CSJ - SPL3548-2019

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala Plena LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA Magistrado ponente APL3548-2019 No. 110010230000201900540-00 Aprobado Acta n 25 N” 70 Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil diecinueve (2019). Resuelve la Corte Suprema de Justicia, el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Ibagué (Tolima) y el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de El Carmen de Viboral (Antioquia), para conocer de la acción de tutela promovida por Ricardo León Beltrán Vargas contra la Secretaría de Tránsito de éste último municipio.

I. ANTECEDENTES

1. Ante el Juez de Ibagué, el accionante, quien se encuentra domiciliado en esa misma ciudad, formuló acción de tutela por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, de contradicción y de petición.

No. 110010230000201900540-00 Relató que el 20 de mayo del presente año se encontraba en el municipio de El Carmen de Viboral realizanclo gestiones ante la oficina de tránsito, y allí le fue impuesto el comparendo n”. 05148000000023057287 por estacionar en sitio prohibido. Refirió que el 26 de mayo siguiente envió derecho de petición a la accionada en solicitud de la nulidad y la revocato::ia directa del mismo; tal reclamación fue rechazada mediante Resolución n. 1924 de 31 de mayo del año que

avanza, y contra la misma no procede recurso alguno.

2. El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Ibagué, declaró su falta de competencia territorial al considerar que le corresponde al funcionario de El Carmen de Viboral por estar alli ubicada la entidad accionada, de donde proviene la presunta vulneración.

3. Por su parte el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de esta última sede territorial también rechazó el conocimiento del asunto y provocó la colisión negativa, después de considerar que en virtud de la competencia a prevención el Juez remitente no debió desprenderse del mismo, pues fue el lugar seleccionado por el actor y allí se ubica su domicilio.

II. CONSIDERACIONES De conformidad con el artículo 17, numeral 3 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el inciso 1 del artículo 18

No. 110010230000201900540-00 ibidem, es competente la Sala Plena de esta Corporación para dirimir el conflicto suscitado, dada la competencia residual que le ha sido asignada respecto de asuntos que por disposición legal no se han adjudicado a alguna de sus Salas especializadas o a otra autoridad judicial. En orden a resolverlo, conviene recordar cómo el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con el artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, el cual fue compilado en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, precepto a su vez modificado por el articulo 1 del Decreto 1983 de 2017, establece que son competentes para conocer de la

acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza de los derechos fundamentales o donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos de las mismas. Tal disposición, según lo ha interpretado reiteradamente esta Corporación, consagra un sistema atributivo de competencia preventiva en virtud del cual el accionante bien puede escoger el Juez ante quien va a formular su solicitud de amparo, siempre que de dicho lugar resulte predicable la ocurrencia del quebranto o la de sus efectos. Al respecto, ha dicho la Corte que: «(...) por sitio de ocurrencia debe entenderse no sólo donde nace o se origina el acto que se considera lesivo de los derechos constitucionales, sino, también, donde razonablemente pueda colegirse que se ]991 No. 110010230000201900540-00 producen los efectos del mismo, como, por ejemplo, el sitio en el que reside el actor, o donde se entera de la determinación o actividad lesiva, o donde labora o recibe un perjuicio. (Sala Plena, auto del 16 de abril de 2002, expediente 388; Sala Civil, autos del 12 de abril de 2002, radicado 10892; Sala Penal, autos del 8 de mayo de 2001, radicado 9532, 9 de octubre de 2001, radicado 10251, entre otros). En consecuencia, «ell juez de cualquiera de estos lugares donde se formule la demanda de tutela, deberá asumir la acción constitucional sin que le sea procedente alegar la incompetencia, pues bajo el criterio de prevención, es viable su conocimiento. (Sala Peral auto de 22 de mayo de 2001, radicación 9596, entre

otros). En el asunto examinado ambos despachos en conflicto son competentes para conocer y decidir la acción de tutela instaurada por Ricardo León Beltrán Vargas; el de Ibagué, por ser el lugar de su domicilio -como así lo indicó en su demanda-, y en consecuencia donde se producen los efectos de la omisión presuntamente vulneradora de sus derechos fundamentales; pero también lo es el de El Carmen de Viboral, por cuanto allí se encuentra ubicada la sede de la accionacla. Pues bien, aun cuando uno y otro despacho tienen atribución en este asunto, acorde con las premisas señaladas en precedencia, se impone señalar que como Ibagué fue el lugar seleccionado por el actor para formular su demanda, al Juzgado Cuarto Civil Municipal de esa ciudad le compete conocer de la misma. A él se dispondrá No. 110010230000201900540-00 remitir el expediente para que proceda a dar curso al trámite propuesto.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

en Sala Plena, RESUELVE Primero: Declarar que la competencia para conocer de la presente acción de tutela en primera instancia es del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Ibagué, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva. Remítase el expediente.

Segundo: Comunicar lo decidido al otro despacho involucrado en este conflicto y al accionante, haciéndoles llegar copia de la providencia.

Tercero: Librar por Secretaría los oficios correspondientes.

Cúmplase.- —Z

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Presidente 0010230000201900540-00

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CTDAMARIS ORJUELA HERRERA

Secretaria General República de Colombia Corte Suprema de Justicia

Secretaría General Ref: Conflicto de competencia Plena Exp. Rad. No. 11001 02 30 000 2019 00540 00

LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DEJA CONSTANCIA: Que los doctores Eugenio Fernández Carlier y Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, previa autorización de la Presidencia de la Sala, no asistieron a la continuación de la sesión Plenaria celebrada en horas de la tarde de la fecha, lapso durante el cual fue sometido a debate y aprobación el asunto de la referencia, razón por la cual no la suscribieron.

Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil diecinueve (2019).

DAMARIS ORJUELA HERRERA

Secretaria General... 20