CSJ - STC17076-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

Magistrada ponente

STC17076-2026

Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-01413-01

(Aprobado en sesión del dos de septiembre de dos mil veintiséis)

Bogotá D.C., dos (2) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

ANOTACIÓN PRELIMINAR

De conformidad con el Acuerdo n° 034 de esta Corporación y con el fin de cumplir los mandatos que propenden por la protección de la intimidad y bienestar de los niños, niñas y adolescentes, en providencia paralela a esta, los nombres de las partes comprendidas en este asunto serán omitidos a fin de evitar la divulgación real de sus datos.

Advertido lo anterior, decide la Corte la impugnación del fallo proferido el 6 de julio de 2026 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en la acción de tutela instaurada por Sara contra el Juzgado Treinta y Nueve de Familia de la misma ciudad, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Comisaría de Familia de Fontibón y la Fiscalía General de la Nación, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de alimentos No. 11001-31-10-039-2024-00192-00.

# ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

La actora solicita que se ordene al juzgado accionado imprimir celeridad al proceso ejecutivo de alimentos que inició en representación de sus hijos menores en contra de Felipe, resolver los memoriales y solicitudes pendientes y adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo el pago de las cuotas alimentarias adeudadas.

Aduce que, pese a realizar seguimiento de su proceso y a las solicitudes que ha radicado en el sentido indicado en el párrafo anterior, persiste una mora judicial injustificada, agravada por el aplazamiento de las audiencias y por la ausencia de medidas cautelares efectivas, que ha «terminado favoreciendo materialmente las conductas dilatorias del demandado, permitiéndole mantenerse en una situación de tranquilidad económica».

Asimismo, señala que el 22 de mayo de 2026 pidió el reconocimiento de violencia económica y de género dentro del ejecutivo y el 27 de mayo solicitó la inscripción del demandado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), sin que a la fecha de presentación del amparo se hubiera resuelto ninguna de las dos peticiones.

Igualmente, extiende el reproche a la Fiscalía General de la Nación por no haber impulsado las actuaciones derivadas de los hechos de violencia económica e incumplimiento alimentario denunciados, y a la Comisaría de Familia de Fontibón, cuyas medidas de protección, afirma, el demandado ha desconocido.

Por todo ello, pide que se ordene a esas autoridades, junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, verificar la situación de vulneración de sus hijos, iniciar de ser procedente el proceso administrativo de restablecimiento de derechos y pronunciarse sobre las conductas puestas en su conocimiento.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

El juzgado accionado informó que las peticiones que la accionante radicó el 22 y 27 de mayo de 2026 se resolvieron mediante autos del 25 de junio de 2026, mediante los cuales se negó el reconocimiento de violencia económica y de género por ser una pretensión declarativa ajena al trámite ejecutivo y corrió traslado al ejecutado de la solicitud de inscripción en el REDAM. Agregó que las medidas cautelares se decretaron por auto del 11 de octubre de 2024, que no fue recurrido, y que los oficios se libraron, y que la audiencia del artículo 392 del Código General del Proceso está señalada para el 28 de julio de 2026.

La Comisaría Novena de Familia de Fontibón informó que el 15 de enero de 2025 adoptó medida de protección a favor de la accionante y de su hija menor de edad contra el señor Felipe, confirmada por el Juzgado Treinta y Seis de Familia de Bogotá el 27 de mayo de 2025; que un primer incidente de incumplimiento se declaró no probado el 15 de diciembre de 2025 y que el promovido el 16 de junio de 2026 se encuentra en proceso. Pidió su desvinculación por no dirigirse contra ella la inconformidad.

La Fiscalía 365 Local de la Unidad de Delitos contra la Armonía Familiar precisó que, agotada la indagación de la noticia criminal, adoptó decisión de fondo y presentó escrito de acusación, de manera que el asunto está en conocimiento del Juzgado 126 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, en etapa de juicio y pendiente de fijación de fecha para la audiencia concentrada.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN

El Tribunal declaró improcedente al hallar configurado un hecho superado frente a lo pedido respecto del juzgado accionado, esto es, que impulsara el proceso ejecutivo de alimentos resolviendo los memoriales pendientes, que es precisamente a lo que procedió mediante auto del 25 de junio de 2026. Indicó que tampoco advirtió omisión porque en auto del 28 de abril de 2026 el despacho fijó la audiencia para el 28 de julio de 2026. Agregó que el juzgado accedió a las cautelas que alude la actora mediante auto del 11 de octubre de 2024 y que en el proveído del 25 de junio de 2026 dio trámite a la solicitud de inscripción en el REDAM.

Respecto de las pretensiones frente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Comisaría de Familia de Fontibón y la Fiscalía General de la Nación, dirigidas a verificar la situación de vulneración de los derechos de los hijos de la accionante, estimo que el amparo no satisface el requisito de subsidiariedad, pues esas medidas debe reclamarlas la interesada dentro de las actuaciones que ya cursan ante dichas autoridades.

La accionante impugnó. Adujo que el hecho superado quedó indebidamente configurado, pues no basta una actuación formal o procesal de la autoridad accionada, sino que se requiere la satisfacción íntegra y material del derecho. Cuestionó que el fallo hubiera validado la tesis según la cual el reconocimiento de la violencia económica escapa al procedimiento ejecutivo. Insistió, por último, en que la subsidiariedad debe flexibilizarse frente a los derechos prevalentes de los niños y que el mero inicio de la noticia criminal o del incidente de incumplimiento no constituye mecanismo idóneo si no avanza de manera célere.

# CONSIDERACIONES

Circunscrita al escrito de impugnación, la Corte confirmará la sentencia impugnada, aunque por las razones que pasan a explicarse.

Frente al Juzgado Treinta y Nueve de Familia de Bogotá.

El reproche central que eleva la actora consiste en que el juzgado accionado no había impartido celeridad al ejecutivo de alimentos y mantenía sin resolver los memoriales radicado el 22 y 27 de mayo de 2026, mediante los cuales solicitó el reconocimiento de la violencia económica y de género dentro de ese trámite y la inscripción del demandado en el REDAM.

Sin embargo, del expediente se advierte que dichas peticiones fueron resueltas por el despacho mediante los independientes del 25 de junio de 2026, esto es, en el curso de este trámite constitucional, que fue repartida el 19 de junio de 2026.

En primer lugar, en la providencia proferida el 25 de junio de los corrientes dentro del cuaderno de medidas cautelares, el juzgado corrió traslado al ejecutado de la solicitud de inscripción en el REDAM, decretó el impedimento de salida del país del demandado y ordenó informar a las centrales de información financiera.

Por su parte, en el cuaderno principal, mediante auto de la misma fecha, negó la solicitud de reconocimiento de violencia económica y de género, al advertir que «obedece a un carácter declarativo y no de ejecución, por lo que su trámite escapa del presente procedimiento ejecutivo de alimentos», instó a la parte actora a promover las acciones pertinentes frente a las declaraciones anunciadas y respecto de su reclamo por la ausencia de cautelas efectivas, precisó que las medidas cautelares solicitadas se decretaron mediante auto del 11 de octubre de 2024.

Así, el reparo formulado por la tutelante relativo a la falta de respuestas frente los memoriales presentados en mayo de 2026, perdió actualidad, pues las solicitudes fueron decididas durante el curso de esta actuación.

Al respecto, debe agregarse que frente a las decisiones adoptadas en los autos del 25 de junio de 2026 no se advierte que la accionante hubiera interpuesto los recursos previstos en la ley para controvertir, en particular, la negativa a reconocer la violencia económica dentro del proceso ejecutivo de alimentos, que ahora reprocha en esta sede constitucional. Tal omisión comporta el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, en la medida en que la acción de tutela no procede cuando el interesado dispone de medios ordinarios de defensa judicial idóneos y eficaces, y pese a ello, se abstiene de ejercerlos.

Ahora bien, tampoco se advierte la inactividad que la accionante atribuye al juzgado en el trámite del proceso ejecutivo. Del expediente se evidencia que el 28 de julio de 2026 se realizó la audiencia de que tratan los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso. En ella, el despacho ejerció control de legalidad, dejó sin efectos los numerales tercero, cuarto y quinto del auto del 8 de julio de 2025, mediante los cuales había tenido por no descorridas las excepciones de mérito, convocado a la audiencia inicial, y regulado el traslado por vía digital y la convocatoria a la audiencia contenida en el auto del 28 de abril de 2026; además, corrió traslado de las excepciones por diez días para que al ejecutante se pronunciara sobre ellas y aportara o solicitara pruebas, y ordenó que, vencido ese término, el expediente ingresara de inmediato al despacho para fijar nueva fecha de audiencia.

Es cierto, como lo señala la tutelante, que el proceso no ha concluido. No obstante, esa circunstancia no conlleva a conceder el resguardo, pues el saneamiento dispuesto en la audiencia en el sentido de correr traslado de las excepciones obedeció a que no se había surtido con antelación, conforme lo previsto en el numeral 1º del artículo 443 del Código General del Proceso. Por ello, fue necesario retrotraer la actuación hasta ese momento, precisamente para garantizar el derecho de contradicción de la parte ejecutante, quien pudo pronunciarse sobre las excepciones formuladas por el ejecutado y aportar o solicitar las pruebas que considerara necesarias.

Frente al reproche sobre la subsidiariedad de las otras entidades:

De otro lado, la accionante censuró que se declarara la falta de subsidiariedad frente a la Comisaría de Familia de Fontibón y la Fiscalía General de la Nación, respecto de las cuales pidió verificar la situación de vulneración de los derechos de sus hijos, se iniciara el proceso administrativo de restablecimiento de derechos y se impulsaran las actuaciones derivadas de los hechos de violencia económica e incumplimiento alimentario denunciados.

Sobre este punto, la Corte tiene dicho que:

«(...) Si no se ha realizado la solicitud a la autoridad correspondiente, la acción de tutela no está llamada a prosperar, pues la acción de tutela no se instituyó para inmiscuirse en las actuaciones a cargo de las otras autoridades, ni de los particulares, sino para impedir o desterrar las acciones u omisiones que causen quebranto en los derechos básicos, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial» (CSJ. STC 30 en. 2013, rad. 201200275-01, reiterada entre otras, en STC1119-2019, STC2287-2022, STC483-2023, STC3971-2023 y, STC3145-2024 entre muchas).

En este caso, además, la propia accionante ya acudió a los mecanismos ordinarios correspondientes y ambas actuaciones se encuentran en curso. El incidente de incumplimiento de la medida de protección se encuentra en trámite ante la Comisaría y la actuación penal cuenta con escrito de acusación y cursa en etapa de juicio ante el Juzgado Ciento Veintiséis Penal Municipal con Funciones de Conocimiento. En esas condiciones, las medidas que ahora reclama en sede constitucional son asuntos que corresponde solicitar y definir dentro de tales actuaciones, que se encuentran en trámite ante las autoridades competentes para conocer de ellas. La intervención del juez de tutela, por tanto, implicaría desplazar a esas autoridades o anticipar decisiones que corresponde adoptar en el marco de los procedimientos que actualmente siguen su curso.

Tampoco modifica esta conclusión lo expuesto por la accionante según el cual, por estar involucrados menores de edad el requisito de subsidiariedad debe analizarse con mayor flexibilidad. Sin embargo, aún bajo esa perspectiva, no se advierte la necesidad de realizar un estudio más flexible del requisito de subsidiariedad por tratarse de menores de edad, debe precisarse que no se encuentran circunstancias extraordinarias ni urgentes que justifiquen saltarse esos procedimientos en cursos, ni se acreditó un perjuicio irremediable que habilite la intervención constitucional.

En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada, por las razones indicadas.

# DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia proferida el 6 de julio de 2026 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a los participantes por el medio más expedito y remítase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

(Ausencia justificada)

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOS