CSJ - SPL EXP524-1997

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PLENA

Magistrado Ponente:

Dr. NILSON PINILLA PINILLA

REF: Expediente Nº 524

Aprobado Acta Nº 31 Nº 486 Santafé de Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997).- La Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Antioquia, mediante providencia de 7 de noviembre del presente año, dispuso remitir a la Sala Plena de esta Corporación la actuación de carácter penal adelantada por denuncia de DIOGENES DAVID GRACIANO, por considerarla competente para resolver el conflicto suscitado entre la Fiscalía Veintinueve Seccional y el Juzgado Primero Penal Municipal, ambos de Apartadó (Antioquia), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17

Ref: Exp. Nº 524 numeral 3º de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de

Justicia).

ANTECEDENTES

1. El señor DIOGENES DAVID GRACIANO formuló denuncia de carácter penal, habiendo manifestado que en enero del presente año canceló la suma de $95.000,oo al Instituto de Educación no Formal “CONDUOSKAR” para que le sacaran el pase sin que hasta el momento hayan realizado dicho trámite. El dinero fue entregado a una señora de la cual desconoce el nombre pero de quien dio la descripción física.

2. La actuación correspondió al Juzgado Primero Penal Municipal de Apartadó que mediante auto de 1º de agosto del año que avanza (folio 5 vuelto), abrió proceso contravencional de conformidad con el trámite

previsto en la Ley 228 de 1995 y decretó la práctica de diligencias. Así se escuchó en declaración al doctor JOSE ANTONIO FRANCO RAMIREZ, quien manifestó ser secuestre de la empresa CONDUOSKAR por decisión del Juzgado Promiscuo de Familia de Medellín desde el 7 de noviembre de 1996, cargo que ha ejercido hasta el mes de julio de 1997. Agregó que las herederas del señor OSCAR LOPEZ se presentaron días 2

Ref: Exp. Nº 524 antes en Apartadó, con el fin de cerrar el Instituto de Conducción CONDUOSKAR y según ellas, finiquitar por medio de la venta de una camioneta, los asuntos pendientes con los clientes relativos a la tramitación de pases; así mismo, procedieron a liquidar a la secretaria GLADYS VEGA. Ante esto, llevó una practicante de mecanografía del SENA, quien sólo permaneció allí cinco días porque ante las respuestas de la señora GOMEZ -al parecer, una de las probables herederasalgunos clientes respondieron con agresividad y amenazas. Manifestó que estuvo enfermo durante tres días en los cuales la oficina no abrió, lo cual generó desconcierto y desconfianza entre las personas que tenían pendientes sus pases.

Señala también que el 24 de julio recibió un FAX donde las señoras LUZ DARY GOMEZ y LUZ ELENA le ordenaban entregar los bienes a un señor llamado JULIAN OSORIO, cosa que no hizo, pues la gran mayoría de los clientes habían denunciado ante la Fiscalía y los Juzgados Penales, además de que le pareció “inadecuado e inoportuno” dado que no se

trataba de una orden del Juzgado Promiscuo de Familia de Medellín. Por el contrario, abrió de nuevo la oficina y ha escuchado los planteamientos de los perjudicados entregando algunos pases y certificados que estaban listos y elaborando la lista de los que se encuentran pendientes. En la semana del 27 de Agosto envió al Juzgado Promiscuo de Familia de Medellín, el informe final de cuentas y solicitó autorización para proceder 3

Ref: Exp. Nº 524 a resolver la situación de los pases pendientes con parte de los bienes de la Escuela, pero aún no ha tenido respuesta.

3. Por auto de 4 de septiembre pasado, el Juzgado se separó del conocimiento de la actuación argumentando que dada la condición de secuestre que ostentaba el señor JOSE ANTONIO FRANCO RAMIREZ frente a la academia de conducción perteneciente a la masa herencial de OSCAR LOPEZ, él era quien debía figurar como sindicado y ser investigado por el delito de Peculado en cualquiera de sus modalidades.

En consecuencia, los competentes para adelantar la instrucción eran los Fiscales Seccionales a quienes remitió el expediente.

4. La Fiscalía Veintinueve de la Unidad Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Apartadó, mediante resolución de 19 de septiembre del año en curso, declinó a su turno la competencia al estimar que los hechos investigados correspondían a un ilícito contra el patrimonio económico, concretamente a una estafa y no al delito de peculado y mucho menos en cabeza del secuestre FRANCO RAMIREZ, pues para así predicarlo sería necesario inicialmente, “establecer la presunta

responsabilidad de los herederos del causante OSCAR LÓPEZ en la infracción penal aquí denunciada y luego, sí, con base en la prueba que demuestre la calidad de Auxiliar de la Justicia, en cabeza de JOSE ANTONIO, entrar a considerar su presunta responsabilidad por las 4

Ref: Exp. Nº 524 irregularidades en que pudo incurrir en el desempeño del cargo, aspectos de los que hasta la fecha ha hecho caso omiso el Despacho remitente de las diligencias”.

Por las razones anteriores, devolvió la actuación al Juzgado de origen, proponiendo colisión negativa de competencia.

5. El Juzgado Primero Penal Municipal, mediante proveído de 24 de octubre siguiente (folio 13), se mantuvo en su criterio y agregó que los herederos no tienen ningún poder de disposición sobre los bienes que conforman la masa herencial cuando está en proceso de disolución y liquidación, encontrándose en poder del Estado que confió su custodia a un auxiliar de la Justicia, quien así cumple en forma transitoria funciones públicas.

Por ello aceptó el conflicto, ordenando enviar las diligencias a la Unidad de Fiscales Delegados ante los Tribunales Superiores de Medellín y Antioquia, que por auto de 7 de noviembre de este año (folio 19), dispuso remitirlas a esta Corporación donde se procede a resolver previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

5

Ref: Exp. Nº 524

Conforme con lo previsto por el numeral 3º del artículo 17 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia le corresponde resolver el presente conflicto

suscitado entre el Juzgado Primero Penal Municipal y la Fiscalía Veintinueve Seccional, ambos de Apartadó (Antioquia). En ese orden, se advierte que el criterio del Juez Penal Municipal se identifica con el expresado por esta Corporación, en cuanto a que los auxiliares de la justicia, para el caso los secuestres, cuando ejercen su actividad como tales se convierten en servidores públicos y, en consecuencia, cualquier irregularidad cometida por éstos en lo que atañe al manejo de los bienes bajo su custodia, ubicable en un hecho punible, configura un posible atentado contra la administración pública y no simplemente contra el patrimonio económico. En auto de 24 de julio del presente año, en torno al tema analizado, se puntualizó esta Sala Plena: “De lo anterior se colige que el auxiliar de la justicia, en el desempeño de la actividad que le ha sido encomendada, constituye uno de los casos en donde el particular ejerce transitoriamente una función pública, lo cual lo convierte frente a esa labor en servidor público, según lo dispuesto por el artículo 63 del Código Penal, modificado por el 18 de la Ley 190 de 1995 y, por ende, en sujeto activo calificado para la comisión de delitos especiales propios, como el presuntamente vulnerante de la 6

Ref: Exp. Nº 524 administración pública que motivó la apertura de la investigación y que se escuchara en indagatoria a HUGO ALFREDO ESCOBAR CANTOR, cuya situación jurídica aparece sin resolver. “De otra parte, cabe recordar que el Consejo de Estado, al dilucidar

aspectos atinentes a la responsabilidad del Estado por actuaciones de auxiliares de la justicia, ha expresado: ‘Así las cosas, la actividad judicial de los auxiliares de la justicia, en detrimento de los deberes que la Constitución y las leyes les impone, bien puede llegar a comprometer, por acción u omisión, no solamente su responsabilidad personal y patrimonial de tales servidores públicos ocasionales, sino también la responsabilidad administrativa del Estado, en virtud de daños antijurídicos que le sean imputables frente a los litigantes y otros. (Sec. Tercera, sent. Nov. 8/91, exp. 6380, C.P. Daniel Suárez Hernández, resaltó la Corte). “Al encomendar el empleado que cumple con la función judicial, dentro de la cual aprehende los bienes, la custodia de éstos al secuestre, le está transfiriendo el control y cuidado que por su intermedio ha asumido el Estado, todo lo cual acaece en el desempeño de las respectivas funciones, ambas de naturaleza pública, permanentes y profesionales en el primer caso, transitorias pero con equiparables niveles de exigencia en el segundo, dentro de actuación precisamente catalogada como ‘secuestro judicial’ de acuerdo con lo previsto por el artículo 2276 del Código Civil. “Es por esto que la ley demanda idoneidad, probidad, excelente reputación e incuestionable imparcialidad de las personas que pueden ser llamadas a desempeñar este oficio público de auxiliar de la justicia, y el juicio de reproche que pueda derivarse de su eventual conducta desviada, las coloca bajo el tratamiento previsto para los servidores que 7

Ref: Exp. Nº 524

les confieren el encargo, esperándose de éstos acierto, responsabilidad y esmero cuando su desempeño funcional implique designar y controlar a tales auxiliares”. (Radicación exp. 135, M. P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla) No obstante lo dicho, considera la Corte que en el presente asunto no tienen aplicación las reflexiones precedentes, puesto que la escasa prueba recaudada no permite inferir, por el momento, que se está frente a la presunta comisión de un punible contra la Administración Pública en la modalidad de peculado. En efecto, aún cuando el secuestre JOSE ANTONIO FRANCO RAMIREZ manifestó que se desempeñó como tal frente al Instituto de Educación no Formal “CONDUOSKAR” entre el 7 de noviembre de 1996 y julio de 1997, y que el denunciante expuso que en enero del año en curso entregó a dicha empresa una suma de dinero para hacer trámite relacionado con su licencia de conducción, no puede en este instante establecerse si la cantidad dada realmente entró a hacer parte de la masa de bienes manejados por el auxiliar de la justicia y si éste le dio una destinación impropia. Puede apreciarse, además, que el promotor de la acción dijo que el dinero fue dado a una señora de quien desconoce el nombre. Por tanto, a juicio de la Corte, la competencia para conocer del asunto, por ahora, continuará radicada en el Juzgado Primero Penal Municipal de Apartadó (Antioquia), cuyo titular deberá adelantar la instrucción 8

Ref: Exp. Nº 524 investigando plenamente los hechos puestos en su conocimiento y la

identificación de sus autores, para lo cual deberá practicar las pruebas conducentes, sin perjuicio de que con posterioridad, eventualmente, resulte involucrado el auxiliar de la justicia y ello incida en la variación de la competencia. Así las cosas, al funcionario indicado se remitirá el expediente para que continúe con la investigación que le corresponde adelantar. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, RESUELVE 1º DIRIMIR la colisión de competencia planteada, en el sentido de atribuirle, el conocimiento para la instrucción de este asunto al Juzgado Primero Penal Municipal de Apartadó (Antioquia), a donde se remitirá el proceso, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia. 2º Copia de esta decisión se enviará a la Fiscalía Veintinueve de la Unidad Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Apartadó (Antioquia), para su información. 9

Ref: Exp. Nº 524

CUMPLASE

DIDIMO PAEZ VELANDIA

Presidente

FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL NICOLÁS BECHARA SIMANCAS

RICARDO CALVETE RANGEL JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES

JORGE CORDOBA POVEDA FRANCISCO ESCOBAR HENRIQUEZ

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Ref: Exp. Nº 524

CARLOS AUGUSTO GALVEZ ARGOTE JORGE ANIBAL GOMEZ GALLEGO

JOSE ROBERTO HERRERA VERGARA CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS

PEDRO LAFONT PIANETTA CARLOS E. MEJIA ESCOBAR

RAFAEL MENDEZ ARANGO JORGE IVAN PALACIO

PALACIO

NILSON E. PINILLA PINILLA JOSE FERNANDO RAMIREZ

GOMEZ 11

Ref: Exp. Nº 524

RAFAEL ROMERO SIERRA JORGE SANTOS BALLESTEROS

JUAN MANUEL TORRES FRESNEDA GERMAN G. VALDES SANCHEZ

FERNANDO VASQUEZ BOTERO RAMON ZUÑIGA VALVERDE

BLANCA TRUJILLO DE SANJUAN

Secretaria 12