CSJ - SP34140(11-05-2010)

DEFINICIÓN DEMPE NCtA 34140

JOSÉ ANTO ¡ MAR EZLÓPEZ r (cid:9) /eiN

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Aprobado Acta No. 145 Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil diez (2010) VISTOS Define la Sala la competencia para resolver el recurso de apelación contra la providencia de 26 de enero de 2010 proferida por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías (Meta), por medio de la cual negó a JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ Ja conversión de la multa de 666.66 SMMLV por amortización mediante trabajo de interés social no remunerado, así como la libertad condicional. ANTECEDENTES El 25 de junio de 2007 el Juzgado Trece Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, condenó a JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ, como autor del delito de porte estupefacientes, a la pena principal de sesenta y cuatro (64) meses de prisión y multa de $66666 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena privativa de la libertad. Al incriminado le fue negada la suspensión condicional de la ejecución de la perla al igual que la prisión domiciliaria. 4(cid:9) 2 (cid:9) DEF1NICION DE C0E7TEN341 h

JOSÉ ANTON!c1MTJNE LOPZ

Tu ;, Le ha correspondido el control de la ejecución de la sanción, a distintos juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad entre otros al Sexto de Bogotá, Cuarto de Tunja y finalmente a! Tercero de Acacías (Meta), despacho ante el cual el condenado elevó petición de libertad condicional y la ONG, Semillas de Esperanzas' h!zo traslado de la petición de MARTÍNEZ LÓEZ para cumplir con trabajo social no remunerado la pena de multa. El citado despacho, en providencia de 26 de enero de 2010, negó la amortización de la multa mediante trabajo social no remunerado y consecuentemente, negó la libertad condicional solicitada, al considerar que no se dan los presupuestos de artículo 64 de la Ley 599 de 2000 que, entre otros. exige la cancelación de la pena pecuniaria, concluyendo que 'mientras se encuentre purgando la pena no puede realizar actividades diferentes a las establecidas por la ley". Por lo anterior, el condenado interpuso recurso de apelación el cual fue concedido ante el juzgado que profirió el fallo condenatorio en primera instancia (Trece Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá), en aplicación a lo dispuesto en e artículo 478 de la Ley 906 de 2004. El tituiar del aludido estrado judicial, mediante auto de 30 de abril de 2010 se apartó de la decisión del juzgado antes referido al estimar que la petición del condenado y negativa del juzgado de mayor cobertura y trascendencia fue la relacionada con la conversión de la multa para amortizara mediante trabajo social

no remunerado, y como la misma no es un sustituto penal, dicho tema no encaja dentro de las previsiones del artículo 478 del Código de Procedimiento Penal, razón por la cual adujo no tener competencia para conocer de la aludida alzada. (Li (cid:9)

3 DEFINICION DE Ccí!I-34 140

JOSÉ ANTONIdMART1(SJ42 LOPEZ •(cid:9) -'ie, a En consecuencia, decidió enviar a esta Corporación las diligencias, para que se surta el trámite correspondiente. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Dentro de las atribuciones que el numeral 4 0 del artículo 32 de la Ley 906 de 2004 asigna a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se encuentra la de resolver acerca de la definición de competencia cuando se trate de aforados constitucionales y legales, de tribunales o de juzgados de diferentes distritos. Como la actuación se adelantó bajo el procedimiento contemplado en la ley referida, esta Corporación procede a definir si le asiste o no razón al Juzgado Trece Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá al sostener que la competencia para desatar la apelación interpuesta por el condenado contra la decisión del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías (Meta), mediante la cual negó la amortización de la pena de multa mediante trabajo social no remunerado y por ende la libertad condicional, le corresponde al Tribunal Superior del Distrito Judicial para conocer en segunda instancia de providencias de tal naturaleza. Vale la pena reiterar que los artículos 34 numeral 6 0 y 478 de la

Ley 906 de 2004 enseñan la idea de que regulan opuestamente lo relacionado a la autoridad judicial que debe resolver los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones proferidas por los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, pues mientras la primera disposición establece que a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial les corresponde conocer "del recurso de apelación interpuesto contra las decisiones del juez de ejecución de 4 (cid:9) DEFINICION DE COATENÇ 3414a JOSÉ ANTONIO MRTÍNÉZ'IÇOPEZ la segunda señala que las determinaciones que adopte el penas", juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación Con mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación, son apelables ante el juez que profirió la condena en primera o única instancia". (Subrayados de la Sala). Tal controversia ha de dirimirse con la aplicación del principio de especialidad de la norma procesal, a la que auxilia el criterio del precepto posterior, porque el artículo 478 antes citado trata exclusivamente la temática en relación con la ejecución de la sentencia. En efecto, la Corte reiteradamente ha precisado que: • la norma examinada en concreto escinde de la multiplicidad de materias de las que conocen los jueces de ejecución de penas -- redención de penas, acumulaciónjurídica de penas, aplicación de penas accesorias, libertad vigilada, extinción de la condena, entre otrosaquel/as que deciden sobre los mecanismos sustitutivos privativos de la libertad; lo que devela que por excepción y

1 especialidad, estos temas son del juez que profirió la condena". Para dirimir este asunto, surge claro que la prisión y la pena pecuniaria, pese a que en el delito por el cual fue condenado MARTÍNEZ LÓPEZ están previstas como penas principales, de tal categoría no puede tenérselas como similares, en cuanto difieren ontológicamente desde la afectación de derechos del procesado: aflicción de la libertad, en la primera, afectación del patrimonio, en la última. Por (cid:9) lo (cid:9) anterior, la multa y su forma de ejecución mediante amortización (cid:9) o conversión en(cid:9) trabajo social (cid:9) no(cid:9) puede 'Corte Suprema de Jus:icia. Sala de Casación Penal. Definición de Competencia Rad. 30763 de ±ciembre 2 de 2008. .464'Y (cid:9) 5 DEFINICION DE NC;A 34140 JOSÉ ANTO"MAR'7YNEZ LOPEZ 1 e(cid:9) I/24 eilÍl considerarse como mecanismo sustitutivo de la pena de prisión, precisamente por no guardar nexo con la sanción de privación de libertad. En este caso, si bien el condenado solicitó la libertad condicional y para ello pidió la conversión de la multa en trabajo social no remunerado, la negativa principal del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias fue la de negar tal conversión y, consecuentemente, la libertad condicional, por lo tanto, razón le asiste al Juzgado Trece Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá al estimar que el recurso contra tal

proveído no encaja en las previsiones del artículo 478 de la Ley 906 de 2004 para que ese despacho proceda a resolver la impugnación. Bajo esta perspectiva, el competente para resolver el recurso de apelación en contra de la decisión del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias con relación a la negativa de la conversión de la multa y por ende de la libertad condicional es el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio (Meta). Por lo tanto, se asignará al Tribunal antes citado conocer del recurso de apelación interpuesto contra la decisión de 26 de enero de 2010 que negó las peticiones formuladas por JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ En mérito de la expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 6 DEFINICION 34140' • (cid:9) ,%(

JOSANTDMHARtCEIZAL OPEZ

1. DECLARAR que la competencia para conocer de este asunto corresponde al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio (Meta) al que se remitirán las diligencias.

2. Por secretaría de la Sala, envíese copia de la presente decisión al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias (Meta) para Lo de su cargo.

Contra esta providencia no procede recurso alguno. Comuníquese y cúmplase.

DÁILIEZ OELEMOS c,M-USA

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGI

- (cid:9)

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO AU G UFO' I BAÑ EZ

JORGE LUIS QUI ÉS

7

DEFINICION DEhCIA 34140JOSÉANTON MART.NEZLOPEZ NÚÑEZ ria