CSJ - STC16955-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC16955-2026 Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-01934-01 (Aprobado en sesión del dos de septiembre de dos mil veintiséis)

Bogotá, D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia de 23 de julio de 2026 proferida por la Sala de Casación Penal, dentro de la acción de tutela promovida por Nini Joahanna Vélez Álvarez contra el Juzgado 802 Penal del Circuito con Función de Conocimiento Transitorio de Bogotá y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa urbe, trámite al cual fueron vinculados los partícipes en la causa penal n.° 2026-00755.

ANTECEDENTES

1. La accionante reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, familia, dignidad y libertad, que consideró vulnerados por el juzgado accionado con la sentencia de 16 de junio de 2026 que , además deRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-01934-01

2 condenarla penalmente, le negó la prisión domiciliaria, en el marco de la causa penal n.° 11001-60-00-000-2026-00755.

2. En síntesis, adujo que en el referido fallo se le condenó a la pena principal de treinta y dos (32) meses de prisión por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, tras alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía

condenó a la pena principal de treinta y dos (32) meses de prisión por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, tras alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Sostuvo que en la misma audiencia de lectura del fallo solicitó la sustitución de la pena por prisión domiciliaria, «invocando la condición de cuidadora única y principal de su nieto JOEL MATÍAS MONJE GUTIÉRREZ, menor de siete (7) años», cuya madre falleci ó y cuyo padre no hace presencia en su vida. A pesar de ello, el despacho negó la solicitud «invocando la prohibición contenida en el artículo 68A del Código Penal, sin efectuar juicio de ponderación constitucional alguno entre dicha restricción legal y los derechos fundamentales prevalentes del menor huérfano».

Manifestó que presentó recurso de apelación contra el fallo condenatorio el 18 de junio de 2026, el cual se encuentra pendiente de resolución ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá; trámite en el cual « privación de libertad intramuros continúa causando un perjuicio irremediable al menor».

De ese panorama derivó la lesión de sus prerrogativas fundamentales, toda vez que, en su concepto, su privación de la libertad « coloca al menor JOEL MATÍAS en situación de abandono, riesgo psicosocial, interrupción de su seguimiento psicológico, afectación de su proceso educativo y agravamiento de su condición de salud mental, todo lo cual constituye un perjuicio grave, actual e irremediable para un sujeto de especial protección constitucional».Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-01934-01

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salud mental, todo lo cual constituye un perjuicio grave, actual e irremediable para un sujeto de especial protección constitucional».Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-01934-01

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3. Por lo anterior, solicitó ordenarle al juzgado accionado sustituir la pena de prisión intramuros por prisión domiciliaria tras efectuar « el juicio de ponderación constitucional exigido por la doctrina de la Corte Constitucional entre la restricción del artículo 68A del Código Penal y los derechos fundamentales prevalentes del menor». Además pidió que los efectos del fallo de tutela «se mantengan vigentes durante todo el tiempo que tarde en reso lverse el recurso de apelación interpuesto ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal », petición con base en la cual se otorgó competencia a la Sala de Casación Penal1.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. El Juzgado 802 Penal del Circuito con Función de Conocimiento Transitorio de Bogotá informó que emitió la sentencia de 16 de junio de 2026, contra la cual la accionante interpuso y sustentó en debida forma recurso de apelación, mismo que remitió el 3 de ju lio de 2026 al reparto correspondiente. Consideró que no incurrió en vulneración alguna, por lo que pidió denegar el amparo.

2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá señaló que, al momento de emitir respuesta, no había recibido el expediente para el trámite de apelación.

1 Sobre el particular, se advierte que en auto de 22 de junio de 2026 la Sala Penal del Tribunal Superior

Judicial de Bogotá señaló que, al momento de emitir respuesta, no había recibido el expediente para el trámite de apelación.

1 Sobre el particular, se advierte que en auto de 22 de junio de 2026 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá consideró que el amparo también se dirigía en su contra, por lo cual remitió el asunto a reparto ante la Sala de Casación Penal de esta Corporación, la cual admitió la demanda para su trámite el 24 de junio de 2026, sin reparo alguno.Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-01934-01

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3. La Fiscalía 358 Seccional de Seguridad Pública de Bogotá manifestó que «no tiene injerencia en la solicitud presentada por la accionante».

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala de Casación Penal negó la salvaguarda al considerar incumplido el presupuesto de la subsidiariedad toda vez que « se logra percibir que el asunto cuestionado por la accionante aún se encuentra en trámite, pues, según lo manifestado en la demanda de amparo y en los informes rendidos por las entidades accionadas y vinculadas, el proceso no ha llegado a su resolución en segunda instancia. En consecuencia, la interesada no ha agotado la actuación ante el juez natural, dado que el proceso en su contra esta activo, lo que constituye una vía idónea para ejercer sus derechos».

Sin embargo, una magistrada presentó salvamento de voto, señalando que «en mi criterio, debió concluirse que el juez de conocimiento incurrió en un defecto de decisión sin motivación, al mantener la privación intramural de la libertad sin exponer las razones

voto, señalando que «en mi criterio, debió concluirse que el juez de conocimiento incurrió en un defecto de decisión sin motivación, al mantener la privación intramural de la libertad sin exponer las razones constitucionales que justificaran la medida».

IMPUGNACIÓN

La interpuso la promotora insistiendo en sus pretensiones y argumentos de instancia. Precisó que «el fallo omitió el análisis del perjuicio irremediable como causal autónoma de procedibilidad», que existió un «desconocimiento del interés superior del menor y del principio de prevalencia de los derecho de la niñez » y que el salvamento de voto evidenciaba la necesidad de conceder el amparo.Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-01934-01

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CONSIDERACIONES

1. Ha sido invariable la posición de la jurisprudencia de esta Corte al señalar que uno de los principios esenciales que orienta la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política es el de subsidiariedad.

En virtud de ese presupuesto, se ha dich o en precedencia que la acción de tutela no puede emplearse como un medio alternativo o supletorio en la solución de las controversias, ni su aducción ante el juez de amparo puede ser coetánea con los procedimientos ordinarios estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a éstos, tampoco ser tomada como un recurso adicional de los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales con los cuales el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales.

De manera que, una de las formas de incumplir ese

mecanismos de defensa de los derechos fundamentales con los cuales el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales.

De manera que, una de las formas de incumplir ese carácter residual es cuando se procura con la protección constitucional frente a asuntos que están pendientes de resolución en el marco del trámite cuestionado . Al respecto, tiene dicho esta Sala que:

«(…) Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acción pública no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir tópicos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no está concebida para sustituirlos oRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-01934-01

6 desplazarlos “sino única y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garantía de rango superior con ocasión de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla » (CSJ, STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; reiterado entre otros en STC5519-2026).

2. El carácter residual y subsidiario de este instrumento cobra relevancia cuando el proceso penal cuestionado se encuentra activo, por cuanto es en él donde la promotora del amparo puede y debe hacer valer sus prerrogativas.

En todo caso, solo se admitiría la injerencia del juez de amparo en un trámite judicial que aún transcurre en el

la promotora del amparo puede y debe hacer valer sus prerrogativas.

En todo caso, solo se admitiría la injerencia del juez de amparo en un trámite judicial que aún transcurre en el evento de probarse con suficiencia la existencia de un perjuicio irremediable, pues, de no ser de esa manera, y de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección a lternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, avocando a un desborde institucional en el cumplimiento de las func iones de esta última. Al respecto esta Sala ha dicho:

«Recuérdese que la acción de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse sólo cuando en el escenario natural del respectivo trámite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, únicamente es permiti da la revisión del desarrollo procesal respecto de las garantías propias del juicio, pero en ningún momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constitución o la ley les han asignado la competencia p ara resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conduciría a invadir su órbita deRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-01934-01

7 acción y a quebrantar la Carta Política » (CSJ, STC102792017).

Y la Sala de Casación Penal, órgano de cierre de esa especialidad, al resolver tutelas del mismo tenor tiene sentado que:

7 acción y a quebrantar la Carta Política » (CSJ, STC102792017).

Y la Sala de Casación Penal, órgano de cierre de esa especialidad, al resolver tutelas del mismo tenor tiene sentado que:

«(…) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acción de tut ela contra decisiones que en su trámite se produzcan, resulta francamente improcedente , como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opción extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por vía de casación, dado el carácter de control constitucional que tiene ese recurso» (CSJ, STP6603-2017; se resalta)

3. En el asunto puesto a consideración, al margen del problema jurídico planteado, anticipa la Sala la desestimación de la protección pretendida por cuanto no se advierte satisfecho el requisito de subsidiariedad conforme lo prevé el numeral 1º del artículo 6 º del Decreto 2591 de 1991, dado que, al encontrase el proceso penal en cuestión activo , es ahí donde la promotora del resguardo le corresponde defender las prerrogativas que considera afectadas.

Es que, contrario sensu a lo argüido por la actora, los reproches frente a cualquier presunta irregularidad, deben y pueden seguir siendo propuestos en las oportunidades contempladas legalmente a través de los medios o

considera afectadas.

Es que, contrario sensu a lo argüido por la actora, los reproches frente a cualquier presunta irregularidad, deben y pueden seguir siendo propuestos en las oportunidades contempladas legalmente a través de los medios o instrumentos de refutación previstos en el proceso -alegatosRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-01934-01

8 de conclusión y/o recursos ordinarios y extraordinarios, si es que la sentencia que finiquite el pleito le es desfavorable-, y, de manera puntual, con el recurso de apelación que se encuentra en trámite , ejerciendo a plenitud el derecho de defensa y contradicción, sin que ello sea viable a través de esta salvaguarda, que como en reiteradas oportunidades se ha indicado, no fue instituida para desplazar al juzgador de la causa dado su indiscutido carácter residual.

En ese sentido, cualquier decisión del juez constitucional respecto de la queja elevada resulta apresurada porque el proceso penal se encuentra en curso y, particularmente, porque está pendiente resolver la apelación concedida contra la determinación que acá se cuestiona, pues allí mismo se le condenó penalmen te y se le negó su solicitud de prisión domiciliaria.

4. Ahora bien, en lo que respecta a la procedencia del auxilio de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable, para la Corte los argumentos expuestos no son suficientes para demostrar la configuración de los presupuestos mínimos exigidos para su viabilidad , principalmente porque las pruebas aportadas , limitadas a declaraciones juramentadas de familiares y allegados que describen la relación existente entre la accionante y el menor,

presupuestos mínimos exigidos para su viabilidad , principalmente porque las pruebas aportadas , limitadas a declaraciones juramentadas de familiares y allegados que describen la relación existente entre la accionante y el menor, no son suficientes para dar cuenta de manera certera de la situación aducida.Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-01934-01

9 Sobre las características del perjuicio irremediable, esta Corporación ha aplicado varios criterios para determinar su existencia, a saber: «la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos , que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados ». (CSJ, STC723 -2021; reiterado en STC3196-2022).

5. En definitiva, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es suficiente declarar la improcedencia de la presente acción, y releva a esta instancia de ahondar en otras temáticas específicas, en todo caso, condicionadas a la superación de dicho presupuesto.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por

condicionadas a la superación de dicho presupuesto.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-01934-01

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JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

(con ausencia justificada)

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado No firma ausencia justificada

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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