CSJ - SPL1100102300002013-00070-00 (15-05-2013)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PLENA

Magistrado Ponente

JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ

REF: Exp. N° 11-001-02-30-000-2013-00070-00

Acta No. 12 No. 05 Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos m il trece (2013).- La Corte resuelve el i m p e d i m e n to presentado por el doctor Eduardo Montealegre Lynett, Fiscal General de la Nación, para conocer de la indagación identificada c on el radicado 865686107570200880264, así como de las investigaciones relacionadas con la misma.

ANTECEDENTES

1. Según manifiesta el Señor Fiscal General, la indagación referida a n t e r i o r m e n te tiene su origen en la denominada Operación Fénix realizada p or la Fuerzas Armadas de Colombia el día 1o de marzo de 2008, en la cual se dio de baja Exp. N° 11-001-02-30-000-2013-00070-00 al líder guerrillero Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, así como a otros integrantes de las Farc.

2. La investigación f ue asignada al Fiscal Único Delegado Especializado de Puerto Asís (Putumayo), posteriormente remitida a la Unidad Nacional contra el Terrorismo, correspondiéndole a la Fiscalía 20 Especializada UNAT, cuyo titular, el día 23 de marzo del presente año compulsó copias de esa actuación al despacho d el Fiscal General, para q ue se investigue la existencia de conductas punibles realizadas en el marco de esa Operación por personas que pueden gozar de fuero

constitucional; ello por cuanto: "...es indispensable entrar a evaluar si junto a los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO y REBELIÓN atribuidles a miembros de las FARC, correlativamente se agotaron conductas imputables a agentes del Estado Colombiano quienes por acción u omisión pudieron infringir la Ley penal o estatutos disciplinarios, y atendiendo que las decisiones adoptadas para adelantar el operativo militar fueron del más alto nivel; como se constató para esa época, en los medios de comunicación; esto es, el alto gobierno y la cúpula militar".

3. Frente a estas diligencias el doctor Montealegre Lynett se declara impedido para conocer, invocando para el efecto la causal prevista en el n u m e r al 4o del artículo 56 de la Ley 906 de 2004.

2 Exp. N° 11 -001 -02-30-000-2013-00070-00 Tal manifestación, asegura el doctor Montealegre Lynett "...tiene como fundamento el haber comprometido mi criterio jurídico con anterioridad a mi designación como Fiscal General, con respecto a los hechos objeto de la indagación remitida a mi Despacho, al haber asesorado al Ministerio de Relaciones Exteriores - Cancillería de Colombia en la elaboración de la estrategia de defensa de los intereses de nuestro país ante instancias internacionales, como consecuencia de las posibles acciones legales que se desprenderían de la llamada operación Fénix". Finalmente aclaró que en el ejercicio de sus funciones se guía por el estricto c u m p l i m i e n to de la Constitución y la Ley, sin embargo, en desarrollo d el artículo 115 ibídem, hace la

manifestación en aras de evitar alguna duda sobre la objetividad, ecuanimidad e imparcialidad q ue se exige de cualquier funcionario judicial. CONSIDERACIONES Es c o m p e t e n te la Corte para resolver de plano sobre el i m p e d i m e n to manifestado p or el doctor Eduardo Montealegre Lynett, en su calidad de Fiscal General de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 906 de 2004. Exp. N° 11-001-02-30-000-2013-00070-00 Debe recordarse inicialmente q ue el instituto de los impedimentos y las recusaciones tiene como finalidad, así lo ha sostenido insistentemente la jurisprudencia, preservar al máximo la independencia, imparcialidad y transparencia en la administración de justicia, propiciando la remoción d el funcionario judicial del conocimiento de un específico asunto cuando pueda verse empañada su serenidad que es garantía de la obtención de estos ideales, sin duda armonizados c on la vigencia de un orden justo, al cual debe orientarse el Estado en desarrollo d el mandato contenido en el artículo 1o de la Constitución Política. La causal de i m p e d i m e n to q ue invoca el doctor Montealegre Lynett, es la que prevé el n u m e r al 4o, artículo 99 del Código de Procedimiento Penal, c o n c r e t a m e n te por "haber dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso". Frente a esta última, la jurisprudencia de la Corporación ha sostenido que para que constituya m o t i vo de

separación del conocimiento del respectivo asunto, los hechos deben corresponder a lo ocurrido en el interior d el mismo proceso en q ue se manifiesta la causal q ue dispensa de conocer, esto es, q ue el funcionario judicial haya e m i t i do opinión o consejo en el asunto q ue luego llega a su conocimiento, perspectiva desde la cual, no cabe duda, el análisis que ha de realizarse para d e t e r m i n ar la concurrencia del i m p e d i m e n to es p u r a m e n te objetivo, en tanto se contrae a verificar la concurrencia de dicha calidad o la intervención Exp. N° 11 -001-02-30-000-2013-00070-00 anterior a través de consejo u opinión, sin q ue i m p o r te su sentido. En el caso bajo examen, el funcionario manifiesta q ue emitió concepto, en ejercicio de deberes propios del ejercicio de su profesión de abogado, atinente a "... haber asesorado al Ministerio de Relaciones Exteriores - Cancillería de Colombia en la elaboración de la estrategia de defensa de los intereses de nuestro país ante instancias internacionales, como consecuencia de las posibles acciones legales que se desprenderían de la llamada operación Fénix". Tal explicación, c on f u n d a m e n to en las directrices señaladas precedentemente, resulta suficiente para aceptar el impedimento, pues si en el ejercicio de la profesión de abogado, el doctor Montealegre Lynett emitió su opinión profesional en relación con el asunto del que ahora debe conocer en calidad de Fiscal General, es natural entender que comprometió su criterio,

afectando con ello la imparcialidad que debe regir su actuación como funcionario judicial. Así las cosas, el i m p e d i m e n to invocado se declarará fundado y, en consecuencia se dispondrá que el expediente pase a conocimiento d el Señor Vicefiscal General de la Nación, a quien corresponde continuar con el impulso de la actuación de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del art. 58 ibídem. l&idaéa Exp. N° 11-001-02-30-000-2013-00070-00 En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena, RESUELVE 1. -ACEPTAR el i m p e d i m e n to manifestado p or el doctor Eduardo Montealegre Lynett, Fiscal General de la Nación. 2. -REMITIR de inmediato la actuación al señor Vicefiscal General de la Nación, a f in de q ue continúe el trámite respectivo. Contra esta determinación no procede recurso alguno. Comuniqúese y cúmplase.- 6

JOSE LUIS BARC CHO JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ

JOSE LEONIDáTBÜSTOS MARTINEZ MARGARITA CABELLO BLANCO

FERNANDO ALBERTO GASIRQ.CABALLERO /ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO ' FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ

7

LUIS^QABRH DAJ3UELVAS CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE

LUIS Gj/lLLERMáSALAZAR OTERO ARICt SAUA/AR RAMIREZ

/Ja^ IT

ARTURO SOLARTE RODRIGUEZ / JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ

MARÍA CRISTINA DUQUE GÓMEZ

Secretaria General 8 Exp. 11-001-02-30-000-201300070-00 SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO T al c o mo lo e x p u se en ocasión a n t e r i o r1, p r o c e do en e s ta o p o r t u n i d ad a m a n i f e s t ar las r a z o n es p or las cuales he salvado p a r c i a l m e n te mi v o to frente a la decisión a d o p t a da respecto de la declaración i m p e d i t i va d e c l a r a da p or el Fiscal G e n e r al de la Nación p a ra c o n o c er de investigaciones r e l a c i o n a d as c on la Operación Fénix r e a l i z a da p or l as F u e r z as A r m a d as de C o l o m b i a, en c u yo m a r co se d io de b a ja a Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, así c o mo a o t r os i n t e g r a n t es de las F a r c. E s t oy de a c u e r do c on la decisión m a y o r i t a r ia en c u a n to se refiere a aceptar el i m p e d i m e n to m a n i f e s t a do p or el señor F i s c al G e n e r a l, no así c on la o r d en de r e m i t ir la actuación al Vicefiscal G e n e r al de c o n f o r m i d ad c on lo

establecido en el artículo 58 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4, p or las s i g u i e n t es r a z o n e s: La d e c l a r a t o r ia de i m p e d i m e n to c o r r e s p o n de a un m e c a n i s mo o r i e n t a do a a s e g u r ar la i m p a r c i a l i d ad e i n d e p e n d e n c ia de la administración de j u s t i c i a, a f in de g a r a n t i z ar q ue q u i en decide lo h a ga libre t o da clase de prejuicios, l i m i t a c i o n es o sujeciones diversas a la ley. La administración de j u s t i c ia d e be d e s c a n s ar s i e m p re sobre d os p r i n c i p i os básicos y esenciales: la i n d e p e n d e n c ia 1 Salvamento parcial al auto de Sala Plena del 24 de noviembre de 2011. Exp. 11-001-02-30-000-201300070-00 y la i m p a r c i a l i d a d, p u es sólo de e sa f o r ma podrá c u m p l ir a c a b a l i d ad la misión e s t a t al de i m p a r t ir s o l u c i o n es a l os diversos conflictos q ue se s u s c i t en e n t re p a r t i c u l a r e s, o e n t re éstos y el E s t a d o.

La i n d e p e n d e n c ia h a ce alusión a q ue l os f u n c i o n a r i os e n c a r g a d os de a d m i n i s t r ar j u s t i c ia no se v e an s o m e t i d os a presiones; de ahí q ue el artículo 5o de la L ey 2 70 de 1 9 9 6, E s t a t u t a r ia de la Administración de J u s t i c i a, establezca q ue "Ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias". P or su p a r t e, la i m p a r c i a l i d ad tiene f u n d a m e n to en el derecho de i g u a l d ad de t o d as l as p e r s o n as a n te la l ey (artículo 13 de la Constitución), garantía de la c u al d e b en gozar t o d os l os c i u d a d a n os frente a q u i en a d m i n i s t ra j u s t i c i a. Se t r a ta de un a s u n to no sólo de índole m o r al y ética, en el q ue la h o n e s t i d ad y la h o n o r a b i l i d ad del j u ez s on p r e s u p u e s t os necesarios p a ra q ue la s o c i e d ad confíe en los e n c a r g a d os de definir la r e s p o n s a b i l i d ad de las p e r s o n as

y la vigencia de s us derechos, s i no también de r e s p o n s a b i l i d ad j u d i c i a l. El logro de estos c o m e t i d os r e q u i e re f u n c i o n a r i os j u d i c i a l es c o m p r o m e t i d os en l os ideales y el v a l or de la j u s t i c i a, s in q ue p a ra ello baste el s i m p le c o n o c i m i e n to de la ley y de los p r o c e d i m i e n t o s, p u es r e s u l ta i n d i s p e n s a b le d e m o s t r ar en t o d as l as a c t u a c i o n es Exp. 11-001-02-30-000-201300070-00 j u d i c i a l es l os valores de la r e c t i t u d, la h o n e s t i d ad y la m o r a l i d a d2. Lo a n t e r i or e n c u e n t ra f u n d a m e n to n o r m a t i vo c o n s t i t u c i o n al en l os artículos 2 28 y 2 30 de la C a r ta Política, p u es en v i r t ud d el p r i m e r o, "La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes" ( s u b r a y as f u e ra de texto), y de a c u e r do al s e g u n d o, l os f u n c i o n a r i os judiciales, "en sus providencias,

sólo están sometidos al imperio de la leu" ( s u b r a y as f u e ra de texto), d o n de el término "ley" a l u de en p r i m er l u g ar a la Constitución Política. Tratándose de la declaratoria de i m p e d i m e n to p or p a r te d el F i s c al G e n e r al de la Nación, el artículo 58 de la Ley 9 06 de 2 0 04 d i s p o n e, de m a n e ra i g u al a c o mo lo establece el artículo 1 02 de la Ley 6 00 de 2 0 0 0, lo siguiente: "Impedimento del Fiscal General de la Nación. Si el Fiscal General de la Nación se declarare impedido o no aceptare la recusación, enviará la actuación a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, para que resuelva de plano. "Si prosperare el impedimento o la recusación, continuará conociendo de la actuación el Vicefiscal General de la Nación" ( s u b r a y as f u e ra de texto). 2 Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia No. C-540 del 24 de noviembre de 1993. Exp. 11-001-02-30-000-201300070-00 D e n t ro de l as f u n c i o n es establecidas en el artículo 23 de la L ey 9 38 de 2 0 0 4, E s t a t u to Orgánico de la Fiscalía, el Vicefiscal r e e m p l a za al Fiscal G e n e r al en caso de

" impedimento procese > i'. A h o r a, en C o l o m b ia se h an d i s p u e s to dos m e c a n i s m os de verificación a c e r ca de la c o n s t i t u c i o n a l i d ad de l os p r e c e p t os legales; s on ellos, el c o n t r ol c o n c e n t r a do q ue ejerce la C o r te C o n s t i t u c i o n al c on ocasión de las d e m a n d as públicas de i n e x e q u i b i l i d ad c on efectos erga omnes, y el c o n t r ol d i f u so ejercido, e n t re otros, p or l os f u n c i o n a r i os judiciales, al decidir c on efectos inter partes i n a p l i c ar l as n o r m as p a ra d ar prelación a l as disposiciones c o n s t i t u c i o n a l e s, c u a n do a d v i e r t an c o n t r a r i e d ad e n t re la ley y la C a r ta Política, según lo establece el artículo 4o de esta. El artículo 2 29 de la N o r ma S u p e r i or dispone: "Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado", esto e s, el derecho f u n d a m e n t al de acceso a la administración de j u s t i c i a. De c o n f o r m i d ad c on el artículo 11.2 de la L ey 9 38 de

2 0 0 4, E s t a t u to Orgánico de la Fiscalía, corresponde al Fiscal G e n e r al de la Nación n o m b r ar al Vicefiscal G e n e r a l, c on el c u a l, d e s de luego y s in d u da a l g u n a, m a n t i e ne u na relación de jerarquía y s u p e r i o r i d a d. Se t r a ta de un f u n c i o n a r io q ue tiene un vínculo de d e p e n d e n c ia y sujeción c on aquél, lo c u al no p u e de s er sinónimo de autonomía y ^^üi^&aaé <fée&n¿¡ 5 Exp. 11-001-02-30-000-2013-00070-00 t r a n s p a r e n c i a, en d e t r i m e n to de la administración de j u s t i c ia y, d e s de luego, de los diferentes i n t e r v i n i e n t es en el p r o c e so p e n a l. Así las cosas, advierto que c u a n do el F i s c al G e n e r al de la Nación f o r m u la u na declaración i m p e d i t i va c a p az de a l t e r ar su l i b e r t ad e i m p a r c i a l i d ad respecto de un a s u n to concreto, la solución q ue b r i n da el legislador, en el sentido de d i s p o n er q ue el Vicefiscal G e n e r al a s u ma el c o n o c i m i e n to

del a s u n t o, no se aviene c on l as exigencias p r o p i as d el p r i n c i p io de i n d e p e n d e n c ia j u d i c i al reglado en l os artículos 2 28 y 2 30 de la C a r ta Política, y de c o n t e r a, r e s u l ta afectando el derecho f u n d a m e n t al de acceso a la administración de j u s t i c ia (artículo 2 29 ídem) de q u i e n es i n t e r v i e n en en el d i l i g e n c i a m i e n to p e n a l. La razón de t al es aserto no es o t ra que, d a da la relación de d e p e n d e n c ia jerárquica q ue el Vicefiscal tiene respecto d el F i s c al G e n e r a l, no p u e de c o n t ar c on la autonomía e i n d e p e n d e n c ia suficientes p a ra a d o p t ar d e t e r m i n a c i o n es r e a l m e n te i m p a r c i a l es e i n d e p e n d i e n t e s. P or t al m o t i vo no se g a r a n t i za la i m p a r c i a l i d ad d e s e a da c u a n do un f u n c i o n a r io a q u i en c o r r e s p o n de el c o n o c i m i e n to de un a s u n to lo delega en o t ro respecto de q u i en tiene relación de s u p e r i o r i d ad jerárquica o

dependencia, en la m e d i da en q ue intrínseca o extrínsecamente p u e de influir en su decisión. §£?i€i¿!&aá ^téZ&ná 6 Exp. 11-001-02-30-000-2013-00070-00 Y no n e c e s a r i a m e n te p o r q ue en un m o m e n to d a do el f u n c i o n a r io i m p e d i do p u e da i m p o n er un criterio de decisión, s i no p o r q ue cabe la p o s i b i l i d ad de q ue el i n f e r i or jerárquico o d e p e n d i e n te a s i g n a do p or la ley p a ra c o n t i n u ar c on el trámite también p u e da llegar a e n c a u z ar la actuación o t o m ar d e t e r m i n a c i o n es q ue se a j u s t en a su línea de p e n s a m i e n t o, a n te lo c u al el i n s t i t u to de los i m p e d i m e n t os y r e c u s a c i o n es pierde t o da efectividad y razón de ser. E sa s o la p o s i b i l i d ad pervierte la t r a n s p a r e n c ia y la c r e d i b i l i d ad de la administración de J u s t i c ia a n te el c o n g l o m e r a do social y, en c o n s e c u e n c i a, es preciso

c o n j u r a r l a. A d i c i o n al a lo a n t e r i or d e bo r e s a l t ar q ue no h ay precepto a l g u no q ue o t o r g ue al Vicefiscal c o m p e t e n c ia p a ra c o n o c er de l os p r o c e s os a d e l a n t a d os c o n t ra a f o r a d os c o n s t i t u c i o n a l e s, p u es t al l a b or es de c o m p e t e n c ia e x c l u s i va y e x c l u y e n te del F i s c al G e n e r al de la Nación q u i en no p u e de delegarla, c o mo c on precisión lo ha señalado la C o r te C o n s t i t u c i o n a l3. En c o n s e c u e n c i a, se i m p o ne m a t e r i a l i z ar la excepción de i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d, en el s e n t i do de i n a p l i c ar la p r e c e p t i va del e s t a t u to p r o c e s al p e n a l, d a do q ue de m a n e ra a b i e r ta e i n c u e s t i o n a b le se o p o ne a los artículos 2 28 y 2 30 de la C a r ta Política, amén de q ue v u l n e ra el derecho 3 Sentencias C-472 del 20 de octubre de 1994 y C-037 de 1996.

1 Exp. 11-001-02-30-000-201300070-00 f u n d a m e n t al de acceso a la administración de j u s t i c ia (artículo 2 29 ídem). En t al caso, y c on el indeclinable propósito de g a r a n t i z ar la i n d e p e n d e n c i a, autonomía e i m p a r c i a l i d ad j u d i c i a l, no será p e r t i n e n t e, p or las m i s m as razones, q ue el F i s c al designe a o t ro f u n c i o n a r io d e n t ro de la escala jerárquica de la institución, s i no q ue será necesario designar un F i s c al A d - H o c, c u yo o r i g en no p u e de s er diverso al d el F i s c al G e n e r a l, es decir, debe c o n f o r m a r se u na t e r na p or p a r te del Presidente de la República y será la C o r te S u p r e ma de J u s t i c ia la q ue escoja a q u i en deba ejercer t al i n v e s t i d u r a. En s u m a, considero q ue al aceptarse el i m p e d i m e n to declarado p or el señor Fiscal G e n e r al de la Nación, debía insistirse en la designación de un F i s c al A d - H o c, y n o, r e m i t ir las diligencias al Vicefiscal G e n e r a l. En los a n t e r i o r es términos dejo s e n t a do mi s a l v a m e n to

p a r c i al de voto. C on t o da atención,

MARÍA DEL ROSA!

Magistrada F e c ha ut supra. Ref.- Expediente No. 11-001-02-30-000-2013-00070-00 En asuntos similares al presente, en los cuales se aceptó el i m p e d i m e n to al señor Fiscal General de la Nación, el suscrito magistrado adhirió al "VOTO PARTICULAR" d el doctor William Namén Vargas, el cual me permito trascribir ahora, pues mi posición en cuanto a la remisión del proceso al Vicefiscal General de la Nación, continúa siendo la misma. "Para lo pertinente, aunque comparto la aceptación del impedimento, consigno los motivos de nuestro respetuoso disenso en torno a la remisión del proceso al Vicefiscal General de la Nación: "1o. Por expreso mandato constitucional, corresponde al Fiscal General de la Nación, '[ijinvestigar y acusar, si hubiere lugar, a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución' {artículos 251, 174y178[3]). "2o. Ninguna norma de la Constitución Política atribuye al Vicefiscal General de la Nación la función y competencia asignada al Fiscal General de la Nación para investigar y acusar a altos funcionarios con fuero constitucional, menos dispone excepción alguna a propósito. "3o. Dicha competencia es directa, privativa y personal del Fiscal General de la Nación. Ningún otro servidor del Estado puede ejercerla, tanto cuanto más por su carácter indelegable e insustituible. "4o. El fuero constitucional comporta al debido proceso, constituye

una garantía de orden público, imperativa e inderogable, el juez natural es el Fiscal General de la Nación y no el Vicefiscal General. Este, en determinadas hipótesis normativas -no constitucionales -reemplaza al Fiscal General de la nación, pero no se convierte en éste. "Por esto, los artículos 23, numeral 5o de la Ley 938 de 2004 y 58 inciso 2o de la Ley 906 de 2004, son inaplicables tratándose de la función constitucional consagrada en el artículo 251 [1] de la Constitución Política, siendo menester la designación de quien deba sustituirlo con sujeción a las normas constitucionales y legales. "5o. La Corte Constitucional al declarar inexequible según sentencia C-472 de 20 de octubre de 1994 de la Corte Constitucional, la expresión 'o por conducto de sus delegados de la unidad de fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia' contenida en el numeral primero del artículo 17 de la Ley 81 de 1993, precisó 'que para esta Corporación, las funciones consignadas en el artículo 251 citado -en particular la de investigar, calificar y acusar a los altos funcionarios del estado que gocen de fuero constitucional-, revisten el carácter de indelegables y, por tanto, sólo el señor fiscal general de la nación puede asumirlas y ejecutarlas (...)', agregando: 'Por lo visto anteriormente, se puede concluir que el Constituyente quiso sustituir el término indelegable por el de especial, únicamente con el ánimo de unificar la terminología utilizada en el texto constitucional. En otras palabras, el espíritu del Constituyente no fue el de que las

funciones que se encuentran en cabeza del señor fiscal general pudiesen ser delegadas en sus subalternos. Una simple lectura de los debates en la Asamblea Nacional Constituyente demuestra en forma evidente que el propósito fue justamente todo lo contrario: que las atribuciones contempladas en el artículo 251 fueran asumidas y ejecutadas exclusivamente por el fiscal general de la Nación. En segundo lugar, debe repararse que la Constitución distingue claramente las funciones de la Fiscalía General de la Nación de las del fiscal general de la Nación. Las primeras, contempladas en el artículo 250 superior, comprometen a todos los funcionarios de esa entidad, incluyendo al señor fiscal. En cambio, las segundas, señaladas en el artículo 251 citado, obligan únicamente al señor fiscal general de la Nación y no a sus subalternos. Esta diferenciación entre atribuciones del órgano y responsabilidades de un funcionario específico, es lo que permite que jurídicamente, en este caso, se puedan delegar las primeras y se tengan que asumir personal y directamente las segundas. Finalmente, la Corporación no puede ignorar la naturaleza de las funciones que el artículo 251 de la Carta le asigna al señor fiscal general de la Nación. El asunto bajo examen -la investigación y acusación de funcionarios con fuero constitucional-, por ejemplo, exige que dada la naturaleza de los hechos objeto del proceso penal, y de la inmensa responsabilidad política que se encuentra en juego debido a la alta investidura del agente estatal sindicado, las decisiones que se adopten provengan de la inmediata dirección, conocimiento y juicio del fiscal general. De igual forma, esta Corte no entiende cómo el señor fiscal, como supremo director de !J Fiscalía General de la Nación, pueda

delegar funciones tan importantes como la de participar en el diseño de la política general del Estado en materia criminal -lo que incluye la presentación de proyectos >.-e leyo la de nombrar y remover empleados bajo su dependencia, entre otras. Pretender lo contrario significaría, por una parte -conviene repetirlo-, que no hay un principio de razón suficiente para distinguir entre las funciones del fiscal y las de la Fiscalía; y, por la otra, que la estructura jerárquica de la institución carece de sentido jurídico, pues el nivel del cargo no respondería a la grado de la responsabilidad. Ambas hipótesis desconocen el espíritu del Constituyente, el propósito de las toreas asignadas a la Fiscalía y al fiscal y el mismo principio de legalidad (Art. 121 CP.), piedra angular del Estado social de derecho. Las anteriores consideraciones no obstan para que el señor fiscal general de la Nación pueda comisionar -que no delegaren los fiscales delegados ante Corte Suprema de Justicia, el ejercicio de algunas de las funciones contenidas en el artículo 251 de la Carta Política. Sin embargo, la decisión final y el compromiso jurídico y político que ella conlleve, debe el señor fiscal asumirlo siempre, y en todos los casos, en forma personal'. "En sentido análogo, mediante sentencia C-037 de 1996, al examinar la constitucionalidad del artículo 13 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, advirtió 'que las atribuciones en comento revisten el carácter de indelegables, sin perjuicio de que el señor fiscal pueda comisionar en cada caso o negocio concreto para el ejercicio de

alguna de ellas, lo cual incluye la asistencia del comisionado a las audiencias. Por estas razones, y hecha esta aclaración, habrá de declararse la inexequibilidad de la expresión 'El Fiscal General de la Nación podrá delegar, bajo su responsabilidad, las funciones especiales de que trata el numeral primero del artículo 251 de la Constitución Política, en los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia', contenida en el inciso segundo de la norma bajo examen'. "Pudiera pensarse que por la natural diferencia entre delegación y reemplazo del funcionario impedido, el Vicefiscal General de la Nación lo sustituye en la plenitud de sus funciones. No obstante, la ratio del constituyente al asignar expresa, directa y personalmente al Fiscal General de la nación, la función concreta de investigar y acusar a los aforados constitucionales, excluye esta posibilidad. Fecha et supra," 1 Magistrado ' Sala Plena. Exp. No. 1100102300002011-00144-00. 14 de diciembre de 2011 <R$pú6Rca de CoCom6ia Corte Suprema de Justicia Secretaría general Exp. 11001-02-30-000-2013-00070-00 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SECRETARIA GENERAL DEJA CONSTANCIA: Que el señor Magistrado Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz, Presidente de la Sala de Casación Laboral de la Corporación, participó de la discusión y aprobación del presente asunto, pero al momento de suscribir la providencia se encontraba con licencia no remunerada. Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil trece (2013). ú 4 - . ¡C:.... , 2?

MARÍA CRISTINA DUQUE GÓMEZ

Secretaria General JARB/