CSJ - SP35017(29-09-2010)

«Vatect de (a64Illitkl, Página 1 de 28 Casación No. 35.017

JAVIER CRUZ SUÁREZ

(rema ck,

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

Aprobado Acta No. 315. Bogotá, D.C., veintinueve de septiembre de dos mil diez. VISTOS Con el propósito de verificar si reúne las exigencias y condicionamientos previstos en los artículos 205 y 212 del Código de Procedimiento Penal de 2000, la Corte examina la demanda de casación presentada por el defensor de JAVIER CRUZ SUÁREZ contra la sentencia de segundo grado proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 6 de abril de 2010, mediante la cual se confirmó parcialmente el fallo emitido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de la misma ciudad el 25 de marzo de 2009, y en virtud del cual se condenó al mencionado procesado, en calidad de autor, y a los procesados Jorge Gómez Cortes y Stella Peña de Díaz, a título de cómplices, del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. A la procesada María Stella Cabrera Durán se le absolvió del mismo cargo en la sentencia de segunda instancia. deaolnynka, Iltg Página 2 de 28 Casación No. 35.017 JAVIER CRUZ SUÁREZ Ca0na• cíe ndifeia, HECHOS En el fallo de segunda instancia se reseñaron de la siguiente manera:

"Fueron dados a conocer por informe rendido por el investigador judicial señor DAGOBERTO TORRES SANTOS del CTI de la Fiscalía General de la Nación, donde expresa: "Que por información dada por una fuente humana se tuvo conocimiento que en la Administración Municipal se presentaron irregularidades en la adjudicación y ejecución de contratos celebrados durante los meses de junio, julio y agosto de 2000, en el rubro DOTACIÓN Y al MANTENIMIENTO DE CENTROS DOCENTES y efectuarse pagos que no corresponden a estos conceptos, como la compra de zapatos, jean (sic), medias. Contratos que al parecer son ficticios y los recursos destinados a la campaña política de TOBIAS RENGIFO RENGIFO. Que entre los contratos aparece el de EMELINA COLLAZOS por $36.482.400.00, a quien supuestamente se le compró unas jardineras. "Que se verificó en la oficina de presupuesto, la existencia y afectación del rubro mencionado, verificándose que dentro del presupuesto de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN para la vigencia de 2000, se encontró el artículo 14-60104-5 denominado MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE CENTROS DOCENTES, tenia una apropiación de $413.269.101.00 que en el mes de junio el mismo cerró con una disponibilidad de $252.603.650.00; a julio $188.840.400.00 y para agosto $1.470.00. "La mayor afectación se hizo en el mes de agosto al comprometerse durante el mismo $188.000.000.00 correspondiente al 45% de la apropiación inicial, mes

durante el cual se celebró el contrato de compra venta No. 004 entre JAVIER CRUZ SUÁREZ como Secretario de Educación Municipal y EMELINA COLLAZOS PERDOMO, por valor de $36.482.400.00, siendo el objeto la venta de 2.252 jardineras con destino a los alumnos de los centros docentes. C4Teldékeec ck Cadocata Página 3 de 28, Casación No. 35.017

JAVIER CRUZ SUÁRE.

Vette 9,4/Atenta de /aneja "En dicho contrato se observó: Que la cédula que le aparece a la contratista es de Neiva, pero al momento de firmarse aparece que de Paicol. La firma que se observa en la cotización difiere en sus características a la que aparece en el contrato. En la cláusula primera se estipula la venta de 2.252 jardineras a razón de $17.000.00 cada una; sin embargo la cotización se presenta por la misma cantidad y a razón de $16.200.00. "Como inconsistencia, igualmente aparece que el objeto de contrato no concuerda con la denominación del rubro pues se están imputando compra de elementos de consumo que se adquieren para los estudiantes que nada tiene (sic) que ver con la dotación y el mantenimiento del establecimiento en sí; igualmente, estos recursos provenían del ICN. ( ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE Por los hechos anteriores, la Fiscalía Décima Seccional de Neiva dispuso la apertura de instrucción el 5 de enero de 2001 y la vinculación mediante indagatoria de JAVIER CRUZ SUÁREZ, Stella Peña de Díaz, María Stella Cabrera Durán y Jorge Gómez

Cortés. Evacuadas las indagatorias, el 8 de octubre de 2004, la instructora les resolvió situación jurídica, absteniéndose de imponerles medida de aseguramiento. Perfeccionada en lo posible la instrucción y decretado su fenecimiento, por resolución del 28 de abril de 2005, la Fiscalía 10a Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Neiva, acusó al primero de los citados como autor y a los restantes como glefríffiw, de lalein/ka, Página 4 de 28 ) Casación No. 35.017' JAVIER CRUZ SUÁREZ cómplices, presuntamente responsables, del delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, descrito en el artículo 410 del Código Penal. La ejecutoria de la decisión se surtió el 13 de junio de 2005 (fol. 44 cuaderno No. 2 sumario). De la etapa del juicio conoció el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva, despacho que luego de evacuar las audiencias preparatoria y de juicio, dictó sentencia el 25 de marzo de 2009, condenando a JAVIER CRUZ SUÁREZ a las penas principales de 66 meses de prisión y multa de 18 s.m.l.m.v. y a la accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 5 años, como autor responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales; a Stella Peña de Díaz, Maria Stella Cabrera Duran y Jorge Gómez Cortes, las condenó a las penas principales de 40 meses de prisión y multa de 14 s.m.l.m.v., y a la accesoria de inhabilidad para el ejercicio

de derechos y funciones públicas por 4 años, como cómplices de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. A todos se les negó la condena de ejecución condicional y la prisión domiciliaria sólo le fue concedida a la procesada María Stella Cabrera Duran. El fallo fue apelado por los defensores de JAVIER CRUZ SUÁREZ y Stella Peña de Díaz, lo cual dio lugar al fallo de segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal 44 efriMea, de caolcumba Página 5 de 28 Casación No. 35.017 JAVIER CRUZ SU/ARE corle ttAlida Superior de Neiva el 6 de abril de 2010, en el cual se revocó la condena impuesta contra María Stella Cabrera Durán, a quien se le absolvió de los cargos imputados. Las restantes condenas fueron objeto de confirmación, pero a Stella Peña de Díaz se le concedió el sustituto de la prisión domiciliaria. Contra la sentencia de segunda instancia, el defensor de JAVIER CRUZ SUÁREZ presentó demanda de casación. LA DEMANDA Primer cargo. Al amparo de la causal tercera del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, acusa la sentencia de haberse dictado en un juicio viciado de nulidad, por desconocimiento del principio de legalidad. Fundamenta su pretensión en el hecho de que desde la resolución de acusación se señaló que la norma sustantiva aplicable para la tipificación del delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales lo es el artículo 410 de la Ley 599 de 2000, cuando los hechos tuvieron ocurrencia en

agosto de 2000, época para la cual regía el Código Penal de 1980, que tipificaba la conducta en el artículo 146, con un elemento subjetivo, a saber, el "propósito de obtener un provecho ilícito para sí, para el contratista o para un tercero", elemento que MefilWiect clecaYieernÁia, Página 6 de 28 Casación No. 35.017 JAVIER CRUZ SUÁREZ Cae/ te aelo debla estar probado y que es distinto al dolo, según se ha sostenido por doctrinantes nacionales y foráneos. Afirma que el principio de legalidad impide que se condene a una persona por un hecho que no esté expresamente previsto corno punible en la ley vigente al tiempo en que se cometió. Señala que el artículo 410 de la ley 599 de 2000 tipifica el delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, sin exigir el ingrediente subjetivo del tipo referido al propósito de obtener provecho ilícito. Por lo tanto, dada la estructura típica de la nueva conducta no existe identidad entre uno y otra normatividad, por lo que no es posible aducir favorabilidad del último precepto frente al anterior. Según el defensor, la nueva ley derogó el tipo penal señalado en el artículo 146 del Código Penal de 1980, y el artículo 410 no puede aplicarse al caso aquí juzgado, porque no estaba vigente para la fecha en que ocurrieron los hechos juzgados. En dichas condiciones, agrega, la sentencia impugnada violó los principios de legalidad del delito, libertad de movimiento, imperio de la ley, con perjuicio para su representado, porque se

pretende que pague una pena de prisión. • ti/W/4a ck alemb..a, Página 7 de 28, Casación No. 3501 JAVIER CRUZ SUARE. ce'erieQielfenta, cleiJlicia Pide, en consecuencia, que se case el fallo impugnado y en su lugar se decrete la nulidad de la actuación a parte de la sentencia de primera instancia, o subsidiariamente, de la de segunda. Segundo cargo También al amparo la causal tercera del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, acusa la sentencia de haberse dictado en un juicio viciado de nulidad, por violación del principio de investigación integral. En orden a fundamentar su pretensión recuerda que JAVIER CRUZ SUÁREZ fue acusado como autor del delito de contrato sin requisitos legales esenciales, y los procesados María Stella Cabrera Durán, Stella Peña de Díaz y Jorge Gómez, en calidad de cómplices por la falta de su calidad especial; pero lo cierto es que el delito por el que se procede es el resultado de acciones de varias personas que con actuar propio y reparto de funciones obtuvieron el resultado típico. Agrega que al hacer la imputación, la Fiscalía reconoció que los cómplices fueron quienes presentaron a la contratista al Secretario de Educación CRUZ SUÁREZ, como "la señora de los uniformes", para que le extendiera la invitación a cotizar, y una vez surtidos los requisitos para simular que se había cumplido con Weffilii,ect cadlontéfrc Página 8 de 28 Casación No. 35,017

JAVIER CRUZ SUÁREZ el principio de transparencia, legalizaron el contrato para tener acceso al anticipo, tras lo cual ejecutaron el objeto contractual, utililando la ingenuidad de la contratista para hacerle firmar los documentos necesarios para el pago de cuentas y actas de entrega, de donde el contrato también fue obra de los cómplices, quienes como ediles del sector buscaron con esa contratación cautivar votos para su propia campaña política y la de Tobías Rergifo Rengifo como Alcalde del lugar, para lo cual ofrecieron el trabajo a varias madres cabezas de familia. En ese contexto, dice, la Fiscalía no se preocupó por indagar sobre el papel que jugó su defendido en ese contrato, pues nada extraño tendría que los cómplices lo hubieran embaucado para la firma del contrato, sin que de su parte existiera propósito de obtener provecho ilícito para sí o para el móvimiento político del que no se supo si era partidario. Tampoco se investigó cuál era el trámite secretarial que retibían las ofertas desde que se radicaban en el despacho de la Secretaría de Educación. Insiste en que las circunstancias de los hechos, imponían indagar desde la indagatoria, qué motivó a JAVIER CRUZ a favorecer a la contratista Emelina Collazos, cuyo testimonio debió ainpliarse para interrogarla sobre la existencia de algún nexo afectivo o económico con su representado. También las g4dit, a de Voloyidia Página 9 de 28 Casación No. 35.017 JAVIER CRUZ SUÁREZ e6rie 9.40renta, dejemildo,

indagatorias de Maria Stella Cabrera Duran, Jorge Gómez Cortes y Stella Peña de Díaz, a fin de preguntarles si tuvieron algún conocimiento del interés que motivó a CRUZ SUÁREZ a beneficiar a la contratista de autos. Dice que la falta de investigación sobre el aspecto subjetivo del delito, generó un vacío probatorio que la impedía el proferimiento de una sentencia condenatoria. En consecuencia, pide que se case la sentencia para que se decrete la nulidad del cierre de la investigación, o desde el momento en que la Corte lo estime pertinente. Tercer cargo También al amparo de la causal tercera del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, alega que la sentencia se dictó en un juicio viciado de nulidad, porque no se motivó la dosificación punitiva dentro del cuarto mínimo aplicado, como lo dispone el inciso 3° del artículo 61 del Código Penal. Es así como advierte que el fallador no aplicó el tope mínimo de 48 meses, sino que decidió imponer a su representado una penal de 66 meses de prisión, sustentándose en la gravedad de la conducta, que dice, se ejecutó con dolo directo encaminado a favorecer unas campañas políticas. «rulte.a, cle caolainnAict Página 10 de 284 Casaciónflo. 35.01 JAVIER CRUZ SUÁRE 1 19irle 9.9rein de JO:a Pero no tiene en cuenta que se trataba de un contrato de menor cuantía que no requería licitación, lo cual permitía advertir

"que la gravedad de la conducta es de poca lesividad'. Además, si bien se buscó beneficiar un movimiento político, por ese camino salieron beneficiadas muchas madres cabeza de familia, motivo noble y altruista que configura una circunstancia de menor punibilidad. En cuanto a la intensidad del dolo, debió ponderarse que JAVIER CRUZ "fue prácticamente llevado por los ya conocidos ediles" y no la persona que tomó la iniciativa del contrato. El fallador, dice, no "ponderó" los aspectos de mayor o menor gravedad de la conducta del procesado. Al procesado JAVIER CRUZ no le era imputable la gravedad qué le atribuye el fallador de primera instancia, pues lo máximo que se le puede cuestionar es la omisión en el control del trámite contractual, lo cual raya con la culpa. Por lo tanto, al procesado CRUZ debió imponérsele el mínimo del primer cuarto, ante la ausencia de una gravedad específica de la cuantía. 3ilkmiNkrz de VoiomÁla Página 11 de 28 Casación No. 35.017 JAVIER CRUZ SUÁREZ Por esa vía, era merecedor a la prisión domiciliaria, beneficio al que no tuvo acceso por la falta de una motivación conforme al artículo 61 del Código Penal. Dice que la falta de motivación impidió que la defensa conociera "los motivos de esa fijación y tuviera acceso a controvertir los respectivos argumentos". Pide, en consecuencia, que se case el fallo demandado y se decrete la nulidad parcial del mismo en el aspecto de la dosificación punitiva, para que la Corte efectúe el proceso.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE Primer cargo.

CEl punto puesto de presente por el demandante en este primer cargo, ya ha sido analizado ampliamente por la jurisprudencia de la Sala, que ha reconocido que si bien la redacción del tipo penal de contrato sin cumplimiento de requisitos legales que trae la nueva normatividad penal (artículo 410 de la Ley 599 de 2000), eliminó el "propósito de obtener un provecho ilícito para sí, para el contratista o para un tercero"c, omo finalidad última de la ejecución de la conducta delictiva, por lo que en principio pudiera argumentarse que por esta razón, en los casos en que resulte procedente, se debe acudir a criterios de favorabilidad para Mixd/tea, de cadeyndkz Página 12 de 283iq Casación No. 35.017 JAVIER CRUZ SUÁRE Ca? r / e 9;5brufatz a¿Ziel a aplicar la norma del Código Penal de 1980, por ser más exigente frente a la de 2000, en cuanto contiene un elemento adicional de tipo subjetivo para la estructuración del delito, ello realmente no es así porque la eliminación de esa expresión en la redacción de la norma actual, obedeció a su reconocida innecesariedad, como quedó expresamente consignado en las discusiones previas a la reforma. Bajo esa lógica, la jurisprudencia tiene decantado que las diferencias que a simple vista pudieran advertirse de una lectura desprevenida de la norma anterior y la actual, son más aparentes que reales, pues el propósito a que alude el artículo 146 del Decreto Ley 100 de 1980:

"...no solo puede ser patrimonial sino de cualquier otra índole derivada de la transgresión de los principios que rigen la contratación estatal, lo cual resulta claro cuando se elude el procedimiento establecido, se privilegian unos contratistas en detrimento de otros, se contrata en condiciones técnicas que no corresponden al objeto del contrato, o se viola el principio de selección objetiva, entre otras eventualidades, pues es claro que un contratista resulta beneficiado con la adjudicación de un contrato tramitado irregular e ilícitamente"' . De esa manera, se ha considerado que: "el propósito de obtener un provecho ilícito para sí, para el contratista o para un tercero" que consagraba el artículo 146 del Código Penal en vigencia del cual sucedieron los hechosque es lo que ocurre en el caso de estudioy que suprimió por innecesario el 410 del vigente, se derivaba del simple hecho de celebrar el contrato sin acatar los principios y normas de Sentencia de única instancia del 13 de octubre de 2004, rad. 18.911. gi2- /4/lea, de atrvidl'a, Página 13 dei 28M Casación No. 35.017; JAVIER CRUZ SUÁREZ {or le carácter constitucional y legal aplicables a la contratación administrativa, en consideración -se reitera una vez mása que el objeto de protección del tipo penal es el principio de legalidad de la contratación estatal, cuyo quebrantamiento por el servidor público estructura objetivamente ese tipo penal aunque el resultado práctico del convenio sea beneficioso para la administración y desventajoso desde el punto de vista económico para el contratistau2(4).\)

El demandante desconoce esa posición de la Corte, por lo que el fundamento de su reproche se queda sin piso alguno. Pero además, en la revisión objetiva del fallo de primera instancia, se observa que en punto de la adecuación típica, el juzgador aplicó, por favorabilidad, la norma vigente al momento de los hechos, estos es, el artículo 146 del Código Penal de 1980, tal como se consignó expresamente en la página 7 del fallo, aspecto que no fue tocado por el juzgador de segunda instancia. Por lo tanto, ante la indemostración de error atribuible al fallador, se rechazará el cargo. Segundo cargo ( El principio de trascendencia, rector de las nulidades (artículo 308-2 de la Ley 600 de 2000), traído a la interpretación del instituto de la casación, lleva a considerar que en la alegación de una nulidad por violación al principio de investigación integral que rige en la sistemática del Código de Procedimiento Penal de 2000, debe 2 Sentencia de única instancia del 10 de agosto de 2005, rad. 21.546. c_«/Riliteadecaolevniict Página 14 de 28 Casación No. 35.017 JAVIER CRUZ SUÁREZ Verle Oltreirt¿t de étieice derriostrarse, argumentativamente, la entidad desestabilizadora y limitante en exceso de los vacíos probatorios que se aducen generados en el trámite del proceso. No basta, pues, que no se haya practicado una prueba, ni que ésta fuera conducente, pues la trascendencia de un tal vicio no deriva de la prueba en sí misma considerada, sino de la

confrontación lógica de las que sí fueron tenidas en cuenta por el sentenciador como soporte del fallo, para, a partir de su contraste, evidenciar que las extrañadas, de haberse practicado, derrumbarían la decisión, erigiéndose entonces como único remedio procesal la invalidación de la actuación censurada a fin de que esos elementos que se echan de menos puedan ser tenidos en cuenta en el proceso3 En el presente caso, el demandante ni siquiera cumple con la obligación de especificar qué pruebas, en concreto, habría podido practicar el instructor en orden a establecer los motivos que llevaron al procesado JAVIER CRUZ a suscribir el contrato de suministro con Emelina Collazos Perdomo, como tampoco acredita la trascendencia que habrían tenido en la decisión de condena la ampliación de las indagatorias vertidas por los procesados acusados como cómplices o de la misma contratista beneficiada, pues ni siquiera se toma el trabajo de contrastar la argumentación cpntenida en el fallo, que se pretende descalificar con las 3 Sentencia de casación del 25 de agosto de 2004, radicado No. 21.313 de ClionzGia, Página 15 de 28 Casación No. 35.017 JAVIER CRUZ SUÁREZ Zi6 consecuencias que a su modo de ver podrían derivarse de dichas ampliaciones. Recuérdese que la trascendencia no se mide por la prueba en sí misma considerada, sino que deviene de su oposición a la lógica del fallo, ya que sólo si logra desquiciarlo, imponiendo una

orientación distinta de la que el mismo contiene, el cargo podría prosperar. )( En casación no basta con advertir de manera genérica que se dejaron de practicar determinadas pruebas o que ellas pudieron, especulativamente, haber afectado positiva o negativamente los efectos de otras, dado que la obligación del recurrente implica verificar, en primer lugar, la pertinencia, conducencia e importancia de los elementos de juicio echados de menos; y en segundo término, su trascendencia cuando menos abstracta, para lo cual es necesario advertir lo que se demostraría con esas pruebas y cómo ello, dentro de un análisis conjunto de lo recogido en la foliatura, incide verticalmente en lo decidido, al extremo, para lo que se debate, de facultar la inocencia del procesado o aminorar su compromiso penal.\ Por esa razón, se reitera, la argumentación que trae el demandante resulta bastante precaria, pues ni siquiera .tiene certeza de lo que podrían aportar las ampliaciones que echa de menos, por lo que es claro que su pretensión de nulidad parte de effiiiliw, de cao%vgAia, Página 16 de 28 Casación No. 35.01

JAVIER CRUZ SUÁRE onct clefi: kweia, simples especulaciones referidas a la posibilidad errática de que allegando otras pruebas, de las cuales se desconoce por completo su efecto demostrativo, sea posible acreditar un aspecto meramente subjetivo de la conducta del procesado.

En consecuencia, por carencia de una debida fundamentación, el cargo será inadmitido. Tercero cargo Esta censura se sustenta en una pretendida falta de

motivación de los motivos que llevaron al fallador a apartarse del extremo mínimo del ámbito punitivo dentro del cual fijó la sanción, asPect sobre el cual ya tiene definido la Sala que el análisis que haPe el fallador alrededor de los criterios señalados en el inciso 3° del' artículo 61 del Código Penal, se fundamenta en el carácter disicrecional de la labor mesuradora, que en todo caso debe motivarse, sin que la mayor gravedad de la conducta que se tenga en cuenta para tal efecto, implique revivir el tema superado de la pena básica) _1,5\ Precisando, sobre las diferentes etapas que debe agotar el fallador para establecer la sanción, recientemente dijo la Sala: "...fijo primero que ha de hacer el juez es fijar los límites mínimos y máximos de la pena, establecidos en el tipo penal por el que se procede, disminuidos y aumentados en virtud de las circunstancias modificadoras de punibilidad jriribtíaiect de Calo/a/Ña Página 17 de 281 Casación No. 35.017 JAVIER CRUZ SUÁRE o('m 9//)remo de concurrentes, que se aplican con base a las reglas que prescribe el artículo 60 del Código Penal, conformándose de esta manera el llamado marco punitivo. Enseguida procede establecer el ámbito punitivo de movilidad, para lo cual se ha de dividir el marco punitivo en cuatro cuartos, determinados con base en los fundamentos no modificadores de los extremos punitivos, esto es, las circunstancias de menor y mayor punibilidad señaladas en

los artículos 55 y 58 ídem, ámbito que viene a servir de barrera de contención para limitar la discrecionalidad judicial, pues el juez sólo podrá ejercer su arbitrio en la dosificación dentro del tracto formado por los respectivos cuartos. Pero a pesar de que el método para obtener el ámbito punitivo de movilidad ordena dividir el marco punitivo en cuatro cuartos, de acuerdo con el inciso 2° del artículo 61 sólo existen tres (3) ámbitos de movilidad: el primero, conformado con el cuarto mínimo, "cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias de atenuación punitiva", el segundo, con los dos cuartos medios "cuando concurran circunstancias de atenuación y agravación punitiva" y, el tercero, con el cuarto máximo "cuando únicamente concurran circunstancias de agravación punitiva". Obtenidos esos tres tractos de movilidad, el inciso 3° del artículo 61 ídem dispone que el juzgador impondrá la pena dentro del cuarto o cuartos que corresponda, ponderando la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de la pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto. Además, en los casos de tentativa, se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo y en la complicidad el mayor o menor grado de

eficacia de la contribución o ayuda'. En el presente caso, es el mismo recurrente quien hace saber sobre la escogencia del cuarto mínimo de movilidad y 4 Sentencia del 30 de noviembre de 2006, Radicado 26.227. NtitiMea. rlo" Página 18 de 28 41 ( Casación No. 35.017JAVIER CRUZ SUÁREZ caarfr ring, ale "dada consigna, de igual modo, los argumentos que esgrimió el A quo para apartarse de la menor pena. Es así como advierte que el juzgado atendió la naturaleza del bien jurídico afectado y el dolo directo encaminado a favorecer unes campañas políticas por encima de los intereses del Estado, circpnstancias que reflejaban la mayor gravedad de la conducta. Las motivaciones del fallo son del siguiente tenor: "...estimando que estamos frente a un atentado que afectó el bien jurídico protegido por el legislador como es la administración pública, que se ejecutó con dolo directo encaminado a favor (sic) unas campañas políticas y para el cual se puso al servicio los intereses del estado (sic), circunstancias por la cual consideramos la conducta como grave, nos lleva a estimar que la sanción a imponer ha de ser de SESENTA Y SEIS (66) MESES DE PRISIÓN Y MULTA equivalente a DIECIOCHO (18) salarios mínimos mensuales legales, monto que se encuentra de (sic) los márgenes del primer cuarto". Ello demuestra con claridad que el fallador sí justificó el incremento punitivo, es decir, el por qué no era procedente aplicar pena mínima dentro del primer cuarto de movilidad punitiva.

La circunstancia de que el demandante no comparta esas motivaciones, no es demostrativo de error alguno, pues, se reitera, una vez establecido el cuarto de movilidad -labor de índole objetivo-, la tarea dosificadora es meramente discrecional, pudiendo el juez abstenerse de aplicar la menor proporción, gleibulliea rlo Calomba '31r 1 Página 19 de 28 Casación No. 35.017 JAVIER CRUZ SUÁREZ teellkki siempre y cuando, corno sucedió en este evento, consigne las razones de su proceder. Por lo anterior, es apenas evidente que no se observa error alguno discutible en casación, lo cual conduce a la inadmisión del cargo. La prescripción de la acción penal para los procesados acusados y condenados como cómplices del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. nCorno se recordará, los procesados JORGE GÓMEZ CORTÉS y STELLA PEÑA DIAZ fueron condenados corno cómplices del delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, que para la fecha de los hechos describía el artículo 146 del Decreto 100 de 1980 con una sanción privativa de la libertad de 4 a 12 años de prisión. Operado el tránsito de legislación, la Ley 599 de 2000 recogió aquella conducta en el artículo 410, sancionando a los infractores con pena idéntica (4 a 12 años de prisión). Igualmente, de acuerdo con el artículo 30 de la última normatividad, el cómplice incurrirá en la pena prevista

para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la mitad. Atendiendo la preceptiva del artículo 83 del Código Penal, el término prescriptivo de la acción penal durante la etapa de M7rfra/iea de alornGia Página 20 de 28j Casación No. 35017 JAVIER CRUZ SUÁRE investigación es igual al máximo de la pena fijada en la ley, de donde para el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales será de 12 años siempre que no concurra la circunstancia prevista en el inciso quinto del artículo 83 del Código Penal para aumentar en una tercera parte ese monto, esto es, que la conducta se hubiere realizado por servidor público en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos, lo que es poco probable tratándose del autor de un delito fun4ional. Por lo mismo, la pena máxima para el cómplice será de 10 añds, siempre que no concurra la citada circunstancia de aumento del término prescriptivo, como se evidencia en este caéo, donde desde la acusación se dejó claro que los cómplices actuaron como particulares en la contribución que dieron al servidor público en la realización de la conducta antijurídica. Ahora bien, como el artículo 86 ibídem establece que la prescripción de la acción penal se interrumpe con la resolución acusatoria o su equivalente debidamente ejecutoriada, producida ésta comenzará a correr de nuevo por un término igual a la mitad ddl señalado en el artículo 83, sin que pueda ser inferior a 5 ni superior a 10 años. De esta manera, como la resolución de acusación proferida

en contra de los acusados JORGE GÓMEZ CORTÉS y STELLA gr06,54,.ect de, ??elemtvet Página 21 de 2 Casación No. 35.01' JAVIER CRUZ SUÁRE ce;:i fie rOtemo de mibetzt PEÑA DIAZ quedó ejecutoriada el 13 de junio de 2005, como consta al folio 44 del cuaderno No. 2 del sumario, es claro que a partir de entonces se interrumpió el ciclo prescriptivo, comenzando a correr un nuevo término equivalente a la mitad del señalado en el artículo 83 ibídem, que para el caso de los mencionados cómplices es igual a cinco (5) años. Significa lo anterior, que la acción penal adelantada por el delito de celebración de contratos sin requisitos legales, por el cual fueron acusados y condenados en la sentencia de segunda instancia los procesados JORGE GÓMEZ CORTÉS y STELLA PEÑA DIAZ prescribió el 13 de junio de 2010, fecha para la cual corría en el Tribunal el traslado para la presentación de la demanda de casación a favor de otro procesado. En estas condiciones,