CSJ - SPL EXP048-2002

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PLENA

Magistrado Ponente:

CARLOS AUGUSTO GALVEZ ARGOTE

REF: Exp. N° 11-001-02-30-008-2002-0048

Aprobado Acta Nº 3 (21 – 02 – 02). Nº 70 Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dos (2002). Decide la Corte la colisión negativa de competencia surgida entre la Fiscalía Delegada ante el Juzgado Promiscuo Municipal de El Retiro (Antioquia) y el Juzgado Promiscuo del mismo municipio, dentro de las diligencias de carácter penal adelantadas en contra de FABIO ALCIDES

OSORIO OQUENDO.

I. ANTECEDENTES

1. Ante la Inspección Municipal de Policía y Tránsito de El Retiro

(Antioquia), fue puesto en conocimiento el accidente ocurrido el 22 de REF: Exp. N° 11-001-02-30-008-2002-0048 febrero de 2001 en la vía que de Medellín conduce a la Unión. Da cuenta el informe, que debido a la colisión se le causaron daños en la moto y lesiones personales a FABIO DE JESUS BAÑOL MOTATO, y a consecuencia de estas últimas se le dictaminó una incapacidad provisional de 10 días.

2. La Inspección Municipal de Policía y Tránsito de El Retiro, mediante proveído visible a folio 9, declaró abierta la investigación de conformidad con la Ley 228 de 1995 y ordenó la práctica de las pruebas necesarias tendientes a establecer si realmente se infringieron las normas del Código Nacional de Tránsito, y a lograr el

reconocimiento médico legal al señor BAÑOL MOTATO. Posteriormente, y luego de adelantar el trámite correspondiente, mediante Resolución 027 de 29 de marzo de 2001 (fls. 24 a 27), resolvió la situación contravencional de tránsito y ordenó enviar copia de todo lo actuado al Juzgado Promiscuo Municipal, “para que conozca de las lesiones personales que sufriera el señor Fabio de Jesús Bañol Motato”.

3. Este último, en providencia de 8 de agosto de 2001 (fl. 37), luego de haber dispuesto el envío de la incapacidad definitiva de la víctima e intentado la conciliación entre las partes, sin lograrlo, se declaró incompetente para continuar con el conocimiento del asunto, dado que de conformidad con el artículo transitorio de las disposiciones finales del Código de Procedimiento Penal, “en estas diligencias no se ha

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REF: Exp. N° 11-001-02-30-008-2002-0048 ordenado la APERTURA DEL PROCESO”, disponiendo en consecuencia, su envío por competencia a la Unidad Local de Fiscalía.

4. Asignadas a la Fiscalía Delegada ante el Juzgado Promiscuo Municipal de El Retiro, a través de resolución de 14 de agosto de 2001 (fls. 38 a 40), propuso conflicto negativo al considerar que debe hacerse una “interpretación sistemática” no sólo del artículo transitorio, sino además de las normas rectoras (Leyes 599 y 600 de 200) y del artículo 29 de la Constitución Política. En este orden de ideas, agrega, lo que el legislador busca es que los hechos ocurridos en vigencia de la Ley 228

de 1995 y que sean de aquellos conocidos como contravenciones hasta antes de entrar a regir la ley 600 de 2000, deben seguir el trámite y la competencia definidos previamente. Por lo anterior, es atribución de la Fiscalía conocer de las conductas delictivas que hubieren tenido ocurrencia después de la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal. Ordena en consecuencia, la devolución del asunto al Juzgado Promiscuo Municipal.

5. El despacho judicial referido precedentemente, con auto proferido el 27 de agosto siguiente (fl. 41), aceptó el conflicto planteado y afirmó que el artículo 535 del C.P.P., derogó todas las disposiciones que le sean contrarias, razón por la cual, si este dispone que las contravenciones no iniciadas antes del 24 de julio de 2001 corresponde a la Fiscalía, debe acatarse sin que ello signifique violación del artículo 29 constitucional ya que “las leyes preexistentes al acto que se imputa son las

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REF: Exp. N° 11-001-02-30-008-2002-0048 sustantivas y no las adjetivas o procedimentales”. Remite el expediente al Juez Penal del Circuito de la Ceja para que dirima la colisión propuesta, quien a su vez las envía a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Esta última, se abstuvo de resolverlo y las allegó a esta Corporación para que se surta el mencionado trámite.

II. CONSIDERACIONES De conformidad con lo prescrito por el artículo 17, numeral 3º de la Ley 270 de 1996 o Estatutaria de la Administración de Justicia, es función de la

Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la solución de los “conflictos de competencia en la Jurisdicción Ordinaria, que no correspondan a alguna de sus Salas o a otra autoridad judicial”. Esta disposición debe ser armonizada con el inciso 1º del artículo 18 ibídem, que le atribuye expresamente dicha competencia de manera residual, pues no existe norma expresa que asigne a otra autoridad la solución de los mismos, amén de que no hay superior jerárquico común a los colisionantes. Por otra parte, ha de señalarse que con la entrada en vigencia de las Leyes 599 y 600 de 2000, la investigación de las conductas estimadas anteriormente como contravenciones penales especiales, en cuanto volvieron a ser delitos, pasó a la Fiscalía General de la Nación. 4

REF: Exp. N° 11-001-02-30-008-2002-0048

El artículo transitorio establecido en las disposiciones finales del nuevo Código de Procedimiento Penal señala: “Los jueces penales municipales continuarán conociendo de los procesos iniciados antes de la vigencia de esta ley por las conductas consideradas como contravenciones por la Ley 228 de 1995 y aplicarán el trámite allí previsto”. En aplicación del precepto citado, y como quiera que las presentes diligencias no se han iniciado formalmente a través de resolución de apertura, el trámite de la investigación corresponde a la Fiscalía Delegada ante el Juzgado Promiscuo Municipal de El Retiro, en orden a lo dispuesto por el artículo 250 de la Constitución Nacional, que prevé como función de esta última, la investigación de los delitos y la acusación de los presuntos

infractores ante los juzgados y tribunales competentes. El señor Fiscal provoca el conflicto negativo al considerar que en virtud del principio de legalidad consagrado en el art. 29 de la Constitución Política, las normas aplicables son las que se encontraban vigentes a la fecha de comisión de la conducta, para el caso concreto, la Ley 228 de 1995. En relación con tal planteamiento es preciso aclarar que la regla general en materia de aplicación de la ley en el tiempo, es que esta rige hacia el futuro. Sin embargo, pueden darse dos situaciones especiales que constituyen excepciones al principio anterior. Son ellas, la retroactividad y la ultractividad. 5

REF: Exp. N° 11-001-02-30-008-2002-0048

Respecto de esta última, la ley procesal determina taxativamente en qué casos, una norma de este mismo carácter, a pesar de haber perdido su vigencia, puede continuar aplicándose a fin de que haya un acoplamiento equilibrado de la legislación anterior con la que entra a regir, logrando de esta manera no entorpecer los trámites ya iniciados. El precepto anterior, consagrado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, es necesario y en cierta forma obligatorio en todos los tránsitos de una ley procesal a otra, de modo que el empalme de las legislaciones no se realice de una manera abrupta, quebrantando el orden y la lógica, que deben imperar en todas las actuaciones judiciales. En conclusión, resulta aceptable la negativa del Juzgado Promiscuo Municipal de esa localidad para asumir el mencionado trámite, pues el

legislador es claro al advertir que éstos últimos continuarán conociendo de los diligenciamientos de que trata la Ley 228 de 1995, pero solamente en aquellos procesos que hubiesen sido iniciados antes de la vigencia de la nueva legislación, formalidad que, se reitera, debe entenderse con la expedición de la resolución que decreta la apertura de la investigación. Por lo manifestado precedentemente, estima la Corte que la atención del asunto que ahora ocupa a la Sala le corresponde a la Fiscalía y así habrá de declararse, por cuanto que es el indiscutible órgano investigador de las 6

REF: Exp. N° 11-001-02-30-008-2002-0048 conductas punibles, a cuya consideración ha sido sometida la que dio origen a estas diligencias.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, RESUELVE Primero: DIRIMIR la colisión negativa de competencia planteada, en el sentido de atribuirle el conocimiento del asunto de autos a la Fiscalía Delegada ante el Jugado Promiscuo Municipal de El Retiro (Antioquia).

Segundo: Copia de esta decisión se enviará al Juzgado Promiscuo de la misma localidad, para su información.

CUMPLASE

GERMAN G. VALDES SANCHEZ

Presidente 7

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FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL MANUEL ARDILA VELASQUEZ

NICOLAS BECHARA SIMANCAS JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES

JORGE E. CORDOBA POVEDA FRANCISCO ESCOBAR HENRIQUEZ

HERMAN GALAN CASTELLANOS CARLOS AUGUSTO GALVEZ ARGOTE

JORGE ANIBAL GOMEZ GALLEGO JOSE ROBERTO HERRERA VERGARA

CARLOS ISAAC NADER CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO

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EDGAR LOMBANA TRUJILLO CARLOS E. MEJIA ESCOBAR

ALVARO ORLANDO PEREZ PINZON NILSON E. PINILLA PINILLA

JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ JORGE SANTOS BALLESTEROS

LUIS GONZALO TORO CORREA SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO

ISAURA VARGAS DIAZ FERNANDO VASQUEZ BOTERO

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BLANCA TRUJILLO DE SANJUAN

Secretaria 10