CSJ - SPL EXP0107 -2002

República de Colombia Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PLENA

Magistrado Ponente:

JORGE ENRIQUE CORDOBA POVEDA

REF: Exp. N° 11-001-02-30-001-2002-0107

Aprobado Acta Nº 10 (18 – 04 – 02). Nº 185. Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil dos (2002). Decide la Corte la colisión negativa de competencias surgida entre el Juzgado Dieciocho Penal Municipal de Medellín y la Fiscalía Cuarenta y Ocho Local de la misma ciudad, dentro de las diligencias penales adelantadas contra OSCAR

ELIAS ZAPATA.

I. ANTECEDENTES

1. El 8 de junio de 2000, MARIA EUGENIA BENJUMEA BONILLA, abogada de Control Interno Disciplinario de la Fábrica de Licores de Antioquia, puso en conocimiento de la Seccional de Fiscalías de Medellín, las diligencias

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Corte Suprema de Justicia adelantadas contra el señor OSCAR ELIAS ZAPATA, mecánico de mantenimiento, a quien el 7 de diciembre de 1997, le fueron incautadas 47 tapas de Aguardiente Antioqueño, luego de efectuar una requisa de rutina en la cómoda del personal.

2. Con base en lo anterior, la Fiscalía Cincuenta y Uno Seccional, con proveído de 2 de junio de 2000 (fl. 6), ordenó la práctica de diligencias

previas, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 81 de 1993, que reformó el artículo 319 del C.P.P. Surtido dicho trámite, el 28 de junio siguiente (fl. 13), consideró que la conducta delictiva en que presuntamente incurrió el inculpado, se estructura como una contravención especial de hurto agravado, que en razón de la cuantía, su conocimiento es competencia de los Jueces Penales Municipales, a donde ordena la remisión del expediente.

3. Repartidas las diligencias al Juzgado Dieciocho Penal Municipal, luego de asumir su conocimiento, por auto de 9 de enero del presente año (fl. 15), se declaró incompetente para continuar con su trámite porque al momento de entrar en vigencia las Leyes 599 y 600 de 2000, no se había proferido la correspondiente apertura formal de la investigación, siendo por tanto de conocimiento de las Fiscalías Locales. En sustento de sus motivos, citó apartes de una providencia emitida por la Corte Suprema de Justicia y ordenó en consecuencia, remitir el asunto a la Oficina de Asignaciones de la Fiscalía Local, luego de proponer conflicto negativo.

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4. Por su parte, la Fiscalía Cuarenta y Ocho Delegada ante los Jueces Penales Municipales, el 6 de febrero siguiente (fls. 17 y 18), aceptó la colisión propuesta porque en su opinión, la expresión “PROCESOS INICIADOS” de que habla el artículo transitorio, obedece a un error de redacción del legislador, pues de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 29 de la Constitución Nacional, las normas aplicables son las que se encontraban vigentes al momento de la comisión del hecho, para el caso concreto, las contenidas en la Ley 228 de 1995. Interpretación diferente, como en su sentir pretende la Corte, sería vulnerar principios rectores como el del debido proceso y el de Juez Natural. Suscitada de esa manera la controversia, envía las diligencias a esta Corporación a fin de que se resuelva.

II. CONSIDERACIONES De conformidad con lo prescrito por el artículo 17, numeral 3º de la Ley 270 de 1996 o Estatutaria de la Administración de Justicia, es función de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la solución de los “conflictos de competencia en la Jurisdicción Ordinaria, que no correspondan a alguna de sus Salas o a otra autoridad judicial”. Esta disposición debe ser armonizada con el inciso 1º del artículo 18 ibídem, que le atribuye expresamente dicha competencia de manera residual, pues, no existe norma expresa que asigne

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Corte Suprema de Justicia a otra autoridad la solución de los mismos, amén de que no hay superior jerárquico común a los colisionantes. Por otra parte, ha de señalarse que con la entrada en vigencia de las Leyes 599 y 600 de 2000, la investigación de las conductas estimadas anteriormente como contravenciones penales especiales, en cuanto volvieron a ser delitos, pasó a la Fiscalía General de la Nación. El artículo transitorio establecido en las disposiciones finales del nuevo

Código de Procedimiento Penal señala: “Los jueces penales municipales continuarán conociendo de los procesos iniciados antes de la vigencia de esta ley por las conductas consideradas como contravenciones por la Ley 228 de 1995 y aplicarán el trámite allí previsto”. En aplicación del precepto citado, y como quiera que en las presentes diligencias no se ha iniciado formalmente la investigación a través de resolución de apertura, el trámite le corresponde a la Fiscalía Cuarenta y Ocho Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Medellín, en orden a lo dispuesto por el artículo 250 de la Constitución Nacional, que prevé como función de esta última, la investigación de los delitos y la acusación de los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. 4 República de Colombia

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Corte Suprema de Justicia El señor Fiscal acepta el conflicto negativo al considerar que como quiera que los hechos tuvieron ocurrencia antes de entrar a regir la nueva legislación penal y de procedimiento, las normas aplicables son las relativas al trámite contravencional, en virtud de los principios de favorabilidad, debido proceso y juez natural. En relación con tal planteamiento, es preciso aclarar que la regla general en materia de aplicación de la ley en el tiempo, es que esta rige hacia el futuro. Sin embargo, pueden darse dos situaciones especiales que constituyen excepciones al principio anterior: la retroactividad y la ultractividad. Respecto de esta última, la ley procesal determina taxativamente en qué casos una norma de este mismo carácter, a pesar de haber perdido su

vigencia, puede continuar aplicándose a fin de que haya un acoplamiento equilibrado de la legislación anterior con la que entra a regir, logrando de esta manera no entorpecer los trámites ya iniciados. El precepto anterior, consagrado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, es necesario y en cierta forma obligatorio en todos los tránsitos de una ley procesal a otra, de modo que el empalme de las legislaciones no se realice de una manera abrupta, quebrantando el orden y la lógica, que deben imperar en todas las actuaciones judiciales. En conclusión, resulta aceptable la negativa del Juzgado Dieciocho Penal Municipal de esa localidad para asumir el mencionado trámite, pues el 5 República de Colombia

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Corte Suprema de Justicia legislador es claro al advertir que éstos últimos continuarán conociendo de los diligenciamientos de que trata la Ley 228 de 1995, pero solamente en aquellos procesos que hubiesen sido iniciados antes de la vigencia de la nueva legislación, formalidad que, se reitera, debe entenderse con la expedición de la resolución que decreta la apertura de la investigación. Por lo manifestado precedentemente, estima la Corte que la atención del asunto que ahora ocupa a la Sala le corresponde a la Fiscalía y así habrá de declararse, por cuanto es el indiscutible órgano investigador de las conductas punibles, a cuya consideración ha sido sometida la que dio origen a estas diligencias. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena,

RESUELVE PRIMERO: DIRIMIR la colisión negativa de competencias planteada, en el sentido de atribuirle el conocimiento del asunto a la Fiscalía Cuarenta y Ocho Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Medellín.

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Corte Suprema de Justicia SEGUNDO: Copia de esta decisión se enviará al Juzgado Dieciocho Penal Municipal de la misma ciudad, para su información.

CUMPLASE

GERMAN G. VALDES SANCHEZ

Presidente

FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL MANUEL ARDILA VELASQUEZ

NICOLAS BECHARA SIMANCAS JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES

JORGE E. CORDOBA POVEDA FRANCISCO ESCOBAR HENRIQUEZ

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HERMAN GALAN CASTELLANOS CARLOS AUGUSTO GALVEZ ARGOTE

JORGE ANIBAL GOMEZ GALLEGO JOSE ROBERTO HERRERA VERGARA

CARLOS ISAAC NADER CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO

EDGAR LOMBANA TRUJILLO CARLOS E. MEJIA ESCOBAR

ALVARO ORLANDO PEREZ PINZON NILSON E. PINILLA PINILLA

JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ JORGE SANTOS BALLESTEROS

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LUIS GONZALO TORO CORREA SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO

ISAURA VARGAS DIAZ FERNANDO VASQUEZ BOTERO

BLANCA TRUJILLO DE SANJUAN

Secretaria 9