CSJ - SPL EXP298-2002

República de Colombia Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PLENA

Magistrado Ponente:

LUIS GONZALO TORO CORREA

REF: Exp. N° 11-001-02-30-019-2002-0298

Aprobado Acta Nº 12 – (23 – 05 – 02). Nº 304. Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil dos (2002). Resuelve la Corte sobre la colisión negativa de competencia suscitada entre el Juzgado Segundo Penal Municipal de Villavicencio y la Fiscalía Primera Delegada ante los Jueces Penales Municipales de la misma ciudad, dentro de las diligencias de carácter penal adelantadas en contra de

ODILIA PARRA QUIROGA.

I. ANTECEDENTES

1. Ante la Central Permanente de Policía de Villavicencio, YANETH GALEANO PARRA denunció penalmente a su tía ODILIA PARRA QUIROGA, pues según indicó, esta última la agredió verbal y

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Corte Suprema de Justicia físicamente en hechos ocurridos el 12 de julio de 2001, causándole lesiones personales debido a las cuales el Instituto de Medicina Legal le dictaminó 8 días de incapacidad provisional.

2. El asunto se sometió a reparto correspondiéndole al Juzgado Segundo Penal Municipal, el cual avocó su conocimiento y dispuso el adelantamiento de algunas diligencias con la colaboración del CTI, tendientes a lograr la individualización e identificación del presunto

autor del hecho. Luego de adelantar dicho trámite, el 21 de agosto de 2001 (fl. 10), dictó “resolución de apertura de la instrucción” con la consecuente práctica de pruebas y, posteriormente, el 18 de diciembre de 2001 (fl. 18), declaró su incompetencia para continuar con el conocimiento de las diligencias, argumentando que a la fecha en que entró en vigencia la Ley 600 de 2000, no se había proferido la apertura de la investigación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo transitorio de las disposiciones finales de la referida normatividad y por lo mismo, la competencia radicaba en las Fiscalías Locales, a donde ordenó remitir el asunto proponiendo conflicto negativo.

3. Asignado a la Fiscalía Primera Delegada ante los Jueces Penales Municipales, luego de asumir el conocimiento y proferir auto de apertura de investigación, a través de resolución de 11 de marzo del presente año (fls. 23 a 27), aceptó la colisión propuesta y manifestó no

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Corte Suprema de Justicia estar de acuerdo con los argumentos del juez porque en su opinión, el auto de apertura de investigación contravencional “surge desde la misma denuncia, la captura en flagrancia, la ampliación de denuncia o la misión de trabajo ordenada a cualquiera de los organismos investigativos de nuestro país”. Agregó además que teniendo en cuenta la fecha en que tuvieron ocurrencia los hechos, la normatividad aplicable, en virtud de principios fundamentales como el de favorabilidad, debido proceso y legalidad, es la contenida en la Ley 228

de 1995. En consecuencia, aceptó la colisión propuesta y dispuso su envió a esta Corporación para su resolución.

II. CONSIDERACIONES De conformidad con lo prescrito por el artículo 17, numeral 3º de la Ley 270 de 1996 o Estatutaria de la Administración de Justicia, es función de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la solución de los “conflictos de competencia en la Jurisdicción Ordinaria, que no correspondan a alguna de sus Salas o a otra autoridad judicial”. Esta disposición debe ser armonizada con el inciso 1º del artículo 18 ibídem, que le atribuye expresamente dicha competencia de manera residual, pues no existe norma expresa que asigne a otra autoridad la solución de los mismos, amén de que no hay superior jerárquico común a los colisionantes.

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Corte Suprema de Justicia Por otra parte, ha de señalarse que con la entrada en vigencia de las Leyes 599 y 600 de 2000, la investigación de las conductas estimadas anteriormente como contravenciones penales especiales, en cuanto volvieron a ser delitos, pasó a la Fiscalía General de la Nación. El artículo transitorio establecido en las disposiciones finales del nuevo Código de Procedimiento Penal señala: “Los jueces penales municipales continuarán conociendo de los procesos iniciados antes de la vigencia de esta ley por las conductas consideradas como contravenciones por la Ley 228 de 1995 y aplicarán el trámite allí previsto”. En aplicación del precepto citado, y como quiera que la investigación si

bien ya se inició formalmente, tal actuación se surtió con posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva legislación Penal y de Procedimiento Penal, razón por la cual su trámite corresponde continuar adelantándolo a la Fiscalía Primera Local de Villavicencio. Ello, atendiendo además lo dispuesto por el artículo 250 de la Constitución Política, que prevé como función de la Fiscalía la investigación de los delitos y la acusación de los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Dicha Fiscalía aceptó el conflicto negativo al considerar que en virtud del principio de favorabilidad, las normas aplicables son las que se 4 República de Colombia

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Corte Suprema de Justicia encontraban vigentes a la fecha de comisión de la conducta, para el caso concreto, la Ley 228 de 1995. En relación con tal planteamiento es preciso aclarar que la regla general en materia de aplicación de la ley en el tiempo, es que esta rige hacia el futuro. Sin embargo, pueden darse dos situaciones especiales que constituyen excepciones al principio anterior. Son ellas, la retroactividad y la ultractividad. Respecto de esta última, la ley procesal determina taxativamente en qué casos, una norma de este mismo carácter, a pesar de haber perdido su vigencia, puede continuar aplicándose a fin de que haya un acoplamiento equilibrado de la legislación anterior con la que entra a regir, logrando de esta manera no entorpecer los trámites ya iniciados. El concepto anterior, consagrado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887,

es necesario y en cierta forma obligatorio en todos los tránsitos de una ley procesal a otra, de modo que el empalme de las legislaciones no se realice de una manera abrupta, quebrantando el orden y la lógica, que deben imperar en todas las actuaciones judiciales. En conclusión, resulta aceptable la negativa del Juez Segundo Penal Municipal de la misma ciudad para asumir el mencionado trámite, pues el legislador es claro al advertir que tales funcionarios judiciales deben continuar conociendo de los diligenciamientos de que trata la Ley 228 de 5 República de Colombia

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Corte Suprema de Justicia 1995, pero solamente en aquellos procesos que hubiesen sido iniciados antes de la vigencia de la nueva legislación, formalidad que, se reitera, debe entenderse con la expedición de la resolución que decreta la apertura de la investigación. Por lo manifestado precedentemente, estima la Corte que el conocimiento del asunto que ahora ocupa a la Sala le corresponde a la Fiscalía y así habrá de declararse, por cuanto que es el indiscutible órgano investigador de las conductas punibles, a cuya consideración ha sido sometida la que dio origen a estas diligencias, obviamente sin perjuicio de que al momento de proferirse sentencia, para efectos punitivos, aplique el principio de favorabilidad. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, RESUELVE Primero: DIRIMIR la colisión negativa de competencia planteada, en el sentido de atribuirle el conocimiento del asunto de autos a la Fiscalía Primera Local de Villavicencio.

Segundo: Copia de esta decisión se enviará al Juzgado Segundo Penal Municipal de la misma ciudad, para su información.

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CUMPLASE

GERMAN G. VALDES SANCHEZ

Presidente

FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL MANUEL ARDILA VELASQUEZ

NICOLAS BECHARA SIMANCAS JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES

JORGE E. CORDOBA POVEDA FRANCISCO ESCOBAR HENRIQUEZ

HERMAN GALAN CASTELLANOS CARLOS AUGUSTO GALVEZ ARGOTE

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Corte Suprema de Justicia

JORGE ANIBAL GOMEZ GALLEGO JOSE ROBERTO HERRERA VERGARA

CARLOS ISAAC NADER CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO

EDGAR LOMBANA TRUJILLO CARLOS E. MEJIA ESCOBAR

ALVARO ORLANDO PEREZ PINZON NILSON E. PINILLA PINILLA

JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ JORGE SANTOS BALLESTEROS

LUIS GONZALO TORO CORREA SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO

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ISAURA VARGAS DIAZ FERNANDO VASQUEZ BOTERO

BLANCA TRUJILLO DE SANJUAN

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