personalmente habría asumido su defensa material, recaudando las pruebas que demostraran en forma fehaciente la procedencia lícita del dinero con el cual construyó el edificio que lleva su primer apellido, y haber aportado aquellas con las cuales demostraría el propósito de cada una de las consignaciones realizadas a sus cuentas bancarias con el fin de cumplir con los compromisos dinerarios que demandaba la construcción de la obra civil en ejecución». La acusada SERRATO DÍAZ, añade el letrado, no contó con dicha posibilidad, pues ante su captura e, incluso, la de la totalidad de su familia, no pudo desplazarse hasta los

remotos lugares donde se encontraban sus bienes, zona rural de los departamentos del Huila, Caquetá y Putumayo, en orden a recaudar las pruebas que justificaran sus ingresos, labor de dificil realización por parte del abogado que asumió su defensa técnica, por falta de tiempo, disposición y seguridad para desplazarse por regiones donde el orden público no lo permite, amén de la informalidad de las negociaciones efectuadas en dichos lugares, en donde los movimientos de inmuebles o la 13 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 32600 LUCINDA SERRATO DIAZ Y OTROS Corte Suprema de Justicia compra y venta de ganado no se hace constar en instrumentos públicos. Solicitan los recurrentes, en consecuencia, decretar la nulidad de lo actuado a partir, inclusive, de la resolución del 14 de enero de 2002.

Consideraciones de la Sala: La jurisprudencia de la Corte tiene establecido que la postulación de un reproche fundado en la causal tercera de casación de la Ley 600 de 2000 no releva al actor de cumplir algunas reglas de sustentación, orientadas a darle claridad y coherencia. En ese orden, se ha dicho, le corresponde precisar el vicio y su naturaleza, explicando si es de garantía o de estructura, indicar las normas violadas, mencionar el momento procesal en que se presentó la irregularidad y las actuaciones afectadas con la misma, así como expresar la trascendencia de la anomalía con respecto al fallo, en orden a acreditar que su corrección solamente se lograría mediante el remedio extremo de la nulidad.

En el caso materia de análisis, los censores aducen la vulneración del debido proceso, por cuanto la Fiscalía no notificó a los procesados la iniciación de la investigación previa. Sin embargo, omitieron fundamentar la trascendencia de esa irregularidad, acreditando que de haberse surtido ese acto procesal, la situación de los 14 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 32600 LUCINDA SERRADO DL42 Y OTROS Corte Suprema de Justicia aludidos habría sido diferente a la declarada en los fallos de instancia. Lo anterior resultaba imprescindible en este evento, por cuanto, como lo tiene dicho la Sala, "la falta de comunicación de la providencia mediante la cual se ordena la apertura de investigación previa no constituye irregularidad de carácter sustancial que conlleve a la nulidad de la actuación», si se tiene cuenta que dicha notificación «constituye tan solo un acto de trámite con el que se entera al imputado acerca de la iniciación de las diligencias instructivas, por consiguiente, su omisión cobraría importancia y trascendencia si se le priva a la persona de ejercer los derechos de defensa y contradicción»'. En tal virtud, para asegurar de alguna forma el éxito de la pretensión, el censor debe «dedicar su empeño a acreditar que los acusados no tuvieron oportunidad de ejercer la defensa, porque se les impidió controvertir las pruebas allegadas a las diligencias preliminares o aportar aquellas que estimaron necesario aducir en ese momento, o porque de cualquier otra forma vieron obstaculizado el ejercido de sus

garantías fundamentales, sin que, además, en el trámite del sumario o en el juicio tal irregularidad hubiere sido corregidel -subraya la Sala-. 'Auto del 2 de septiembre de 2008, radicación 29371. 2 Auto ídem. 15 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 32600

LUCINDA SERRATO DbIZ Y OTROS

1\ Corte Suprema de Justicia Tal carga argumentativa no la cumplieron los impugnantes, pues dos de ellos se limitaron a argumentar que la falta de enteramiento de la iniciación de la investigación previa impidió a los imputados solicitar se les escuchara en versión libre como también aportar pruebas en pro de sus intereses, sin indicar cuáles medios de convicción se dejaron de recaudar ni por qué lo buscado con ellos y con la misma versión libre no pudo concretarse en el curso posterior de la actuación, en ese último caso a través, por ejemplo, de la indagatoria. Y si bien el defensor de LUCINDA SERRATO DÍAZ se esforzó por sustentar la trascendencia del vicio procesal aducido, señalando que con la pretermisión de la aludida notificación y su ulterior captura se le impidió recopilar de manera personal las pruebas necesarias para desvirtuar los cargos, lo cierto es que alude a situaciones especulativas para justificar la imposibilidad de que su abogado cumpliera esa labor, como la inseguridad reinante en la región donde se encuentran sus bienes y la informalidad de las transacciones adelantadas en dicho sector, cuando de presentarse tales vicisitudes ellas hubieran operado tanto para la acusada como para el letrado que asumió su

defensa. Surge así que tampoco dicho impugnante explicó adecuadamente la imposibilidad de aportar en el curso del sumario o del juicio las pruebas requeridas para su 16 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 32600 LUCINDA SERRATO DIAz Y OTROS Corte Suprema de Justicia defensa, cuya enunciación, por demás, tampoco efectúa aquél, ni mucho menos demuestra su capacidad para cambiar el sentido de la decisión atacada. Los advertidos defectos, conducen a la inadmisión del cargo objeto de examen. 2) Segundo cargo de la demanda instaurada a nombre de OLIVERIO TRUJILLO ANDRADE: El impugnante aduce que la sentencia se emitió en un juicio viciado de nulidad, porque al procesado TRUJILLO ANDRADE, a pesar de tener la calidad de servidor público, se le libró orden de captura, sin previamente ser citado para rendir indagatoria y, más aún, después de ser aprehendido y escuchado en injurada no se dispuso su libertad inmediata, desconociéndose así lo dispuesto en el artículo 347 de la Ley 600 de 2000. Dicho proceder, en concepto del libelista, comporta irregularidad sustancial que afecta el debido proceso, conllevando a la vulneración tanto del artículo 29 de la Constitución Política, como de los artículos 6° y 13 del Código Penal y 6°, 7°, 8°, 347 y 359 del Código de Procedimiento Penal, pues el instructor debió citar al procesado, escucharlo en indagatoria y luego, proferida la medida de aseguramiento de detención preventiva, resolver

si lo capturaba inmediatamente o si solicitaba la suspensión de su empleo. 17 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 32600 LUCINDA SERRATO DIAZ Y OTROS Corte Suprema de Justicia Señaló que por tratarse el debido proceso de una garantía constitucional, el único remedio viable para restablecerla es la nulidad, por cuya razón pidió invalidar la actuación a partir de la resolución del 30 de septiembre de 2002, por medio de la cual se ordenó la apertura de la instrucción. El actor apoyó su pretensión en la sentencia C412 de 1993.

Consideraciones de la Sala: Este cargo también se inadmitirá. Al respecto, resulta pertinente insistir en el criterio de la Sala acorde con el cual cuando la censura se finca en la nulidad de la actuación es deber del libelista identificar la irregularidad o irregularidades, expresar claramente sus fundamentos y especificar si se trata de un vicio de estructura o garantía.

De acuerdo con la jurisprudencia, también competente al demandante indicar la norma o normas violadas, mencionar el momento procesal en donde se presentó la anomalía y las actuaciones afectadas con la misma, así como motivar su trascendencia, demostrando a la Corte que la nulidad se erige como el remedio único y extremo para enmendar la incorrección procesal. En el presente evento, el actor no fundamentó tampoco la trascendencia de la anomalía procesal aducida, pues aun cuando sostiene que el único remedio para 18 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 32600

LUCINDA SERRATO OMR Y OTROS

11 . Corte Suprema de Justicia restablecer la garantía vulnerada es la nulidad, lo cierto es que no explica cómo el procedimiento adelantado por el instructor con relación al procesado OLIVERIO TRUJILLO ANDRADE al capturarlo, someterlo a indagatoria y luego afectarlo con medida de aseguramiento, sin considerar su situación de servidor público, incidió en la subsiguiente tramitación procesal, al punto de afectar su validez. En otros términos, se abstuvo de sustentar qué beneficios se obtendrían en este caso con retrotraer la actuación para repetir el procedimiento de vinculación del acusado, esta vez con sujeción a la ritualidad sugerida por el actor, si de todas maneras el posterior trámite no depende de si aquel se encuentra o no privado de la libertad. 3) Segundo cargo de la demanda presentada a nombre de LUCINDA SERRATO DÍAZ: El libelista argumenta que la sentencia se dictó en un juicio viciado de nulidad, porque la investigación previa se prolongó más allá del término legal, practicándose en el interregno excedido una serie de pruebas con fundamento en las cuales se decretó la apertura formal de la investigación, situación que constituye irregularidad sustancial vulnerante del debido proceso y, por lo mismo, desconocedora tanto del artículo 29 de la Constitución Política, como de los artículos 6° y 13 del Código Penal y 6°, 24 y 325 del Código de Procedimiento Penal. gsik 19 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 32600

LUCINDA SERRADO DÍAZ Y OTROS

Corte Suprema de Justicia Según el casacionista, la última de esas normas señala seis (6) meses como término para la investigación previa, norma entonces -insistedesatendida por la Fiscalía, al recaudar pruebas y desplegar actos tendientes a privar de la libertad y de los bienes a la procesada por fuera de ese lapso, cuando lo procedente era, agotado dicho término, emitir resolución de apertura de instrucción, si se reunían los requisitos para ello, o proferir resolución inhibitoria. Luego de reseñar las diligencias y pruebas adelantadas y recaudadas durante la fase de la investigación previa, precisa que si esa etapa procesal se inició el 14 de enero de 2002, los seis (6) meses para su desarrollo vencieron el 14 de julio siguiente, lo cual significa que al extenderse hasta el 30 de septiembre del mismo año, su duración excedió dos (2) meses y dieciséis (16) días, "tornando en ilegal, y por tanto en inexistente, todas las actuaciones surtidas y pruebas recaudadas con posterioridad al plazo extremo previsto en la ley, porque sencillamente el funcionario judicial que tenía a cargo la investigación, y los funcionarios de policía judicial que lo apoyaban, habían perdido competencia...». Más aún, en su criterio, para el 14 de julio de 2002 la actuación contaba apenas con «algunos audios que contenían un limitado número de llamadas interceptadas de números telefónicos previamente autorizadas, las que fueran transliteradas, y acompañadas del respectivo informe donde, desbordando sus funciones y competencia, los funcionarios

20 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 32600 LUCINDA SERRATO DIA2 Y OTROS Corte Suprema de Justicia de policía judicial se aventuraron a consignar en ellas sus personales interpretaciones y conjeturas sobre el sentido y contenido de esas conversas telefónicas interceptadas, las que en sí mismas consideradas no pueden ser apreciadas como prueba, sino que éstas se adelantarán con el exclusivo objeto o propósito de facilitar la búsqueda de esas pruebas judiciales que se desprendan o infieran del contenido de esas interceptaciones (art. 301 de la Ley 600 de 2000)». Al fundamentar la trascendencia de la irregularidad aducida, el actor sostiene que a la fecha en la cual se vencieron los seis (6) meses correspondientes a la investigación previa no existía prueba suficiente para dictar resolución de apertura de investigación, de manera que de no haberse prolongado ese término la acusada habría reportado beneficios tales como los de gozar desde ese momento de su libertad y disfrutar de sus bienes, los cuales se encuentran actualmente a disposición de este proceso. En otras palabras, señala que durante el lapso transcurrido luego de agotarse los referidos seis (6) meses se recaudó la prueba que sirvió de soporte a las sentencias de primera y segunda instancia. En tal virtud, solicitó casar el fallo impugnado para, en su lugar, dec. larar la nulidad de lo actuado a partir de la resolución del 14 de enero de 2002.

Consideraciones de la Sala: En la confección de este reproche el libelista pasó por alto la reiterada jurisprudencia de esta Sala, conforme a la

21 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 32600 LUCINDA SERRATO DIA2 Y OTROS Corte Suprema de Justicia cual la prolongación de la investigación previa no constituye por sí sola motivo para invalidar la actuación. Sobre el particular, se ha dicho lo siguiente: el solo paso del tiempo no determina irregular la . actuación de la fiscalía, ni verifica que de verdad se hayan conculcado garantías fundamentales del procesado, entre otras razones, porque la investigación previa surge etapa si se quiere contingente o aleatoria, únicamente cuando es necesario cumplir algunos de los objetos de la investigación antes referenciados en la norma citada, asomando perfectamente posible que, una vez conocida la ocurrencia de la conducta punible, se abra instrucción formal vinculando a los posibles autores o partícipes. Desde luego, como lo consigna la jurisprudencia traída a colación por el demandante, el paso indiscriminado del tiempo sin que se opte por abrir la instrucción, a pesar de contarse con elementos suficientes para el efecto, puede comportar violación de garantías fundamentales y, en particular, del derecho de defensa del procesado. Pero ello no surge automático, sino consecuencia de demostrar precisamente cómo se afectó al implicado. Tarea que, por lo demás, no se agota con signcar la existencia de práctica probatoria en ese interregno -pues, emerge obvio, es natural que así suceda si se buscan demostrar aspectos gir 22 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 32600 LUCINDA SERRATO DIAZ Y OTROS Corte Suprema de Justicia fundamentales que faculten abrir la instrucción-, sino la imposibilidad de que ella fuese conocida o controvertida por el

procesado u el efecto que una dicha actuación produjo sobre la tramitación posterior -vale decir, que ¡ja abierta la investigación, esa prueba anteladamente recopilada no pudo ser controvertida por el acusado, o le fue imposible allegar otros medios suasorios que lo favorezcany finalmente, respecto de la sentencia proferida en su contra"3 -destaca la Sala, ahora-. La inadvertencia de dicha línea jurisprudencia llevó al actor a omitir fundamentar la trascendencia del mencionado vicio, pues se abstuvo de acreditar razonadamente que no contó durante todo el trasegar procesal con oportunidad para controvertir las pruebas allegadas en el lapso transcurrido después de vencidos los seis (6) meses de la investigación previa, aportando elementos de juicio dirigidos a desvirtuarlos, sin que para ese efecto resulte suficiente señalar simplemente