CSJ - SP36865(08-11-2011)

CAMIÓN 65

FREDY MONTENEGRO MARTIÑfl y

LUIS HERNANDO ROJAS BUITR GO oi; 74,1s a 9117741~ de. )41.4-4?:6

(

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Aprobado Acta No. 397 Bogotá D.C., ocho (08) de noviembre de dos mil once (2011). VISTOS Decide la Sala el recurso extraordinario de casación interpuesto por los defensores de los procesados FREDY MONTENEGRO MARTÍNEZ y LUIS HERNANDO ROJAS BUITRAGO contra la sentencia de 25 de abril de 2011 mediante la cual el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la emitida por el Juzgado Trece Penal del Circuito del mismo Distrito Judicial, por cuyo medio los condenó, como autores del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

2 (cid:9) CA DIÓN A865

FREDY MONTENEGRO ARTÍN Z y LUIS HERNANDO ROJAS BUITRAGO TiC tle .±7(;)/ncriza %,/rr/eiltb(i t HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL En la noche del 24 de abril de 2005 en un establecimiento abierto al público en la calle 73 H N° 79-0 23 sur de esta ciudad, cuatro individuos portando armas de fuego las accionaron contra la húmanidad de Luis Carlos Castillo Arias, Fernando Canastero Laverde, los hermanos Jimmy Alexander y Hernando Garavito

I4vera y William Alexander Ouijano Cuervo, falleciendo los cuatro pHeros, en tanto que el último se salvó gracias a la atención rliédica que recibió. Este diligenciamiento se originó en el rompimiento de la unidad procesal ordenada en la actuación que se adelantó respecto de ROJAS BUITRAGO y MONTENEGRO MARTÍNEZ en el Juzgado Trece Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá por los hechos arriba señalados, despacho que a través de sentencia de 19 de junio de 2006 los condenó a 502 meses de prisión como cloautores de los delitos de homicidio en concurso homogéneo y I3omicidio en el grado de tentativa —decisión modificada por el Tribunal el 18 de enero de 2007 al reducir la pena a 388 meses de prisión—, con el fin de que se les investigara por el ilícito contra el pien jurídico de la seguridad pública. Por lo anterior, el 3 de febrero de 2006 ante el Juzgado Catorce Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá pe realizó audiencia preliminar en la cual la Fiscalía General de la 3 (cid:9) CASA ON 865

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LUIS HERNANDO ROJAS BUITRAGO L-024 e; (cid:9) 71217-1);?

Nación les imputó a los citados la posible comisión del delito de porte ilegal de armas de fuego o municiones, cargos que ellos no aceptaron. Presentado el escrito de acusación el 28 de febrero de 2006 por el referido delito, previsto en el artículo 365 del Código Penal, sólo

hasta el 14 de junio de 2007 se cumplió en el Juzgado Trece Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá la respectiva audiencia de formulación de acusación. En el citado despacho judicial se llevaron a cabo las audiencias preparatoria (15 de enero de 2008), y de juicio oral (iniciada el 21 de agosto de 2008), y al culminar ésta se anunció sentido de fallo de carácter condenatorio para finalmente por sentencia de 24 de agosto de 2010 condenar a FREDY MONTENEGRO MARTÍNEZ y LUIS HERNANDO ROJAS BUITRAGO como autores del delito objeto de acusación, a la pena principal de dieciséis (16) meses de prisión, así como a las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por el mismo lapso. Impugnada la sentencia por los defensores de ambos procesados, el Tribunal Superior de Bogotá por providencia de 25 de abril de 2011 la confirmó. Contra la decisión de segundo grado recurrieron ambos defensores con las respectivas demandas de casación las cuales 4 (cid:9) CASA0N 65

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4 K4)/4 9;6>M1~6 f4ron admitidas por esta Sala mediante proveído de 24 de agosto de 2011, cuya audiencia de sustentación se surtió el 5 de septiembre del mismo año. LAS DEMANDAS Dada la identidad temática y de pretensiones de los libelos

dernandatorios la Corte estima aconsejable presentarlos cónjuntarnente. Eíajo la premisa relacionada con que la acción penal derivada del delito de porte ilegal de armas de fuego o municiones estaba prescrita, los defensores solicitan a la Corporación declarar la correspondiente cesación de procedimiento a favor de sus representados. En este sentido, postulan un cargo por violación directa de la ley Sustancial ante la falta de aplicación de los artículos 292 de la Ley 906 de 2004; 82, numeral 4°; y 83 del Código Penal relacionados Con el fenómeno de la prescripción de la acción penal y su interrupción cuando se ha formulado la imputación. Explican que el delito por el cual se acusó y condenó a sus esistidos, para la época de los hechos (sin las modificaciones punitivas Iposteriores que no lo cobijan), tenía una pena máxima de prisión de 5 (cid:9) CASA ÓN 368435

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LUIS HERNANDO ROJAS BUITRAGO

(Kr' 47, • 7-1,141,!-NoW Aftivit seis (6) años, lo que impone que el término de prescripción, una vez realizada la formulación de imputación, se reduzca a la mitad, esto es, tres (3) años, y aquí al haberse evacuado tal audiencia el 3 de febrero de 2006, conllevaría a que la acción prescribiera el 3 de febrero de 2009, antes de haberse instalado la audiencia de juicio oral. De otro lado, el defensor de Freddy Montenegro asegura que el fenómeno en cuestión se cumplió el 3 de febrero de 2011, antes

de que el Tribunal emitiera sentencia de segunda instancia.

AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN

1. Los demandantes El apoderado de MONTENEGRO HERNÁNDEZ se mantuvo en los argumentos expuestos en su demanda.

Por su parte, la apoderada de ROJAS BUITRAGO hizo lo propio respecto del libelo presentado por su predecesor,' agregando que la Corte debía hacer un llamado de atención al Tribunal por la forma, por demás innecesaria, con la que se refirió a la labor Ante la información de la Defensoría Pública acerca de la desaparición 1 desde el 29 de agosto de 2011 del doctor Leonardo Quevedo Castillo, quien representaba a LUIS HERNANDO ROJAS BUITRAGO, se designó en su reemplazo a la doctora María Teresa Moreno Rodríguez. 6(cid:9) CASACIÓN 36865

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LUIS HERNANDO ROJAS BUITRAGO

44 1-elacaa Z6m4z :Kti r t-, .9;4; msnza ek{s Ofensiva, cuyos "mensajes equivocados pueden de pronto incidir en in4nciones maliciosas" especialmente cuando se anotó que los abogados estaban buscando pruebas para lograr la revisión del proceso que se adelantó por el delito de homicidio, lo cual pudo "haber causado resquemor en alguno de los interesados". Agrega que la audiencia de formulación de imputación se realizó el 3 de febrero de 2006 cumpliéndose los cinco años el 3 de febrero de 2011, en tanto que la sentencia de segunda instancia dé 25 de abril de este año sólo fue leída el 3 de mayo siguiente,

sin que se pueda afirmar que el tiempo transcurrido obedeció a las actuaciones de la defensa, porque sólo fueron unos recursos de apelación interpuestos oportunamente y que fueron resueltos por el Tribunal, y no sería justo que se descontaran los 8 meses ep los cuales la defensa hizo uso legítimo de su derecho de impugnación. La representante de la Fiscalía $e muestra conforme con el pedimento de los recurrentes en quanto se configura la causal objetiva de extinción de la acción Oenal, pues en este caso, de acuerdo con el artículo 292 de la Ley 906 de 2004 el término prescriptivo se interrumpe desde la fbrmulación de imputación y comienza a contar de nuevo por un t empo igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal pero no podrá ser inferior a 3 años. 7 (cid:9) CAS ON 3 865 FREDY MONTENEGRO ARTE Z y LUIS HERNANDO ROJAS BUITR GO ( e:fr,4 /44r—.~ Adiaú, Aduce que con la penalidad del original artículo 365 del Código Penal, con las modificaciones de la Ley 890 de 2004, como el término de prescripción sería de 6 años contados a partir del día de los hechos, los que se reducen a 3 años desde la formulación de imputación, tal lapso se cumplió el 3 de febrero de 2009 dado que la formulación de imputación data del 3 de febrero de 2006. Por último, pone de presente que si bien se suscitaron muchos episodios entre impedimentos, apelaciones, aplazamientos de audiencias, ello en nada repercute en la contabilización del término prescriptivo, pues sólo de haberse presentado una

recusación por alguno de los procesados o por sus defensores y que se hubiera declarado infundada habría tenido lugar la interrupción de la prescripción conforme lo señala el artículo 62 de la misma ley adjetiva. 3. (cid:9) El Ministerio Público La Delegada estima que se justifica la intervención de la Corte para: 0 preservar las garantías fundamentales de los sentenciados; ji) dar efectividad al derecho material; iii) reafirmar la jurisprudencia en punto de la interrupción de la acción penal y la contabilización del término de acuerdo con la Ley 906 de 2004; y iv) aplicar la favorabilidad. 8 (cid:9) CASAC N 3865

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LUIS HERNANDO ROJAS BUITR GO % {t,(,), 0 rema der., ce,)/».47

En este orden, afirma que el tránsito de legislación hace irlperativo el principio de favorabilidad para tener en cuenta el or ginal quantum del artículo 365 del Código Penal con el intrennento punitivo de la Ley 890 de 2004 que establecía una péna menor entre 16 a 72 meses de prisión, pese a que en la fase d41 juicio fue expedida la Ley 1142 de 2007 que aumentó la pena dé 4 a 8 años de prisión. Pára la Procuradora se debe acceder a las pretensiones de los d mandantes en el sentido de casar la sentencia de segunda stancia y declarar extinguida la acción penal por motivo de la p escripción de conformidad con lo previsto en el artículo 82 ordinal cuarto del Código Penal, toda vez que ello se verificó el 3

Øe febrero de 2009 cuando aún se estaba tramitando el juicio oral. CONSIDERACIONES DE LA CORTE La soberanía estatal legitimada por el modelo de Estado, la Constitución y la ley, en aras de proteger bienes jurídicos trascendentales que permiten el desenvolvimiento social, faculta a expedición de leyes penales, la correspondiente prosecución, nvestigación y sanción de sus infractores, no obstante, ésta Última manifestación de ese poder no es ilimitada, porque el transcurso del tiempo lo circunscribe que si se cumple el término punitivo máximo fijado legalmente para el delito, sin tener de 9 (cid:9) CASPION 365

FREDY MONTENEGRO ARTÍ EZ y LUIS HERNANDO ROJAS, BUITRAGO , C,C9' (cid:9) ,9 eft. (2r-fr-Afrzi",z;7

E?? -4( 0,:Mle 5 161111,2547 ( frente al sujeto pasivo de la acción judicial, cesa cualquier posibilidad para su ejercicio al operar la prescripción. El citado fenómeno, según lo normado en el artículo 83 de la Ley 599 de 2000 tiene lugar durante la etapa instructiva si transcurre un término igual al máximo de la sanción privativa de la libertad establecida en la ley, pero en ningún caso en un lapso inferior a cinco (5) años, ni superior a veinte (20) años. Igualmente, conforme con el artículo 86 íbidem, el término de prescripción se interrumpe con la ejecutoria de la resolución de acusación y comienza a contarse nuevamente por un tiempo igual a la mitad del establecido para la etapa de instrucción, sin que pueda

ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10). No obstante, con miras a implementar el sistema de procesamiento acusatorio colombiano fueron expedidas las leyes 890 de 2004 y 906 de 2004 que en sus artículos 6° y 292, respectivamente, establecieron que la prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la imputación. El último precepto agregó que producida la interrupción se comenzará a contar de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal, sin que pueda ser inferior a tres años. 10 (cid:9) CASA (51n1 36 65

FREDY MONTENEGRO MARTINEZ y

LUIS HERNANDO ROJAS BUITFtAGO

7 77' Gin A; Kr; -9(4,%fre://za r% Abar;-( (- La Corte al respecto ha insistido en la regulación autónoma del fe ómeno prescriptivo para el procesamiento acusatorio dada la coexistencia normativa y aparente dicotomía al clarificar que cada d4posición debe interpretarse atendiendo las particularidades del sitema procesal al que pertenecen de ahí que no resulte procedente aplicar por favorabilidad los menores y precisos téj.minos de prescripción que trata la Ley 906 de 2004 a adtuaciones que se tramitaron bajo parámetros de la Ley 600 de 200o. Mí mismo, la reducción del término mínimo de prescripción (antes 5 años y ahora 3 años), ha encontrado justificación ante el cérácter teleológico del sistema acusatorio colombiano de a canzar una pronta y cumplida administración de justicia,

propósito para el cual contribuyen los principios de oralidad, inmediación, concentración y celeridad. tal explicación se suma el hecho de haberse contemplado un término más corto reduciendo la etapa investigativa desde el momento en que se formula imputación, hasta cuando se inicia el l'ido con la acusación formal, como lo establecía el artículo 75 de Ley 906 de 2004 al fijarle a la Fiscalía un lapso máximo de 30 días para formular la acusación, solicitar la preclusión o aplicar el jrincipio de oportunidad, el cual, en las voces del artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, fue ampliado a 90 días —120 días cuando se trata de concurso de delitos, son tres o más los imputados o el 11 CASA ION 35

FREDY MONTENEGRO IkARTÍNZ y

LUIS HERNANDO ROJAS BUITRAGO K. -;'/,, c/n-4.

( ,r:t delito investigado es competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados—. 2 También la fase del juicio debe surtirse prontamente ya que una vez evacuada la audiencia de formulación de acusación el juez de conocimiento ha de realizar la audiencia preparatoria a más tardar dentro de los 30 días siguientes y luego en igual lapso (30 días) evacuar la audiencia del juicio oral, términos hoy ampliados por la Ley 1453 de 2011 al fijar uno y otro en 45 días. Por ello la Corte ha precisado que: "Tales disposiciones fijan términos perentorios que obligan a adoptar las decisiones pertinentes en lapsos breves, la implementación de

tales mecanismos de apremio para las funciones judiciales, converge y contribuye a la materialización efectiva del principio de celeridad que caracteriza el sistema acusatorio, dinámica que explica, en relación con la suspensión de la prescripción, la reducción del nuevo lapso prescriptivo al pasar de cinco (5) años, en la legislación anterior, a tres (3) en la Ley 906"3. Bajo tal óptica, la Corporación ha enfatizado que la contabilización del término prescriptivo para los asuntos regidos conforme con el A su turno, el artículo 35 de la Ley 1474 de 2011 incluyó un parágrafo en el 2 cual se duplican los términos cuando sean tres (3) o más los imputados o los delitos objeto de investigación si se trata de procesos por delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados, por delitos contra la Administración Pública y contra el patrimonio económico que recaigan sobre bienes del Estado respecto de los cuales proceda la detención preventiva. Corte Suprema de Justicia. Providencia de 19 de septiembre de 2005. 3 Radicación 24128. 12 (cid:9) CASA IÓN 36

FREDY MONTENEGRO MARTÍNE y LUIS HERNANDO ROJAS BUITRAGO te; tema edAbaeéz

' si4tema acusatorio, ha de ser así: "Desde la consumación de la conducta (en los delitos de ejecución instantánea), o desde la perpetración del último acto (en los de ejecución permanente o tentados), corre el tiempo máximo previsto en la ley (artículo 83 del Código Penal). "El lapso se interrumpe con la formulación de la imputación, producida

la cual comienza a correr de nuevo por un término igual a la mitad del previsto en la norma penal, pero nunca puede ser inferior a 3 años (artículos 292 de la Ley 906 del 2004 y 6° de la Ley 890 del 2004). "La sentencia de segunda instancia suspende el último periodo hasta por cinco (5) años, vencidos los cuales continúa, prosigue, el cumplimiento de los lapsos (artículo 189 de la Ley 906 del 2004)"4. Fin este caso, ante la compulsación de copias para investigar el ilícito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, ordenada eh el diligenciamiento que cursó contra los procesados por el ppnible contra el bien jurídico de la vida ante los hechos rOgistrados el 24 de abril de 2005, la audiencia de formulación de irtnputación se cumplió el 3 de febrero de 2006 ante el Juzgado C atorce Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá, en tanto que el fallo de primer grado fue emitido el 24 ce agosto de 2010. 1khora, como se reconoció en la sentencia para efectos de closificación punitiva, para el delito en mención se aplicó el original 1Corte Suprema de Justicia. Proveído de 23 de marzo de 2006. Radicación 14300. 13(cid:9) CASAOflDN 368

FREDY MONTENEGRO MARTÍNEZ

LUIS HERNANDO ROJAS BUITRAGO : 44 frczna a,c! artículo 365 de la Ley 599 de 2000 sólo con el aumento de la Ley 890 de 2004, por no ser aplicables los posteriores aumentos

punitivos que legalmente se le hicieron, de ahí que el marco estuvo entre 16 a 72 meses de prisión, por ende, el término de prescripción se ubicaría en esta última cifra, pero al interrumpirse en virtud de la formulación de imputación queda reducido a la mitad, esto es, 36 meses, límite que coincide con el término mínimo de 3 años exigido por el artículo 292 de la Ley 906 de 2004. Con base en lo anterior, es evidente que de acuerdo con el monto punitivo el término de prescripción de la acción penal de 3 años se cumplió el 4 de febrero de 2009, esto es, aún antes de que se instalara la audiencia de juicio oral, causal objetiva de extinción de la acción penal inadvertida en las instancias por el juzgador de primer grado, los integrantes del Tribunal y aún las partes, pero que la Sala debe reconocer en sede de casación atendiendo el pedido de los demandantes, el cual es avalado por los representantes de la Fiscalía y del Ministerio Público, toda vez que la sentencia carece de legitimidad, pues el Estado había perdido su potestad sancionatoria para la fecha de su emisión. Y es que como lo ponen de presente tanto la defensora de ROJAS BUITRAGO, como la Delegada de la Fiscalía ante esta sede, la única posibilidad de no contar los términos de prescripción es cuando media una recusación propuesta por el procesado o su defensor que se declara infundada, por lo cual se ha de descontar el tiempo transcurrido desde el momento de la petición y la decisión correspondiente, evento que no se surtió en 14 (cid:9) CAS ION 865

FREDY MONTENEGRO MARTÍ EZ y LUIS HERNANDO ROJAS BUITRAGO KM% (cid:9) tii•W a .4 , A)/(42 ' esIte diligenciamiento, sin que los trámites propios originadog i en impedimento o en recursos de apelación puedan considerarse péra efectos de tal deducción temporal. El cómputo debe realizarse como lo planteó el inicial defensor de ROJAS BUITRAGO y no como los hace el representante de MONTENEGRO MARTÍNEZ quien contabiliza según las p1evisiones del artículo 83 del Código Penal para fijar un término de cinco (5) años. Eh este orden, atendiendo que los cargos formulados por los defensores están llamados a prosperar la Corte casará la sentencia, declarando la prescripción de la acción penal derivada dl delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o Municiones, por el cual se acusó a los incriminados y ordenará, en clonsecuencia, la cesación de procedimiento en su favor. el juez de primera instancia procederá a la cancelación de los compromisos adquiridos por los procesados en razón de este cI iligenciamiento, así como de los registros y anotaciones riginados por el mismo. Pinalmente, acerca de la petición de la defensora de ROJAS 1 3UITRAGO para se haga un llamado de atención al Tribunal por a forma como calificó la labor defensiva al anotar que se estaba buscando pruebas para lograr la revisión del proceso que se édelantó por el delito de homicidio, lo cual pudo "haber causado

resquemor en alguno de los interesados", tal pedimento lo entiende la 15 (cid:9) CAS4IIÓN 3 5

FREDY MONTENEGRO MARTÍNEZ y LUIS HERNANDO ROJAS BUITRAGO :±11.5P.4freVX;a (cid:9) 242•.44

?"(:-7 11- (17A7 r ..9/,;-14 ( -fr.wzrz Corte que lo quiere ligar la profesional con las razones del desaparecimiento del doctor Leonardo Quevedo Castillo, su predecesor, sin embargo, además de que no se advierte algún sesgo peyorativo en la estimación del ad quem, no es la sede casacional el escenario para establecer los motivos de la desaparición del profesional del derecho —hecho éste lamentable que por demás merece repudio—. La Sala ante la decisión adoptada dispondrá que se compulsen copias para que las autoridades competentes en materia disciplinaria, adelanten las averiguaciones correspondientes contra los funcionarios judiciales que intervinieron en este proceso y que con su conducta dieron lugar a que la acción penal prescribiera. En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. CASAR la sentencia condenatoria objeto de impugnación.

2. DECLARAR prescrita la acción penal derivada del delito de fabricación, tráfico y pode de armas de fuego o municiones por el cual se acusó a los procesados FREDY MONTENEGRO 16 (cid:9) CASACIóN3 65

FREDY MONTENEGRO MARTíN4ÉZ y

LUIS HERNANDO ROJAS BUITRAGO MARTÍNEZ y LUIS HERNANDO ROJAS BUITRAGO, según las ratones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

3. ORDENAR, en consecuencia, la cesación de procedimiento l favor de los enjuiciados FREDY MONTENEGRO MARTÍNEZ y en

LUIS HERNANDO ROJAS BUITRAGO.

4. PRECISAR que corresponde al juez de primera instancia proceder a la cancelación tanto de los compromisos adquiridos pOr los procesados en razón de este diligenciamiento, como de los registros y anotaciones originados por el mismo. 4 COMPULSAR, a través de la Secretaria de la Sala, las copias ol"denadas en la parte motiva de esta providencia.

Contra esta providencia no procede recurso alguno. dópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen. 17(cid:9) CASACIÓN 36865

FREDY MONTENEGRO MARTÍNEZ y

LUIS HERNANDO ROJAS BUITRAGO ocf,Zi6=',„6/

JOSÉ LUIS BARCEL CAMACHO(cid:9) JOSÉ LEO AS BUSTOS MARTÍNEZ

ALBERTO SIGIFRE PÉREZ

2iikERMTsre, TO MARÍA DEL ROSARIO GON7_4LEZ MUÑOZ (cid:9) AUGU J. I ÑEZ GU ÁN / 1 1 10---si 19 4,41 • a

GUI SALAZAR OTERO In EN -4 • ESOC (cid:9) CA

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