CSJ - SP515-2023(62495)

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

Magistrado Ponente SP515-2023 Radicación No. 62495 Aprobado acta No. 229 Bogotá, D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Sería del caso resolver el recurso extraordinario de casación presentado por el agente del Ministerio Público contra la sentencia de 20 de abril de 2022, por la cual el Tribunal Superior de Villavicencio confirmó con modificaciones la condenada irrogada en primera instancia contra JOSÉ LENIN VAQUIRÓ ARACHAMA por el delito de concierto para delinquir agravado, de no ser porque se advierte un vicio de legalidad previo y preminente a cuya corrección procede oficiosamente la Sala.CUI: 50001310700420180005001 Casación 62495

JOSÉ LENIN VAQUIRÓ ARACHAMA

2 HECHOS El procesado JOSÉ LENIN VAQUIRÓ ARACHAMA operó como patrullero del bloque Meta y Vichada de las Autodefensas Unidas de Colombia, desde el 7 de agosto de 2003 hasta el 5 de agosto de 2005, fecha en la cual se desmovilizó colectivamente.

ANTECEDENTES

1. En resolución del 3 de agosto de 2005, la Fiscalía Doce Especializada de Puerto Gaitán inició investigación

previa contra VAQUIRÓ ARACHAMA y ordenó escucharlo en versión libre1, diligencia que se llevó a cabo el 5 de agosto siguiente y en la cual el nombrado confesó su vinculación con el aludido grupo armado2.

2. El 10 de abril de 2006, en cumplimiento de los entonces vigentes artículos 60 de la Ley 418 de 19973 y 71 de la Ley 975 de 2005 4, el despacho profirió resolución inhibitoria en favor de VAQUIRÓ ARACHAMA5.

1 F. 10, c. 1. 2 Fs. 11 y ss., c. 1. 3 «Se podrán conceder también, según proceda, de acuerdo con el estado del respectivo proceso penal, la cesación de procedimiento, la resolución de preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria, a quienes confiesen y hayan sido o fueren denunciados o procesados por hechos constitutivos de (delitos políticos) y no hayan sido aún condenados mediante sentencia ejecutoriada». 4 «También incurrirá en el delito de sedición quienes conformen o hagan parte de grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal. En este caso, la pena será la misma prevista para el delito de rebelión». 5 Fs. 37 y ss., c. 1.CUI: 50001310700420180005001 Casación 62495

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3. El 26 de enero de 2015, otra autoridad instructora (en concreto, la Fiscalía 105 Especializada de la Unidad de Justicia

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3. El 26 de enero de 2015, otra autoridad instructora (en concreto, la Fiscalía 105 Especializada de la Unidad de Justicia Transicional) dispuso revocar de oficio la resolución inhibitoria reseñada aduciendo que «en sentencia C – 370 de 2006… se declaró la inexequibilidad del art. 71 de la Ley 975 de 2005 ».

Ordenó, consecuentemente, comenzar la instrucción6.

4. El 29 de enero de 2018 se recibió la indagatoria del implicado, quien en esa ocasión manifestó su intención de acogerse a sentencia anticipada conforme la calificación jurídica provisional de concierto para delinquir agravado (art. 340, inc. 2), utilización ilegal de uniformes e insignias (art. 346) y porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas armadas (art. 366)7.

5. El 1° de febrero de 2018 se definió la situación jurídica de VAQUIRÓ ARACHAMA 8 y el 22 de febrero siguiente se levantó el acta de formulación de cargos para sentencia anticipada, pero únicamente por el delito de concierto para delinquir agravado9.

6. El asunto fue fallado en primera instancia por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Villavicencio mediante sentencia de 8 de octubre de 2018, en la que resolvió (i) condenar al implicado por la conducta

Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Villavicencio mediante sentencia de 8 de octubre de 2018, en la que resolvió (i) condenar al implicado por la conducta

6 Fs. 62 y ss., c. 1. 7 Fs. 172 y ss., c. 1. 8 FS. 178 y ss., c. 1. 9 Fs. 203 y ss., c. 1.CUI: 50001310700420180005001 Casación 62495 JOSÉ LENIN VAQUIRÓ ARACHAMA 4 punible mencionada; (ii) reconocerle un descuento de pena de la tercera parte, conforme el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, e imponerle, consecuentemente, las principales de 52 meses de prisión y multa de 1333 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y; (iii) otorgarle la suspensión condicional de la ejecución de la pena regulada en el artículo 7° de la Ley 1424 de 2010 con un período de prueba de 26 meses10.

7. Esa decisión fue apelada por el representante del Ministerio Público y confirmada por el Tribunal Superior de Villavicencio en providencia de 20 de abril de 202211, con la modificación de reajustar la pena principal en 48 meses de privación de la libertad.

8. Ese mismo interviniente interpuso recurso de casación y lo sustentó mediante demanda que fue admitida para su estudio de fondo.

LA DEMANDA Presenta un cargo principal y dos subsidiarios.

10 Fs. 29 y ss., c. del juzgamiento.

casación y lo sustentó mediante demanda que fue admitida para su estudio de fondo. LA DEMANDA Presenta un cargo principal y dos subsidiarios.

10 Fs. 29 y ss., c. del juzgamiento. 11 Fs. 6 y ss., c. del Tribunal.CUI: 50001310700420180005001 Casación 62495

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1. En el principal sostiene, invocando la causal tercera del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, que la acción penal prescribió en la fase de la investigación y, por lo mismo, que las sentencias de instancia son nulas.

Explica que la sanción máxima prevista para el delito de concierto para delinquir agravado es de doce años y que el término prescriptivo empezó a correr el 5 de agosto de 2005, cuando VAQUIRÓ ARACHAMA se desmovilizó; en tal virtud, venció el 5 de agosto de 2017, es decir, antes de que el nombrado se acogiera a sentencia anticipada y, desde luego, antes de dictadas las sentencias de primera y segunda instancia. Afirma que el Tribunal dejó de declarar el fenómeno extintivo de la acción penal porque entendió que el delito cometido por el implicado es de lesa humanidad «y por ende imprescriptible»; sin embargo, «la propia Corte Suprema de Justicia ha definido que en tratándose del etiquetamiento de lesa humanidad al concierto para delinquir debe atenderse las circunstancias propias del caso concreto, verbigracia, establecer si ese militante estuvo de acuerdo con el propósito

Justicia ha definido que en tratándose del etiquetamiento de lesa humanidad al concierto para delinquir debe atenderse las circunstancias propias del caso concreto, verbigracia, establecer si ese militante estuvo de acuerdo con el propósito de asesinar a miembros de la población civil o desaparecerlas u otra conducta execrable hacia la población civil». En este asunto, alega, no hay ninguna prueba que permita catalogar la conducta cometida por VAQUIRÓCUI: 50001310700420180005001 Casación 62495

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6 ARACHAMA como de lesa humanidad, pues sólo se le reprochó por ser patrullero de las A.U.C., de lo cual no se sigue que participare de «actos criminales contra la población civil» o los consintiera. Y es que la sola pertenencia a un grupo de autodefensas no permite clasificar el concierto para delinquir como un delito de lesa humanidad, lo cual se hace evidente al percibir que el trato diferenciado que las leyes 1424 de 2010 y 975 de 2005 prodigan a quienes habiendo integrado tales organizaciones no realizaron tales ilícitos, por una parte, y a quienes sí lo hicieron, por otra. Así, por demás, lo ha reconocido esta Corte en «la providencia AP2230-2018» y «la providencia del 23 de mayo de 2012 dentro del radicado 34180». De acuerdo con lo expuesto, pide que se case la sentencia impugnada y, en su lugar, se anule la de primer

providencia del 23 de mayo de 2012 dentro del radicado 34180». De acuerdo con lo expuesto, pide que se case la sentencia impugnada y, en su lugar, se anule la de primer grado y se declare la prescripción de la acción penal.

2. En el primer cargo subsidiario denuncia la violación directa por interpretación errónea del artículo 351 de la Ley 906 de 2004 (atinente al allanamiento a cargos).

Expone que el ad quem rehusó aplicar por favorabilidad el precepto mencionado aduciendo que esta Sala, en decisiónCUI: 50001310700420180005001 Casación 62495

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7 SP379-2018, sostuvo que ello es inviable porque el acogimiento a sentencia anticipada y el allanamiento a cargos son instituciones disímiles. No obstante, tal aserción parte de una hermenéutica equivocada del precedente invocado, pues lo que en dicha decisión se discutió fue la aplicabilidad del incremento de penas dispuesto en la Ley 890 de 2004 a procesos regidos por la Ley 600 de 2000.

Sostiene, entonces, que «la interpretación que debió́ haberse efectuado sobre la aplicación del artículo 351 de la Ley 906 de 2004 acorde con el principio de favorabilidad debía estar dirigida por beneficiar al procesado y no a perjudicarlo», por lo cual pide que se case la sentencia de segundo grado y, en materialización del principio de favorabilidad, se reconozca a JOSÉ LENIN VAQUIRÓ «la rebaja de pena» contemplada en dicho precepto.

por lo cual pide que se case la sentencia de segundo grado y, en materialización del principio de favorabilidad, se reconozca a JOSÉ LENIN VAQUIRÓ «la rebaja de pena» contemplada en dicho precepto.

3. En el segundo cargo subsidiario, que apoya en la causal tercera, afirma violado el debido proceso del implicado.

Alega que la diligencia de «acogimiento a sentencia anticipada» en este asunto se celebró el 22 de febrero de 2018, es decir, un día después de que esta Corte «variara su línea de pensamiento» sobre la aplicabilidad por favorabilidad del artículo 351 de la Ley 906 de 2004 a procesos regidos por la Ley 600 de 2000.CUI: 50001310700420180005001 Casación 62495

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8 Ante esa situación, el Tribunal debió considerar que «la diligencia de aceptación de cargos para sentencia anticipada no pudo llevarse a cabo antes del 21 de febrero de 2018 por causas ajenas al señor VAQUIRÓ ARACHAMA» y, por lo mismo, debió reconocerle el mayor beneficio dispuesto en la norma reciente. Eleva, a partir de lo anterior, idéntica pretensión a la del cargo precedente. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA El procurador delegado ante la Corte rindió concepto mixto sobre la demanda presentada por su antecesor.

1. En cuanto al cargo principal, consideró que no tiene fundamento y pidió que sea desestimado.

Expuso que « el actuar delictivo del grupo ilegal

mixto sobre la demanda presentada por su antecesor.

1. En cuanto al cargo principal, consideró que no tiene fundamento y pidió que sea desestimado.

Expuso que « el actuar delictivo del grupo ilegal denominado AUC», tal como lo entendieron las instancias, efectivamente se ajusta a la definición de crímenes de lesa humanidad, «pues el ataque perpetrado por ellos se dirigían en contra de la población civil, en sujeción de los requisitos de generalidad y sistematicidad, que alteró, de maneraCUI: 50001310700420180005001 Casación 62495 JOSÉ LENIN VAQUIRÓ ARACHAMA 9 significativa, el orden de la sociedad, transgrediendo toda clase de derechos humanos, como fueron los asesinatos, torturas, masacres, desapariciones, desplazamiento forzados, violaciones, entre otros delios (sic)». Ello indica que también el concierto delictivo cometido por VAQUIRÓ ARACHAMA tiene tal calidad porque aquél «de manera voluntaria ingresó a dicha organización criminal para prestar labores y ejecutar órdenes de mandos superiores, como así lo adujo en la diligencia de indagatoria, de lo que se infiere razonablemente su compromiso de colaborar para ejecutar los fines de dicho grupo al margen de la ley». Lo aducido implica que la conducta investigada era imprescriptible en la fase de investigación, lo cual se desprende del ius cogens y «la convención internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa

imprescriptible en la fase de investigación, lo cual se desprende del ius cogens y «la convención internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, la cual entró en vigor el 1 de noviembre de 1970». Desde luego, la imprescriptibilidad de la acción penal en delitos de lesa humanidad cesa, como lo tiene dicho esta Corte, con la vinculación formal al proceso, lo cual en este caso sucedió con la indagatoria de 29 de enero de 2018. A partir de ese momento el plazo de fenecimiento de la potestad punitiva del Estado comenzó a correr por doce años y se interrumpió con la formulación de cargos con fines de sentencia anticipada «fechada el 8 de octubre de 2018 (sic) ». Desde esa última data empezó a correr por seis años, con lo cual se configuraría el 8 de octubre de 2024.CUI: 50001310700420180005001 Casación 62495

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2. Sobre los cargos subsidiarios, en cambio, conceptuó favorablemente.

Aseguró que «la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha decantado, pacíficamente, la posibilidad de aplicar las rebajas de pena contempladas en la Ley 906 de 2004 por allanamiento a cargos, en asuntos adelantados por la Ley 600 de 2000, siempre que el investigado se acoja a la sentencia anticipada, por considerar que dichos institutos jurídicos procesales guardan entre sí la

adelantados por la Ley 600 de 2000, siempre que el investigado se acoja a la sentencia anticipada, por considerar que dichos institutos jurídicos procesales guardan entre sí la misma esencial premial que favorece la administración de justicia». En este asunto, entonces, ha debido otorgarse a VAQUIRÓ ARACHAMA un descuento del 50% de la pena imponible en aplicación favorable del artículo 351 de la Ley 906 de 2004; y si bien es cierto que en la sentencia SP3792018 esta Corte fijó una subregla contraria a la pretensión acá formulada, también lo es que la misma «no se ha aplicado unánimemente, pues en sentencia con radicado 51916, 55124 y 55778, todas del año 2019, entre otras, la Sala de Casación Penal ha aplicado los beneficios punitivos de la Lev 906 de 2004 en casos adelantados bajo la normatividad de la Ley 600 del 2000».

CONSIDERACIONESCUI: 50001310700420180005001

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11 La Sala, según se esbozó, no se ocupará de los reparos formulados por el demandante porque advierte una situación irregular precedente, determinante de un vicio de estructura y garantía, que pasó desapercibida a las instancias y las partes e intervinientes. La corrección oficiosa del error, a lo cual está obligada la Corte en cumplimiento de las funciones de control constitucional inherentes al recurso extraordinario de casación, impone la anulación del trámite

partes e intervinientes. La corrección oficiosa del error, a lo cual está obligada la Corte en cumplimiento de las funciones de control constitucional inherentes al recurso extraordinario de casación, impone la anulación del trámite desde la resolución de 26 de enero de 2015, por la cual se revocó la inhibitoria proferida en favor de VAQUIRÓ ARACHAMA el 10 de abril de 2006.

Se explica:

1. El artículo 60 de la Ley 418 de 1997, modificada por las Leyes 548 de 1999, primero, y 782 de 2002, después preveía lo siguiente: «Se podrán conceder también, según proceda de acuerdo con el estado del respectivo proceso penal, la cesación del procedimiento, la resolución de preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria a quienes confiesen y hayan sido o fueren denunciados o procesados por hechos constitutivos de delitos a que se refiere este título – esto es, por delitos políticos -, según el estadio procesal, y no hayan sido aún condenados mediante sentencia ejecutoriada».CUI: 50001310700420180005001

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12 Se trataba, pues, de una medida de raigambre transicional orientada a «promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz»12. Por su parte, el artículo 63 de la Ley 418 de 1997 disponía que esa determinación «(quedaría) sin efecto alguno si el beneficiario cometiere cualquier delito doloso dentro los

Por su parte, el artículo 63 de la Ley 418 de 1997 disponía que esa determinación «(quedaría) sin efecto alguno si el beneficiario cometiere cualquier delito doloso dentro los dos (2) años siguientes a su concesión», en cuyo caso «el funcionario judicial (revocaría) la providencia y (abriría) el proceso». En cambio, y de acuerdo con el artículo 62 ibidem, vencido ese plazo sin que la persona favorecida incurriera en nuevas conductas punibles aquélla «no (podría) ser procesada o juzgada por los mismos hechos», de modo que la decisión de inhibición (distinto de la regulada en el trámite ordinario de la Ley 600 de 2000, la cual no consolida ningún derecho sustancial) cobraría ejecutoria material y produciría efectos análogos a los de la cosa juzgada. Así lo precisó la Corte recientemente: «…la Ley 418 de 1997 no reguló la resolución inhibitoria en los mismos términos en que lo hace la Ley 600 de 2000. Estableció un régimen diferenciado, con condiciones distintas tanto para su proferimiento como para su revocatoria, y le atribuyó efectos y consecuencias jurídicas diversas. Nótese que en ese primer compendio normativo el presupuesto para emitir resolución inhibitoria lo es que la persona (i) esté siendo investigada por un delito político; (ii) no haya sido aún condenada mediante sentencia

presupuesto para emitir resolución inhibitoria lo es que la persona (i) esté siendo investigada por un delito político; (ii) no haya sido aún condenada mediante sentencia

12 Art. 8°, Ley 418 de 1997.CUI: 50001310700420180005001 Casación 62495 JOSÉ LENIN VAQUIRÓ ARACHAMA 13 ejecutoriada y (iii) confiese su responsabilidad13. En cambio, en la Ley 600 de 2000 tal decisión procede “cuando aparezca que la conducta no ha existido, que es atípica, que la acción penal no puede iniciarse o que está demostrada una causal de ausencia de responsabilidad”. A su vez, en la Ley 418 de 1997 la condición fijada por el legislador para la revocatoria de dicha resolución es que “el beneficiario cometiere cualquier delito doloso dentro de los dos (2) años siguientes a su concesión”. En cambio, en el procedimiento ordinario puede rescindirse «de oficio o a petición del denunciante o querellante, aunque se encuentre ejecutoriada, siempre que aparezcan nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos que sirvieron de base para proferirla». Por último – y esto es lo más importante para el caso que acá se examina -, en la legislación transicional se establece inequívocamente que de transcurrir dos años desde la emisión de la resolución inhibitoria sin que la persona investigada cometa otro delito de doloso “no (podrá) ser

inequívocamente que de transcurrir dos años desde la emisión de la resolución inhibitoria sin que la persona investigada cometa otro delito de doloso “no (podrá) ser procesad(a) o juzgad(a) por los mismos hechos que dieron lugar a su otorgamiento ”. La decisión, pues, tiene ejecutoria material y produce efectos análogos a los de la cosa juzgada. Ninguna regla similar existe en el sistema de la Ley 600 de 2000, en el cual, por el contrario, la inhibición no consolida ningún derecho sustancial para el procesado, de modo que su revocatoria procede en cualquier momento, sin otro límite temporal que el impuesto por la prescripción de la acción penal. Posteriormente se promulgó la Ley 975 de 2005, cuyo artículo 71 modificó el 468 de la Ley 599 de 2000 y le agregó un segundo inciso a cuyo tenor «incurrirán en el delito de sedición quienes conformen o hagan parte de grupos guerrilleros o de autodefensa». Así pues, la pertenencia a grupos de autodefensas se calificó legalmente como delito político, de manera que los miembros de tales estructuras

13 Art. 60.CUI: 50001310700420180005001 Casación 62495 JOSÉ LENIN VAQUIRÓ ARACHAMA 14 que no fuesen procesados por delitos allende la sola vinculación con las mismas pudiesen acceder al beneficio regulado en la precitada Ley 418 de 1997.

14 que no fuesen procesados por delitos allende la sola vinculación con las mismas pudiesen acceder al beneficio regulado en la precitada Ley 418 de 1997.

2. En este caso, y en aplicación del sistema normativo transicional recién reseñado, la Fiscalía, el 10 de abril de 2006, profirió resolución inhibitoria en favor de JOSÉ LENIN

VAQUIRO ARACHAMA.

En sustento de ello, y tras aludir a los presupuestos normativos relevantes, afirmó que aquél se desmovilizó voluntariamente de las A.U.C. y en la diligencia de versión libre confesó su vinculación con esa organización, lo cual, de acuerdo con el entonces vigente artículo 71 de la Ley 975 de 2005, correspondía al delito político de sedición. En ese orden, encontró satisfechas las condiciones para otorgarle dicho beneficio, previa advertencia de que el mismo sería revocado «en caso que (sic) cometiere delito doloso dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria». Tal determinación, según se desprende de la información que obra en el expediente, no fue recurrida, se notificó personalmente a la Procuraduría, primero, y por estado a las demás partes, después, y quedó ejecutoriada formalmente el 27 de agosto de 200614.

14 F. 42, c. 1.CUI: 50001310700420180005001

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3. En la actuación no hay indicación de que VAQUIRÓ ARACHAMA haya delinquido dentro de los dos años

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3. En la actuación no hay indicación de que VAQUIRÓ ARACHAMA haya delinquido dentro de los dos años siguientes a la emisión o ejecutoria de dicha providencia.

Todo lo contrario: obra la comunicación de 10 de mayo de 2018, en la cual la Agencia para la Reincorporación informa que el nombrado culminó satisfactoriamente su proceso de retorno a la vida civil y observó buena conducta15, así como el certificado de antecedentes expedido por la Policía Nacional el 10 de mayo de 2018 en el que consta que no tiene anotación alguna16.

En esas condiciones, la resolución inhibitoria dictada en favor de JOSÉ LENIN VAQUIRÓ adquirió efectos de cosa juzgada el 10 de abril de 2008, eso es, dos años después de dictada, ante la comprobación de que durante ese lapso aquél no incurrió en conductas punibles. En otras palabras, en ese momento su situación jurídica quedó definida y consolidada de manera concluyente con efectos análogos a la cosa juzgada, de modo que a partir de entonces no podía ser «procesado o juzgado por los mismo hechos» que dieron lugar a esa determinación, esto es, su vinculación con Meta y Vichada de las Autodefensas Unidas de Colombia.

4. Lo anterior hace patente que todo lo actuado a partir de la resolución de 26 de enero de 2015, por la cual se revocó

15 Fs. 12 y ss., c. de la causa. 16 F. 19, ibidem.CUI: 50001310700420180005001 Casación 62495

de la resolución de 26 de enero de 2015, por la cual se revocó

15 Fs. 12 y ss., c. de la causa. 16 F. 19, ibidem.CUI: 50001310700420180005001 Casación 62495 JOSÉ LENIN VAQUIRÓ ARACHAMA 16 oficiosamente (casi nueve años después) la inhibición dispuesta en favor del procesado, está afectado por un vicio manifiesto que impone su invalidación: a partir de esa decisión se inició en su contra una actuación por los mismos hechos por los que, se repite, su situación jurídica ya se había consolidado en términos inmodificables. Ello supone tanto la violación de sus derechos fundamentales al debido proceso y non bis in idem, como el desquiciamiento de la estructura del proceso (puesto que existía una circunstancia que impedía el ejercicio de la acción penal).

5. Desde luego, la Sala no desconoce que mediante sentencia C – 370 de 18 de mayo de 2006, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del artículo 71 de la Ley 975 de 2005, el cual, se recuerda, estableció que la vinculación con grupos paramilitares constituía delito político de sedición. Tampoco que esta misma Corte, en posteriores pronunciamientos, consideró improcedente brindar tratamiento de delito político a la vinculación con

organizaciones paramilitares:

«Se concluye, entonces, que a pesar de la vigencia temporal y la posibilidad de invocación favorable del artículo 71 de la Ley 975 de 2005, no es viable su aplicación porque: 1). La Constitución establece criterios básicos sobre lo que se debe entender por delito político; 2). Desde la teoría del delito se puede distinguir y establecer el antagonismo entre los delitos políticos y el concierto para delinquir, 3). Aceptar que el concierto para delinquir es un delito político lleva al desconocimiento de los derechos de las víctimas; y, 4). Al haber sido declarado inexequible el precepto, no puede seguir produciendo efecto alguno hacia el futuro en el mundoCUI: 50001310700420180005001 Casación 62495 JOSÉ LENIN VAQUIRÓ ARACHAMA 17 jurídico, y cualquier juez puede aplicar la excepción de inconstitucionalidad por razones de fondo para evitar su vigencia temporal antes de la declaratoria de inexequibilidad por razones de forma”»17. Esa fue, justamente, la motivación esgrimida por la Fiscalía 105 Especializada para revocar oficiosamente la resolución inhibitoria dictada en favor de VAQUIRÓ ARACHAMA: «La norma que pretendía resolver la situación jurídica de los desmovilizados a quienes se les imputaba el delito de Sedición no superó el examen de constitucionalidad. En sentencia C-370 de 2006, a través de la cual se declaró la

desmovilizados a quienes se les imputaba el delito de Sedición no superó el examen de constitucionalidad. En sentencia C-370 de 2006, a través de la cual se declaró la inexequibilidad del art. 71 de la Ley 975 de 2005, fue también adoptada por la Jurisdicción Ordinaria en materia penal. En decisión de segunda instancia, la C. S. de J. dentro del radicado 26945, del 11 de julio de 2007, haciendo uso del mecanismo de excepción de inconstitucionalidad previsto dentro de nuestro ordenamiento jurídico, acogió dicha decisión. En atención a lo decidido, se concluyó sobre la imposibilidad de otorgarle la calidad de delincuente político a quien hubiese sido miembro de un grupo armado organizado al margen de la ley, comúnmente conocidos como paramilitares, habida cuenta que la conducta punible ajustada corresponde evidentemente al injusto penal contemplado en nuestro ordenamiento jurídico como “Concierto para Delinquir Agravado”. Desde luego, dicha calificación del hecho lesivo tiene como consecuencia la prohibición del otorgamiento de indultos o amnistías por encontrarse tales comportamientos incluidos dentro de los delitos comunes…»18. Sucede, sin embargo, que la decisión inhibitoria fue proferida antes de la declaratoria de inexequibilidad del precitado artículo 71 de la Ley 975 de 2005. El hecho de que

delitos comunes…»18. Sucede, sin embargo, que la decisión inhibitoria fue proferida antes de la declaratoria de inexequibilidad del precitado artículo 71 de la Ley 975 de 2005. El hecho de que los fundamentos normativos de tal determinación fueren

17 CSJ AP, 5 dic. 2007, rad. 27955. 18 FS. 62 y 63, c. 1.CUI: 50001310700420180005001 Casación 62495 JOSÉ LENIN VAQUIRÓ ARACHAMA 18 modificados con posterioridad a su emisión no habilitaba su rescisión oficiosa, menos aún – se itera – cuando para ese momento ya se había materializado el efecto jurídico de impedir definitivamente una nueva investigación por esos mismos hechos. Y es que la sentencia C-370 de 18 de mayo de 2006 produce efectos a futuro, no retroactivos, tal como allí se consignó explícitamente. De ahí que la propia Corte Constitucional haya sostenido (en relación con el beneficio consagrado en el artículo 70 ibidem también declarado inexequible en ese mismo fallo por idéntica razón, pero en razonamiento aplicable mutatis mutandis a lo acá debatido) que « las situaciones jurídicas que se hubieran consolidado (entre la promulgación de esas normas y su expulsión del orden legal) no sufren alteración alguna por lo decidido en el mencionado fallo de inexequibilidad»19. En ese

expulsión del orden legal) no sufren alteración alguna por lo decidido en el mencionado fallo de inexequibilidad»19. En ese orden, proferido el auto inhibitorio durante la vigencia del precitado artículo 71 de la Ley 975 de 2005 sin que el mismo hubiere sido impugnado o recurrido, no había lugar a revocarlo bajo el pretexto del decaimiento posterior de su fundamento legal.

6. Esta solución, no sobra decirlo, coincide con la adoptada recientemente por la Sala en un asunto que guarda identidad fáctica y procesal con el acá examinado, y cuyos fundamentos, en tanto ahora se ratifican, se recuerdan a

continuación:

19 Sentencia T – 355 de 2007, reiterada en sentencia T – 389 de 2009.CUI: 50001310700420180005001 Casación 62495 JOSÉ LENIN VAQUIRÓ ARACHAMA 19 «En este asunto, la inhibición (proferida en el marco de la Ley 418 de 1997, valga recordar) fue levantada, contrariando los lineamientos recién fijados, más de seis años después de proferida, con fundamento en la constatación de su incorrección jurídica, cuando ya se había vencido el plazo de dos años previsto para la consolidación material de su efecto jurídico, cual era, se repite, el de prohibir concluyentemente el procesamiento de (…) por esos mismos hechos . El soporte argumentativo de esa determinación fue el siguiente: De lo expuesto deviene evidente la violación del debido

concluyentemente el procesamiento de (…) por esos mismos hechos . El soporte argumentativo de esa determinación fue el siguiente: De lo expuesto deviene evidente la violación del debido proceso de (…) porque, como ya se dijo, una vez proferida la resolución inhibitoria, sólo podía ser revocada de constatarse que el nombrado delinquió dentro de los dos años siguientes a su emisión. Ello no sucedió. En el expediente no existe ninguna indicación de que (…) haya incurrido en comportamientos delictivos luego de su desmovilización; por el contrario, y como lo anota acertadamente la procuradora, se constató que no registra ningún antecedente. En esas condiciones, no había lugar a revocar la inhibición - así quien asumió el caso después la reputare incorr