CSJ - SPL EXP237-2002

República de Colombia Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PLENA

Magistrado Ponente:

ISAURA VARGAS DIAZ

REF: Exp. N° 11-001-02-30-022-2002-0237

Aprobado Acta Nº 12 (23 – 05 – 02). Nº 263. Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil dos (2002). Decide la Corte sobre la colisión negativa de competencia surgida entre la Fiscalía Once Delegada ante los Juzgados Penales Municipales y el Juzgado Tercero Penal Municipal, ambos de Cúcuta, dentro de las diligencias de carácter penal adelantadas en contra de ANDELFO PEREZ.

I. ANTECEDENTES 1.- ALBA ROSA RAMIREZ JAIMES denunció penalmente a su esposo por los hechos ocurridos el 6 de octubre de 2000, cuando este último la agredió físicamente causándole lesiones personales por las que el Instituto de Medicina Legal le dictaminó una incapacidad provisional de 15 días.

República de Colombia Ref.- Exp. No. 11-001-02-30-022-2002-0237 Corte Suprema de Justicia 2.- Inicialmente, el asunto fue repartido al Juzgado Tercero Penal Municipal de Cúcuta, el cual encuadró la conducta como un delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONSTITUTIVO DE LESIONES PERSONALES, cuya competencia estaba atribuida a las Fiscalías Seccionales, a las cuales ordenó remitirlo. 3.- Con base en la querella formulada, la Jefatura Unidad Vida, URI y UNASE

de la Fiscalía General de la Nación, mediante resolución del 7 de noviembre de 2000 (fl. 6) y de conformidad con lo establecido en el artículo 334 del C.P.P., ordenó la “APERTURA DE INSTRUCCIÓN” en contra del inculpado por el presunto delito de “MALTRATO CONSTITUTIVO DE LESIONES PERSONALES” y la práctica de algunas pruebas. Posteriormente, el 22 de agosto de 2001 (fl. 8), remitió el asunto a la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales Municipales de Cúcuta, pues consideró que al entrar en vigencia el nuevo Código Penal “desapareció el tipo penal de “MALTRATO CONSTITUTIVO DE LESIONES PERSONALES” y por ello la conducta se encuadraba en el punible de LESIONES PERSONALES con la circunstancia de agravación prevista en el artículo 104, numeral 1º de este último. 4.- Asignado el asunto a la Fiscalía Once Local, se apartó de los anteriores planteamientos y manifestó que si bien era cierto en la nueva legislación penal había desaparecido el llamado maltrato constitutivo de lesiones personales, también lo era que como los hechos ocurrieron antes del 24 de julio de 2001, en virtud del principio de favorabilidad consagrado en el 2 República de Colombia Ref.- Exp. No. 11-001-02-30-022-2002-0237 Corte Suprema de Justicia artículo 6º del Nuevo Código Penal, la normatividad aplicable era la contenida en el artículo 23 de la Ley 294 de 1996 (fls. 10 y 11). Agregó sin embargo, que por haber sido derogado dicho precepto y a fin de que

el ilícito no quedara impune, se hacía obligatorio tramitarlo como una contravención especial de LESIONES PERSONALES DOLOSAS, con observancia de las Leyes 23 de 1991 y 228 de 1995, según las cuales, la sanción resultaría más conveniente para el sindicado. Por lo anterior, dispuso el envío de las diligencias a los Jueces Penales Municipales, proponiendo conflicto negativo de competencia. 5.- Repartidas al Juez Tercero Penal Municipal, tampoco aceptó la competencia atribuida porque consideró que en el caso sometido a estudio no se decretó la apertura conforme a la Ley 228 de 1995, es decir como proceso contravencional, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo transitorio del nuevo Código de Procedimiento Penal, le correspondía su conocimiento a las Fiscalías Locales (fls. 13 y 14). Suscitada de esta manera la controversia, ordenó remitir el asunto a los Jueces Penales del Circuito, correspondiéndole al Tercero, que a su vez lo hizo llegar a esta Corporación para los fines pertinentes.

II. CONSIDERACIONES De conformidad con lo prescrito por el artículo 17, numeral 3º de la Ley 270 de 1996 o Estatutaria de la Administración de Justicia, es función de la Sala

3 República de Colombia Ref.- Exp. No. 11-001-02-30-022-2002-0237 Corte Suprema de Justicia Plena de la Corte Suprema de Justicia la solución de los “conflictos de competencia en la Jurisdicción Ordinaria, que no correspondan a alguna de sus Salas o a otra autoridad judicial”. Esta disposición debe ser armonizada

con el inciso 1º del artículo 18 ibídem, que le atribuye expresamente dicha competencia de manera residual, pues, no existe norma expresa que asigne a otra autoridad la solución de los mismos, amén de que no hay superior jerárquico común a los colisionantes. La regla general, en materia de aplicación de la ley en el tiempo, consiste en que ésta se dicta para que rija hacia el futuro. Sin embargo, pueden darse dos situaciones especiales que constituyen excepciones al principio anterior. Son ellas, la retroactividad y la ultractividad. Respecto de esta última, la ley procesal determina taxativamente en qué casos, una norma de este mismo carácter, a pesar de haber perdido su vigencia, puede continuar aplicándose a fin de que haya un acoplamiento equilibrado de la legislación anterior con la que entra a regir, logrando de esta manera no entorpecer los trámites ya iniciados. El precepto anterior, consagrado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, es necesario y en cierta forma obligatorio en todos los tránsitos de una ley procesal a otra, de modo que el empalme de las legislaciones no se realice de una manera abrupta, quebrantando el orden y la lógica, que deben imperar en todas las actuaciones judiciales. 4 República de Colombia Ref.- Exp. No. 11-001-02-30-022-2002-0237 Corte Suprema de Justicia En cumplimiento de lo precedentemente expuesto, la Ley 600 de 2000, en sus disposiciones finales incluyó un artículo transitorio, que al efecto señala: “Los jueces penales municipales continuarán conociendo de los

procesos iniciados antes de la vigencia de esta ley por las conductas consideradas como contravenciones por la Ley 228 de 1995 y aplicarán el trámite allí previsto”. El entendimiento de esta norma es el de que los hechos punibles cuyo procesamiento se hubiese iniciado por los Jueces Penales Municipales, bajo la vigencia de la Ley 228 de 1995, por ser considerados como contravenciones, continuarán con el trámite allí previsto, es decir, que lo que quiso el legislador para evitar traumas fue darle efecto ultractivo a la citada Ley 228, al haberse iniciado el proceso conforme a ella. Contrario sensu, si al entrar en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Penal no se había iniciado proceso, o se había iniciado, pero no por el trámite previsto en la Ley 228 de 1995, ni por el Juez Penal Municipal, no tiene por qué aplicarse este último, sino que, al ser el hecho delito, deberá ser investigado por la Fiscalía, conforme a los principios generales. En este orden de ideas, en el caso sub júdice claramente se observa que el proceso no solamente se inició por el delito de “maltrato constitutivo de lesiones personales”, sino que tal apertura se produjo por parte de la Jefatura Unidad VIDA, URI y UNASE de la Fiscalía General de la Nación (fl. 6), circunstancia que permite concluir que tal diligenciamiento no se adecúa a la 5 República de Colombia Ref.- Exp. No. 11-001-02-30-022-2002-0237 Corte Suprema de Justicia norma transitoria transcrita anteriormente y por ello la competencia debe asignársele a la Fiscalía 11 Delegada ante los Jueces Penales Municipales de

Cúcuta. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, RESUELVE Primero: DIRIMIR la colisión negativa de competencia planteada, en el sentido de atribuirle el conocimiento del asunto a la Fiscalía Once Local de Cúcuta.

Segundo: Copia de esta decisión se remitirá al Juzgado Tercero Penal Municipal de la misma localidad, para su información.

Cópiese y cúmplase.

GERMAN G. VALDES SANCHEZ

Presidente

FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL MANUEL ARDILA VELASQUEZ

6 República de Colombia Ref.- Exp. No. 11-001-02-30-022-2002-0237 Corte Suprema de Justicia

NICOLAS BECHARA SIMANCAS JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES

JORGE E. CORDOBA POVEDA FRANCISCO ESCOBAR HENRIQUEZ

HERMAN GALAN CASTELLANOS CARLOS AUGUSTO GALVEZ ARGOTE

JORGE ANIBAL GOMEZ GALLEGO JOSE ROBERTO HERRERA VERGARA

CARLOS ISAAC NADER CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO

EDGAR LOMBANA TRUJILLO CARLOS E. MEJIA ESCOBAR

7 República de Colombia Ref.- Exp. No. 11-001-02-30-022-2002-0237 Corte Suprema de Justicia

ALVARO ORLANDO PEREZ PINZON NILSON E. PINILLA PINILLA

JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ JORGE SANTOS BALLESTEROS

LUIS GONZALO TORO CORREA SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO

ISAURA VARGAS DIAZ FERNANDO VASQUEZ BOTERO

BLANCA TRUJILLO DE SANJUAN

Secretaria 8