CSJ - SP34784(22-09-2010)

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CASACI No 34784

GABRIELA FLOR RODRÍGUEZ

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

MAGISTRADO PONENTE

AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN

Aprobado: Acta No.300

Bogotá. D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil diez (2010). MOTIVO DE LA DECISIÓN Decide la Sala si es procedente admitir la demanda de casación presentada por el defensor de GABRIELA FLOREZ RODRÍGUEZ, contra la sentencia dictada el 11 de mayo del año en 'curso, por el Tribunal Superior de Popayán.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

1. El tallador de primer grado, resumió la cuestión táctica, así: El 8 de octubre pasado, siendo aproximadamente las 5:30 horas, Unidades de Policía de Carreteras pertenecientes a la Estación de Villarrica (Cauca), que realizaban labores de rutina en la vía pública, concretamente en la glorieta hacia las poblaciones de Corinto

(Cauca) y Candelada (Valle del Cauca), sometieron, a registro

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GABRIELA FLO RODRÍGUEZ personal a quienes se movilizaban en el automotor afiliado a la Empresa "Coomotoristas del Cauca" de placas VKK-451, entre los que se hallaba la señora GABRIELA FLOREZ RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía Nro 48678305 expedida en Armenia (Quindío) y al ser inspeccionada por la AG. NANCY MONCADA DÍAZ, detectó un

extraño abultamiento en su cuerpo, motivo por el que fue trasladada a las instalaciones policiales donde en recinto privado y previo su consentimiento se le hallan debajo de la ropa, adheridos al tronco tres (3) paquetes envueltos con cinta adhesiva color café, los cuales contenían una sustancia pulverulenta, de olor penetrante y demás características propias del estupefaciente conocido como "bazuco", procediendo a su captura haciéndole conocer sus derechos constitucionales y legales y luego puesta a órdenes de autoridad competente para su judicializaciónl.

2. Las audiencias preliminares de legalización de la captura, formulación de imputación -donde la señora FLOREZ RODRÍGUEZ se allanó a los cargose imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, se lleVaron a cabo el 9 de octubre de 2009, ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías de Puerto

Tejada2. El 23 de octubre siguiente, el mismo despacho sustituyó la medida de aseguramiento por la de detención en el lugar de residencia de la implicada3. FI 511 C. Carpeta. 2 Fts j0 y 11. 3 Ft 24. 2

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GABRIELA FLOR RODRÍGUEZ La audiencia para verificación de legalidad del allanamiento a cargos, individualización de pena y sentencia, se realizó el 10 de marzo del año en curso, ante el Juzgado Penal del Circuito de Puerto Tejada. La falladora de primera instancia condenó a GABRIELA FLOREZ

RODRÍGUEZ como autora responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y le impuso la pena de cincuenta y siete (57) meses y dieciocho (18) días de prisión, multa por valor de 66.66 salarios 'mínimos legales mensuales vigentes y la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena privativa de la libertad, sin derecho a la suspensión condicional de la pena, ni a la prisión domiciliaria4.

3. El Tribunal Superior de Popayán, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor de la procesada, confirmó en su integridad la decisión del A quo5.

LA DEMANDA Cargo primero Con apoyo en la causal primera del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, el libelista atribuye al sentenciador la violación directa de 4 Fls 43 a 55. 5 Cfr fts 72 a 88. 3

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GABRIELA FLORE RODRÍGUEZ la ley sustancial por falta de aplicación del artículo 1° de la Ley de 2002. 750 Argumenta que el Tribunal ignora el principio de legalidad en cuanto sobrepone a las previsiones del legislador su caprichosa opinión, no obstante reconocer que los presupuestos normativos se encontraban satisfechos, toda vez que el injusto imputado a su defendida no fue excluido del beneficio contemplado en la nortmativa en cita, y la calidad de madre cabeza de familia fue debidamente acreditada en el plenario. La infracción directa de la ley sustancial se produce cuando, adrflitidos los presupuestos de la Ley de 2002, no le da

750 aplicación a sus mandamientos, que imponen la prisión domiciliaria a la madre cabeza de hogar, a favor de los derechos supériores de sus menores hijos, vulnerando por exclusión ev$Jente lo normado en los artículos 2°, de la Carta 13, 44 y 93 Política y ordena la prisión intramural de la señora FLOREZ RODRÍGUEZ y la consecuente entrega de sus menores hijos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. De paso, se vulnera el principio inherente al interés superior del menor, consagrado en diversos instrumentos internacionales. El articulo superior es el resultado de la incorporación del 44 mencionado principio, que busca garantizar su eficacia y orientar la interpretación y definición de otros derechos, como el consagrado en el artículo del Decreto de Código 20 2737 1989, del iMenor. 4

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GABRIELA FLORE RODRÍGUEZ Si el Tribunal hubiese observado el principio del interés superior del menor, era obvio que sin entrar en otras consideraciones concediera el beneficio de la prisión domiciliaria a la señora GABRIELA FLOREZ RODRÍGUEZ, para bien de sus hijos y en acatamiento a lo ordenado por el legislador, como lo previó la Corte Suprema de Justicia mediante auto de única instancia 31381 del 10 de abril de 2009 y que retomó en el radicado 30106 del 30 de septiembre de 2009. Lineamientos jurisprudenciales a los que debió darle aplicación "a partir del solo hecho de hallar probado el presupuesto relativo al status de madre cabeza de familia, sin respecto' de otros factores, vale decir, la naturaleza del delito (que en el sub examine no

constituye siquiera una conducta que la norma vulnerada por exclusión, hubiera previsto como ajena al mentado beneficio), la existencia de antecedentes (que tampoco se daban en el asunto de autos), lo que desbordando las fronteras de su función, efectuó el Ad quem", afectando garantías fundamentales de unos menores indefensos, privados de su derecho superior a tener una familia y no ser separados de ella y desatendiendo su situación de debilidad manifiesta. Solicita se case la sentencia, otorgando a la procesada la prisión domiciliaria a favor de sus menores hijos. Cargo segundo. 5

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GABRIELA FLORE ODRÍGUEZ El censor acusa la sentencia de vulnerar en forma directa, por falta de aplicación, el artículo 60 numeral 3° de la Ley 599 de 20Q0. Señala que la rebaja dispuesta en el inciso 1° del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, se adecua a las previsiones de la norma en citó y, en ese orden, la proporción del 50% corresponde aplicarla al mínimo establecido para el tipo básico del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, de que trata el inciso 3° del artículo 376 del Código Penal, modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, que comporta una pena de 8 a 12 años de prisión. Sieindo ello así, el júzgador debió partir de aquél mínimo, re4ucido en una mitad, lo cual representaría una pena de 4 a 12 a4s. A continuación, apunta que si se recoge

"el criterio jurisprudencial, en lo que atañe a la rebaja de penas por sometimiento a cargos, y lo aplicamos a los extremos punitivos del injusto tratado, armonizando en el contexto de la Ley 906 de 2004, fuérza concluir que la rebaja hasta del 50% tiene, durante la audiencia de formulación de imputación, otra proporción menor, que en tal sentido sería aplicable al máximo de la infracción básica, al tenor de lo dispuesto en la regla 5 del artículo 60 de la Ley 599 de 2000". Como la aceptación de, cargos al inicio del juicio oral implica una rebaja de una tercera parte, al tenor de lo dispuesto en el artículo 352 de la Ley 906 de 2004, ante esa perspectiva, el 6

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GABRIELA FLORE ODRÍGUEZ juzgador debió partir del mínimo de 4 años y, adicionalmente, considerar la rebaja de aquella proporción correspohdiente al máximo, esto es, una tercera parte, en aras de fijar los límites mínimos y máximos en los que se ha de mover, procediendo a aplicar las reglas previstas en el artículo 60 del Código Penal, con lo cual se hubiera trazado los límites de movilidad entre 4 y 8 años. No obstante, el Ad quem en sus consideraciones, además de desconocer lo normado en dicho precepto, vulneró los principios rectores de legalidad, favorabilidad ,e igualdad, pues el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal de 2004 no discrimina entre el capturado en flagrancia y el que no lo ha sido y, sin

embargo, resolvió avalar la rebaja en tan solo un 40% de la pena a imponer, pese a que no concurrían circunstancias de agravación y la procesada no presentaba antecedentes penales. Por el contrario, su comportamiento, así como las circunstancias socio-económicas probadas, obligaban a atender lo dispuesto en el artículo 61 del Código Penal, esto es, moverse dentro del cuarto mínimo, y estrictamente al contenido del artículo 3° de la Ley 890 de 2004, que prohíbe la aplicación del sistema de cuartos cuando se han realizado preacuerdos o negociaciones entre la fiscalía y la defensa. Considera el libelista que la rebaja concedida a su representada, bajo el argumento de que la captura en flagrancia minimiza la aceptación de cargos, desconoce además los artículos 3°, 55-4 y 56 del Código Penal y 27 de la Ley 906 de 2004, porque no es lo 7 CASACt Nl o 34784 GABRIELA FLORE ODRÍGUEZ mismo sorprender cometiendo un delito a quien se le compruebe su solvencia económica, adecuada formación y plena inserción en su entorno social, que a una persona sumida en la pobreza, con sus necesidades básicas insatisfechas y cargando sola con unas olgaciones que sobrepasan sus posibilidades, debiendo asumir las del padre de sus hijos por ineficacia del Estado en brindarle al núcleo familiar las garantías de seguridad y protección de sus derechos fundamentales. Al) En tal sentido, bien pudo haberse agotado el trámite procesal en procura de degradar la imputación, teniendo en cuenta que el

mínimo de la pena descendería y habría incidido en lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 38 y del numeral 1° del artículo 63, con independencia de cualquier pretensión encaminada al reconocimiento de atenuantes genéricos como el contemplado en el numeral 4° del artículo 55 del Código Penal, que el juzgador oficiosamente debe tener en cuenta, en virtud de los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la pena. Solicita se case la sentencia recurrida y, en su lugar, se le conceda a su defendida la rebaja de la mitad de pena a imponer. CONSIDERACIONES ) \La finalidad del recurso de casación, conforme a lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley 906 de 2004, es asegurar la

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GABRIELA FLORE RODRÍGUEZ efectividad del derecho material, el respeto a las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a éstos y la unificación de la jurisprudencia. En ese orden, la posibilidad de obtener que la Corte ejerza el control constitucional y legal del fallo de segundo grado, a través de la impugnación extraordinaria, comporta para el actor la carga de acreditar la necesidad de cumplir con alguna de tales finalidades y atender a los requerimientos de coherencia, precisión y claridad que gobiernan este mecanismo, formulando cada reproche a través de una argumentación que patentice la real ocurrencia del error denunciado en el marco de la causal invocada y su trascendencia en la decisión recurrida. 1 2 La Sala, sin embargo, puede superar los defectos del libelo y

1 ocuparse de su estudio cuando advierta la necesidad de cumplir con las finalidades del recurso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 184 inciso 3°. ///

2. En el cargo primero, que el demandante formula con estribo en la causal de primera del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, reprocha la falta de aplicación del artículo 1° de la Ley 750 de 2001, toda vez que la calidad de madre cabeza de familia de la procesada está debidamente acreditada en el proceso y, sin embargo, se le negó la prisión dómiciliariá.

Como la censura se ajusta a las exigencias legales del artículo 184 del Código de Procedimiento Penal, se admitirá. 9

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GABRIELA FLORE RODRÍGUEZ 3 (En consecuencia, se realizará la audiencia de sustentación allí prevista, para que las partes se pronuncien únicamente sobre la 3 queja seleccionada

3. El cargo segundo, en el que se reprocha la presunta violación directa de la ley por falta de aplicación del artículo 60 numeral 3° del Código Penal, carece del fundamento argumentativo necesario para demostrar el yerro y más bien se percibe que el libelista se apoya en subjetivas hipótesis de solución que pretende anteponer a los juicios del sentenciador, con el fin de obtener que a su representada se le reconozca el 50% de rebaja de pena, por aceptación de cargos en la audiencia de forMulación de imputación, planteamiento que se exhibe extraño al propósito de evidenciar la ilegalidad de la sentencia recurrida.

(pe manera insistente la Corte ha precisado que cuando se denuncia la violación directa de la ley sustancial, consagrada en

el numeral 1° del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, que intlucra como supuestos la falta de aplicación, interpretación erriónea o interpretación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el ca$o, es menester que el demandante acepte la forma como el sentenciador declaró los hechos y valoró las pruebas, de manera que al fundamentar la censura promueva un debate estrictamente jurídico; de puro derecho, en el que evidencie la incoherencia entre el texto de la norma aplicada al caso y lo fáCticamente declarado en la sentencia, sin que se pueda 10

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GABRIELA FLO RODRÍGUEZ aprovechar este espacio para sugerir una forma de solución distinta a la determinada por el tallador, dando al traste con la rigurosa metodología que se debe observar en sede de casación, donde sólo tiene cabida el juicio lógico que se promueve sobre la legalidad del fallo recurrido. \ En este caso, el demandante ni siquiera atinó a postular los defectos que atribuye al juzgador y lo único que se advierte es su inconformidad con el proceso de dosificación punitiva y el monto de la rebaja dispuesta en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. Nótese, al respecto, que para sustentar la supuesta falta de aplicación del numeral 3° del artículo 60 del Código Penal , en ti lugar de enfrentar los juicios del sentenciador, aduce sin respaldo alguno que la rebaja del 50% dispuesta en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 debe aplicarse al mínimo establecido

para el tipo básico del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, (inciso 3° del artículo 376 del Código Penal, modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004), que comporta una pena de 8 a 12 años de prisión, lo cual representaría una pena de 4 a 12 años de prisión. Adicionalmente, que conforme a lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 60 , se aplique al máximo de esa pena, la rebaja de 7 la tercera parte prevista en el artículo 352 de la misma 6 Artículo 60-3 Código Penal: Sida pena se disminuye hasta en una proporción, ésta se aplicará al mínimo de la infracción básica. 7 Artículo 60-5 ídem: Si la pena se disminuye en dos proporciones, la mayor de aplicará al mínimo y la menor al máximo de la infracción básica. 11

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GABRIELA FLOREZ DRÍGUEZ normativa, por aceptación de cargos en el juicio, con el objeto de fijar los límites mínimos y máximos entre 4 y 8 años. (Un planteamiento de esa naturaleza, conduce a recordar que en puhto de la dosificación de pena, cuando ha mediado aceptación de cargos, esta Corporación señaló8: Por consiguiente, aceptados unilateralmente los cargos por parte del imputado o acusado, según el caso; corresponde al juez de conocimiento fijar las consecuencias de la aceptación producida de esa manera, funcionario judicial que debe individualizar la pena acudiendo al sistema de cuartos y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el numeral 3° del artículo 61 del Código Penal,

criterios que no ha de seguir al momento de establecer el quantum de rebaja por razón de la aceptación de cargos, toda vez que por ser un comportamiento post delictual, está relacionado con la incidencia que tiene frente a la economía procesal, la celeridad y la oportunidad. En otros términos, una vez que el juez de conocimiento haya individualizado la pena conforme al tradicional sistema de cuartos, debe proceder a realizar la correspondiente rebaja, "atendiendo factores tales como -a título ejemplificativola eficaz colaboración para lograr los fines de justicia; la significativa economía en la actividad estatal de investigación; el que la ayuda que se genere con la aceptación de los cargos muestre proporción con la dificultad probatoria; el que -cuando sea del casose facilite descubrir otros partícipes u otros delitos conexos; el que no se dificulte investigar otras conductas o partícipes , etc., sin influir en este momento los 8 Cfr sentencia del 29 de junio de 2006, rad. 24529. 12

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GABRIELA FLO Z RODRÍGUEZ referentes tenidos en cuenta para individualizar la sanción, pues ya agotaron su función 9". En ese contexto, ninguna razón le asiste al demandante al cuestionar la ilegalidad de la sentencia recurrida, en cuanto se constata ° que el juzgador procedió a individualizar la pena para l el delito previsto en el artículo 376, inciso 3° del Código Penal, con el incremento de la Ley 890 de 2004, esto es, de 8 a 12 años o de 96 a 144 meses, y. multa de 133.33 a 1500 salarios mínimos

legales mensuales vigentes, acudiendo al sistema de cuartos. Luego, atendiendo a los criterios del artículo 61 - 3 del Código Penal, apuntó que por concurrir únicamente circunstancias de menor punibilidad, concretamente la carencia de antecedentes penales, la pena en concreto es de noventa y seis (96) meses de prisión y multa por valor de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hecho la anterior, procedió a determinar que la rebaja por aceptación de cargos en la audiencia de formulación de la imputación, sería del 40%, en consideración a que la procesada fue sorprendida en flagrancia ejecutando la acción ilícita, para un total de pena a imponer de cincuenta y siete (57) meses y dieciocho (18) días de prisión y multa por valor de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) salarios' mínimos legales mensuales vigentes. Sentencia de tutela 24868 del 4 de abril de 2006. 1° Cfr fl 48 C. Carpeta. 13

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GABRIELA FLOR RODRÍGUEZ Esé discernimiento del sentenciador,, coincide con el juicio de la Sala frente a la captura en flagrancia y la rebaja punitiva que co responde efectuar, toda vez que entre los distintos factores qu confluyen a determinar el monto a descontar por virtud de la acéptación de cargos es, precisamente, la economía en la actividad investigativa del Estado . ÇEn el pronunciamiento que viene de mencionarse, la Corte

e apóntó: Ahora bien, en cuanto a la disminución punitiva a que tiene derecho la imputada por razón de haber aceptado los cargos en la audiencia de formulación de imputación, debe la Sala precisar que el hecho de haber sido capturada en flagrancia conlleva a que no sea acreedora a la totalidad de la rebaja que señala el inciso primero del artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, esto es, la mitad, pues resulta evidente que la situación de flagrancia no impone a la administración de justicia gran desgaste en su actividad, en la medida en que, como sucedió en este caso, la imputada fue sorprendida en la ejecución del delito y, a sí mismo, se hallaron elementos materiales probatorios suficientes como para que el ente acusador tuviera una alta probabilidad de éxito en el evento de que el asunto hubiese llegado a juicio". Oblérvese que el porcentaje a reconocer por allanamiento a cargos, está supeditado al momento procesal en que se realice y, ob''iamente, a la celeridad con la que se haya resuelto el caso y a la economía procesal lograda, gracias a la manifestación voluntaria del imputado. En cambio, para estos efectos, carece 11 Cfr sentencia del 29 de junio de.2006, rad. 24529. 14

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GABRIELA FLOREZ DRÍGUEZ de incidencia la ausencia de circunstancias de agravación y de antecedentes penales de la implicada, como erradamente lo entiende el casacionista. c=". .1.) Por ello, surge atinado el razonamiento del Tribunal, para avalar

el porcentaje reconocido a la señora GABRIELA FLÓREZ RODRÍGUEZ, en cuanto señaló: La captura en flagrancia minimiza entonces la aceptación de cargos porque dicho fenómeno revela de por sí la autoría del hecho o sea que no es tan absoluta la economía procesal por parte del Estado; en cambio cuando la aceptación de cargos en la audiencia de imputación surge del indiciado que no fue capturado en flagrancia denota, ipso facto, celeridad y economía procesal en los esfuerzos de investigación. Véase entonces que la discrecionalidad objetiva del juez, en los casos así planteados, no es antojadiza sino que aparece sujeta a la realidad procesal y de los ahorros del Estado en los esfuerzos por el esclarecimiento de los hechos y sus autores y/o 12. partícipes (subraya original) En similares desafueros conceptuales incurre el demandante al considerar que para efectos de individualizar la pena y trazar los límites de movilidad, se deben aplicar las rebajas dispuestas en los artículos 351 y 352 del Código de Procedimiento Penal a los límites mínimos y máximos de la pena prevista para la infracción básica, cuando el ejercicio de fijar las consecuencias de la aceptación de cargos -se reiteracorresponde efectuarlo al 12 Cfr ft 81. 15

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GABRIELA FLOREZ ODRÍGUEZ juzgador con posterioridad a la dosificación punitiva, por tratarse de un comportamiento postdelictual del procesado, en la proporción determinada para el momento procesal en que se

realice. (o censor cuestiona inexplicablemente, que se hubiese acudido al sistema de cuartos para dosificar la pena impuesta a su defendida, sin percatarse que la prohibición consagrada en el articulo 3° de la Ley 890 de 2004, está referida a los preacuerdos o negociaciones entre la fiscalía y la defensa, no a la aceptación unilateral de los cargos, como ocurrió en este caso, donde la prócesada de manera libre, voluntaria, debidamente informada de las consecuencias de su manifestación y asesorada por su 7defensor, aceptó los cargos formulados por la fiscalía. ) Ante la ausencia de fundamento del cargo formulado, la Sala prócederá a su inadmisión de conformidad con el artículo 184 del Código de Procedimiento Penal del 2004, por ausencia de los requisitos previstos en su inciso 2°. 4. cabida cuenta que contra la decisión de inadmitir el cargo segundo de la demanda de casación presentada por la defensa 9)\v\ ( prócede el mecanismo de insistencia de conformidad con lo establecido en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, impera precisar que como dicha legislación no regula el trámite a seguir parla que se aplique el referido instituto procesal, la Sala ha 16

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GABRIELA FLORE ODRÍGUEZ definido las reglas que habrán de seguirse para su aplicación' r a7 como sigue: La insistencia es un mecanismo especial que sólo puede ser promovido por el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia por cuyo medio la

Sala decida inadmitir la demanda de casación, con el fin de provocar que ésta reconsidere lo decido. También podrá ser provocado oficiosamente dentro del mismo término por alguno de los Delegados del Ministerio Público para la Casación Penalsiempre que el recurso de casación no hubiera sido interpuesto por un Procurador Judicial -, el Magistrado disidente o el Magistrado que no haya participado en los debates o suscrito la providencia inadmisioria. La solicitud de insistencia puede elevarse ante el Ministerio Público a través de sus Delegados para la Casación Penal, ante uno de los Magistrados que haya salvado voto en cuanto a la decisión mayoritaria de inadmitir la demanda o ante uno de los Magistrados que no haya intervenido en la discusión. iii) Es potestativo del Magistrado disidente, del que no intervino en los debates o del Delegado del Ministerio Público ante quien se formula la insistencia, optar por someter el asunto a consideración de la Sala o no presentarlo para su revisión, 13 Providencia del 12 de diciembre de 2005. Rad. 24322. 17

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GABRIELA FLOREZ ODRÍGUEZ ev nto último en que informará de ello al peticionario en un pl1 o de quince (15) días. iv) El auto a través del cual se inadmite la demanda de casación trae como consecuencia la firmeza de la sentencia de segunda instancia contra la cual se formuló el recurso de casación, salvo que la insistencia prospere y conlleve a la a4iisión de la demanda.

D En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia RESUELVE Admitir el cargo primero de la demanda presentada por el defensor de la señora GABRIELA FLOREZ RODRÍGUEZ. Se fijará fecha y hora para celebrar la audiencia de sustentación, exclusivamente sobre la censura admitida. Estfa determinación no admite recurso alguno. nadmitir el cargo segundo de la demanda de casación. Cohtra esta decisión procede el recurso de insistencia, en los términos del artículo 184 del Código de Procedimiento Penal. 18

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GABRIELA FLORE ODIGUEZ Notifíquese y cúmplase.

MARI A' O G NZÁLEZ DE LEMOS

CO

MISION DE SERVICIO

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTINtz SIGIFR A PÉREZ

COMIStON DE SERVICIO

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO AUN e \ IBAÑEZ GUZMÁN

DP41

YE IREZ BASTIDAS

JUDO IZ NUÑEZ Sec' tarta 19