CSJ - STC17048-2025

HILDA GONZÁLEZ NEIRA Magistrada ponente STC17048-2025 Radicación n.° 11001-02-04-000-2025-01734-01 (Aprobado en Sala de veintidós de octubre dos mil veinticinco) Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025). Se desata la impugnación del fallo proferido el 5 de agosto de 2025 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que José Luis Borja Sánchez, quien adujo actuar como apoderado de María del Pilar Castiblanco, instauró contra la Sala de Casación Laboral y la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) , extensiva a los demás intervinientes en el consecutivo 11001-31-05-004-2018-00055-01. ANTECEDENTES 1.- El libelista, en la calidad aducida, invocó la protección de los derechos al «mínimo vital», y, «dignidad humana», para que se ordenara, «a la UGPP como MEDIDA TRANSITORIA el pago de la mesada pensional a la accionante MARIA DEL PÍLAR CASTIBLANO, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de Casación» y, «se impulse el recurso extraordinario de casación, en el sentido deRadicación n.° 11001-02-04-000-2025-01734-01 que la parte que lo interpuso argumente ante aquel despacho las normas violadas por los jueces de instancia y que son susceptibles del citado recurso extraordinario». Para ello señaló que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de

que la parte que lo interpuso argumente ante aquel despacho las normas violadas por los jueces de instancia y que son susceptibles del citado recurso extraordinario». Para ello señaló que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, en el proceso de sustitución pensional que María del Pilar Castiblanco promovió contra la UGPP a raíz del fallecimiento de su esposo Adolfo Pedraza Méndez -rad. n°. 2018-00055-, al cual se hicieron parte Berenice Balcero y otra, dictó sentencia en la que accedió a las pretensiones (17 en. 2022). La UGPP apeló y el superior avaló lo resuelto por el a quo (20 oct. 2023); posteriormente, aquella interpuso recurso extraordinario de casación, por lo que en abril del año 2024 se envió expediente a la Sala de Casación Laboral para su resolución, empero, «han pasado más de 14 meses, sin que el proceso tome el impulso normal para acometer el recurso extraordinario». Resaltó que, su «defendida cuenta con 70 años edad, con enfermedades de base como hipertensión, prediabetes, hígado graso y hemorroides entre otras; de esta última enfermedad se tiene programada cirugía para los próximos días, gracias a ser beneficiaria en salud de una de sus hijas». 2.- La Sala de Casación Laboral informó: «(…) el expediente ingresó al despacho para dar el trámite respectivo al recurso extraordinario de casación el 9 de mayo de 2024. Ahora bien, ante la solicitud de amparo de pobreza realizada por la

«(…) el expediente ingresó al despacho para dar el trámite respectivo al recurso extraordinario de casación el 9 de mayo de 2024. Ahora bien, ante la solicitud de amparo de pobreza realizada por la demandante, el respectivo estudio se realizó en Sala 25 llevada a cabo el pasado 6 de julio del presente año y hoy -01 de agostose registró la decisión en el sistema ESAV, para que, por secretaría se proceda a la notificación por estado. Cumplido lo anterior se continuará con el trámite conforme a lo dispuesto en 2Radicación n.° 11001-02-04-000-2025-01734-01 el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, en concordancia con el artículo 26 de la Ley 2430 de 2024. Así las cosas, se emitirá la resolución correspondiente en observancia del principio de igualdad frente a la garantía superior de acceso a la administración de justicia. En este caso, vale la pena resaltar que dichos preceptos legales deben cumplirse en forma estricta. No obstante, es importante aclarar que el proceso estuvo a cargo del despacho del exmagistrado Fernando Castillo Cadena, quien culminó su período constitucional el pasado 10 de abril de 2024 y el suscrito magistrado se posesionó el 5 de junio de 2025». La Sala Laboral del Tribunal Superior y el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá aportaron link del asunto refutado. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPPy Colfondos S.A. pidieron su desvinculación.

SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACIÓN

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPPy Colfondos S.A. pidieron su desvinculación. SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACIÓN 1.- La Sala de Casación Penal desestimó el resguardo, porque evidencio una tardanza justificada del despacho accionado para emitir un pronunciamiento respecto al recurso extraordinario de casación que instauró la UGPP y la solicitud de amparo de pobreza que radicó María del Pilar Castiblanco en el expediente n°. 2018-00055; señaló, además que, «si bien la accionante manifestó que carece de medios monetarios para proveer su sustento, tiene 70 años edad y cuenta «con enfermedades de base como hipertensión, prediabetes, hígado graso y hemorroides entre otras», no aportó elementos de convicción que acrediten, si quiera de forma sumaria, dicha incapacidad económica, solo allegó escritos que dan cuenta de su situación de salud». 2.- El memorialista impugnó, sin argumentos adicionales. 3Radicación n.° 11001-02-04-000-2025-01734-01 CONSIDERACIONES 1.- Ab initio , se anticipa la convalidación de lo proveído en la primera instancia, pero por «falta de legitimación en la causa» por activa. Afirmase así, porque, el «mandato» conferido a José Luis Borja Sánchez no lo habilita para actuar como « apoderado» de María del Pilar Castiblanco en esta «acción de tutela», toda vez que no reúne los requisitos

Afirmase así, porque, el «mandato» conferido a José Luis Borja Sánchez no lo habilita para actuar como « apoderado» de María del Pilar Castiblanco en esta «acción de tutela», toda vez que no reúne los requisitos del inciso 1° del artículo 74 del Código General del Proceso, esto es, «(…) En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados» -, norma aplicable por remisión del canon 4º del Decreto 306 de 1992pues, pese a que en esta instancia se le requirió para que lo aportara, pleno cumplimiento de dichas exigencias (26 sep. 2025), se evidencio que, en el allegado se omitió determinar el proceso objeto de tutela, de manera que, se explique o permita identificar la situación fáctica concreta que origina esta senda superlativa, lo que conlleva, a la imposibilidad de estudiar el fondo del asunto. 1.1.- En lo concerniente con la «legitimación en la causa », esta Sala unificó su criterio frente a los «requisitos» que invoca el acto jurídico del «poder» -CSJ STC10721-2023-, así: (…) La legitimación en la causa es un presupuesto fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor en forma idónea para que el asunto pueda ser analizado de fondo, por lo que este aspecto no puede ser ignorado por el juez constitucional al momento de decidir, de manera que, de no acreditarse por la parte actora, debe declarar improcedente la tutela. (…) Dada la informalidad de la tutela, toda persona puede acudir directamente ante los jueces constitucionales para reclamar la protección inmediata de sus

por la parte actora, debe declarar improcedente la tutela. (…) Dada la informalidad de la tutela, toda persona puede acudir directamente ante los jueces constitucionales para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, facultad que también se puede ejercer, entre otros, a través de un profesional del derecho habilitado, siempre que el poder otorgado sea especial. 4Radicación n.° 11001-02-04-000-2025-01734-01 (…) Los poderes dados para ejercer la representación en otros procesos administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la jurisdicción constitucional. (…) Un poder especial en materia de tutela se otorga por escrito, por una sola vez y para un fin específico. En ese sentido, el mandato debe indicar: i) los datos de poderdante; ii) la autoridad accionada; iii) el derecho fundamental invocado; iv) el acto, omisión, proceso o providencia que causa el litigio, de manera que se explique o permita identificar la situación fáctica concreta que origina la tutela. (…) La ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de legitimación en la causa por activa y, por tanto, la tutela es improcedente (Se resalta) - citada, entre muchas otras, en CSJ STC1596-2024, STC5404-2024 y STC3923-2025. 1.2.- Así las cosas, si el tutelante no cuenta con «legitimación en la causa» para activar este remedio extraordinario, no es viable analizar las actuaciones o las presuntas omisiones del fallador en la Litis criticada.

1.2.- Así las cosas, si el tutelante no cuenta con «legitimación en la causa» para activar este remedio extraordinario, no es viable analizar las actuaciones o las presuntas omisiones del fallador en la Litis criticada. 2.- Como colofón, se acompañará la resolución recurrida. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. Notifíquese por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 5Radicación n.° 11001-02-04-000-2025-01734-01

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Presidenta de Sala

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

CON AUSENCIA JUSTIFICADA

FRANCISCO TERNERA BARRIOS

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