CSJ - SPL456-2024

HILDA GONZÁLEZ NEIRA Magistrada ponente APL456-2024 Radicado n. º 110010230000202400013-00 Acta nº 3 Nº 37 (Aprobado en sesión de ocho de febrero dos mil veinticuatro) Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticuatro (2024). - La Corte Suprema de Justicia resuelve el conflicto de competencia suscitado entre la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga (MP María Matilde Trejos Aguilar) y la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (MP Iván Alfredo Fajardo Bernal), para conocer de las acciones de tutela promovidas por Jackeline Andrea Arana González, William Cabrera Godoy, Paola Andrea Calero Martínez, Reinaldo Calle Collazos y Fabio Arturo Cifuentes Arzayus, contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.

I. ANTECEDENTES No. 110010230000202400013-00

1. Ante el primero de los estrados los actores invocaron la protección de los derechos a «una INFORMACIÓN VERAZ», debido proceso, «REPRESENTACIÓN LEGÍTIMA», al voto y a la «PUBLICIDAD TRANSPARENTE».

En respaldo manifestaron que el 29 de octubre de 2023 se llevaron a cabo las elecciones regionales de alcaldes, gobernadores, concejos, asambleas y juntas administradoras locales en los municipios y departamentos del país. Durante el seguimiento al escrutinio a través de las plataformas digitales dispuestas para el efecto, evidenciaron que, «la Registraduría cuenta con dos versiones distintas de los datos

de preconteo que se pueden acceder a través de sus aplicaciones institucionales. También observamos que los valores de los datos de la versión de AVANCES no son iguales a los valores de los BOLETINES, y en consecuencia al consultar los datos de preconteo, obtuvimos datos contradictorios», afectándose la trazabilidad, veracidad e integralidad de los mismos. Es por ello que invocan la guarda de sus garantías y la suspensión provisional de la posesión de los candidatos «electos de manera presuntamente fraudulenta», hasta tanto se verifique la legitimidad electoral.

2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga (MP María Matilde Trejos Aguilar), en aplicación del Decreto 1834 de 2015, luego de disponer la acumulación de las «acciones constitucionales» al rad. 761112200500020230006300, con auto de 14 de diciembre de 2023, se abstuvo de avocar su

2 No. 110010230000202400013-00 conocimiento y remitió el asunto a la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá (M.P. Iván Alfredo Fajardo Bernal). Lo anterior, al advertir que, de acuerdo con la consulta en la página web de la Rama Judicial, allí «se han decidido varias acciones constitucionales entre las mismas partes aquí involucradas y por las mismas pretensiones».

3. El referido funcionario, de igual manera se declaró incompetente (15 dic. 2023). En su criterio, es atribución del despacho remitente a prevención, por ser el elegido por los gestores.

Precisó al respecto que, las «acciones constitucionales» que tramita ese despacho «tienen que ver con la revocatoria de

candidatura de la señora Carmen Patricia Caicedo Omar a la Alcaldía de Santa Marta decisión adoptada por el Magistrado del Consejo Nacional Electoral, César Augusto Lorduy Maldonado, mediante la Resolución N° 11966 del 29 de septiembre de 2023. Las pretensiones planteadas tienen relación con esos hechos consisten en “dejar sin efecto las decisiones objeto de amparo, esto es la Resolución N° 11966 de fecha del 29 de septiembre de 2023, en consecuencia, se suspendan los efectos del acto administrativo para proceder hacer (sic) demandado de manera contenciosa por el medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho”. Adicionalmente, que “se otorgue el término de cuatro meses para adelantar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho una vez se amparen los derechos fundamentales deprecados con la pérdida de efectos de los actos administrativos tutelados, con el objeto que no se cause un perjuicio irremediable”». Las que motivan la presente demanda superlativa, por el contrario, tienen que ver con «la información incongruente publicada relativa a las elecciones celebradas el 29 de octubre de 2023. 3 No. 110010230000202400013-00 Afirman que dichas inconsistencias pueden observarse en los resultados publicados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de los preconteos para los cargos de Alcalde de Bogotá, Alcalde de Medellín, Alcalde de Barranquilla, Gobernador del Valle y Gobernador de Boyacá» Concluyó, que, como no están satisfechos los presupuestos del artículo 2.2.3.1.3.1. del Decreto 1834 de

2015, no hay lugar a aplicar el trámite de «tutelas masivas» allí previsto.

II. CONSIDERACIONES

1. De conformidad con el artículo 17, numeral 3° de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el inciso 1° del artículo 18 ibídem, la Sala Plena de esta Corporación es competente para dirimir el conflicto suscitado, dada la «atribución residual» que le ha sido asignada respecto de asuntos que por ley no se han adjudicado a alguna de sus Salas especializadas o a otra autoridad judicial.

2. Frente al conocimiento de la «acción de tutela», el Decreto 2591 de 1991, regulatorio de dicho mecanismo, ha establecido que son competentes, a prevención, «los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud», texto que replica el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, el cual además incluye al lugar en que se produjeren los efectos de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales.

4 No. 110010230000202400013-00 Tal disposición, según lo ha interpretado reiteradamente esta Colegiatura, consagra un «sistema atributivo de competencia» en virtud del cual el accionante bien puede escoger el Juez ante quien va a formular su «solicitud de amparo», siempre que de dicho lugar resulte predicable la ocurrencia del quebranto o la de sus efectos. 2.1. En aras de enfrentar la problemática causada por la presentación de «acciones de tutela» idénticas y masivas, práctica comúnmente conocida como «tutelatón», y los «efectos»

diversos de los fallos proferidos por jueces y tribunales en relación con ellas, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1834 de 2015, mediante el cual reglamentó parcialmente el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 «en lo relativo a las reglas de reparto para acciones de tutela masivas». En su artículo 1º, el cual adicionó «una Sección 3 al Capítulo 1 del Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho», estipuló: Las acciones de tutela que persigan la protección de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad pública o de un particular se asignarán, todas, al despacho judicial que, según las reglas de competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas. A dicho Despacho se remitirán las tutelas de iguales características que con posterioridad se presenten, incluso después del fallo de instancia. 5 No. 110010230000202400013-00 Para tal fin, la autoridad pública o el particular contra quienes se dirija la acción deberán indicar al juez competente, en el informe de contestación, la existencia de acciones de tutela anteriores que se hubiesen presentado en su contra por la misma acción u omisión, en los términos del presente artículo, señalando el despacho que, en primer lugar, avocó conocimiento, sin perjuicio de que el accionante o el juez previamente hayan podido indicar o tener conocimiento de esa situación. 2.1.1. El propósito de la especial normativa, según se

indicó en sus considerandos, es el de evitar «fallos contradictorios frente a una misma situación fáctica y jurídica, lo que resulta contrario a los principios de igualdad, coherencia y seguridad jurídica», finalidad para cuyo cumplimiento era necesario «establecer mecanismos de reparto y de reasignación de procesos que faciliten la resolución de estas acciones por parte de una misma autoridad judicial, con el fin de asegurar la coherencia, igualdad y homogeneidad en la solución judicial de tutelas idénticas». 2.2. Del texto del precepto citado se desprenden los requisitos a constatar en cada caso para identificar si se trata de «tutelas idénticas y masivas» y, en consecuencia, asignar su «conocimiento» a una misma «autoridad judicial» (quien conoció de la primera acción), a saber: a) Que en las demandas se persiga la «protección» de los mismos «derechos fundamentales». b) Que el quebranto o amenaza de tales prerrogativas provenga de una sola y misma acción u omisión. c) Que el convocado (responsable de la acción u omisión) sea la misma entidad pública o el mismo particular. 6 No. 110010230000202400013-00 Sobre dicho tópico, esta Magistratura ha sostenido: [C]on el propósito de respetar el principio y derecho de igualdad tratando igual los casos iguales, y de evitar fallos contradictorios que minaran los principios de coherencia y seguridad jurídica como valores esenciales del Estado Social de Derecho, el decreto transcrito establece medidas para facilitar la acumulación de procesos y con ello materializar la economía y eficacia procesal, en

pos de la efectividad del amparo constitucional que se pretende», marco en el cual sus disposiciones «hacen referencia a situaciones vinculadas con las labores de reparto, pues se estipula que aquellas tutelas que presenten unidad de objeto, causa y sujeto pasivo deberán ser asignadas a un sólo despacho judicial, con miras a lograr la homogeneidad en la solución judicial de tutelas idénticas (CSJ SL, ATL3564-2016, 1º Jun. 2016, Rad. 66617; se subraya). Bajo ese supuesto, se impone «proceder a la remisión del expediente a quien avocó su conocimiento en primer lugar1, con el propósito de que lo fallado sea consistente y responda a un criterio uniforme de interpretación judicial» (CSJ SL, ATL3372-2016, 25 May. 2016, Rad. 43360). Ergo, solo las «acciones de tutela» en las que se presente la referida unidad de objeto, causa y sujeto accionado, son susceptibles de asignarse a un único juzgador. 3.- Empero, las medidas de asignación de esa normativa no pueden emplearse como herramienta de desconocimiento 1 Se refiere al juez que conoció la primera acción de amparo constitucional con la que se guarda identidad de causa, objeto y accionado. 7 No. 110010230000202400013-00 de la competencia a prevención del juez de tutela, fijada como se dijo, por los Decretos 2591 de 1991 (art. 37) y 333 de 2021, la cual conserva el funcionario en quien concurra aquella, en los casos de «acciones de tutela» que si bien guardan algún tipo

de similitud no son «idénticas y masivas» como lo exige la preceptiva expedida por el Gobierno Nacional.

4. A efectos de determinar si en el sub lite se cumplen las exigencias para remitir el expediente al despacho que avocó el conocimiento de la primera de ellas, es necesario hacer la siguiente ilustración: Tutelas presentadas por Jackeline Andrea Arana Tutelas de conocimiento de

Elemento González, William Cabrera la Sala de Familia del Godoy, Paola Andrea Tribunal Superior del Calero Martínez, Reinaldo Distrito Judicial de Bogotá Calle Collazos y Fabio (MP Iván Alfredo Fajardo Arturo Cifuentes Arzayus Bernal)2 radicación n° 761112200500020230006 no admitidas a trámite por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga (MP María Matilde Trejos Aguilar). Derechos A «una INFORMACIÓN Al debido proceso, igualdad y presuntamente VERAZ», debido proceso, «a elegir y ser elegido». vulnerados «REPRESENTCIÓN LEGÍTIMA», al voto y a la

«PUBLICIDAD

TRANSPARENTE».

Sujeto pasivo Registraduría Nacional del Consejo Nacional Electoral y Estado Civil y Consejo Registraduría Nacional del Nacional Electoral Estado Civil. 2 La Sala Plena de la Corporación, en sesión del 9 de noviembre de 2023 (APL3397-2023), dirimió un conflicto de competencia suscitado en una acción de tutela interpuesta contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil y atribuyó el conocimiento a la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en virtud del principio de la perpetuatio

jurisdictionis. Después de lo cual se verificó que varias acciones de de tutela en las que se suscitó conflicto de competencia y que cursaban su trámite en esta plenaria eran idénticas a la referida, de manera que su diligenciamiento debía surtirse de conformidad con el Decreto 1834 de 2015, por lo que en su oportunidad fueron remitidas al referido despacho judicial para el trámite respectivo. . 8 No. 110010230000202400013-00 Pretensiones - Primero. Tutelar el derecho - Primero. Que se amparen a una información veraz, a la los derechos fundamentales publicidad trasparente y a al) debido proceso, ii) elegir, en conexidad con el derechos políticos, iii) acceso derecho a una material a la administración representación legítima y el de justicia, iii) igualdad y debido proceso. cualquier otro derecho Segundo. Ordenar la fundamental que se considere suspensión provisional de la vulnerado en atención a que, posesión de todos los el acto administrativo objeto candidatos electos de manera de reproche presenta un presuntamente fraudulenta defecto sustantivo o material, en las pasadas elecciones desconoce el precedente regionales del 29 de octubre judicial del Consejo de de 2023, hasta que se Estado, vulnera directamente confirme un conteo legítimo la Constitución y existe un electoral en cada caso, ya sea error inducido o por por vía de un reconteo de consecuencia, vulnera el votos, si se ha preservado la principio de congruencia, una cadena de custodia de los vía de hecho y la vulneración votos físicos; o de nuevos al pacto de San José de Costa comicios. Rica. Tercero. Ordenar a la Segundo. Como

Registraduría que de manera consecuencia de lo anterior, inmediata transfiera al se ordene al Consejo Nacional despacho la custodia del Electoral dejar sin efecto las sistema de preconteo, los decisiones objeto de amparo, archivos ejecutables de sus esto es la Resolución N° aplicaciones informáticas 11966 de fecha del 29 de institucionales y el log de la septiembre de 2023, en actividad del sistema de consecuencia, se suspendan preconteo correspondiente al los efectos del acto lapso desde el 1º de octubre administrativo para «proceder hasta la fecha, de tal manera hacer (sic) demandado de que se efectúe una auditoría manera contenciosa por el independiente que establezca medio de control de nulidad y la presuntas irregularidades restablecimiento de derecho». y afectaciones a la Lo anterior porque la acción integralidad y la cadena de de nulidad y restablecimiento custodia de los datos del derecho, i) no es idónea o electorales durante la etapa efectiva en estos momentos y legal de preconteo. ii) puede configurarse un perjuicio irremediable, lo cual Cuarto. prohibir de manera permite el amparo deprecado inmediata a todos los con base en la jurisprudencia funcionarios de la constitucional y contencioso Registraduría y a sus administrativa que se citara contratistas manipular, con posterioridad. modificar, añadir, alterar, cambiar, reemplazar Tercero. Se otorgue el cualquiera de los datos de término de cuatro meses para preconteo, sus bases de adelantar el medio de control datos, sus metadatos, sus de nulidad y restablecimiento archivos conexos y de del derecho una vez se soporte, así como también amparen los derechos

prohibir de manera fundamentales deprecados inmediata manipular, con la pérdida de efectos de modificar, o alterar la los actos administrativos aplicación de consulta de tutelados, con el objeto que preconteo no se cause un perjuicio irremediable. 9 No. 110010230000202400013-00

Quinto: citar a los auditores de las campañas para que Cuarto. Se aplique la compartan sus convención interamericana observaciones sobre la de derechos humanos y se arquitectura de la estructura actúe como juez de datos, la existencia de dos convencional, pues una versiones con los datos de autoridad administrativa no preconteo, tablas de avances puede desbordar los límites y boletines, trazabilidad de que le impone la constitución. los votos, aplicaciones de acceso y conteo de votos, y las simulaciones de preconteo.

Sexto: solicitar a la Universidad Nacional su intervención y acompañamiento en la verificación de los hallazgos estadísticos observados en los datos de preconteo.

Séptimo: solicitar el acompañamiento de la Secretaria de Trasparencia para que se haga una auditoria forense de los datos de preconteo, a la estructura de datos y la aplicación web y de teléfono móvil que se usó para publicar esos datos, como también la auditoria del log de los sistemas de información y el cotejo del programa ejecutable usado el 29 de octubre de 2023 en las

Elecciones Regionales.

Medida provisional: Ordenar la suspensión provisional de la posesión el 1 de enero de los candidatos electos en las pasadas

elecciones regionales del 29 de octubre de 2023, por haber sido el resultado de un proceso que involucra un presunto fraude electoral digital sistémico, y hasta que se confirme un conteo legítimo que refleje la voluntad ciudadana. Todo esto porque no existe un mecanismo que resulte eficaz para responder a la inmediatez que se requiere para prevenir que se ocasione el perjuicio inminente e irremediable a los derechos fundamentales ciudadanos y democráticos del voto y representación legítima, con 10 No. 110010230000202400013-00 la posesión el 1 de Enero de 2024, de candidatos electos con escrutinios que se han realizado con presuntos fraudes procesales que vulneraron la cadena de custodia de la información y los datos electorales digitales en los sistemas informáticos institucionales a cargo de la Registraduría. Situación Que el 29 de octubre de 2023 El Consejo Nacional Electoral fáctica se llevaron a cabo las mediante Resolución N° elecciones regionales de 11966 de fecha del 29 de alcaldes, gobernadores, septiembre de 2023, decidió concejos, asambleas y juntas revocar la inscripción como administradoras locales en candidata a la alcaldía de los municipios y Santa Marta de la señora departamentos del país. Carmen Patricia Caicedo Omar. Que, durante el seguimiento al escrutinio a través de las Que la decisión tomada es plataformas digitales violatoria de sus derechos de dispuestas para el efecto, rango constitucional evidenciaron que, «la invocados como es el de votar

Registraduría cuenta con dos y escoger a quien de mejor versiones distintas de los manera representa este datos de preconteo que se género como candidata para pueden acceder a través de la alcaldía de la Ciudad de sus aplicaciones Santa Marta. institucionales. También observamos que los valores de los datos de la versión de AVANCES no son iguales a los valores de los BOLETINES, y en consecuencia al consultar los datos de preconteo, obtuvimos datos contradictorios», afectándose la trazabilidad, veracidad e integralidad de los mismos. Es por ello, que pretenden con el amparo constitucional la tutela de sus garantías y, la suspensión provisional de la posesión de los candidatos «electos de manera presuntamente fraudulenta», hasta tanto, se verifique la legitimidad electoral. En este contexto, es claro que tales «tutelas» no son idénticas, pues no existe en ellas el «masivo interés» y la «misma situación fáctica y jurídica» advertidos en otros casos para identificar los correspondientes a las «solicitudes de amparo 11 No. 110010230000202400013-00 masivas» reguladas por el Decreto 1834 de 2015; por el contrario, se trata de acciones diferenciables, las cuales no coinciden en la invocación de los atributos básicos presuntamente vulnerados, tampoco en lo que se pretende ni en los supuestos de hecho. Entonces, por no ser aquellas «idénticas o de iguales características», la competencia a prevención del juzgador de la tutela se sujeta a las reglas generales de los Decretos 2591

de 1991 y 333 de 2021. 5.- De acuerdo con lo expuesto, la Corte remitirá el presente diligenciamiento a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga (MP María Matilde Trejos Aguilar), sede territorial escogida por los actores, y que ciertamente tiene atribución para conocer porque en ese lugar se proyectan los efectos del acto lesivo y allí tienen su domicilio estos últimos3.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

en Sala Plena, RESUELVE Primero: Declarar que la competencia para conocer de las presentes acciones de tutela en primera instancia 3 Pdf007Anexos 12 No. 110010230000202400013-00 corresponde a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga (M.P. María Matilde Trejos Aguilar). Remítasele el expediente.

Segundo: Comunicar lo decidido al otro despacho judicial involucrado y a los accionantes, haciéndoles llegar copia de la providencia.

Tercero: Librar por Secretaría los oficios correspondientes.

Comuníquese y cúmplase.- 13

Firmado electrónicamente por: Gerson Chaverra Castro

Presidente Myriam Ávila Roldán Magistrada Gerardo Barbosa Castillo Magistrado Fernando León Bolaños Palacios Magistrado Gerardo Botero Zuluaga Magistrado Fernando Castillo Cadena Magistrado Diego Eugenio Corredor Beltrán Magistrado Jorge Hernán Díaz Soto Magistrado Hilda González Neira Magistrada Martha Patricia Guzmán Álvarez

Magistrada Luis Antonio Hernández Barbosa Magistrado Luis Benedicto Herrera Díaz Magistrado Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez Magistrado Clara Inés López Dávila Magistrada Omar Ángel Mejía Amador Magistrado Hugo Quintero Bernate Magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo Magistrado Luis Alonso Rico Puerta Magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito Magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque Magistrado Francisco Ternera Barrios Magistrado Marjorie Zúñiga Romero Magistrada Damaris Orjuela Herrera Secretaria General Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: A538A6FA2202297F6D88E4BD0978515A7D13E742D5B8A6FAEAC514FCF64721A9

Documento generado en 2024-02-20