CSJ - STC17024-2026
Descargar PDFDetalles
- Título
- CSJ - STC17024-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- 2026
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Magistrado Ponente
STC17024-2026
Radicación n.º 15001-22-13-000-2026-00200-01
(Aprobado en sesión del nueve de septiembre de dos mil veintiséis)
Bogotá, D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).
Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior el pasado 5 de agosto de 2026, dentro de la acción de tutela promovida por Z.Z.R.G. contra el Juzgado Primero Civil del Circuito y la Comisaría de Familia del Municipio, trámite al cual fueron vinculados las autoridades, partes e intervinientes dentro del juicio de investigación de paternidad n°. 2025-00000-00.
ANOTACIÓN PRELIMINAR
En aras de preservar la intimidad de los menores de edad involucrados, en esta versión del presente fallo, que será la publicable para lo de rigor, los nombres de las partes se reemplazarán por otros ficticios a fin de evitar la divulgación de sus datos, de conformidad con el artículo 1° del Acuerdo n.° 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Sala de Casación.
ANTECEDENTES
1. La accionante, en nombre propio y como representante legal de sus dos hijos menores de edad, reclamó la protección de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, debido proceso, identidad, personalidad jurídica, filiación e interés superior de los niños, presuntamente vulnerados por las autoridades enjuiciadas.
2. En sustento, relató que:
2.1. Promovió proceso de investigación de la paternidad contra C.A.T.C., con el propósito de obtener la determinación judicial de la filiación paterna de sus hijos y garantizar sus derechos a la identidad y al estado civil. La demanda se presentó por intermedio de la Comisaría de Familia, autoridad que asumió la representación de los niños dentro del proceso.
2.2. Expuso que, mediante auto del 25 de junio de 2025, el Juzgado Primero Civil del Circuito inadmitió la demanda y concedió el término para corregirla, requerimiento que atendió oportunamente, de modo que, por proveído del 15 de julio de 2025, esa autoridad admitió la demanda, ordenó la notificación del demandado y decretó la práctica de la prueba científica de ADN.
2.3. Añadió que, pese a las gestiones desplegadas para lograr la notificación personal del convocado, el despacho las estimó insuficientes frente a las exigencias legales y dispuso nuevas diligencias, motivo por el cual solicitó que se autorizara el emplazamiento. Sin embargo, mediante providencia del 4 de marzo de 2026 el juzgado negó tal petición, al considerar que no se hallaban reunidos los presupuestos para acudir a ese mecanismo.
2.4. Indicó que contra esa decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación, resueltos por auto del 19 de mayo de 2026, que confirmó lo resuelto y negó la concesión de la alzada. Como consecuencia, el proceso permaneció durante un período considerable en la etapa de notificación, sin que pudiera avanzarse hacia la práctica de la prueba biológica decretada ni hacia una decisión de fondo sobre la filiación de los menores.
3. Con fundamento en lo expuesto, pidió amparar las garantías invocadas y, en consecuencia, disponer lo necesario para que se surtiera la notificación del demandado y el proceso de investigación de la paternidad pudiera avanzar hacia la práctica de la prueba genética y la definición judicial de la filiación de sus hijos.
RESPUESTA DE LA ACCIONADA
La Comisaría de Familia pidió que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva. Sostuvo que cumplió las actuaciones ordenadas por el Juzgado y adelantó de manera reiterada la notificación del demandado —a quien notificó personalmente el 23 de julio de 2025 y a quien remitió la documentación por WhatsApp en varias ocasiones—, por lo que calificó las exigencias del despacho como un exceso ritual manifiesto. No obstante, solicitó amparar los derechos fundamentales de los menores, al estimar acreditado que el demandado tuvo conocimiento efectivo del proceso.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala Civil–Familia del Tribunal Superior declaró improcedente el amparo por subsidiariedad, al estimar prematura la solicitud. Estimó que las providencias del 4 de marzo y del 19 de mayo de 2026 no se advertían arbitrarias, pues exigir la notificación en debida forma es una garantía del derecho de defensa y no un capricho, y que la accionante aún conservaba mecanismos dentro del proceso ordinario, más aún cuando el trámite estaba pendiente de que el despacho resolviera las comunicaciones de la Comisaría del 12 de junio y 22 de julio de 2026. En consecuencia, exhortó al Juzgado Primero Civil del Circuito a pronunciarse sobre ellas e imprimir celeridad al proceso.
IMPUGNACIÓN
IMPUGNACIÓN
La formuló la actora, adujo que el amparo no es prematuro, pues lo relevante no es una diligencia aislada, sino que la investigación de paternidad lleve más de un año detenida en la etapa de vinculación del demandado, sin que los menores obtengan una decisión sobre su filiación. Señaló que el paso del tiempo no es neutro cuando median derechos prevalentes y que el propio exhorto del a quo revela una situación que reclama intervención. Por ello pidió revocar la improcedencia, conceder la protección y ordenar al juzgado resolver, en un término preciso, las comunicaciones de la Comisaría del 12 de junio y 22 de julio de 2026; en subsidio, reforzar el exhorto con un plazo concreto.
CONSIDERACIONES
1. De entrada, se apunta que la decisión impugnada ha de ser confirmada, por cuanto las circunstancias que originaron la solicitud inicial desaparecieron en el curso de la instancia, tal como pasa a exponerse.
2. Carencia actual de objeto por hecho superado
Tanto la tutela como su impugnación se dirigían a que se superara la etapa de notificación del demandado y a que el juzgado resolviera las comunicaciones radicadas por la Comisaría de Familia el 12 de junio y el 22 de julio de 2026, de modo que el proceso de investigación de paternidad pudiera avanzar hacia la práctica de la prueba de ADN.
No obstante, del material que obra en el expediente se advierte que lo pretendido fue atendido, pues, mediante auto del 13 de agosto de 2026, el Juzgado Primero Civil del Circuito tuvo por notificado a C.A.T.C. —con fundamento en la notificación surtida el 17 de julio de 2026 a través de mensaje de datos, conforme al artículo 8 de la Ley 2213 de 2022— y dispuso que empezara a correr el término de traslado, con lo cual quedó integrado el contradictorio y habilitado el avance del trámite hacia el medio probatorio decretado.
Así, la situación de hecho que originó el reclamo fue superada y cualquier orden en ese sentido resultaría inocua. Sobre el punto, esta Sala de tiempo atrás ha precisado:
«Si bien se tiene que el propósito de la tutela, es que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa actual y cierta de los mismos, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción.» (C.C., T-308/03, citada en STC1341-2020 y STC1363-2020).
3. En consecuencia, como la conducta cuya omisión se reprochaba ya fue desplegada, se confirmará el fallo impugnado, por configurarse la carencia actual de objeto por hecho superado.
DECISIÓN
3. En consecuencia, como la conducta cuya omisión se reprochaba ya fue desplegada, se confirmará el fallo impugnado, por configurarse la carencia actual de objeto por hecho superado.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.
Comuníquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Presidente de Sala