CSJ - STC16171-2024

ANOTACIÓN PRELIMINAR

De conformidad con el «ARTÍCULO PRIMERO» del Acuerdo nº. 034 de esta Sala, expedido el 16 de diciembre de 2020, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situación jurídica relacionada con un menor de edad, como medida de protección a su intimidad, se emiten dos versiones de esta sentencia, «con idéntico tenor, una reemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicación, para efectos de publicación en los repositorios, medios de comunicaciones y motores de búsqueda virtuales, y otra con la información real y completa de las partes, que se utilizará únicamente para notificación a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendrá con reserva a terceros interesados».

NOTA. Este ejemplar de la decisión corresponde al que contiene los «nombres ficticios» de las partes. MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ Magistrada ponente STC16171-2024 Radicación No. 23001-22-14-000-2024-10017-01 (Aprobado en sesión de veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro) Bogotá, D. C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Corte la impugnación de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería el 29 de octubre de 2024, en la acción de tutela promovida por María, en representación de Sofía contra el Juzgado Segundo de Familia de Montería, trámite al que fueron citados el Agente del Ministerio PúblicoRad. no. 23001-22-14-000-2024-10017-01 2 delegado para la Defensa de los Derechos de la Infancia y Adolescencia y la Familia los intervinientes en el proceso de declaración de unión marital de hecho, disolución y liquidación de sociedad patrimonial n°  0000-0000.

ANTECEDENTES

1. La solicitante invocó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, dignidad humana y «precedentes constitucionales», presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

Manifestó que en el proceso mencionado que propuso Jimena contra los herederos de José, entre ellos la menor de edad Sofía representada

Manifestó que en el proceso mencionado que propuso Jimena contra los herederos de José, entre ellos la menor de edad Sofía representada legalmente por su progenitora María y personas indeterminadas, el Juzgado Segundo de Familia de Montería en auto de 5 de diciembre de 2023 efectuó un control de legalidad, decretó las pruebas solicitadas por la demandante, pero negó las que su apoderado solicitó, entre ellas la declaración de su hija y unos testimonios. Sostuvo que, por lo anterior, el Juzgado de conocimiento «se quedó con una versión de los hechos, no permitiendo que la demandada pueda controvertir la solitud realizada por la demandante en el proceso» (sic), pues no fueron decretadas ni practicadas las pruebas testimoniales que solicitó en la contestación de la demanda con el fin de controvertir los hechos y pretensiones. Cuestionó que el proceso no es «equitativo» ante la negativa del decreto de los testigos solicitados, los que son necesarios y vitales para

resolver el conflicto, mientras que los del demandante si lo fueron.

2. Con fundamento en lo expuesto, solicitó dejar sin efecto el auto de 5 de diciembre de 2023 para que, en su reemplazo «se decrete y ordeneRad. no. 23001-22-14-000-2024-10017-01 3 practica de pruebas testimoniales, documentales, solicitadas en la contestación de la demandada, el día 7 de marzo de 2023 », así como «suspender provisionalmente la audiencia programada para el día 18 de octubre de 2024 a las 10:00 am, hasta que no se ordene decretar y practicar pruebas testimoniales y documentales solicitadas por la demandada» para que se profiera un fallo «que tengan en cuenta los preceptos Constitucionales emitidos por las Altas Cortes de la república de Colombia».

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y CITADOS

1. El Juzgado Segundo de Familia de Montería, solicitó declarar improcedente el amparo, porque no se configura ninguno de los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial e indicó que el 5 de diciembre de 2023 se celebró la audiencia prevista en el artículo 372 del Código General del Proceso en la que, en efecto, negó los testimonios de la demandada, decisión que no fue

audiencia prevista en el artículo 372 del Código General del Proceso en la que, en efecto, negó los testimonios de la demandada, decisión que no fue caprichosa sino justificada por no cumplir las exigencias previstas en el artículo 212 ibidem, la que además, no fue objeto de recursos.

2. La Procuradora 18 Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres de Montería, señaló que es evidente la ausencia de las causales generales de procedibilidad, puesto que la accionante tuvo a su alcance la posibilidad de impugnar la decisión denegatoria de las pruebas y no lo hizo, dejando precluir la oportunidad legal para ello.

3. La señora Jimena, demandante en el proceso objeto de cuestionamiento, a través de la apoderada manifestó que en la audiencia del 5 de diciembre de 2023, el Juzgado accionado procedió a decretar algunas pruebas y negar otras, entre las segundas está la prueba testimonial solicitada por la demandada, determinación que no fue objeto de

algunas pruebas y negar otras, entre las segundas está la prueba testimonial solicitada por la demandada, determinación que no fue objeto de pronunciamiento por la misma y la que se encuentra ajustada a derecho,Rad. no. 23001-22-14-000-2024-10017-01 4 por lo que no puede pretender utilizar esta vía, como una oportunidad más para revivir términos ya fenecidos. LA SENTENCIA IMPUGNADA El Tribunal Superior de Montería, negó por improcedente  la protección por la falta de legitimación en la causa por activa, pues «el poder allegado con la demanda por el Dr. Eduardo Rafael Sánchez Flórez para actuar como apoderado judicial de la menor A.G.C., quien es representada por su madre [María], al interior del presente trámite no satisface las exigencias que al particular ha establecido la jurisprudencia constitucional , en efecto, al examinarse el documentopoder se tiene que en éste no se refiere el proceso judicial por el que se acciona contra la autoridad judicial convocada, ni la conducta activa o pasiva de ésta que da lugar a la interposición de la acción» También, señaló que aun cuando se superara ese presupuesto, el amparo tampoco estaba llamado a prosperar en tanto no satisface los

También, señaló que aun cuando se superara ese presupuesto, el amparo tampoco estaba llamado a prosperar en tanto no satisface los requisitos de la inmediatez y la subsidiariedad, el primero, por cuanto la decisión cuestionada data de 5 de diciembre de 2023, habiendo transcurrido diez meses y unos días hasta la formulación de esta acción, esto es, fuera del semestre que la jurisprudencia ha señalado como razonable para ello y, el segundo, pues esa determinación no fue recurrida por ninguno de los recursos dispuestos por la ley procesal.

LA IMPUGNACIÓN El abogado de la accionante insistió en que el auto de 5 de diciembre de 2023 desconoce los derechos fundamentales alegados, «toda vez que el auto que decreta y practica las pruebas no es apelable, se negaron unos testimonio, no obtante el juez de conocimiento del proceso desestima los testitmonios decretados por el de oficio, quedándose con una versión del proceso antes mencionado, el cual desconoce la vulneración de dichos principos fundamentales» (sic).Rad. no. 23001-22-14-000-2024-10017-01 5

CONSIDERACIONES

1. De la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

5

CONSIDERACIONES

1. De la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Sólo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusión en las garantías fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por vía de tutela, siempre y cuando, claro está, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicción oportunamente.

2. La queja constitucional En el asunto que ocupa la atención de la Sala, la accionante María, en representación de su hija menor de edad, solicita dejar sin efecto el auto de 5 de diciembre de 2023 proferido por el Juzgado Segundo de Familia de Montería, porque mediante esa providencia decretó los testimonios solicitados por la demandante, pero no los de ella, situación que califica como vulneradora del derecho fundamental al debido proceso de su hija.

3. De la legitimación en la causa en las acciones de tutela. 3.1 No puede olvidarse, que aun cuando el ordenamiento establece

3. De la legitimación en la causa en las acciones de tutela. 3.1 No puede olvidarse, que aun cuando el ordenamiento establece que la acción de tutela se trata de un procedimiento breve y sumario y por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible esquivar el respeto a requisitos tales como el de la legitimación.

El artículo 10° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela «Podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera personaRad. no. 23001-22-14-000-2024-10017-01 6 vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud». En ese sentido, esta Corte ha reiterado, que, «tanto las normas como la jurisprudencia, consideran válidas tres vías procesales adicionales para la interposición de la acción de tutela: (i) a través del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces

la jurisprudencia, consideran válidas tres vías procesales adicionales para la interposición de la acción de tutela: (i) a través del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso» (CSJ. STC1148-2021, STC11332-2021, STC1176-2022, STC89392022, STC10721-2023, STC11592-2023 y, STC8230-2024 entre muchas). Debe resaltarse que, en relación con lo anterior esta Corporación ha sostenido que, (…) La legitimación de los abogados para instaurar la acción de tutela aduciendo representación judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto… De este modo, cuando la acción de tutela se ejerce a título de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposición. La carencia de la citada personería para iniciar la acción de amparo constitucional, no se suple con la presentación del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acción de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser

apoderado judicial, aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acción de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimación por activa» (CSJ, STC 4 may. 2012, rad. 00145-01, reiterada entre otras en STC8139-2015, STC10422019,  STC11880-2019,  STC256-2022, STC3425-2022, STC16688-2023 y, STC152-2024) (Se subraya). Por lo tanto, cuando se busca la protección de los derechos fundamentales de otra persona natural o jurídica, es indispensable actuar con poder especial, siempre y cuando se haga a través de abogado, oRad. no. 23001-22-14-000-2024-10017-01 7 demostrar que aquélla realmente no está en condiciones de ejercer su defensa. Ahora, ese poder especial debe estar dotado de los específicos requisitos establecidos en los artículos 73, 74 y 75 del Código General del Proceso, entre otros, que el asunto para el que se hubiese conferido estuviera, como lo pide la ley, determinado y claramente identificado.

Proceso, entre otros, que el asunto para el que se hubiese conferido estuviera, como lo pide la ley, determinado y claramente identificado. 3.2 La Sala advierte la improsperidad de la acción de tutela y la consecuente confirmación de la sentencia impugnada, por la falta de legitimación del abogado Eduardo Rafael Sánchez Flórez, quien no está habilitado para acudir a este amparo en nombre de María, quien es representante legal de la menor Sofía, para lo cual aportó poder conferido por aquélla. Sobre el particular, habrá que decir que le asiste la razón al Tribunal a quo cuando afirmó que, en este caso, el poder allegado con la demanda de tutela no satisface las exigencias que ha establecido la jurisprudencia y, por ende, no se encuentra la legitimación en la causa por activa que habilite al mencionado abogado a representar los intereses de la señora María. En efecto, al hacer un análisis del mandato aportado1, se pudo corroborar   que,   el   mismo   no   cumple   con   los   requisitos   que

En efecto, al hacer un análisis del mandato aportado1, se pudo corroborar   que,   el   mismo   no   cumple   con   los   requisitos   que jurisprudencialmente han sido señalados como obligatorios para que este tipo de documentos puedan cumplir a cabalidad su función, pues no se identificó la actuación judicial dentro de la cual se presentó la presunta transgresión, ni mencionó la decisión judicial que a través de esta vía cuestiona. 1 Página 8 del PDF 02Demanda del expediente digital de esta acción de tutela.Rad. no. 23001-22-14-000-2024-10017-01 8 Recuérdese que «La legitimación en la causa es un presupuesto fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor en forma idónea para que el asunto pueda ser analizado de fondo, por lo que este aspecto no puede ser ignorado por el juez constitucional al momento de decidir, de manera que, de no acreditarse por la parte actora, debe declarar improcedente la tutela». ( CSJ STC 10721 sep. 27 2023). Por lo tanto, cualquier situación que afecte dicho presupuesto, como lo es, en este caso, la ausencia de poder especial, hace imposible el análisis de fondo de las circunstancias presuntamente vulneradoras de derechos

en este caso, la ausencia de poder especial, hace imposible el análisis de fondo de las circunstancias presuntamente vulneradoras de derechos fundamentales,   por   lo   que,   se   reitera,   es   necesario   declarar   la improcedencia de la acción.

4. Del incumplimiento de los presupuestos de la inmediatez y la subsidiariedad por incuria Además, el amparo suplicado tampoco podía abrirse paso, toda vez que, igualmente se incumplió con los mencionados requisitos. 4.1 El de la inmediatez, toda vez que la providencia mediante la cual el Juzgado Juzgado Segundo de Familia de Montería negó unas pruebas solicitadas por la aquí accionante, fue proferida en audiencia de 5 de diciembre de 2023, mientras que el amparo fue promovido el 17 de octubre de 2024, es decir, se superó el término de 6 meses señalado por esta Sala como   suficiente   para   acudir   oportunamente   a   este   mecanismo constitucional,  exigencia sobre la que la Corte reiteradamente ha puntualizado, (…) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinación judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra

puntualizado, (…) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinación judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que éste último no pierda su razón de ser (…) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostró, ni invocó siquiera, justificación de tal demora por el accionante (CSJ. STC. 14 Sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC. 27 Oct. 2011, exp. 2011-02245-00, STC3845-2022, STC6067-2022, STC61502022, STC15443-2022, STC4123-2023 y STC2038-2024 entre otras).Rad. no. 23001-22-14-000-2024-10017-01 9 Véase que, la accionante no alegó y menos probó, algún motivo que le haya impedido acudir a esta vía extraordinaria tempestivamente, como tampoco acreditó circunstancias especiales que permitieran superar la ausencia de aquel presupuesto. 4.2 En lo que tiene que ver con el segundo, el de la subsidiariedad, es importante señalar que, examinado el link remitido por el juzgado

4.2 En lo que tiene que ver con el segundo, el de la subsidiariedad, es importante señalar que, examinado el link remitido por el juzgado accionado,   en   donde   se   encuentra   el   expediente   electrónico, particularmente el archivo que contiene la grabación de la audiencia que se adelantó el 5 de diciembre de 2023, se pudo determinar que el apoderado, de ese entonces, de la señora María, aquí accionante, quien pese a tener la posibilidad de interponer los recursos de reposición y, en subsidio apelación contra la negativa del decreto de los testimonios y la declaración de la menor de edad, guardó silencio2 (artículos 318 y, numeral 3° del 321 del Código General del Proceso). Lo anterior evidencia que la accionante contó con la oportunidad y el mecanismo para cuestionar la decisión de la que ahora se queja y no lo hizo, descuido  que imposibilita y descarta la procedencia de este amparo, teniendo en cuenta que es un mecanismo subsidiario, que no puede utilizarse como una instancia adicional para subsanar la falta de interposición de las defensas ordinarias.

utilizarse como una instancia adicional para subsanar la falta de interposición de las defensas ordinarias. En relación con lo anterior, esta Sala ha sido enfática en indicar que esta especial acción constitucional, no se instituyó en busca de brindar oportunidades adicionales o con el fin de revivir términos para la formulación de mecanismos ordinarios, porque la falta de su proposición, lo que evidencia es una desidia procesal, que no puede sanearse por esta 2 Ver grabación entre los minutos 31:19 y 38:06 contenida en el archivo denominado «31VideoAudiencia.mp4» de la carpeta principal del expediente digital 2022-00514.Rad. no. 23001-22-14-000-2024-10017-01 10 vía. Por tanto, cuando existe negligencia de las partes para interponerlos, como aquí acontece, «quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que serían el fruto de su propia incuria». (CSJ. STC11177-2018 de 29 de agosto de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01, reiterada en

STC2264-2022, STC11804-2022 y STC1793-2023 entre muchas).

5. Conclusión.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, se confirmará la sentencia impugnada. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,  CONFIRMA  la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. Comuníquese por el medio más expedito a los interesados y, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Presidente de Sala

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUERad. no. 23001-22-14-000-2024-10017-01

11

FRANCISCO TERNERA BARRIOS