CSJ - STC17446-2026
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- Título
- CSJ - STC17446-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- 2026
ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ
Magistrada ponente
STC17446-2026
Radicación nº 11001-02-04-000-2026-01157-01
(Aprobado en sesión del nueve de septiembre de dos mil veintiséis)
Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).
Se decide la impugnación formulada contra la sentencia proferida el 19 de mayo de 2026 por la Sala número 1 de tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela promovida por Carlos Humberto Torres Pérez contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y los Juzgados Treinta y Uno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y Cuarto Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, extensivo a las partes e intervinientes del proceso penal radicado 11001-31-07-004-2012-00008-00.
# ANTECEDENTES
## PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES
Carlos Humberto Torrez Pérez solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y defensa que estimó vulnerados por las autoridades accionadas con ocasión a la presunta pérdida o inexistencia de una prueba dentro del proceso penal radicado 11001-31-07-004-2012-00008-00 promovido en su contra.
En el proceso objeto de este amparo, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, mediante sentencia del 5 de agosto de 2015, lo condenó a 114 meses de prisión por el delito de lavado de activos agravado. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó esa determinación el 23 de marzo de 2018 y la Sala de Casación Penal inadmitió las demandas de casación el 26 de junio de 2019 mediante proveído AP2573-2019 presentadas contra dicha decisión.
En la actualidad, el Juzgado Treinta y Uno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá vigila el cumplimiento de la pena impuesta al accionante.
El accionante afirma que durante el proceso penal fue incorporada la declaración de Pablo Roberto Trujillo Devia. No obstante, sostiene que esa pieza no se encuentra actualmente en el expediente físico, ni digital y que las autoridades judiciales no han esclarecido su ubicación o certificado su eventual pérdida.
Por lo anterior, promueve este amparo constitucional en solicitando que se declare la nulidad de la decisión de primera y segunda instancia con ocasión a «la presunta pérdida, extravío o inexistencia material de una prueba relevante, lo cual configura un vicio que afecta de manera sustancial la validez del proceso».
## RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS
El Juzgado Treinta y Uno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad negó haber vulnerado los derechos del accionante. La autoridad explicó que el 24 de marzo de 2026 recibió comunicación del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado en la que se informó que, luego de revisar el expediente, fue encontrado en el cuaderno 88 un manuscrito suscrito por Pablo Roberto Trujillo Devia. Agregó que, mediante auto del 13 de mayo siguiente, ordenó remitir nuevamente esa documentación al promotor.
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado manifestó que el expediente físico había sido remitido al juez ejecutor, realizó una búsqueda en los cuadernos de copias y encontró dos folios contentivos de un escrito atribuido a Pablo Roberto Trujillo Devia los cuales envió al tutelante y al Juzgado Treinta y Uno de Ejecución de Penas.
El centro de servicios administrativos de los juzgados de ejecución de penas informó que el 13 de mayo de 2026 cumplió la orden de remitir al convocante la declaración dispuesta por el Juzgado Treinta y Uno. Adicionalmente, sostuvo que no incurrió en acción u omisión lesiva de los derechos fundamentales de Carlos Humberto Torrez Pérez.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá señaló que el actor ya había formulado reparos relacionados con la nulidad de la sentencia condenatoria y la afectación de sus garantías procesales, los cuales habían sido resuelto desfavorablemente por las autoridades competentes.
## SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente el amparo al considerar que el núcleo de su petición recaía en obtener la declaración de Pablo Roberto Trujillo Devia y toda vez que encontró acreditado que los juzgados accionados remitieron dicha información al accionante descartó el reproche. Por otro lado, frente a los reparos con respecto a las decisiones penales consideró que el actor no identificó un defecto especifico que permitiera la procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales.
El accionante sostuvo que la primera instancia interpretó erróneamente su reclamo, pues no se contrae a la obtención de unas «copias» sino a establecer que ocurrió con una prueba cuya existencia había sido reconocida dentro del proceso penal. Adicionalmente, manifestó que la declaración que le fue remitida corresponde a un documento relacionado con Magda Patricia Bustamante Trujillo, por lo que a su juicio su solicitud no ha sido satisfecha. En consecuencia, solicitó revocar la decisión y ordenar a las autoridades, ubicar y remitir la declaración solicitada o, en caso de no encontrarla, certificar las circunstancias de su extravío o inexistencia.
# CONSIDERACIONES
La sentencia impugnada será confirmada por las razones que pasan a exponerse.
En primer lugar, en atención al reproche concreto del tutelante, no se advierte vulneración de sus derechos fundamentales en relación con la declaración de Pablo Roberto Trujillo Devia que aduce haber solicitado a las autoridades convocadas sin recibir respuesta idónea al respecto.
En efecto, consta en el expediente que, contrario a lo sostenido en el escrito de impugnación, el 24 de marzo de 2026, antes de la presentación de este amparo, el Juzgado Cuarto Penal Especializado de Bogotá remitió directamente al accionante, al correo electrónico suministrado un archivo denominado «ManuscritoPabloRobertoTrujiiloDevia20260324.pdf» con copia al Juzgado Treinta y Uno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
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En dicha comunicación, el despacho precisó que luego de realizar la búsqueda del expediente físico y digital encontró en el cuaderno número 88 un manuscrito suscrito por Pablo Roberto Trujillo Devia y procedió a comunicárselo al accionante.
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En dicha comunicación, el despacho precisó que luego de realizar la búsqueda del expediente físico y digital encontró en el cuaderno número 88 un manuscrito suscrito por Pablo Roberto Trujillo Devia y procedió a comunicárselo al accionante.
Tras corroborar este el archivo adjunto de esa comunicación se evidencia que contiene efectivamente en dos folios el manuscrito solicitado por el accionante. Así las cosas, no se configura una conducta u omisión actualmente atribuible a las autoridades accionadas que comprometa los derechos fundamentales del promotor. Pues el documento cuya ausencia motivó este reclamo constitucional fue localizado y remitido al correo electrónico del tutelante.
Ahora bien, por otro lado, frente a la pretensión encaminada a dejar sin efectos las providencias dictadas dentro del proceso penal esta acción no satisface el requisito de inmediatez, de acuerdo con el cual, «(…) a este sendero debe acudirse dentro de los seis (6) meses siguientes a la vulneración denunciada» (CSJ, STC10761-2020, STC10807-2021, STC4412-2023, STC3596-2024, STC4730-2025, STC5453-2026, STC4418-2026, entre otras).
En efecto, en el sub examine, la sentencia condenatoria fue proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito el 5 de agosto de 2015, confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá mediante proveído del 23 de marzo de 2018 y la demanda de casación inadmitida por la homologa penal el 26 de junio de 2019.
El presente amparo constitucional fue presentado el 20 de abril de 2026 esto es, transcurrido al menos seis (6) años después de las decisiones ejecutoriadas que definieron la responsabilidad penal del accionante, tiempo que holgadamente supera el decantado por la jurisprudencia para promover este amparo.
Por consiguiente, la acción de tutela no está llamada a prosperar, respecto de la entrega de la declaración de Pablo Roberto Trujillo Devia, no se acreditó vulneración y en cuanto a los cuestionamientos en contra de las providencias que definieron el proceso penal no se cumple con el requisito de inmediatez.
En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada.
# DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve CONFIRMAR la sentencia impugnada.
Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a las partes e intervinientes por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de no impugnarse esta resolución.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Presidente de Sala