CSJ - SPL4765-2019

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala Plena JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA Magistrado ponente APL4765-2019 No. 110010230000201900732-00 Aprobado Acta n 33 N 117 Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2019). La Corte Suprema de Justicia resuelve el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Décimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y el Juzgado Civil Municipal de Chocontá (Cundinamarca), para conocer de la acción de tutela instaurada a través de apoderado por Luis Alberto Moreno Triana contra la Secretaría de Transporte y Movilidad - Sede Operativa de este último municipio.

I. ANTECEDENTES

1. Ante el Juez Penal Municipal de Bogotá (reparto), el accionante formuló solicitud de amparo por la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición.

No. 110010230000201900732-00 Relató que el 29 de agosto del presente año radicó derecho de petición ante la accionada solicitando información sobre «las multas que a la fecha tenga mi cliente a su cargo así como la condición jurídica de la motocicleta de placas BOE7S5A modelo 2005, color rojo negro que fue retenida y de la cual se desconoce su condición y ubicación», sin embargo, a la fecha de presentación de la acción constitucional no había recibido respuesta.

2. El Juzgado Décimo Penal Municipal con Función de Coritrol de Garantías de Bogotá declaró su falta de

competencia territorial al considerar que la presunta vulnereción o amenaza a las garantías fundamentales se producen en Chocontá, sede de la accionada, a donde dispuso remitir el asunto.

3. El funcionario de esta última sede territorial tampoco asumió el conocimiento y provocó la colisión negativa, luego de indicar que es atribución del juzgado remiterite en virtud de la competencia a prevención, por cuanto fue el elegido por el actor y además corresponde al lugar indicado para recibir la respuesta a su petición.

II. CONSIDERACIONES De conformidad con el artículo 17, numeral 3 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el inciso 1” del artículo 18 ibidem, es competente la Sala Plena de esta Corporación para dirimir el conflicto suscitado, dada la competencia residual que le ha sido asignada respecto de asuntos que

2 No. 110010230000201900732-00 por disposición legal no se han adjudicado a alguna de sus Salas especializadas o a otra autoridad judicial. En orden a resolverlo, conviene recordar cómo el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con el artículo 1? del Decreto 1382 de 2000, el cual fue compilado en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, precepto a su vez modificado por el artículo 1 del Decreto 1983 de 2017, establece que son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza de los derechos fundamentales o donde razonablemente pueda

colegirse que se producen los efectos de las mismas. Tal disposición, según lo ha interpretado reiteradamente esta Corporación, consagra un sistema atributivo de competencia preventiva en virtud del cual el accionante bien puede escoger el Juez ante quien va a formular su solicitud de amparo, siempre que de dicho lugar resulte predicable la ocurrencia del quebranto o la de sus efectos. Al respecto, ha dicho la Corte que: «(...) por sitio de ocurrencia debe entenderse no sólo donde nace o se origina el acto que se considera lesivo de los derechos constitucionales, sino, también, donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos del mismo, como, por ejemplo, el sitio en el que reside el actor, o donde se entera de la determinación o actividad lesiva, o donde labora o recibe un perjuicio. (Sala Plena, No. 110010230000201900732-00 auto del 16 de abril de 2002, exp. 388; Sala Penal, autos del 8 de mayo de 2001, exp. 9532, 9 de octubre de 2001, exp. 10251, entre otros). En consecuencia, «el! juez de cualquiera de estos lugares donde se formule la demanda de tutela, deberá asumir la acción constitucional sin que le sea procedente alegar la incompetencia, pues bajo el criterio de prevención, es viable su conocimiento. (Sala Per.al auto de 22 de mayo de 2001, exp. 9596, entre otros). En el asunto examinado ambos despachos en conflicto son competentes para conocer y decidir la acción de tutela instaurada a través de apoderado por Luis Alberto Moreno Triana; el de Bogotá, por ser el lugar indicado por él para

recibir respuesta a su petición así como notificaciones, y en consecuencia donde se producen los efectos de la omisión presuntamente vulneradora de sus derechos fundamentales; pero también lo es el de Chocontá, por cuanto allí se encuentra ubicada la sede de la entidad accionada. Pues bien, aun cuando uno y otro despacho tienen atribución en este asunto, acorde con las premisas señaladas en precedencia, se impone señalar que como Bogotá “ue el lugar seleccionado por el actor para formular su demranda, al Juzgado Décimo Penal Municipal con Función. de Control de Garantías de esta capital le compete conocer de la misma. A él se dispondrá remitir el expediente para que proceda a dar curso al trámite propuesto. No. 110010230000201900732-00

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

en Sala Plena, RESUELVE Primero: Declarar que la competencia para conocer de la presente acción de tutela en primera instancia es del Juzgado Décimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva. Remitase el expediente.

Segundo: Comunicar lo decidido al otro despacho involucrado en este conflicto y al accionante, haciéndoles llegar copia de la providencia.

Tercero: Librar por Secretaría los oficios correspondientes.

Cúmplase. - No. 110010230000201900732-00 palio 2

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DAMARIS ORJUELA HERRERA

Secretaria General República de Colombia Corte Suprema de Justicia Secretaría General Exp. Rad. No. 11001 02 30 000 2019 00732 00 LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEJA CONSTANCIA: Que el doctor Eyder Patiño Cabrera, asistió a la sesión de Sala Plena celebrada en la fecha, pero cuando el señor Magistrado hizo presencia en el recinto, el asunto de la referencia ya se había analizado y decidido, razón por la cual no suscribió la providencia. Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2019). E . o A

AMARIS ORJUELA HERRERA

Secretaria General