CSJ - SP36241(07-12-2011)

,W0aidete Casa (cid:9) 241 Juvenal Manjarres Ñieto 74,4..9( 440s. (

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Aprobado Acta N° 434 Bogotá D.C., siete (07) de diciembre de dos mil once (2011) VISTOS Decide la Sala acerca de los fundamentos lógicos y de debida argumentación de la demanda de casación presentada por el defensor de JUVENAL MANJARRÉS NIETO contra el fallo del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó el emitido en el Juzgado Cincuenta y Seis Penal del Circuito (01T) de esta ciudad, mediante el cual fue condenado como coautor responsable de falsedad material de particular en documento público, agravada por el uso, en concurso homogéneo y a la vez heterogéneo con fraude procesal y estafa agravada.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

1. Según se extrae del proceso, en la Notaría Trece de la ciudad de Cali, mediante la suplantación de Juan Eduardo y John Bruno de Mier, se constituyó la Escritura Pública N° 1816 de 22 de mayo de 2000, mediante la cual los citados supuestamente facultaban a Édgar Rojas Cifuentes para administrar y disponer en nombre de ellos de 4 ,a/Xn 2 Cas ión n/o(cid:9) Juvenal Manjarres r(--e(:t4 .:414enex las dos terceras partes del derecho de propiedad que tenían sobre un

inmueble ubicado en Bogotá, en la Calle 15 N° 16-42; luego, en esa

oficina notarial, el 6 de junio siguiente, el citado hizo presentación de un "poder especial' conferido a Camilo Arturo Reyes Caro para enajenar o permutar el aludido bien, y fue así como en la Notaría Cincuenta y Uno de Bogotá, el 24 de agosto de ese año, éste corrió la Escritura Pública N° 3000, con la que vendió a JUVENAL MANJARRÉS NIETO los derechos de propiedad del inmueble en cuestión, para después, el último, el 5 de septiembre de dicho año, adelantar el correspondiente trámite de inscripción de la fraudulenta negociación'.

2. Con ocasión de esos hechos, denunciados en mayo de 2001 por Alexandra de Mier LLoreda a través de apoderado, el 20 de marzo de 2002 la Fiscalía General de la Nación ordenó apertura formal de la inve tigación y la vinculación mediante indagatoria de Edgar Rojas Cifu ntes, Camilo Arturo Reyes Caro y JUVENAL MANJARRÉS NIETO, conc etando únicamente la de los dos últimos, respecto de quienes cerró parcialmente la etapa instructiva y el 13 de enero de 2005 profi ó resolución de acusación en calidad de coautores de falsedad de particular en documento público, agravada por el uso, en concurso hom4géneo, además de los de fraude procesal y estafa agravada por la cuantía únicamente para el último (Decreto Ley 100 de 1980, artículos 26, 182, 220, 222, 356 y 372), pliego de cargos confirmado en segunda instancia el 25 de enero de 20062.

3. La, siguiente fase procesal se inició en el Juzgado Cuarenta y

Cuatro Penal del Circuito de Bogotá, en cuyo desarrolló el acusado Reyes Caro expreso su voluntad de acogerse a la figura de sentencia anticipada, motivo por el que se rompió la unidad procesal y continuó Cuaderno # 1, folios 1-84. ' Ídem, hilos 220-221, 246256. Cuaderno # 2, folios: 32-41, 103, 126-140 y Cuaderno de segunda , 2 instancia Fiscalía, folios 3-9. 3 Casan N 36241 Juvenal Manjarrés Nieto 1-)ofr,4 --.40 tema el trámite ordinario frente a MANJARRÉS NIETO, contra quien se profirió el 26 de febrero de 2010, en el Juzgado Cincuenta y Seis Penal del Circuito (0IT) de esta ciudad —en cumplimiento de labores de sentencia condenatoria por las conductas punibles descongestión—, imputadas en la acusación, y en tal virtud le fueron impuestas las penas principales de setenta (70) meses de prisión y multa de trescientos mil pesos ($ 300.000), así como la accesoria de inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el término de ley 3.

4. Del anterior pronunciamiento apeló el defensor de MANJARRÉS NIETO y el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, mediante el suyo de 22 de noviembre de 2010, lo confirmó integralmente, fallo de segunda instancia contra el cual el mismo sujeto procesal interpuso y sustentó de manera oportuna el recurso extraordinario de casación, llegando la actuación a esta Sede para el correspondiente estudio el 7 de abril de 2011 4.

LA DEMANDA

5. El actor empieza por incluir en el libelo un capítulo preliminar en el que solicita declarar cesación de procedimiento respecto de los delitos de falsedad material en documento público y fraude procesal, aduciendo que como el pliego de cargos por esas conductas punibles adquirió firmeza el 26 de enero de 2006, atendida la pena máxima con la que estaban sancionadas en el Decreto Ley 100 de 1980 (ocho en la etapa de juzgamiento el años para los primeros y cinco para el último), término de prescripción de la acción penal era de cinco años, el cual 3 Cuaderno # 3, folios 4, 5, 17-20, 124-170 y 176-190.

Cuaderno del Tribunal, folios 6-20, 25, 29, 31 y 32-112. 4 % 4 (cid:9) Ces n N°6241 Juvenal Manjarre4 Nieto 47-:1A ( se cumplió el 25 de enero de 2011, mientras corría el traslado para sustentar el recurso de casación. Y bajo la comprensión de que a su prohijado le fue atribuida en forma aut, noma la figura delictiva de que trata el artículo 222 del Decreto Ley ,100 de 1980, con la agravante dispuesta en el inciso segundo de esa norma, reclama que como consecuencia de lo anterior se reclosifique la pena impuesta a éste por ese delito y el de estafa agravada por la cuantía, que serían los únicos que subsistirían, en el evehto, aclara, de que no prosperen los cargos que formulará contra esoe específicos punibles.

5.1. Así, entonces, con fundamento en el artículo 207-1 de la Ley 600 de 100, propone, como primer cargo, y únicamente respecto del delibb contra el patrimonio económico, la violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación del artículo 12 del Código Penal que prosCribe toda forma de responsabilidad objetiva. Fundamenta su pretensión aduciendo que su representado, tanto en primera como en segunda instancia, fue condenado "por el solo hecho objetfro de haber firmado la escritura pública <N° 3000 en la Notaría 51 de Bogotlá>". En aras de abundar en razones anota que esto significa que "la °t/pa de [su] procurado fue establecida por el Tribunal no a partir de la condticta del acusado, como lo exige la ley, esto es, por lo que hizo (derecho penal de acto), sino por lo que es, suscriptor de la Escritura Pública 3000 (deredtio penal de autor), es decir, a partir de su condición, de su ser, de ser suscriptor como COMPRADOR". Con base en reflexiones como las atrás sintetizadas solicita casar el fallo Impugnado y emitir el de sustitución, mediante el cual se absuelva a su defendido del delito de estafa endilgado. "4,,, (4-/),,, 5 Casa ón N° 241 P>g€74a Juvenal Mapjarre Nieto (7-47t/e, e4l-,4Hmtner, Arkte:mit 5.2. Propone en otro capítulo, como "CARGO SEGUNDO" al abrigo del artículo 207-1 de la Ley 600 de 2000, la violación indirecta de la ley

sustancial a consecuencia de un falso raciocinio que condujo a la indebida aplicación de los artículos 29-2, 222-2, 356 y 372 del Decreto Ley 100 de 1980, y a la exclusión evidente de la garantía de in dubio pro reo consagrada en el artículo 7 de la Ley 600 de 2000. Con el fin de acreditar la incorrección denunciada, luego de recapitular las consideraciones expuestas en las sentencias de primero y segundo grado acerca de la participación consciente y voluntaria del acusado en calidad de coautor de las conductas punibles atribuidas, el recurrente se ocupa de hacer su personal valoración de los respectivos medios de prueba para demostrar que esa estimación se acomoda a los postulados de la sana crítica, debiendo en consecuencia ser absuelto su representado por no existir prueba que demuestre con certeza el acuerdo previo y por ende el obrar doloso en la realización de los comportamientos reprochados. 5.3. En un epígrafe denominado cargo "SEGUNDO-parcial', con sustento en el mismo motivo de impugnación, y con expresa intención de atacar la condena únicamente en lo concerniente al delito previsto en el artículo 222, inciso segundo del Decreto Ley 100 de 1980, el demandante afirma la violación indirecta de la ley sustancial a consecuencia de falsos juicios de existencia en la valoración de las pruebas, merced a los cuales los juzgadores atribuyeron responsabilidad a su defendido en esa conducta punible. Precisa que el dislate denunciado consistió en "no dar por probado, estándolo" que el acusado nunca se presentó en la ciudad de Cali para

rC- %—fer, 6 (cid:9) Casa (cid:9) N° 3 241 Juvenal Manj nes Nieto c9:45Antry, la qbtención de la Escritura Pública 1816 de 22 de mayo de 2000, ni para la emisión del "poder especial' con el que el coacusado Reyes Carb con posterioridad le transfirió en venta los derechos de probiedad sobre el inmueble de marras, además que tampoco consideraron que quien urdió esas falsedades fue el precitado, lo cual de lesprende de su aceptación anticipada de responsabilidad. Por lo anterior solicita casar el fallo atacado y absolver a su representado del delito de "uso de documento público falso, agravado". 5.4. Finalmente como cargo "TERCERO-subsidiario", con fundamento en el artículo 207-3 de la Ley 600 de 2000, el recurrente propone la nuliclad de los fallos de primero y segundo grado aduciendo que se incutrió en defectuosa motivación de la pena, pues el actor considera que no fue fundamentada de manera suficiente la sanción inherente al delito más grave, esto es, el que lesionó la fe pública, ni se indi\i4dualizó la que debía imponerse por las conductas en concurso come lo exigen las normas que disciplinan esa labor, de suerte que para( corregir el yerro se debería, no invalidar la actuación, sino emitir fallo de reemplazo en el que se imponga los mínimos de acuerdo con el análisis propuesto por el recurrente, con el fin de otorgar a su defendido el subrogado penal o un mecanismo sustitutivo.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

6. Necesario es recordar que, en cualquier régimen, la casación

atiende a unos fines superiores cuales son la reparación de los agravios inferidos a las partes con la sentencia recurrida, la . 2-31Adan Z',/yw 7 Cas -71 N° 41621 Juvenal hjarres Nieto 4A,J4imi.t 7r:Y4 • 91;4>»,--nzez efectividad del derecho material y de las garantías fundamentales de los intervinientes en la actuación, y la unificación de la jurisprudencia. Sin embargo, ello de ninguna manera significa que la naturaleza de este mecanismo sea de libre configuración, desprovisto de todo rigor, y que tenga como objetivo abrir un espacio procesal semejante al de las instancias para prolongar el debate respecto de los puntos que han sido materia de controversia, pues ha de resaltarse que al proponer el recurso el censor debe sujetarse a las causales señaladas en el ordenamiento procesal, y con observancia de los presupuestos de lógica y argumentación inherentes a cada una de aquellas, persuadir a la Corte acerca de su necesaria intervención para asegurar la incolumidad de las aludidas finalidades. De ahí que como el recurso de casación es de naturaleza rogada y está sometido al principio de limitación, la demanda debe elaborarse con estricto acatamiento de los requisitos establecidos en el artículo 212 de la Ley 600 de 2000, en especial los consagrados en los numerales 3 y 4 de ese precepto, los cuales ponen de presente la ineludible observancia de las reglas de formulación, desarrollo y demostración del cargo o los cargos de que trata el artículo 207 de la misma obra. Tales exigencias no rinden tributo a un insustancial formalismo, sino que guardan armoniosa dependencia con el carácter restringido de

este instrumento de impugnación en cualquiera de sus modalidades, en el que la pretensión de examinar la legalidad y constitucionalidad del fallo atacado no puede quedar reducida a un escrito de libre formulación, como si se tratara de un alegato de instancia, sino que, por el contrario, debe estar respaldada por un contenido mínimo de e-C4,44, (cid:9) 8 Cas(cid:9) 36241 t Juvenal MaYvjarré.s Nieto ( 4.1 ),/c. datlidad y coherencia que permita entender el vicio o los vicios que se denuncian, así como la identificación de sus consecuencias. Dicllo de otra forma, la demanda de casación requiere una pr entación lógica adecuada a cada una de las causales legalmente est blecidas, con el respectivo desarrollo de los cargos que por vicios in 4rocedendo o in iudicando se denuncien y la indicación de su tra‘ndencia en la parte dispositiva del fallo impugnado, pues la pretermisión de estos requerimientos mínimos condena la censura al rechazo. 41 En presente asunto desde ahora la Sala advierte que no admitirá la derhanda en razón de las graves falencias argumentativas que impiOen la acreditación clara y objetiva de vicio alguno, sin perjuicio de también puntualizar desde ya que en efecto se avizora la pre ripción de la acción penal respecto de unas conductas punibles, perd no por las erráticas razones señaladas por el actor, en las que es Igualmente evidente la desviada comprensión del pliego de cardos. 7. con el fin de rendir tributo a la síntesis y precisión, para evitar

inneOesarias lucubraciones, empieza la Corte por ocuparse del fenePimiento del poder punitivo del Estado en relación con los delitos lesivin de la fe pública y la administración de justicia atribuidos al enjuibiado, habida cuenta que una vez concretado de manera objetiva ese fenómeno, la discusión se reduce a la atribución de resp nsabilidad únicamente por la conducta punible de estafa en lidad agravada, cuestionada en los cargos primero y segundo. mod; Obligado resulta, de entrada, aclararle al recurrente que la acusación en hianera alguna comprendió como comportamientos punibles 4 , fri64.re (cid:9) r Casi, fón N36241 t—rtyy, (cid:9) 9 Juvenal Ma jarrá Nieto sancionados de manera independiente en tipos penales autónomos, la falsedad material de particular en documento publico, agotada según el pliego de cargos y las sentencias en tres ocasiones —en la obtención de las escrituras públicas 1816 y 3000, y en el poder especial para la venta—, y el uso que en forma secuencial se hizo de esos instrumentos para esquilmar el patrimonio de los ofendidos, sino que ese último acto, el del uso, de manera acertada, se consideró como constitutivo de una circunstancia de agravación específica de la acción falsaria, y de ahí que se imputara la hipótesis descriptiva del artículo 220 del Decreto Ley 100 de 1980, en consonancia con la causal de intensificación punitiva del inciso segundo del artículo 222 ibídem. 7.1. Hecha la anterior precisión, dígase que el apotegma jurídico

según el cual la ley se aplica durante su vigencia, tiene una excepción con fundamento en el artículo 29 de la Constitución Política en cuanto ordena que las leyes penales sustantivas y procesales con efectos sustanciales favorables al procesado o condenado, se deben activar con preferencia a las que le sean desfavorables. La soberanía estatal legitimada por el modelo de Estado, la Constitución y la ley, en aras de proteger bienes jurídicos trascendentales que permiten el desenvolvimiento social, faculta la expedición de leyes penales, la correspondiente prosecución, investigación y sanción de sus infractores, no obstante, esta última manifestación de ese poder no es perenne porque el transcurso del tiempo lo limita al punto de que si se cumple el término punitivo máximo fijado legalmente para el delito sin que se haya resuelto mediante decisión definitiva en firme la responsabilidad del sujeto pasivo de la acción penal, cesa cualquier posibilidad para su ejercicio al operar la prescripción. .944a (cid:9) Ye-16:m/ e//, lo (cid:9) CasYçión N436241 Juvenal ~farm, Nieto 44 C 44 ( n2e.franix C.% 14" tr2 El aludido fenómeno, de conformidad con el artículo 80 del Decreto Ley 100 de 1980, vigente para el momento de los hechos (Ley 599 de 200(?, artículo 83), opera o se configura luego de transcurrido un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si es privativa de la libeI /a d, pero en ningún caso ese lapso puede ser inferior a cinco (5)

año , ni exceder de veinte (20) —en la respectiva norma del actual ordehamiento sustantivo, cuando se trata de las conductas punibles de destarición forzada, tortura y desplazamiento forzado, el término máximo es de trein (30) años—. Según los artículos 83 y 84 de la misma legislación (ahora Ley 599 de 2000, artículos 84 y 86), la iniciación del término de prescripción cornienza a contarse, para los delitos instantáneos, desde el día de la coiSumación, y desde la perpetración del último acto en los tentados o permanentes. Este tiempo se interrumpe por la resolución de acuúación, o su equivalente, debidamente ejecutoriada, y empieza a correr de nuevo por un período igual a la mitad del señalado en la nor4a inicialmente invocada, pero en ningún caso puede ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10) 5 . 7.2. Como ya se anotó en presentencia, el aquí encausado fue conclenado en primera y segunda instancia, como coautor de fals ad material de particular en documento público, agravada por el uso, fraude procesal y estafa agravada por la cuantía, con sujeción a las pótesis delictivas descritas en los artículos 182, 220, 222-2, 356 y 37 del Decreto Ley 100 de 1980. 5 De ac erdo con el artículo 292 de la Ley 906 de 2004, en los asuntos sometidos a ese régimen, interrumpido el ténn. o de prescripción por la formulación de la imputación, corre nuevamente por la mitad del señalado en el artíc o 83 de la Ley 599 de 2000, pero en todo caso no puede ser inferior a tres años.

:414 4/42: 11 Ca N 36241 Juvenal MaOrre Nieto -_,9,Oemez La pena máxima prevista para las conductas punibles lesivas de la fe pública, de conformidad con la calificación jurídica fijada en el pliego de cargos, para el tipo básico, esto es, en el artículo 220, sería de ocho (8) años, guarismo que debe incrementarse en la mitad por razón de la causal específica de agravación del 222-2, lo cual implica que ese monto asciende a doce (12) años, tiempo que es límite de la prescripción en la etapa instructiva, y la mitad del mismo, es decir, seis (6) años en la fase de juzgamiento. Como la acusación cobró firmeza material el 25 de enero de 2006, de cara a lo anterior la conclusión aparente es que aún para la fecha de ahora no se ha vencido ese último lapso. Sin embargo, en aplicación del principio de favorabi I idad de raigambre constitucional, los señalados cómputos deben hacerse con base en la legislación posterior, valga decir, con las normas correspondientes de la Ley 599 de 2000, la cual entró en vigencia a partir del 24 de julio de 2001. Entonces, como de acuerdo con el inciso primero del artículo 287 de esa Codificación Penal Sustantiva —o con sujeción a lo normado en el 288, precepto que en estricto rigor jurídico es el que corresponde activar por la forma de ejecución de la conducta—, la pena máxima para la falsedad de particular en documento público es de apenas seis (6) años, límite

que intensificado en la mitad como lo ordena el artículo 290 del mismo compendio normativo —equivalente al 222-2 del Decreto Ley 100 de 1980—, asciende a nueve (9) años, este ese el lapso de prescripción en la fase instructiva y en razón de lo señalado en las normas más atrás referidas (7.1), en la etapa de juicio se reduce a cinco (5) años, el cual en efecto se venció el 25 de enero de 2011, estando en trámite el recurso de casación. 12 (cid:9) Cas n N° .6-241 //ef.ft % ZUffee (cid:9) Juvenal Manárres'Nieto _(::411 fe' n 11ffetet (cid:9) Ldite,te7e Acerca del fraude procesal, la situación es en extremo elemental, ya que para ese comportamiento en el Decreto Ley 100 de 1980, artírpulo 182, se consagró una sanción máxima de cinco (5), plazo qu es el mismo tanto en la instrucción como en el juzgamiento para qu opere el fenómeno extintivo de la faculta punitiva del Estado, y que en consecuencia igual se cumplió en la fecha arriba indicada. No sobra destacar que en relación con el delito de estafa en modalidad agravada, para efecto de los cómputos de la figura extirhtiva de la acción penal en comento, también en aplicación del prirtpio de favorabilídad debe acogerse la legislación posterior al monhento de los hechos, ya que el artículo 246 en armonía con el

267-1 de la Ley 599 de 2000 prevé para esa infracción una pena de pris,n máxima de doce (12) años —en lugar de los quince (15) que se extrapn de los artículos 356 y 372-1 del Decreto Ley 100 de 1980—; empero, pese a ello, se advierte evidente que la prescripción respecto de esa conqucta punible en la fase del juicio aún no se ha configurado.

8. El ese orden lógico de precisiones corresponde ahora a la Sala evaluar los fundamentos de los cargos PRIMERO y SEGUNDO con4gnados en la demanda, que propugnan por la demolición de la conqena del acusado como coautor del delito contra el patrimonio económico que se mantiene vigente. 8.1. La propuesta hecha en el primer reproche alude a una violación directa de la ley sustancial, vía de ataque en la que resultan improcedentes y contrarias a sus exigencias las disquisiciones de orderh fáctico o probatorio, ya que es deber de la parte que pretende derr r la sentencia aceptar los hechos y la estimación de las pruebas plas ados en aquélla, y demostrar que con base en esa realidad el juzgador excluyó una norma de contenido sustancial que era la [,/ Cal kión N° 36241

Juvenal Manja res Nieto (-)r?"...t e0frenta, ezd4vie llamada a gobernar la solución del caso, o aplicó una que no se adecua a los precisos referentes que se declararon acreditados, o habiendo seleccionado acertadamente el precepto de contenido

sustantivo lo interpretó de manera tal que le hizo producir, por exceso o por defecto, un alcance que no es el que corresponde de acuerdo con la misma ley o la jurisprudencia. El actor asegura que en los fallos su prohijado fue condenado con base en un criterio de "responsabilidad objetiva", simplemente por ser el suscriptor en, calidad de comprador, de la Escritura Pública N° 3000 de 24 de agosto de 2000, mediante la cual se sustrajo del patrimonio de los hermanos De Mier, los derechos de propiedad que ostentaban en un inmueble ubicado en Bogotá, coligiendo de ello que no se le aplicó el artículo 12 de la Ley 599 de 2000 que proscribe atribuciones meramente objetivas, y que su prohijado fue entonces condenado dentro de un régimen de derecho penal de "autor" y no de "acto" como lo exige la Constitución y la ley. La inconformidad expuesta no cumple con las exigencias propias de la violación directa, pues, en primer lugar, impera destacar la errada percepción del censor acerca de lo que se entiende por "derecho penal de autor", debiendo entonces aclararle que la ideología de la que se nutre esa concepción gira entorno a fundamentar el juicio de reproche o de culpabilidad y la imposición de la sanción en criterios inherentes a la personalidad del sujeto agente, a sus antecedentes, a la forma como conduce su vida, a su peligrosidad o sociabilidad, etc. Por el contrario, en un modelo de Estado Constitucional y Democrático de Derecho, tales aspectos tienen como cimiento

exclusivo la conducta concreta del individuo en la ejecución de un comportamiento previsto como delito, valga decir, el hecho (bien por a.", , L: ig et& 4 Yr-) 6,1, (cid:9) 14 (cid:9) Ca (cid:9) N°6241 Juvenal ManjarresNieto io 4- ).(0..tmtta (cid:9) t /eiv.ie acción o por omisión) individual generador de lesión o puesta en peligro del bien Jurídicamente tutelado, respondiendo tal concepto a lo que comúnmente se denomina Derecho Penal de Actos. Sin Ilugar a dudas fue con base en esa última orientación que en arnIclas instancias al aquí acusado se le condenó por los delitos atribuidos. En efecto, la acción atribuida consistió en que el enjuiciado se presentó con el otro procesado en la Notaría Cincuenta y Uno del Circplo de Bogotá y levantó la referida escritura de venta con los documentos apócrifos, tras lo cual, una vez obtenida ésta, efectuó inmediatamente el registro de esa negociación concretando el menoscabo económico de los ofendidos. Los juzgadores al valorar la secUencia de sucesos frente a las explicaciones deleznables y hué anas de respaldo suministradas por el acusado para justificar tal neg ciación, conduyeron que existió un acuerdo previo entre aquél y el otro implicado para materializar el despojo de los derechos patrimoniales de las víctimas, y que con ocasión de ese común designio criminal el rol que cumplió el procesado fue el de hacer las

vecep de adquirente del inmueble, conociendo y queriendo con ese actuar hacer su aporte voluntario para el cabal perfeccionamiento del resultado antijurídico pactado. Sienclio ello así, es evidente que el censor no fue fiel con las concu siones fácticas y probatorias de los falladores, y allí es donde t el lib lista se aleja de las estructuras propias de la violación directa, pues no es verdad que a su prohijado la atribución de responsabilidad en lo, delitos por los que fue condenado se hubiese fundado en el 6 Jauchen, EDUARDO M. "Derechos del Imputado". Rubinzal - Culzoni Editores, Buenos Aires, 2005, Oginas 26-27. ' ._92-xiaana 7,)4"‘„, (cid:9) 15 Casa (cid:9) N° 6241

Juvenal Manjarres Nieto Z: PA ,—(7,6>Minte c-.44 hecho objetivo de "ser suscriptor de la Escritura Pública N° 300c1' y menos en postulados propios del derecho penal de autor; lo que ocurre es que el censor con un entendimiento poco afortunado de esa vertiente ideológica y una presentación fragmentaria de lo acreditado en las instancias, concluyó que se había desconocido lo previsto en el artículo 12 del Código Penal, sin ser ello cierto, motivo por el que el cargo resulta inadmisible. 8.2. Ahora bien, en el segundo reproche el actor por la senda de la violación indirecta de la ley sustancial (Ley 600 de 2000, artículo 207-1, inciso segundo), asegura que los juzgadores incurrieron en un falso raciocinio que condujo a la exclusión del apotegma de in dubio pro

reo, permitiendo ello la condena de su prohijado como coautor de los delitos endilgados. Como se sabe, por abundante pedagogía jurisprudencial, la senda de ataque alegada se descompone en dos modalidades de vicios inherentes a la apreciación probatoria: los errores de derecho (falso juicio de legalidad y falso juicio de convicción) y los errores de hecho (falsos juicios de existencia, de identidad y raciocinio). A esta última expresamente acudió el censor y dentro de ella al falso raciocinio que se diferencia de los de su misma estirpe en que, además de no poder discutirse la legalidad de la prueba de la que se predica, es forzoso aceptar que la misma está adosada al proceso y que su texto o contenido fáctico fue extractado de manera fidedigna por el fallador, pues la incorrecta valoración estriba en las deducciones hechas a partir de su literalidad, cuando las mismas entrañan desconocimiento de los postulados de la sana crítica, valga decir, leyes de la ciencia, reglas de la lógica, o máximas de la experiencia. 1, 4 -4 eiZez ce‘ Y:4;n h-e, 16 (cid:9) CSpiónN136241 Juvenal Manjarre Nieto 91 7;";JYe:14 6:5AWI, En ihipótesis semejante, corresponde al censor desarrollar una dialéctica orientada a enseñar cuál fue la ley de la ciencia, regla lógipa o máxima de la experiencia equivocadamente empleada por el fun onario, y cuál es la que acertadamente corresponde utilizar, con

el fili de arribar a una conclusión jurídica correcta y favorable a los interleses representados. Ningún ejercicio argumental semejante al atrás esbozado y en aras de atisfacer las exigencias que implican la acreditación de un destino como el alegado se extrae de lo consignado en el respectivo carg ya que el actor circunscribió su argumentación a exponer una diveigente apreciación de los elementos de conocimiento en los que se flindo la responsabilidad predicada del acusado, a saber su versiOn de indagatoria, la injurada del otro implicado, la declaración de lo denunciante, y los testimonios de la progenitora del acusado y del i1ariente al que había supuestamente prestado un dinero, y por cuyo medio Reyes Caro le habría entregado en venta el los derechos de propiedad sobre el inmueble de marras para satisfacer o pagar tal acreencia. En oras palabras, el recurrente no demostró la configuración objetiva del vicio de apreciación probatoria alegado —o del alguno otro de esa natu+za— que hubiese ocasionado el agravio a la garantía superior reclarnada, sino que desde su perspectiva interesada de parte ensasiga un análisis de esos elementos de persuasión en procura de persodir a la Corte acerca de la credibilidad que en su criterio mere en las explicaciones de su defendido respecto del origen de la nego iación y buena fe con la que obro, así como los testimonios practi ados para respaldar tales justificaciones, intentando reivindicar ,41-aca.a. 17 Cas ón 15,1 36241 Juvenal Manjarre Nieto rlstezna

la mejor aceptación que debería tener esa valoración frente a la consignada en las sentencias de primero y segundo grado, fin para el que no está concebido el recurso de casación. De ahí que deba la Sala reiterar que este mecanismo de impugnación es en esencia un juicio lógico jurídico, de delicada argumentación y crítica vinculante, que se emite acerca de la legalidad de la sentencia, y no puede entenderse como instancia adicional, ni como potestad ilimitada para revisar el proceso en su totalidad, en sus diversos aspectos fácticos y normativos, sino como fase regida por los principios de sustentación suficiente, limitación, crítica vinculante, autonomía de las causales, coherencia, no exclusión y no contradicción. La inobservancia de esos requerimientos impide la demostración clara y contundente de cualquiera de los yerros previstos por el legislador como motivo enervante del fallo, y veda a la Corte el estudio de los fundamentos fácticos o jurídicos de la decisión atacada, pues en atención al principio de limitación, y dado el carácter rogado y dispositivo de la casación, las deficiencias del libelo no pueden ser enmendadas, ni asignarse otro sentido a la expresa pretensión