CSJ - SP34988(23-02-2011)

«rae«de (adoridgo Página 1 de 36 41, (cid:9) Casación N°34.988 41 (cid:9) ÁLVARO QUINTERO PERE caiete afreenza Airstieekb

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

Aprobado Acta No. 60. Bogotá, D.C., veintitrés de febrero de dos mil once. VISTOS Se pronuncia la Sala sobre la admisibilidad formal de las demandas de casación que presentan el defensor del procesado ALVARO QUINTERO PÉREZ, así como los abogados de Lisímaco Quintero y la empresa COOMOTOR, vinculados en calidad de terceros civilmente responsables, contra el fallo de segunda instancia proferido el 20 de mayo de 2010, por el Tribunal (cid:9) Superior (cid:9) de (cid:9) lbagué, (cid:9) mediante (cid:9) el (cid:9) cual (cid:9) confirmó (cid:9) la sentencia emitida por el Juzgado Penal del Circuito de El Guamo (Tolima), el 4 de septiembre de 2007, en la que se condenó a QUINTERO (cid:9) PÉREZ, en calidad de autor de los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas, a las penas principales de 31 meses y 6 días de prisión, multa en cuantía de 26 salarios mínimos legales mensuales y suspensión de 36 meses en el ejercicio de la conducción de automotores. En la

misma decisión se decretó la pena accesoria de inhabilitación Página 2 de 3 Casación N° 34 9 3 fil "ALVARO QUINTERO PÉR para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por lapso igual a la sanción aflictiva de la libertad, y fue otorgado al acusado el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Así mismo, la sentencia condenó solidariamente al procesado, a Lisímaco Quintero, en calidad de propietario del bus de servicio público con el cual se causó el daño, y a la empresa COOMOTOR LTDA, en su condición de afiliante del automotor, al pago de $17.533.853,02, y el equivalente a 60 salarios mínimos legales mensuales, por concepto de perjuicios materiales y morales ocasionados a los deudos de quien pereció en el accidente; y $ 7.724.051,86, al igual que 20 salarios mínimos legales mensuales, para la persona lesionada en el hecho. HECHOS Fueron narrados en la sentencia de segundo grado, del siguiente tenor: "Ocurrieron éstos el 28 de junio de 2003 a las 6:30 de la noche aproximadamente, en la carrera 6° con calle 3° sobre la vía panamericana que del municipio del Guamo conduce a Saldaña, cuando e/ hoy occiso JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES conducía una bicicleta llevando en la barra al señor PEDRO JOAQUÍN VALDERRAMA DELGADO, cuando estaba cruzando la vía panamericana en la esquina del cementerio hacia el

barrio El Carmen, apareció el Bus marca CHE VROLET de placas 146, a (sic) filiado a /a empresa COOMOTOR, e` pr Página 3 de 3z Casación N° 34.98 ÁLVARO QUINTERO PERE conducido por ALVARO QUINTERO PÉREZ y los arrolló quedando inconscientes, llevados al Hospital del Guamo, luego remitidos al Hospital FEDERICO LLERAS ACOSTA de lbagué, donde falleció JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES. El señor PEDRO JOAQUÍN VALDERRAMA quedó gravemente lesionado con pérdida de la memoria". DECURSO PROCESAL Practicadas las diligencias de levantamiento e inspección del cadáver, así como allegado el informe del agente de tránsito, la Fiscalía 21 Seccional de lbagué, ordenó adelantar investigación previa, en decisión emitida el 28 de julio de 2003. El 29 de agosto de 2003, fue recabada la indagatoria del procesado ALVARO QUINTERO PÉREZ, después ampliada el 24 de agosto de 2004. El 13 de abril de 2005, la Unidad Seccional de Fiscalías de El Guamo, decretó el cierre de la instrucción. Consecuentemente, el 23 de enero de 2006, se calificó el mérito de la instrucción profiriéndose resolución de acusación en contra de ALVARO QUINTERO PÉREZ, en calidad de autor de los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas. Como la decisión fuese apelada por el defensor del acusado, con fecha del 8 de mayo de 2006, la Fiscalía Delegada

Página 4 d13 e 3g Casación N° 34 98 ALVARO QUINTERO PERE ante el Tribunal Superior de lbagué, impartió integral confirmación a lo decidido por el A quo. Ejecutoriada la resolución de acusación, el asunto fue repartido, para adelantar la fase del juicio, al Juzgado Penal del Circuito de El Guamo, Tolima, el 12 de julio de 2006. La audiencia preparatoria fue realizada el 25 de octubre de 2006. EL día 31 de enero de 2007, fue adelantada la audiencia pública. El 4 de septiembre de 2007, se profirió la sentencia condenatoria de primer grado, en contra de la cual interpusieron y sustentaron el recurso de apelación tanto el defensor del procesado, como el representante legal de la empresa

COOMOTOR LTDA.

Por virtud de la impugnación, el 20 de mayo de 2010, se emitió el fallo de segunda instancia, que confirmó en su integridad la decisión apelada, motivando la interposición del recurso extraordinario de casación, por parte del defensor del acusado y los representantes legales de los terceros civilmente responsables, esto es, la empresa COOMOTOR LTDA. y el señor Lisímaco Quintero. Página 5 de Casación N° 34. •

ÁLVARO QUINTERO PERI:ir

LAS DEMANDAS

1. Del defensor del acusado Dado que la pena dispuesta por el legislador para el delito de homicidio culposo, no supera las exigencias consagradas en el artículo 205 de la Ley 600 de 2000, normatividad que regula el caso, la defensa manifiesta interponer el recurso extraordinario

por el camino de la discrecionalidad, para lo cual señala que se han violado garantías fundamentales y por ello se requiere del pronunciamiento de la Corte que restañe el mal. En sustento de esa postura discrecional, el recurrente advierte que se violó el debido proceso, así como los principios de exclusión de responsabilidad objetiva, de legalidad, igualdad formal y dignidad humana. Agrega que se hace necesario también desarrollar la jurisprudencia acerca del contenido del artículo 9 del C.P., en aras de definir el concepto y alcances de las llamadas "acciones a propio riesgo". A renglón seguido, tomando como base la jurisprudencia de la Salal, dice trasladar los argumentos allí consignados al caso concreto y por virtud de ello termina concluyendo que fue la víctima fatal del accidente, dado que conducía su bicicleta por el il Página 6 de „ra Casación N° 34.988 /ALVARO QUINTERO PÉREM sector equivocado de la vía y en total imprudencia al llevar un acompañante, quien generó el resultado, sin que en este tuviese ninguna incidencia el comportamiento de su representado legal, quien, añade, cumplió estrictamente con su deber objetivo de cuidado. Ya como causal a plantear, el demandante significa que incurrió el Tribunal en "FALSO RACIOCINIO, MODALIDAD DE

ERROR DE HECHO".

Empero, para sustentar el cargo toma como base la sentencia de la Sala a que se aludió atrás y de ello concluye que el caso analizado es similar al que tuvo en cuenta la Corte, razón por la cual debe entenderse que lo ocurrido vino consecuencia

exclusiva del actuar de la víctima —en sustento de ello realiza una muy particular explicación de lo ocurrido, sin remitir a los elementos de prueba recogidos-, para concluir: "no podemos ver por la espalda como otros animales y es por eso que acudo también a la ciencia para demostrar que la sentencia desconoció el campo visual del ojo humano y la irrupción de acercamiento, ya porque fueron los peatones en bicicleta quienes se lanzaron al vehículo que pasa por la PANAMERICANA y no al contrario". Y agrega que "...la valoración de la prueba fue contra principios elementales de lógica, sentido común y experiencia". 'Sentencia del 20 de mayo de 2008, radicado 28124 Página 7 de 30( Casación N° 3498 ÁLVARO QUINTERO PERE A fin de soportar su crítica el casacionista toma las conclusiones del Tribunal (aunque no las cita) y sobre ellas realiza una evaluación contraria, otorgando valor a las pruebas que favorecen al procesado y restándolo a aquellas que lo perjudican (tampoco se refiere en concreto a esos elementos de juicio o su contenido). Dice el impugnante, finalmente, que la actuación de su representado no se subsume en el tipo penal que se despejó y a ello remite la trascendencia del yerro atribuido al Tribunal. Por último, se ocupa de lucubrar en torno de la naturaleza del recurso de casación y sus trascendencia en punto de la defensa de los derechos del procesado, para culminar solicitando

que "SE CASE LA SENTENCIA ATACADA".

2. Del representante del tercero civilmente responsable

Lisímaco Quintero. Para justificar acudir a la modalidad discrecional de la casación, el recurrente dice dirigirse a que la Sala otorgue eficacia y alcance al "...significado natural del estado Social de Derecho, como nueva óptica en el sistema jurídico de Colombia". En concreto, advierte que en la demanda demostrará la violación del derecho al debido proceso que no puede ampararse swi Página 8 de 36 rr Casación N° 34.98 ALVARO QUINTERO PERE en el concepto de protección a los derechos de la víctima, pues, "todos los sujetos procesales tienen los mismos derechos y gozan de las mismas garantlas2" Advierte, el impugnante, que su protegido legal, en cuanto tercero civilmente responsable, goza de los mismos atributos procesales prodigados a otras partes y en razón de ello respondió a las demandas de constitución de parte civil e incluso pidió se llamara en garantía a las compañías de seguros, pero a esos escritos ninguna atención se prestó. Ello, en su sentir, constituye flagrante vulneración del debido proceso3, que habilita la casación discrecional a la cual recurre. Agrega, de otro lado, que se hace necesaria la intervención de la Sala para efectos de que siente jurisprudencia en torno del tema de la entrega definitiva de automotores en los delitos culposos, acorde con lo que establece el inciso cuarto del artículo 67 del C.P.P., en tanto, el fallador de primer grado se negó a realizar esa entrega definitiva hasta que se garantizase el pago

total de los perjuicios, ignorando que ha discurrido más de una año desde la realización de la conducta, sin que se afectase el bien. a) CARGO PRIMERO 2 Cita, para el efecto, un apartado de una decisión de la Corte, sin fecha, radicada 14449, Cita Sentencia de casación de la corte, del 23 de agosto de 2005, radicado 23718 3 Página 9 de 316g Casación 34.9 N° ÁLVARO QUINTERO PERE Recurriendo a la causal consagrada en el numeral tercero del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, el recurrente señala que la sentencia atacada se dictó en un juicio viciado de nulidad, dado que se violaron los principios del debido proceso y derecho a la defensa. Específicamente, el demandante sostiene que en atención a gozar de los mismos derechos otorgados a cualesquiera de las partes, su representado legal contestó las demandas de parte civil, solicitó la práctica de pruebas y llamó en garantía a las compañías de seguros La Previsora y La Equidad. Sin embargo, ninguna respuesta se dio a su solicitud y apenas en el fallo de primer grado el (cid:9) A quo sostuvo que la Fiscalía no concretó lo referido a la empresa La Equidad, pero nada dijo respecto a La Previsora. A su vez, añade el recurrente, en el fallo de segunda instancia se anotó que si bien, el tercero civilmente responsable llamó en garantía a La Previsora, el asunto fue zanjado en la audiencia de conciliación, donde el fallador de primer grado la desvinculó del trámite.

Estima el impugnante que esos dos pronunciamientos demuestran la efectiva vulneración de los derechos de su representado legal, dado que la primera instancia parece entender Página 10 de 31611 Casación N° 34 98 ALVARO QUINTERO PERE meramente facultativa la vinculación del llamado en garantía, al tanto que la segunda sólo se refiere a una de las compañías de seguros "sin atender a los argumentos del apelante sobre el llamado a la compañía de seguros LA EQUIDAD". Luego de señalar que la nulidad tiene el carácter de insubsanable, el demandante pide que se case la sentencia "y se profiera fallo de carácter absolutorio a favor del señor LIS1MACO QUINTERO o, en su defecto, se decrete la nulidad de la actuación a partir de la contestación oportuna de las demandas de parte civil'. b) CARGO SEGUNDO Con sustento en la causal disciplinada en el numeral primero del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, el impugnante advierte que se presentó un yerro directo por "interpretación errónea de una norma de derecho sustancial". En particular, significa que se erró al interpretar el artículo 67 de la Ley 600 de 2000, dado que el despacho A quo dispuso no entregar definitivamente el bus de servicio público "hasta tanto no se garantice el pago total de los perjuicios", pasando por alto que la norma en mención contempla definitiva esa entrega cuando concurra cualquiera de los siguientes eventos: que se garantice el pago de los perjuicios; cuando se hayan embargado bienes del Página 11 de 364 Casación N° 34.988

ÁLVARO QUINTERO PERE

sindicado en cuantía suficiente para atender ese pago; y, cuando haya discurrido un año desde al realización de la conducta sin que se hubiese afectado el bien. Aduce el impugnante, al efecto, que el accidente ocurrió el 28 de junio de 2003 y el fallo de primer grado se profirió el 4 de septiembre de 2007, vale decir, entre ambos eventos transcurrió más de un año, haciendo necesaria esa entrega definitiva. Por tal motivo, afirma el recurrente, erró el A quo cuando supuso que para la devolución definitiva del bien debían complementarse esas tres exigencias de la norma, pasando por alto que los tres requisitos se hallan separados por el disyuntivo "o" y no por el copulativo "y". Acorde con lo expuesto, solicita el casacionista que se case parcialmente la sentencia, a efectos de que se ordene la entrega definitiva del automotor a favor de su poderdante.

3. Del representante legal de la empresa COOMOTOR

LTDA. Comienza manifestando el casacionista, con sustento en jurisprudencia de la Sala4, que en el caso concreto se encuentra legitimado para interponer el extraordinario recurso a favor del tercero civilmente responsable, dado que aboga por la absolución Página 12 de 311 4( Casación 34.98 N° ALVARO QUINTERO PÉRE , del procesado y esa fue una solicitud recurrente tanto ante la primera instancia como en la motivación del recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primer grado. A renglón seguido, advierte que el yerro atribuido al Tribunal prefigura la causal de casación consignada en el numeral primero, inciso segundo del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, en

particular, bajo la égida del falso juicio de identidad. En desarrollo del cargo, sin citar lo dicho por el Tribunal, afirma que en la sentencia se consideró arriesgada la maniobra de adelantamiento realizada por el procesado. Empero, sostiene el casacionista, no explica el fallador por qué fue una maniobra temeraria esa, si de todas formas se acepta que era necesario realizarla para poder sobrepasar al vehículo que se hallaba detenido en la vía. Se permite también el recurrente extraer algunas conclusiones de lo consignado en el fallo, aunque afirma que hubo de colegirlo porque "esto no lo afirma la sentencia", agregando que esas supuestas conclusiones no obedecen a lo que consigna la prueba. Seguidamente, acude a lo dicho por algunos testigos —no cita su testimonio, sino que ofrece su particular visión de lo que Sentencia del 23 de agosto de 2005, radicado 23718 Página 13 de 36 Casación N° 34.98 ÁLVARO QUINTERO PÉR presuntamente dijeron-, afirmando que lo declarado fue "recortado", o "tergiversado", o "cercenado", pues, del plexo probatorio debe extractarse que lo ocurrido se debió a la imprudencia de las víctimas, que no hubo extralimitación en el límite de velocidad por parte del acusado y que no se presentó huella de frenada del bus porque iba a baja velocidad. Por último, aborda lo declarado por el testigo de cargos, para advertir que se trata de un testimonio "inocuo y raquítico", dado que asuntos propios de la física, como el correspondiente a

la velocidad del automotor, no pueden ser probados por esta vía. En consecuencia, solicita el demandante que "Se case la sentencia atacada". CONSIDERACIONES DE LA CORTE Se ha anotado pacíficamente por la Corte, y ahora se reitera, cómo la demanda de casación ha de comportar un mínimo rigor lógico jurídico y argumental, pues, no se trata de hacer valer una especie de tercera instancia que sirva de escenario adecuado a la controversia ya superada por los falladores de primero y segundo grados, en la cual se pretende anteponer el particular criterio o valoración probatoria, a aquel que sirvió de soporte a la decisión de los jueces A quo y Ad quem, entre otras razones, porque a esta ., Página 14 de 3.4# Casación N° 349:;4

• ÁLVARO QUINTERO PERE i sede arriba la decisión judicial con una doble connotación de acierto y legalidad.

Se faculta, por ello, que la dicha presunción sea quebrada a través de criterios claros, lógicos, coherentes y fundados, derivados del compromiso de demostrar la violación en la cual incurrió el fallador, suficiente para echar abajo el contenido de verdad de la sentencia, en el entendido de que, de no haberse materializado el yerro, otra hubiese sido la decisión y precisamente así se ofrece trascendente recurrir al mecanismo extraordinario de impugnación. Sirvan las anteriores precisiones para abordar detenidamente las tres demandas de casación allegadas ala Corte.

1. Del defensor del acusado Está claro que el monto de pena máximo definido para los

delitos por los cuales se emitió sentencia de condena, no alcanza el tope de 8 años que faculta acudir directamente al recurso extraordinario de casación, dentro de la regulación consignada en la Ley 600 de 2000. En consecuencia, acorde con lo establecido en el inciso tercero del artículo 205 de la obra en cita, ha de acudirse al mecanismo de la discrecionalidad. Página 15 de pé Casación N° 34.9 ÁLVARO QUINTERO PERE Respecto del tópico examinado, tiene dicho la Corte5 que la demanda, aparte de las exigencias de orden general relacionadas en el artículo 212 del Código de Procedimiento Penal de 2000, debe reunir unos requisitos específicos. Dos son los propósitos de esta modalidad de impugnación extraordinaria: obtener de la Corte nuevos elementos de análisis que incidan en el desarrollo de la jurisprudencia y, en concomitancia o alternativamente, propiciar la ampliación del abanico teórico y práctico de los mecanismos protectores de los derechos y garantías. En un capítulo separado, debe el impugnante exponer, con suficiente sustento lógico, cuál de esas dos finalidades -o ambaspretende alcanzar por medio de la demanda. Si se ha preferido el primero de los tópicos resaltados, vale decir, facultar el desarrollo de la jurisprudencia, el planteamiento debe ser preciso y claro en dos sentidos: el señalamiento de la utilidad inmediata de la decisión pedida y su proyección sobre la jurisprudencia.

En el caso de que su ánimo sea unificar criterios jurisprudenciales, basado en que ha descubierto dentro del acervo de pronunciamientos de la Sala posiciones encontradas sobre un determinado aspecto de derecho, así debe demostrarlo, mediante la confrontación objetiva y conceptual de las piezas jurídicas que le han servido de objeto de conocimiento. $ C. S. de J., Sala de Casación Penal, 5 de diciembre de 2002, Rad. 19.961. Página 16 de 31 Casación N° 34.98 ÁLVARO QUINTERO PÉREZ Si su objetivo es provocar que la Sala asuma posición sobre una determinada tesis doctrinaria en torno de la cual no ha tenido oportunidad de hacerlo, o acerca de la cual ha plasmado conceptos vagos o inacabados, igualmente debe dejarlo establecido, luego de efectuar un seguimiento minucioso de la jurisprudencia con el objeto de destacar las carencias señaladas. Y si, por último, lo demandado es que la Corte actualice su postura frente a un determinado problema jurídico, bien porque la doctrina ha refinado sus elaboraciones al respecto, o bien porque el devenir social y humano así lo reclaman, su discernimiento en orden a crear la necesidad de esa innovación ha de ser de más amplio espectro y mayor hondura. Tan precisas directrices las ha sustentado la Sala, entre otros pronunciamientos, en decisiones expedidas el 30 de junio de 2004, Rad. 21.770; el 6 de julio, 3 de agosto; y 30 de noviembre de 2006, Rads. 24.810, 25.812 y 26.012, en su orden. El demandante, acerca de este tema, adujo que se hace

necesaria la intervención jurisprudencial de la Corte en aras de examinar lo concerniente a las acciones a propio riesgo. Sin embargo, el tópico de la culpa exclusiva de la víctima, y en general de las circunstancias que excluyen responsabilidad penal en los delitos culposos, ha sido amplia y reiteradamente Página 17 de 36 Casación N°34.98 11. ÁLVARO QUINTERO PERE 1n.. rÁ. tratado por la Corte, sin que el demandante advierta alguna arista problemática, asunto difícil, aspecto no tratado o contradicción menesterosa de definición, a partir de la cual modificar o precisar el sentido de la jurisprudencia. Ello es suficiente para desechar, por esta vía de definición jurisprudencial, la posibilidad de acudir a la casación discrecional. Ahora bien, en lo concerniente a las garantías fundamentales, no puede ser, como por lo común sucede en este tipo de demandas discrecionales, que se confunda la existencia presunta del yerro mismo, con la presunta vulneración de garantías, pues, siempre será posible anunciar que un determinado error, de los varios que componen las causales de casación, por contera vulnera uno o varios derechos de la parte que los padece, generalmente el debido proceso o el de defensa y, entonces, por ese camino lo que debía ser excepcional se torna habitual. En otras palabras, si de verdad la sola existencia de un vicio pasible de ubicar en cualesquiera de las causales de casación, generase la posibilidad de acudir al camino discrecional a través del fácil expediente de alegar vulneración de garantías, se vaciaría de

contenido el inciso tercero del artículo 205 en reseña y, entonces, en todos los casos habría que admitir las demandas de casación sea o no que se cubra el presupuesto temporal diseñado en el inciso primero. Página 18 de 1f Casación N°34.9 841/ ALVARO QUINTERO PÉR Ello para significar que de ninguna manera, como lo pretende el defensor del procesado, la sustentación del elemento basilar que faculta acudir al medio discrecional, puede hacerse radicar en los efectos del yerro que a renglón seguido plantea, en tanto, se torna circular el argumento y, finalmente, ninguna diferencia con la casación ordinaria enseña, como para advertir que en este caso sí es necesaria la intervención de la Corte. Pero, dejando de lado esa inicial dificultad, por sí sola suficiente para obligar la inadmisión de la demanda, es lo cierto que ya dentro de la necesaria obligación de demostrar por senderos lógicos la existencia de algún vicio trascendente que obligue derrumbar la decisión adversa al procesado, o cuando menos morigerarla o variarla a su favor, el demandante acude a una argumentación sofística que lejos de demostrar el yerro aducido pretende apenas confrontar su particular e interesada visión de lo probado, con la de los falladores, en típico alegato de instancia que pasa por alto cómo a esta sede casacional llegan los fallos en cuestión, en cuanto armónicos, revestidos de una doble condición de acierto y legalidad por entero refractaria a esas fundamentaciones carentes de rigor lógico y jurídico. Es que, en su afán por demostrar que efectivamente es

pasible de acudirse aquí a la vía de la discrecionalidad, el demandante ocupa todos sus esfuerzos en advertir la presunta Página 19 de 361j Casación N° 34.98 ÁLVARO QUINTERO PERE existencia de vulneraciones a cuantos derechos procesales asisten a la parte por él representada, pero jamás aborda en concreto la existencia de un vicio de los propios de las causales diseñadas en el artículo 207 de la Ley 600 de 2000, con lo cual su alegato no supera el simple enunciado genérico soportado en verdaderas peticiones de principio —yerro lógico que consiste en dar por demostrado lo que precisamente debe probarse-. Y, las alegaciones se tornan abstrusas cuando, en lugar de tomar la prueba específica y contrastarla con lo que de ella dedujo el Tribunal, si en verdad se trata de demostrar la existencia del error de hecho por falso raciocinio, trae a colación la jurisprudencia de la Corte para efectos de "acomodarla" al caso concreto, sin siquiera sustentar dónde radica el necesario elemento de identidad fáctica que puede hacerla pertinente y eficaz para sus intereses. De nada sirve, porque carece de soporte lógico, jurídico o probatorio, tomar los que en sentir del recurrente constituyen fundamentos del fallo, para a ellos anteponer las conclusiones que de su propia cosecha ha elaborado, pues, se desconoce cuál pudo ser el yerro de valoración en que incurrió la segunda instancia. Para ilustración del demandante y con criterios pedagógicos, la Corte estima tempestivo traer a colación lo que ya de manera

pacífica y reiterada ha establecido en punto de la forma de Q , Página 20 de 36.1 Casación N° 34.98 ÁLVARO QUINTERO PERE (cid:9) T argumentar lógicamente respecto de la supuesta existencia de errores de hecho por falso raciocinio 6: "Los errores probatorios de hecho, a diferencia de los de derecho, obligan a quien los invoca a aceptar que la prueba respecto de la que los alega fue reconocida por el funcionario como legal, regular y oportunamente allegada al proceso, toda vez que lo discutido constituye vicios fácticos que se desarrollan en tres modalidades: falso juicio de existencia, falso juicio de identidad y falso raciocinio. Incurre en falso juicio de existencia el fallador que omite apreciar el contenido de una prueba legalmente aportada al proceso (falso juicio de existencia por omisión), o cuando, por el contrario, hace precisiones fácticas a partir de un medio de convicción que no forma parte del proceso, o que no pertenecen a ninguno de los allegados (falso juicio de existencia por suposición). El falso juicio de identidad se diferencia del anterior en que el juzgador sí tiene en cuenta el medio probatorio legal y oportunamente practicado, pero, al aprehender su contenido, le recorta o suprime aspectos fácticos trascendentes (falso juicio de identidad por cercenamiento), o le agrega circunstancias o aspectos igualmente relevantes que no corresponden a su texto (falso juicio de identidad por adición), o le cambia el significado a su expresión literal (falso juicio de identidad por distorsión o tergiversación).

La acreditación de un falso juicio de existencia o de un falso juicio de identidad, por tratarse de vicios objetivo contemplativos, es en extremo elemental. En el primer caso basta con identificar el contenido de la prueba omitida y el lugar en el que ésta se halla adosada a la actuación, o con señalar la precisión fáctica que corresponde a un medio de prueba extraño a la actuación o que no pertenece a alguno de los legalmente aportados; y en el segundo, es suficiente con la comparación de lo que de manera fidedigna revela la prueba, con la síntesis o aprehensión que su contenido hizo el funcionario, en aras de evidenciar el cercenamiento, la adición o la tergiversación de su texto. Auto del 10 de octubre de 2007, radicado 22.597 6 Página 21 de 36; Casación N° 34.98 ALVARO QUINTERO PERE (cid:9) I Finalmente, el falso raciocinio difiere de los anteriores en que el medio de prueba existe legalmente y su tenor o expresión fáctica es aprehendida por el funcionario con total fidelidad, sin embargo, al valorarla, al sopesarla, le asigna un poder suasorio que contraviene los postulados de la sana crítica, es decir, las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o sentido común, o las leyes de las ciencias, y en tales eventos el demandante corre con la carga de demostrar cuál postulado científico, o cuál principio de la lógica, o cuál máxima de la experiencia fue desconocido por el juez, e igualmente tiene el deber de indicar cuál era el

aporte científico correcto, o cuál el raciocinio lógico, o cuál la deducción por experiencia que debió aplicarse para esclarecer el asunto. No sobra destacar que, adicionalmente, como es sabido, bien se trate de errores de derecho o ya de hecho, tras demostrar objetivamente el dislate, es perentorio acreditar su trascendencia o, lo que es lo mismo, que de no haberse incurrido en él, la declaración de justicia hecha en sentencia habría sido distinta y favorable a la parte que alega el respectivo desaguisado." Ninguno de tan precisos derroteros cumplió el demandante, dado que, como ya se anotó, en lugar de tomar en consideración lo que la prueba informa para determinar el yerro de valoración propuesto, ora porque se pasan por alto los principios de la lógica, ya en atención a desconocer las reglas de la ciencia o, finalmente, porque se dejó de lado lo que la experiencia enseña, dedica sus esfuerzos a una inane confrontación de conclusiones, desde luego pretendiendo hacer valer las suyas. Elemental surge que la demostración del vicio impone un análisis profundo en el cual se haga conocer específicamente cuál regla de la ciencia, principio lógico o postulado de la experiencia fue desconocido, respecto de un concreto medio suasorio, de qué Página 22 de 3661d Casación N° 34.98 ALVARO QUINTERO PÉREZ manera ocurrió ello y cómo debe entronizarse el adecuado, para después, dentro del análisis conjunto de la prueba, definir tan trascendente el yerro que por sí mismo derrumba la tesis de condena o, cuando menos, morigera la condición penal del

acusado. Mal (cid:9) puede ejecutarse ese ejercicio lógico jurídico, (cid:9) si (cid:9) el demandante (cid:9) se (cid:9) limita (cid:9) a (cid:9) afirmar (cid:9) de (cid:9) manera (cid:9) genérica (cid:9) e indeterminada que el Tribunal, sin siquiera citar la prueba objeto del vicio o la forma en que ocurrió el mismo, violó la lógica o la experiencia, e incluso lo que los conocimientos científicos informan. Dada la carencia de sustentación adecuada de la demanda, se torna imperiosa su inadmisión, como quiera que, además, no se observan violaci