CSJ - STC17123-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC17123-2026

Radicación n° 11001-22-10-000-2026-01623-01

(Aprobado en sesión del dos de septiembre de dos mil veintiséis)

Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formuladafrente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C el 27 de julio de 2026, dentro de la acción de tutela que promovió A, en nombre propio y en representación del menor M contra el Juzgado Diecinueve de Familia de esta ciudad y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN trámite al que se vincularon las partes e intervinientes del juicio de investigación de paternidad y regulación de cuota alimentaria bajo radicado No. 2017-00612-00.

ANOTACIÓN PRELIMINAR

En aras de garantizar la protección a la intimidad del menor de edad involucrado en el presente asunto, se suprimirá de toda futura publicación de esta providencia la información de cualquier dato que permita su identificación, para lo cual se elaborará otro texto, de igual tenor, que será el publicable para todos los efectos, de conformidad con el artículo 1° del Acuerdo nº 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

ANTECEDENTES

1.- La libelista busca la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital, debido proceso, acceso a la administración de justicia y prevalencia de los derechos de los niños.

ANTECEDENTES

1.- La libelista busca la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital, debido proceso, acceso a la administración de justicia y prevalencia de los derechos de los niños.

2.- En síntesis, manifestó que, dentro del proceso de investigación de la paternidad y regulación de cuota alimentaria promovido en favor de su hijo menor de edad contra G (q.e.p.d.), el Juzgado Diecinueve de Familia de C ha incurrido en una prolongada mora judicial frente a dos solicitudes relevantes para la protección de los derechos del adolescente: i) la petición presentada el 24 de octubre de 2024, encaminada a cesar la cuota alimentaria reconocida a las dos hijas mayores del causante y redistribuirla en favor del menor; y ii) la solicitud radicada el 2 de julio de 2026, mediante la cual pidió decretar medida cautelar de embargo y retención sobre las prestaciones sociales y cesantías del fallecido. Afirmó que, pese a las reiteraciones efectuadas, ninguna de esas peticiones ha sido resuelta.

Indicó que dicha inactividad judicial adquiere especial gravedad, pues el padre del menor falleció en diciembre de 2025 y, desde enero de 2026, este dejó de percibir la cuota alimentaria, circunstancia que afecta directamente su derecho prevalente a recibir alimentos.

Advirtió, además, que existen recursos líquidos de inmediata disponibilidad en la DIAN y en el Fondo Nacional del Ahorro, provenientes de las prestaciones sociales del causante, con los cuales podrían satisfacerse las cuotas adeudadas. Sin embargo, señaló que la DIAN ordenó entregar el 50% de esos dineros a los hijos y mantener suspendido el porcentaje restante debido a una controversia entre los beneficiarios. Sostuvo que, ante la falta de una decisión oportuna por parte del juzgado accionado, existe el riesgo inminente de que tales recursos sean desembolsados sin garantizar previamente la obligación alimentaria del menor, lo que, a su juicio, podría ocasionarle un perjuicio irremediable.

Añadió que actualmente cursa un proceso de sucesión ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de T, en el cual se determinará el destino de los bienes del fallecido. No obstante, precisó que en ese trámite no existen recursos de disponibilidad inmediata para atender las cuotas alimentarias adeudadas desde enero de 2026. Por ello, afirmó que, si la DIAN desembolsa los dineros sin que previamente se decrete una medida cautelar, el proceso sucesoral podría quedar sin liquidez suficiente para satisfacer el crédito alimentario, obligando al menor a depender de un trámite que puede prolongarse durante meses o incluso años. En consecuencia, consideró necesaria la adopción urgente de medidas que aseguren los recursos disponibles y garanticen, con carácter prioritario, la manutención de su hijo.

3.- Con fundamento en lo anterior, pretende que se ordene: i) «Como MEDIDA PROVISIONAL URGENTE, ordenar desde la admisión de esta tutela que la DIAN y el Fondo Nacional del Ahorro se abstengan de pagar, girar, entregar o desembolsar prestaciones sociales, cesantías, ahorros del causante G, hasta que el Juzgado 19 de Familia de C resuelva la medida cautelar o lo que estime pertinente con el fin de garantizar las cuotas alimentarias del menor adeudadas desde enero de 2026 y las que se generen hasta la culminación del proceso de sucesión»; ii) «Solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN que los recursos que fueron notificados en la resolución No. 009476 del 3 de julio de 2026, el 100% de dichos recurso sean puestos a disposición del juzgado 19 de familia con fin que sean garantizadas las cuotas de manutención del menor adeudadas y hasta la culminación del proceso de sucesión».

De igual modo, pide: iii) «ORDENAR al Juzgado Diecinueve (19) de Familia de C que resuelva de fondo la solicitud radicada desde el 24 de octubre de 2024, mediante la cual se pidió revisar o cesar la cuota alimentaria asignada a las hijas mayores de edad del causante, D y V, y disponer, si a ello hubiere lugar, la redistribución de dicha cuota alimentaria y sea entrega en su totalidad a favor del menor M. Lo anterior, teniendo en cuenta que D, nacida el 5 de marzo de 1998, cuenta actualmente con 28 años de edad, y V, nacida el 20 de abril de 2001, cuenta actualmente con 25 años de edad. Por ello, se solicitó al Juzgado verificar, de acuerdo con los documentos, certificaciones o pruebas que ellas hayan aportado al expediente, si actualmente conservan derecho alimentario vigente conforme a los requisitos legales aplicables. De la cual no se ha tenido pronunciamiento alguno por parte del juzgado 19 de familia»; iv) «COMUNICAR la decisión al Juzgado 002 Promiscuo de Familia del Circuito de T, donde cursa el proceso de sucesión del causante, para que tenga en cuenta el crédito alimentario del menor y la medida que se adopte».

Finalmente, pretende que: v) «Se adopten las demás decisiones necesarias y urgentes para evitar la pérdida o entrega de los recursos líquidos disponibles que garantizan el pago de la cuota alimentaria del menor, teniendo en cuenta que, si bien pueden existir bienes del causante, actualmente no se conocen dineros o recursos de disponibilidad inmediata que permitan cubrir las cuotas adeudadas. Lo anterior, en protección del derecho alimentario del menor, su mínimo vital y su calidad de sujeto de especial protección constitucional».

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1.- El Juzgado Diecinueve de Familia de C informó que ya efectuó la entrega de los títulos judiciales pendientes y que, tras el fallecimiento del demandado, no existen depósitos adicionales. Precisó que carece de competencia para embargar o modificar cuotas, pues tales determinaciones corresponden al juez de la sucesión y, además, la obligación alimentaria de las hijas mayores no cesa por razón de la edad. Añadió que, si bien la actora formuló varias solicitudes desde 2024, el expediente solo ingresó al despacho para decisión el 9 de julio de 2026, fecha en la que resolvió lo pendiente. En consecuencia, solicitó negar el amparo, al considerar que actuó conforme a la ley y dentro del ámbito de sus atribuciones.

2.- El Segundo Promiscuo de Familia de T informó que en ese despacho cursa la sucesión intestada del causante G, promovida por la actora en representación de su hijo menor. Indicó que el proceso fue aperturado el 6 de abril de 2026 y actualmente se encuentra en etapa de perfeccionamiento de las medidas cautelares y de reconocimiento de los herederos convocados.

3.- El Fondo Nacional del Ahorro manifestó que, al revisar la cuenta individual de cesantías del causante G, advirtió la existencia de una pignoración vigente por $43.030.236 a favor de COOPTRAISS, actualizada con soporte de diciembre de 2022. Por esa razón, explicó que dichos recursos no se encuentran disponibles para pago ni pueden liberarse sin solicitud expresa de la cooperativa. Agregó que no ha recibido petición de levantamiento de la garantía y que, incluso, en junio de 2026 requirió información a esa entidad sin obtener respuesta. En consecuencia, sostuvo que no ha vulnerado derecho fundamental alguno, pues carece de facultad para disponer de recursos pignorados.

4.- El Juzgado Treinta y Dos de Familia de C señaló que conoció el expediente 2011-00288-00, correspondiente al proceso de divorcio, liquidación de sociedad conyugal y alimentos adelantado entre L y G. Confirmó que dichas actuaciones culminaron en 2011 y que, posteriormente, en 2020, el Juzgado Diecinueve de Familia reguló la cuota alimentaria en favor de D, V y el menor M, fijando para cada uno el 16,66 % de los ingresos del alimentante.

5.- La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN— afirmó que no vulneró derechos fundamentales en relación con las acreencias laborales causadas tras el fallecimiento de G, toda vez que reconoció a los beneficiarios conforme a la ley y suspendió el pago del 50 % de los recursos debido a la existencia de una controversia judicial. Señaló que la competencia para resolver las solicitudes formuladas por la accionante corresponde al juzgado de familia, razón por la cual pidió su desvinculación del trámite constitucional.

6.- El Banco Agrario de Colombia solicitó declarar improcedente la acción de tutela respecto de esa entidad, al considerar que carece de competencia y no ha tenido intervención alguna en las situaciones expuestas por la actora.

7.- L manifestó que no se opone a que el Juzgado Diecinueve de Familia resuelva las solicitudes pendientes; sin embargo, rechazó cualquier afectación de derechos alimentarios ya causados o de recursos sucesorales sin observancia del trámite legal correspondiente. Sostuvo que la obligación alimentaria únicamente comprende las cuotas causadas antes del fallecimiento del alimentante y que el menor M percibe actualmente el 100% de la pensión de sobrevivientes, de modo que no existe riesgo para su mínimo vital. En consecuencia, solicitó negar la redistribución de las cuotas y autorizar la entrega de los títulos de alimentos pendientes a favor de los tres hijos de quien fue su cónyuge.

8.- G sostuvo que el 50 % de las acreencias laborales reconocidas por la DIAN en su condición de compañera permanente del causante permanece suspendido debido a la controversia existente y al trámite de la demanda de unión marital de hecho que se encuentra en curso. Por tal motivo, consideró que el juez de tutela no puede ordenar la disposición de esos recursos. Añadió que el menor ya tiene garantizado el 16,67 % que no se encuentra en discusión y que cualquier determinación debe respetar su derecho de defensa y articularse con el proceso sucesoral adelantado en T.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala de Familia del Tribunal Superior de C explicó que la actora atribuyó al Juzgado Diecinueve de Familia una mora judicial en la resolución de las solicitudes relacionadas con la entrega de títulos, el embargo de recursos y la revisión de la cuota alimentaria de las hijas mayores de edad. No obstante, advirtió que el despacho resolvió tales requerimientos mediante auto del 14 de julio de 2026, en el que ordenó la entrega de los títulos pendientes, negó las medidas de embargo por corresponder su conocimiento al juez de la sucesión y precisó que no era procedente modificar las cuotas alimentarias con posterioridad al fallecimiento del alimentante. Asimismo, ofició al Juzgado de T con el fin de informar la existencia del crédito alimentario.

En ese contexto, la Sala concluyó que las pretensiones de la acción de tutela habían sido satisfechas, por lo que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, al haberse realizado la actuación cuya omisión se cuestionaba. Agregó que la solicitud formulada contra la DIAN no cumplía el requisito de subsidiariedad, dado que no había sido presentada previamente ante esa entidad. En consecuencia, negó el amparo al no advertir vulneración de derechos fundamentales.

IMPUGNACIÓN

La promotora consideró que no se configuró un hecho superado, pues el auto del 14 de julio de 2026 no resolvió de fondo la solicitud presentada desde el 24 de octubre de 2024, encaminada a verificar si las hijas mayores de edad del causante continuaban cumpliendo los requisitos legales para ser beneficiarias de alimentos. Explicó que, si bien inicialmente acreditaron su condición de estudiantes y la dependencia económica, para 2024 contaban con 26 y 23 años de edad, respectivamente, circunstancia que hacía necesario revisar nuevamente su situación.

Sostuvo que la mora judicial, impidió redistribuir oportunamente la cuota alimentaria y afectó el mínimo vital del menor, quien habría podido percibir un porcentaje mayor antes del fallecimiento de su padre. Por ello, afirmó que corresponde al juez establecer hasta qué fecha cada beneficiaria conservó el derecho a recibir alimentos, determinar si procedía la redistribución de la cuota y precisar las sumas que, eventualmente, dejó de percibir el menor.

Asimismo, reiteró la prevalencia constitucional de los derechos de los niños y puso de presente como hecho sobreviniente el posterior reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, circunstancia que, a su juicio, no subsana la omisión atribuida al juzgado ni las diferencias alimentarias causadas con anterioridad. En consecuencia, solicitó revocar el fallo, ordenar al despacho accionado resolver de fondo la verificación pendiente y garantizar el pago inmediato de los títulos judiciales previamente autorizados.

CONSIDERACIONES

1.- Pronto se advierte el fracaso de la salvaguarda y, por consiguiente, la convalidación de lo resuelto en primera instancia, por las razones que se exponen a continuación:

1.1.- A atribuye al Juzgado Diecinueve de Familia de C la vulneración de los derechos fundamentales de su hijo menor de edad, al considerar que mantiene paralizado el proceso de investigación de paternidad y regulación de cuota alimentaria, sin pronunciarse sobre las solicitudes encaminadas al cese de la obligación alimentaria reconocida a las hijas mayores del padre del menor y a su redistribución en favor de este, así como al embargo y retención de las prestaciones sociales y cesantías del progenitor fallecido. A su juicio, dicha omisión configura una mora judicial que afecta gravemente las garantías fundamentales del joven.

No obstante, durante el trámite de esta acción constitucional, el despacho accionado, mediante providencia del 14 de julio de 2026, resolvió:

«SE ORDENA a secretaria proceder con la entrega de dichos títulos que no han sido puestos a disposición de la parte actora y que corresponden a cuota alimentaria.

2. Conforme al memorial radicado el 2 de julio de 2026, (pdf. 029) en el que la parte demandante solicita la entrega de títulos judiciales, el embargo y retención de recursos del causante existentes en el Fondo Nacional del Ahorro, la comunicación de los saldos insolutos al proceso sucesoral del señor G, así como un pronunciamiento respecto de la continuidad de la cuota alimentaria a cargo del referido señor y favor de las hijas mayores del alimentante fallecido (PDF31), Téngase en cuentalo dispuesto en numeral anterior en lo que respecta a la primera de las solicitudes.

3. Respecto de las demás peticiones, se pone de presente a la demandante que no resulta procedente emitir ordenes de embargo solicitadas, pues ante el fallecimiento del deudor alimentario, tales solicitudes deben realizarse, de ser el caso, ante el Juez que conoce de la Sucesión, debiendo mencionar que no es dado al juzgado decretar cautelas respecto de bienes o dineros que son parte de la masa sucesoral. Es así que, es ante el Juez de la sucesión que bien puede realizar las respectivas solicitudes y entre tanto el reconocimiento, de ser el caso de alguna deuda alimentaria, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 1127 del Código Civil.

4. Así mismo, se informa que, no resulta procedente realizar la modificación de la cuota alimentaria regulada, puesto que el señor G, falleció el 18 de diciembre de 2025, conforme al registro civil de defunción visible en el pdf. 029 del expediente.

4.1 Se pone de presente, en todo caso y en gracia de discusión, que el derecho alimentario que fue regulado en su cuantía por este Despacho en decisión de 2 de septiembre de 2020, en lo que respecta a D y V, no depende únicamente del cumplimiento de determinada edad; eso para que se extinga el derecho de alimentos a favor de aquellas, pues la ley exige la verificación de ciertas circunstancias de cada beneficiario, luego que las decisiones se adopten dentro del trámite previsto por la Ley para tal fin, con garantía del derecho de defensa y contradicción.

5. En todo caso, se recuerda a la solicitante, que para presentar solicitudes bien debe contar con apoderado judicial que la represente, teniendo en cuenta que por la clase de procesos y por la categoría del Juzgado no puede actuar en causa propia. (art. 73 del C. G. P.)

6. Atendiendo la solicitud de la actora prevista en el numeral 5 de la petición visible en el pdf. 029, se ordena OFICIAR al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de T, dentro del proceso de sucesión radicado No. 76834318400220260016400, informando la existencia del presente proceso de alimentos para lo procedente, remitiendo el link del proceso».

Providencia que fue debidamente notificada a la accionante, quien en la impugnación manifestó tener conocimiento.

1.2.- Así las cosas, se advierte que, durante el trámite de esta acción constitucional, el funcionario criticado se pronunció sobre los aspectos cuya omisión reprochaba la tutelante e impulsó el proceso.

Por ende, se torna inane el análisis de fondo de la discusión planteada por la memorialista, ante la carencia actual de objeto por hecho superado, aspecto sobre el cual, se ha dicho que «(…) ningún sentido tiene que aquí se imparta cualquier tipo de orden en relación con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, en este momento procesal, no existen o, cuando menos, presentan características diferentes a las iniciales» (STC203-2024).

2.- Ahora bien, aunque la accionante cuestiona en la impugnación algunos aspectos de la providencia referida, lo cierto es que guardó silencio frente a ella y no hizo uso de los recursos que tenía a su alcance. Aunado a lo anterior, según el registro de actuaciones de la página web de la Rama Judicial, los días 25 y 26 de agosto de 2026, presentó solicitudes de entrega inmediata de títulos, las cuales se encuentran pendientes de resolución,

3.- En definitiva, se ratificará lo resuelto por el tribunal.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto a las partes y al a quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

(Ausencia justificada)

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOS