CSJ - SP910-2016(44555)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ Magistrado ponente " ^ 2—

SP910-2016 Radicación n° 44555. Aprobado acta N° 2 5. Bogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos m il dieciséis (2016). VISTOS Se p r o n u n c ia la Corte en t o r no a la acción de revisión p r o m o v i da p or el defensor de MÍLLER JOSÉ VERGARA CORTÉS c o n t ra la sentencia proferida el 11 de m a r zo de 2 0 10 por la S a la P e n al del T r i b u n al S u p e r i or del Distrito J u d i c i al de C u n d i n a m a r c a, c o n f i r m a t o r ia de la e m i t i da el 7 de diciembre de 2 0 09 por el Juzgado P r o m i s c uo M u n i c i p al c on F u n c i o n es de C o n o c i m i e n to de Sibaté, m e d i a n te la c u al condenó al p r e n o m b r a do a las penas principales de 1 08 m e s es de prisión y 1.490 salarios mínimos legales m e n s u a l es de m u l t a, así c o mo a la accesoria de inhabilitación p a ra el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término 1

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MÍLLER JOSÉ VERGARA CORTl

antes m e n c i o n a d o, a título de coautor responsable del delito de extorsión agravada en el grado de tentativa. HECHOS F u e r on d e t e r m i n a d os p or el j u ez de conocimiento y asentidos p or el T r i b u n a l, en la sentencia m a t e r ia de la acción de revisión, de la siguiente m a n e r a: "La señora RUBIELA PALACIOS VERGARA identificada con C.C. N° 51'637.405 de Bogotá, residente en la ciudad de Bogotá, encontrándose en la vereda de Sabaneta, Alto de la Rosa del Municipio de Granada Cundinamarca, comenzó a recibir llamadas extorsivas desde principios del mes de Enero de 2009 a nombre de un sujeto que se hizo llamar WILLIAM GALOTO del Frente 59 de las FARC, bajo amenazas se le presionó y constriño para el pago de la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00), fue así que continuaron las amenazas de muerte a ella y su familia, y negociaciones vía telefónica hasta que se pactó con la víctima un pago inicial de CUATRO MILLONES DE PESOS ($4'000.000,oo), el cual se efectuaría el día Diecisiete (17) de junio del año que avanza, en el puente peatonal de Municipio de Soacha Cundinamarca, para lo cual previamente a dicha entrega puso en conocimiento de la autoridad competente - Gaula, los hechos de los que venía siendo víctima. Encontrándose en el sitio pactado para la entrega de la suma

acordada con los delincuentes, siendo las 14 y 40 horas hace presencia un sujeto que dice ser CESAR, quien es el encargado de recibir el dinero, al bajar por las escaleras del puente peatonal se le hace entrega del paquete, quien al recibirlo se percata de la presencia de las autoridades y arroja el paquete, siendo sorprendido en flagrancia por las Unidades del Gaula, indicando ser BLAZ NOLBERTO MORENO MANCERA, quien manifestó haber sido solamente un emisario, para el recaudo del pago y haber 2

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MÍLLER JOSÉ VERGARA CORTi realizado llamadas como "CESAR" y haber obrado bajo el apremio de conseguir dinero para sufragar cuotas alimentarias de sus menores hijos." ACTUACIÓN PROCESAL El 17 de septiembre de 2 0 09 el J u z g a do P r o m i s c uo M u n i c i p al de G r a n a d a - C u n d i n a m a r c a, c on funciones de control de garantías, realizó audiencia p r e l i m i n a r, en cuyo desarrollo la Fiscalía formuló imputación en c o n t ra d el capturado, por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa, cargos a los cuales no se allanó. En trámite de la audiencia de acusación, practicada el 11 de n o v i e m b re de 2 0 09 p or el J u z g a do P r o m i s c uo M u n i c i p al c on F u n c i o n es de C o n o c i m i e n to de Sibaté, el

i m p u t a do aceptó la comisión del delito i m p u t a d o, por lo que el día 7 de diciembre siguiente se realizó la audiencia de individualización de penas, m i s ma d a ta en la q ue se d io l e c t u ra al fallo, i m p o n i e n do al señor V E R G A RA CORTÉS las p e n as referidas en el acápite inicial del presente proveído. Se abstuvo la sentencia de otorgarle rebaja por i m p u l s ar el m e c a n i s mo de terminación anticipada d el proceso, atendida la prohibición expresa contenida en el artículo 26 de la L ey 1 1 21 de 2 0 0 6, a un c u a n do al dosificar l as sanciones t u vo en c u e n ta el i n c r e m e n to previsto en el artículo 14 de la L ey 8 90 de 2 0 04 y lo consagrado en el artículo 2 69 del C P. 3

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MÍLLER JOSÉ VERGARA CORB Por apelación i n t e r p u e s ta por la defensa, la S a la Penal del T r i b u n al Superior del Distrito J u d i c i al de C u n d i n a m a r ca impartió confirmación a la sentencia de p r i m er grado. LA DEMANDA El libelista invoca la c a u s al 7^ prevista en el artículo 192 de la L ey 9 06 de 2 0 0 4, según la c u al la acción de revisión procede c u a n do m e d i a n te p r o n u n c i a m i e n to judicial, la Corte

h a ya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió p a ra s u s t e n t ar la sentencia condenatoria. F u n d a m e n ta la causal señalando que esta Colegiatura, en sentencia del 27 de febrero de 2 0 1 3, dictada dentro de la radicación 3 3 2 5 4, varió su precedente criterio al establecer en esta n u e va j u r i s p r u d e n c ia la improcedencia de aplicar el i n c r e m e n to de p e na establecido en el artículo 14 de la L ey 8 90 de 2 0 0 4, p a ra casos de terminación anticipada del proceso por allanamiento a cargos o preacuerdo, en conductas punibles enlistadas en el artículo 26 de la Ley 1 1 21 de 2 0 0 6. TRÁMITE EN LA CORTE Mediante a u to d el 7 de octubre de 2 0 14 se admitió la d e m a n da y se ordenó allegar a la actuación el proceso respecto del c u al se solicita la revisión. Por decisión del 19 de febrero de 2 0 15 se ordenó correr traslado a las partes p a ra i m p e t r ar pruebas, s in q ue estas hicieran u so del m i s m o. 4

REVISIÓN No. 4455SZ.

MÍLLER JOSÉ VERGARA CORT^^ El 18 de enero de 2 0 16 se llevó a cabo la audiencia prevista en el inciso 7° del articulo 195 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4,

en cuyo desarrollo i n t e r v i n i e r on únicamente el d e m a n d a n te y el Procurador 2° Delegado p a ra la Casación Penal. ALEGATOS PRESENTADOS EN LA AUDIENCIA El demandante: Reitera q ue la acción de revisión tiene como f u n d a m e n to la causal 7 del artículo 192 de la Ley 9 06 de 2 0 04 y al respecto sostiene q ue la Corte S u p r e m a, en p r o n u n c i a m i e n to dictado en el radicado 3 3 2 5 4, asi como en otros de s i m i l ar connotación fáctica y jurídica, cambió n o t a b l e m e n te su j u r i s p r u d e n c i a, razón por la c u al solicita dictar el fallo de reemplazo que corresponda.

Procuraduría: Respaldó el pedimento elevado por la parte accionante, p a ra lo c u al igualmente hizo mención de la providencia reseñada en el acápite precedente, a partir de la c u al esta Corporación efectuó la variación j u r i s p r u d e n c i al c u ya aplicación se reclama.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE La Sala es competente p a ra conocer de la presente acción de revisión, de acuerdo c on lo preceptuado en el artículo 32 de la Ley 9 06 de 2 0 04 por estar dirigida c o n t ra 5

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MÍLLER JOSÉ VERGARA CORTl

u na sentencia dictada por un T r i b u n al S u p e r i or de Distrito Judicial. El propósito de la acción de revisión, c o mo i n s i s t e n t e m e n te lo ha dicho la j u r i s p r u d e n c ia de esta Corporación, es r e m o v er la intangibilidad de la cosa j u z g a da c u a n do se establece que u na decisión con esa connotación c o m p o r ta un contenido de i n j u s t i c ia m a t e r i a l, por c u a n to la verdad procesal allí declarada se opone a la verdad histórica de lo acontecido. En el evento m a t e r ia de análisis, la pretensión revisara se f u n d a m e n ta en la c a u s al 7^ del artículo 192 del Código de Procedimiento P e n al de 2 0 0 4, conforme a la c u al d i c ha acción procede ''cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya variado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como de la punibilidad". Sobre el m e n c i o n a do m o t i vo de revisión, la Sala tiene dicho que p a ra su configuración es indispensable que el actor no solamente demuestre cómo el f u n d a m e n to de la sentencia c u ya remoción se persigue es entendido por la j u r i s p r u d e n c ia de m o do diferente, sino que, de m a n t e n e r s e, comportaría u na clara situación de injusticia, pues la n u e va solución ofrecida

por la doctrina de la Corte conduciría a la sustitución del fallo. Así m i s m o, ha sido insistente en señalar que p a ra su demostración no basta invocar abstractamente la existencia de un p r o n u n c i a m i e n to de la Corte, o de señalar u no concreto pero desconectado de la solución del caso, sino que r e s u l ta 6

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MÍLLER JOSÉ VERGARA CORT& indispensable, además, demostrar cómo de haberse conocido o p o r t u n a m e n te por los juzgadores la n u e va doctrina sobre el p u n t o, el fallo c u ya rescisión se persigue habría sido distinto (CSJ AP, 11 de mzo. de 2 0 0 3, rad. 19252). De la m i s ma m a n e r a, la S a la ha precisado q ue el p r o n u n c i a m i e n to j u d i c i al con s u s t e n to en el c u al se apoya la solicitud sólo debe provenir de la j u r i s p r u d e n c ia e m a n a da de la Corte S u p r e ma de J u s t i c i a, p or s er esta Corporación el máximo t r i b u n al de la jurisdicción o r d i n a r i a, atendiendo la función q ue c u m p le de u n i f i c ar la j u r i s p r u d e n c ia n a c i o n al c o mo t r i b u n al de casación ( a r t. 2 06 d el Código de

Procedimiento Penal) [CSJ AP, 5 de dic. de 2 0 0 2, rad. 18572). En t al v i r t u d, conforme a la previsión n o r m a t i va y los precedentes j u r i s p r u d e n c i a l es de la Corte, se tiene q ue l os p r e s u p u e s t os sustanciales de la causal 7^ de revisión son: i) que la acción se dirija c o n t ra u na sentencia condenatoria ejecutoriada, ii) q ue el fallo s ea proferido p or un j u ez o Corporación J u d i c i a l, iii) que la S a la P e n al de la Corte, en decisión posterior, h a ya variado la concepción n o r m a t i va aplicada en el fallo c u ya revisión se pide, y iv) que el n u e vo criterio jurídico expresado p or la S a la s ea favorable, en c u a n to de m a n t e n e r se el anterior comportaría u na clara situación de injusticia. Observa la Corte que tales presupuestos, ciertamente, se p r e s e n t an en el caso sometido a su decisión. En efecto, la acción de revisión se dirige c o n t ra u na sentencia ejecutoriada proferida por u na corporación j u d i c i a l. 7

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MÍLLER JOSÉ VERGARA CORTl De otro lado, se ha acreditado en esta actuación que el criterio jurídico c on el c u al se sustentó la sentencia

c o n d e n a t o r ia fue variado con posterioridad por la S a la de Casación P e n al de la Corte S u p r e ma de Justicia. P a ra c i m e n t ar este aserto se requiere, desde luego, traer a colación los f u n d a m e n t os de l os fallos de p r i m e ra y s e g u n da instancias y luego reseñar la n u e va p o s t u ra j u r i s p r u d e n c i al de esta Corporación. A ello entonces se procede. C on ocasión de la aceptación de cargos m a n i f e s t a da en la a u d i e n c ia de formulación de acusación, el Juzgado P r o m i s c uo M u n i c i p al c on P u n c i o n es de C o n o c i m i e n to de Sibaté, condenó a MÍLLER JOSÉ V E R G A RA C O R T ES a las penas principales de 108 m e s es de prisión y 1.490 salarios mínimos legales m e n s u a l es de m u l t a, así c o mo a la accesoria de inhabilitación p a ra el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término antes m e n c i o n a d o, a título de coautor responsable del delito de extorsión agravada en el grado de tentativa. P a ra la determinación de dicha sanción el sentenciador aplicó el i n c r e m e n to p u n i t i vo previsto en el artículo 14 de la Ley 8 90 de 2 0 0 4, pero se a b s t u vo de otorgar al condenado la

reducción correspondiente a su decisión de allanarse a los cargos, p a ra lo c u al invocó la prohibición c onte nida en el artículo 26 de la Ley 1 1 21 de 2 0 0 6. La sentencia de p r i m e ra i n s t a n c ia o b t u vo confirmación integral por parte del T r i b u n al S u p e r i or de C u n d i n a m a r c a; luego, la dosificación p u n i t i va efectuada por el j u ez no sufrió modificación alguna. 8

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MÍLLER JOSÉ VERGARA GORTÉl Pues bien, ciertamente, la S a la de Casación P e n al de esta Corporación varió su p o s t u ra m e d i a n te el fallo del 27 de febrero de 2 0 1 3, dictado d e n t ro de la radicación 3 3 2 5 4, considerando que en los s u p u e s t os en los cuales el procesado se allane a ceirgos o acuerde c on la Fiscalía pero se estuviese ante l as prohibiciones d el artículo 26 de la L ey 1 1 21 d el 2 0 0 6L no h ay lugar a aplicar el i n c r e m e n to p u n i t i vo d el artículo 14 de la L ey 8 90 d el 2 0 0 4. Ello en contravía de decisiones anteriores, pacificas y reiteradas en las cuales se avaló la aplicación s in distingos de la n o r ma en cuestión.

P a ra la adopción de ese n u e vo criterio, se partió de considerar que si b i en el artículo 26 de la Ley 1 1 21 del 2 0 06 prohibe conceder cualquier tipo de prebendas c u a n d o, c o mo en este caso, se trate d el delito de extorsión, a la par no r e s u l ta proporcional i n c r e m e n t ar la p e na conforme al artículo 14 de la L ey 8 90 de 2 0 04 si se ha acudido a l os m e c a n i s m os procesales de j u s t i c ia p r e m i al i n s t i t u i d os por el legislador. Así lo determinó la Corte en la referida providencia: "Por consiguiente, a la luz de la argumentación aquí desarrollada, fuerza concluir que habiendo decaído la justificación del aumento de penas del art. 14 de la Ley 890 de 2004, en relación con los 1 ARTÍCULO 26. EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS Y SUBROGADOS. Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de

Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz. 9

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MÍLLER JÓSÉ VERGARA CÓBPi delitos incluidos en el art. 26 de la Ley 1121 de 2006 -para los que no proceden rebajas de pena por allanamiento o preacuerdo- , tal incremento punitivo, además de resultar injusto y contrario a la dignidad humana, queda carente de fundamentación, conculcándose de esta manera la garantía de proporcionalidad de la pena. Así mismo, en ejercicio de su función de unificación de la jurisprudencia, la Sala advierte que, en lo sucesivo, una hermenéutica constitucional apunta a afirmar que los aumentos de pena previstos en el art. 14 déla Ley 890 de 2004 son inaplicables frente a los delitos reseñados en el art. 26 de la Ley 1121 de 2006. No sin antes advertir que tal determinación de ninguna manera comporta una discriminación injustificada, en relación con los acusados por otros delitos que sí admiten rebajas de pena por allanamiento y preacuerdo, como quiera que, en eventos de condenas precedidas del juicio oral, la mayor intensidad punitiva no sería el producto de una distinción arbitraria en el momento de la tipificación legal, ajustada por la Corte, sino el resultado de haber sido vencido el procesado en el juicio, sin haber optado por el acogimiento a los incentivos procesales ofrecidos por el legislador; mientras que, frente a sentencias condenatorias por aceptación de cargos, la menor punibilidad, precisamente, sería la consecuencia de haberse acudido a ese margen de negociación,

actualmente inaccesible a los delitos referidos en el art. 26 de la Ley 1121 de 2006". Es necesario acotar que este criterio ha sido reiterado en decisiones posteriores de la Sala, c o mo en C SJ SP, 19 j u n. 2 0 1 3, rad. 3 9 7 1 9, donde señaló: "Durante las alegaciones orales, de consuno la Fiscalía y la representación del Ministerio Público, pidieron se aplicase de 10

REVISIÓN No. 4455.

MÍLLER JÓSÉ VERGARA CÓRTÉi oficio, en favor del procesado, la más reciente jurisprudencia de la Sala, consignada en el radicado 33254 del 27 de febrero de 2013. La decisión en comento, cabe recordar, a partir de la aplicación del principio de proporcionalidad y la verificación del querer del legislador al expedir la Ley 890 de 2004, concluyó que a los delitos a los cuales cobija la prohibición de rebajas o beneficios del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, entre ellos la conducta punible de extorsión, no les es aplicable el incremento generalizado de pena establecido en el artículo 14 de la primera normatividad citada. (...) Claramente el apartado trascrito contiene una restricción al concepto de inaplicación del aumento de penas establecido en el artículo 14 déla Ley 890 de 2004, pues, precisamente para que el principio de igualdad respecto de personas a quienes se condena por la vía ordinaria en delitos diferentes, no sea vulnerado, establece como premisa básica que el no incremento sólo opera

cuando el procesado se acoge a los mandamientos de justicia premial que contienen las figuras del allanamiento a cargos y preacuerdos. Vale decir, en los casos en los cuales la persona vinculada por delitos contemplados en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, no hace manifiesta su intención de acogerse a la terminación anticipada del proceso, vía allanamiento o preacuerdo, y ello no se materializa en la consecuente definición anticipada del asunto, la pena aplicable debe consultar también el incremento dispuesto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004". 11 REVISIÓN No. 4455^ MlLLER JÓSÉ VERGARA CÓRTÉ^ También se ha ratificado, entre otras decisiones, en las providencias dictadas en los radicados 4 2 6 4 7, 4 1 6 5 7, 3 9 7 1 9, 4 1 1 5 2 , 4 2 0 3 5 , 4 2 0 41 y 4 2 9 2 5. En el evento objeto de e x a m e n, c o mo se recuerda, el aquí sentenciado aceptó l os cargos q ue p or el delito de extorsión agravada en grado de t e n t a t i va le imputó la Fiscalía, por c u ya razón fue objeto de condena, s in que se le h a ya otorgado descuento p u n i t i vo por su decisión, pese a lo c u al en la tasación de la p e na los talladores le a p l i c a r on el i n c r e m e n to previsto en el artículo 14 de la Ley 8 90 de 2 0 0 4.

Resulta, p or t a n t o, i n d u d a b le q ue c o n c u r r en en este evento l os p r e s u p u e s t os de la c a u s al de revisión objeto de invocación, m o t i vo p or el c u al se declarará f u n d a da la m i s m a.

Redosifícación punitiva: La prosperidad del m o t i vo de revisión c o n t e m p l a do en la d e m a n da i m p o ne la consiguiente redosificación p u n i t i v a, y a ello se procede, p a ra lo c u al se sujetará la S a la a l os parámetros aplicados p or el juez, no modificados p or el T r i b u n a l: El a quo tomó c o mo base los e x t r e m os establecidos en el artículo 2 44 d el Código Penal, n o r ma q ue c o n t e m p la el delito de extorsión, los cuales v an de 12 a 16 años de prisión y de 6 00 a 1.200 salarios mínimos legales m e n s u a l es de m u l t a.

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REVISIÓN No. 4455.

MÍLLER JÓSÉ VERGARA CÓRTÉ En lo referente a la sanción privativa de la libertad, aplicó a tales g u a r i s m os el i n c r e m e n to regulado en el artículo 14 de la Ley 8 90 de 2 0 0 4, y a su v ez los aumentó h a s ta en

u na tercera parte conforme el artículo 2 45 d el e s t a t u to punitivo, p or c o n c u r r ir l as circunstancias de agravación c o n t e m p l a d as en su n u m e r a l es 1° y 3°, d a n do c o mo resultado límites que v an de 192 a 3 84 meses. En c u a n to a la m u l t a, el j u ez aplicó l os e x t r e m os establecidos en l as n o r m as sustanciales citadas, más el i n c r e m e n to de la L ey 8 90 de 2 0 04 p a ra fijar esta sanción entre 8 00 y 9 . 0 00 salarios mínimos legales m e n s u a l e s. Posteriormente, en v i r t ud de la estructuración d el i n s t i t u to consagrado en el artículo 27 del C P. - t e n t a t i v a -, así c o mo la contemplación de la c i r c u n s t a n c ia de m a y or p u n i b i l i d ad estipulada en el n u m e r al 10° del artículo 58 del C P ., el sentenciador determinó las sanciones en el mínimo del p r i m er c u a r to medio, oscilante entre 144 y 192 m e s es de prisión, y 1.987,5 y 3 . 5 75 salarios mínimos legales m e n s u a l es de m u l t a. A h o ra bien, atendiendo q ue el procesado reparó integralmente a la víctima, el tallador dispuso la disminución p u n i t i va de que t r a ta el artículo 2 69 d el C P ., p a ra fijar en

definitiva las penas principales en 108 m e s es de prisión y m u l ta de 1.490 S.M.M.L.V. En consecuencia, p a ra concretar el efecto rescindente de esta acción en el presente evento, la S a la suprimirá el 13

REVISIÓN No. 445.

MÍLLER JOSÉ VERGARA CÓRTl i n c r e m e n to aplicado por razón del artículo 14 de la Ley 8 90 de 2 0 0 4. E so significa q u e, inicialmente, l os límites imponibles, en lo relativo a la sanción privativa de la libertad, por el delito de extorsión agravada, v an de 144 a 2 56 meses, hitos que d i s m i n u i d os por el reconocimiento de la c o n d u c ta imperfecta -artículo 27 d el C P .- a r r o j an c o mo resultado la determinación de l os siguientes ámbitos p u n i t i v os de movilidad: C u a r to mínimo: E n t re 72 y 102 meses P r i m er c u a r to medio: E n t re 102 y 132 meses Segundo c u a r to medio: E n t re 132 y 162 meses C u a r to Máximo: E n t re 162 y 192 meses Así l as cosas, teniendo en c u e n ta q ue el j u ez sentenciador fijó c o mo p e na a i m p o n e r, el mínimo del p r i m er c u a r to medio, la sanción restrictiva de la libertad sería de 102 meses de prisión, p e na q ue d i s m i n u i da en la m i t a d,

conforme al tope mínimo legal que consagra el artículo 2 69 del C P ., -indemnización integralarroja un q u a n t um p u n i t i vo definitivo de CINCUENTA Y UN (51) MESES DE

PRISIÓN.

En lo relativo a la p e na de m u l t a, se partirá de lo n o r m a do en el artículo 2 45 d el C P ., q ue p a ra el delito de extorsión agravado fija u na p e na p e c u n i a r ia que oscila entre 3.000 a 6.000 salarios mínimos legales m e n s u a l es vigentes, rango sancionatorio que sometido a la rebaja que consagra el artículo 27 d el C P ., permite establecer l os siguientes cuartos de m o v i l i d ad p u n i t i v a: 14

REVISIÓN No. 4455.

MÍLLER JÓSÉ VERGARA CÓRTÉ.

C u a r to mínimo: E n t re 1.500 y 2 . 2 50 S.M.L.M.V.

P r i m er c u a r to medio: E n t re 2 . 2 50 y 3 . 0 00 S.M.L.M.V.

S e g u n do c u a r to medio: E n t re 3 . 0 00 y 3 . 7 50 S.M.L.M.V.

C u a r to Máximo: E n t re 3 . 7 50 y 4 . 5 00 S.M.L.M.V.

R e t o m a n do q ue el fallador se situó en el mínimo d el p r i m er c u a r to m e d io p a ra fijar la p e na a i m p o n e r, ello

conduce a que en ejercicio del proceso de dosimetría p u n i t i va del fallo rescidente se d e t e r m i n en 2 . 2 50 S.M.L.M.V., q u a n t um que d i s m i n u i do por los efectos del artículo 2 69 del C P ., a r r o ja en definitiva c o mo p e na de m u l ta a i m p o n er MIL

CIENTO VEINTICINCO (1.125) S.M.L.M.V.

Se precisa q ue la samción accesoria de inhabilitación p a ra el ejercicio de derechos y funciones públicas se reduce también a c i n c u e n ta y un (51) meses, conforme lo establecido en el inciso tercero del artículo 52 del Código Penad. A h o ra bien, al verificarse en el proceso q ue el señor V E R G A RA CORTÉS, p or c u e n ta de esta actuación, se e n c u e n t ra privado de la libertad desde el 16 de septiembre de 2009, se establece que a la fecha ya cumplió la pena, u na vez redosificada, razón p or la cual, en caso de q ue el procesado continúe c u m p l i e n do su c o n d e na en reclusión, se ordenará su liberación, i n m e d i a ta libre de a p r e m io alguno, p a ra lo relacionado con este a s u n t o. 15

REVISIÓN No. 44555.^

MlLLER JOSÉ VERGARA GORT.

En mérito de lo expuesto, la Corte S u p r e ma de Justicia, en Sala de Casación Penal, a d m i n i s t r a n do j u s t i c ia en n o m b re

de la República y por a u t o r i d ad de la ley,

RESUELVE

1. DECLARAR f u n d a da la causal 7^ de revisión invocada por el defensor d el sentenciado MÍLLER JOSÉ VERGARA CORTÉS en lo atinente a la inaplicabilidad d el a u m e n to de p e na previsto en el artículo 14 de la Ley 8 90 de 2 0 0 4.

2. DEJAR SIN EFECTO, PARCIALMENTE, l as sentencias del 7 de diciembre de 2 0 09 y 11 de m a r zo de 2 0 1 0, proferidas, en su orden, por el J u z g a do P r o m i s c uo M u n i c i p al con F u n c i o n es de C o n o c i m i e n to de Sibaté y la Sala P e n al del T r i b u n al Superior d el Distrito J u d i c i al de C u n d i n a m a r c a, exclusivamente p a ra d e t e r m i n ar l as sanciones principales i m p u e s t as a MÍLLER JOSÉ VERGARA CORTÉS, c o mo coautor responsable d el delito de extorsión agravada en grado de tentativa, en cincuenta y un (51) meses de prisión y 1.125 salarios mínimos legales mensuales de multa. La accesoria de inhabilitación p a ra el ejercicio de derechos y funciones públicas q u e da en el m i s mo lapso d e t e r m i n a do p a ra la privativa de la libertad.

3. En todo lo demás, l os fallos permanecen

vigentes.

4. DISPONER la libertad i n m e d i a ta y definitiva de MÍLLER JOSÉ VERGARA CORTÉS libre de caución, en

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REVISIÓN No. 4455.

MlLLER JOSÉ VERGARA CORTÉ relación c on este proceso, si se e n c u e n t re todavía c u m p l i e n do su p e na en privación de la libertad y /o c on beneficio de la libertad condicional, y, siempre y c u a n do no sea requerido por o t ra a u t o r i d ad J u d i c i a l; en caso de ser así, deberá c o m u n i c a r se o p o r t u n a m e n t e.

5. ORDÉNESE, p or secretaría de la Sala, i) oficiar al J u z g a do P r o m i s c uo M u n i c i p al c on F u n c i o n es de C o n o c i m i e n to de Sibaté, p a ra q ue libre a l as autoridades correspondientes, las comun i cacio nes a que h a ya lugar; y ii) r e m i t ir copia de esta determinación al juzgado que c o n t r o la y vigila la p e na al procesado, p a ra lo de su cargo y en relación a la p e na de m u l ta si no se ha enviado a la jurisdicción coactiva.

C o n t ra esta decisión no procede recurso alguno. Cópiese, notifiquese y cúmplase. 17

REVISIÓN No. 4455

MlLLER JOSÉ VERGARA CORT:

EUGENíIlOO FERIÍÁND^ CA^ER

PATRICIA SALAZAR CUETl: LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO ríibía '^landa Nova r c ia

Secretaria 18