CSJ - SPL4877-2015

Cao Seiramaad Janis

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PLENA

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

Magistrado Ponente 448732 APL4877-2015 Radicación No. 110010230000201500146-00 Aprobado Acta No. 33 N> 24 Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil quince (2015). Resuelve la Corte Suprema de Justicia, el conflicto de Caucasia (Antioquia), para conocer de la acción de tutela promovida por la señora YUSMEDIS MORENO MEJÍA, contra la Unidad Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UEARIV).

I. ANTECEDENTES 1.- La accionante dirigió su escrito de tutela al Juzgado

(Reparto) de la ciudad de Medellin, contra la entidad anteriormente referida, por la presunta vulneración a sus derechos fundamentales de «PETICIÓN, PERSONALIDAD Radicación No. 110010230000201500146-00 JURÍDICA, IGUALDAD, VIDA DIGNA, MÍNIMO VITAL, VIVIENDA DIGNA, LIBRE DESARROLLO». 2.- Manifestó que el 5 de junio del presente año radicó ante la citada unidad, derecho de petición solicitando la entrega de la ayuda humanitaria, pero la entidad accionada estableció un sistema de turnos, sin indicarle la fecha exacta de su entrega, por lo que está a la espera de que le sea asignada. 3.- Al Juzgado Veintitrés Penal del Circuito de Medellin fue repartido el asunto, cuyo titular, mediante proveido del

13 de julio del presente año se declaró incompetente para conocer, toda vez que la eventual violación o amenaza ocurre en el municipio de Caucasia (Antioquia), donde está domiciliada la accionante, motivo por el cual la atribución recae en los Jueces del Circuito de ese municipio, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. 4.- El Juzgado Civil Laboral de esa sede territorial, también se abstuvo de tramitarlo, pues, dijo, “la competencia es de los juzgados de la ciudad donde a bien tuvo el accionante la voluntad de presentar la acción de tutela”. Para apoyar su postura, se refirió a jurisprudencia constitucional expuesta respecto de la aplicación e interpretación de las reglas de reparto establecidas en el Decreto 1382 de 2000, y a la emitida por la Sala Plena de esta Corporación, en asunto similar al presente en el que también estuvo involucrado ese despacho judicial. Radicación No. 110010230000201500146-00

11. CONSIDERACIONES De conformidad con el artículo 17, numeral 3” de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el inciso 1” del artículo 18 ibídem, corresponde a la Sala Plena de esta Corporación dirimir el conflicto suscitado, dada la competencia residual que le ha sido asignada respecto de asuntos que por disposición legal no se han adjudicado a alguna de sus Salas especializadas o a otra autoridad judicial.

En orden a resolverlo, conviene recordar que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con el artículo 1? del Decreto 1382 de 2000, establece que son

competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza de los derechos fundamentales, o donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos de las mismas. Tal disposición, según lo ha interpretado reiteradamente esta Corporación, consagra un sistema atributivo de competencia preventiva en virtud del cual el accionante bien puede escoger el Juez ante quien va a formular su solicitud de amparo, siempre que, claro está, de dicho lugar resulte predicable la ocurrencia del quebranto o la de sus efectos. Radicación No. 110010230000201500146-00 Ha dicho la Corte (Sala Plena, autos del 25 de septiembre de 2014, expediente 2014-00215, 8 de mayo de 2014, expediente 2014-00090, auto del 16 de abril de 2002, expediente 388; Sala Civil, autos del 12 de abril de 2002, radicado 10892; Sala Penal, autos del 8 de mayo de 2001, radicado 9532, 9 de octubre de 2001, radicado 10251; Sala Laboral, auto del 7 de abril de 2002, radicado 000080, entre otros): 0 (...) por sitio de ocurrencia debe entenderse no sólo donde nace o se origina el acto que se considera lesivo de los derechos constitucionales, sino, también, donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos del mismo, como, por ejemplo, el sitio en el que reside el actor, o donde se entera de la determinación o actividad lesiva, o donde labora o recibe un perjuicio.

De allí que haya precisado también (Autos de 8 de marzo de 2007, Rad. 30009 y 19 de julio de 2012, Rad. O 61697): El juez de cualquiera de estos lugares donde se formule la demanda de tutela, deberá asumir la acción constitucional sin que le sea procedente alegar la incompetencia, pues bajo el criterio de prevención, es viable su conocimiento. En el asunto examinado, si bien es cierto la afectada está domiciliada en el municipio de Caucasia (Antioquia), y por tal razón en este lugar podría demandarse la protección de sus derechos, también lo es que la ciudad que escogió fue Medellin, donde igualmente repercuten las Radicación No. 110010230000201500146-00 consecuencias de la eventual violación, pues alli se encuentra una sede de la entidad accionada donde presentó su petición y, en consecuencia, se originó la omisión presuntamente vulneradora de sus derechos fundamentales. Así las cosas, bien podía elegir esa localidad para formular esta acción de tutela, como en efecto ocurrió. En este orden de ideas, habrá de prevalecer la voluntad de la accionante soportada en el lugar donde presentó su acción constitucional, de modo que, se ordenará el envío de la actuación al Juzgado Veintitrés Penal del Circuito de Medellín. En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PLENA, RESUELVE Declarar que el Juzgado Veintitrés Penal del Circuito de Medellín es el competente para conocer de la acción de tutela instaurada por la señora YUSMEDIS MORENO MEJÍA contra

la Unidad Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UEARIV). A ese despacho judicial se ordena remitir el expediente de inmediato. Comunicar lo decidido a la accionante y al Juzgado Civil Laboral del Circuito de Caucasia, haciéndole llegar copia de esta providencia. Radicación No. 110010230000201500146-00

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