CSJ - STC17428-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

STC17428-2026 Radicación nº 44001-22-14-000-2026-10078-01 (Aprobado en sesión del nueve de septiembre de dos mil veintiséis)

Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Resuelve la Corte la impugnación del fallo proferido el 6 de agosto de 2026 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, en la acción de tutela instaurada por Clínica de Especialistas Guajira S.A. contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Maicao, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso ejecutivo No. 44430-31-89-001-2017-0008400.

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

La actora solicitó al juez constitucional dejar sin efectos el auto del 10 de junio de 2026, mediante el cual el juzgado accionado aprobó el remate y la adjudicación del inmuebleRadicación nº 44001-22-14-000-2026-10078-01 2

identificado con matrícula inmobiliaria No. 212-10569 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Maicao. Lo anterior, en el marco del proceso ejecutivo seguido por Nora Iguarán Romero contra la Clínica aquí accionante. También pretende que se ordene al despacho convocado que mantenga suspendidas las actuaciones del ejecutivo hasta que se defina la validación judicial del acuerdo de recuperación empresarial celebrado por la sociedad

Iguarán Romero contra la Clínica aquí accionante. También pretende que se ordene al despacho convocado que mantenga suspendidas las actuaciones del ejecutivo hasta que se defina la validación judicial del acuerdo de recuperación empresarial celebrado por la sociedad accionante ante la Cámara de Comercio de La Guajira el 26 de abril de 2026.

Aduce que, al aprobar el remate y la adjudicación del inmueble referido, el juzgado interpretó erróneamente el artículo 7 de la Ley 2437 de 2024 y el 17 de la Ley 1116 de 2006, pues, aunque la negociación del acuerdo de recuperación empresarial había finalizado ante la Cámara de Comercio de La Guajira el 26 de abril de 2026, el procedimiento no había culminado, comoquiera que, para la fecha de aprobación del remate, estaba pendiente la validación judicial del acuerdo. En ese sentido, considera que al estar en curso el procedimiento de recuperación empresarial, los ejecutivos promovidos en su contra debían permanecer suspendidos.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

El juzgado convocado informó que el 10 de junio de 2026 recibió un correo del mediador de la Cámara de Comercio que conoció del acuerdo de recuperación empresarial en el que le comunicó la terminación delRadicación nº 44001-22-14-000-2026-10078-01 3

procedimiento y solicitó el levantamiento de la suspensión del proceso ejecutivo No. 2017-00084-00. Indicó que la solicitud de validación judicial del acuerdo fue presentada hasta el 17 de junio de 2026, de modo que entre el 26 de abril y esa fecha no existía fundamento legal para mantener

del proceso ejecutivo No. 2017-00084-00. Indicó que la solicitud de validación judicial del acuerdo fue presentada hasta el 17 de junio de 2026, de modo que entre el 26 de abril y esa fecha no existía fundamento legal para mantener suspendidos los ejecutivos, comoquiera que la presentación de la solicitud de validación no produce la suspensión inmediata de los procesos.

Por último, explicó que la accionante desatendió el presupuesto de subsidiariedad, pues no hizo uso de los mecanismos ordinarios de defensa para cuestionar el auto del 10 de junio de 2026 que ahora pretende dejar sin efectos por vía de tutela.

El Centro Integral de Solución de Conflictos de la Cámara de Comercio de La Guajira recapituló las actuaciones de las que conoció y solicitó su desvinculación del trámite.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN

El Tribunal declaró improcedente el amparo tras concluir que no satisfacía el presupuesto de subsidiariedad, comoquiera que la accionante no agotó los recursos ordinarios y procedentes contra la determinación del 10 de junio de 2026 que ahora cuestiona. Además, señaló que no se demostró ningún perjuicio irremediable derivado de esa determinación, y que, en auto del 4 de agosto de 2026, la autoridad judicial convocada había rechazado el acuerdo deRadicación nº 44001-22-14-000-2026-10078-01 4

recuperación empresarial tras advertir errores en la subsanación.

La Clínica impugnó sin allegar ninguna argumentación que sustente su inconformidad con el fallo constitucional del

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recuperación empresarial tras advertir errores en la subsanación.

La Clínica impugnó sin allegar ninguna argumentación que sustente su inconformidad con el fallo constitucional del Tribunal.

CONSIDERACIONES

La Corte confirmará la sentencia de primer grado, porque la acción carece del presupuesto de subsidiariedad, ya que la accionante desaprovechó los instrumentos que tenía a su alcance para remediar la lesión denunciada.

De acuerdo con el requisito de subsidiariedad, el interesado solo puede acudir a este mecanismo cuando haya agotado todos los medios ordinarios de defensa a su disposición y estos hayan sido definidos. De suerte que, si el actor no hace uso de ellos o, habiéndolo hecho, estos no han sido zanjados, la intervención constitucional es improcedente.

Sobre el particular la Corte ha recordado que:

«(...) la justicia constitucional no es remedio de último momento para rescatar oportunidades precluidas o términos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protección previstos en el orden jurídico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado sería el fruto de su propia incuria (…)» (CSJ STC9196-2016, STC6663-2018, STC6916-Radicación nº 44001-22-14-000-2026-10078-01 5

2020, STC13745-2022, STC3600-2023, STC12212024, STC8333-2026 entre muchas otras).

En el caso, la accionante no presentó el recurso de

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2020, STC13745-2022, STC3600-2023, STC12212024, STC8333-2026 entre muchas otras).

En el caso, la accionante no presentó el recurso de reposición contra la providencia del 10 de junio de 2026, a través de la cual el juzgado convocado aprobó el remate y la adjudicación del inmueble objeto de controversia, pese a que era viable interponerlo, de conformidad con el artículo 318 del Código General del Proceso, según el cual, «[s]alvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen».

Además, la accionante no alegó ninguna circunstancia que configure un perjuicio irremediable que permita la concesión transitoria del amparo, menos aun cuando, tras revisar el expediente, se extrae del informe rendido por el secuestre que el inmueble fue debidamente entregado a los adjudicatarios en diligencia del 1º de julio de 2026, y que el acuerdo de recuperación empresarial fue rechazado definitivamente por el juzgado en proveído del 4 de agosto de 2026.

Entonces, como la sociedad actora no ejerció el medio de defensa que tenía a su alcance para proteger los derechos que alega transgredidos en el proceso objeto de tutela, se confirmará la sentencia de primer grado.Radicación nº 44001-22-14-000-2026-10078-01 6

DECISIÓN

que alega transgredidos en el proceso objeto de tutela, se confirmará la sentencia de primer grado.Radicación nº 44001-22-14-000-2026-10078-01 6

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el fallo emitido el 6 de agosto de 2026 por la Sala Civil-FamiliaLaboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha.

Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a las partes e intervinientes por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto

Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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