CSJ - STC17485-2026
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- Título
- CSJ - STC17485-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- 2026
ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ
Magistrada ponente
STC17485-2026
Radicación n.º 11001-22-03-000-2026-03112-01
(Aprobado en sesión del nueve de septiembre de dos mil veintiséis)
Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).
Resuelve la Corte la impugnación del fallo proferido el 29 de julio de 2026 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la acción de tutela instaurada por Aldemar Ramírez Gómez contra los Juzgados Once Civil del Circuito y Quinto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias, así como la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Fiscalía 132 Seccional Corrupción de Bogotá ambos de Bogotá, extensiva a las demás autoridades, partes e intervinientes en el proceso ejecutivo rad n° 11001-31-03-011-2022-00148-00.
# ANTECEDENTES
# PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES
Del confuso y abstracto escrito de tutela y del de su aclaración solicitado por el a quo constitucional, se logra extraer que el accionante pretende que se ordene lo siguiente:
i.a la Registraduría Nacional del Estado Civil entregar la tarjeta dactiloscopia del señor Darío de Jesús Franco Ariztizabal.
- «Dar el término de 10 dia[s] para demostrar en forma científica la prueba de los recibos de pago».
- Se suspenda el proceso ejecutivo rad n° 2022-00148-00.
- «Dar el término de 10 dia[s] para demostrar en forma científica la prueba de los recibos de pago».
- Se suspenda el proceso ejecutivo rad n° 2022-00148-00.
El Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá dentro del juicio ejecutivo rad n° 2022-00148, instaurado por Jesús Franco Ariztizabal y Jeison Arbey Franco Quintero, en contra de Aldemar Ramírez Gómez al considerar que el gestor no formuló oposición alguna, ordenó seguir adelante con la ejecución en los términos del mandamiento de pago; realizar el remate del inmueble embargado, previo su avalúo, y efectuar la liquidación del crédito (17 abr. 2024).
En cumplimiento de tal mandato, los demandantes presentaron la liquidación del crédito, la cual el actor objetó, al considerar que no se tuvieron en cuenta los pagos efectuados con anterioridad a la iniciación del proceso ejecutivo equivalentes al 65% de la obligación, y que fue presentada sin el correspondiente soporte técnico. No obstante, la autoridad judicial accionada el 16 de agosto de 2024 declaró no prospera la objeción del actor al advertir que no podían tenerse en cuenta los abonos realizados pues, debieron acreditarse con anterioridad a que se hubiera proferido «la sentencia»; además «ni siquiera se allegó recibo donde se evidencie el recibo del dinero, fecha, monto y firma del ejecutante».
Inconforme con esa decisión, el tutelante interpuso reposición que el juzgado decidió desfavorablemente (28 ag. 2025), decisión que el actor apeló de manera posterior; sin embargo, el juzgado lo negó por extemporáneo (13 may. 2025). Luego el expediente fue remitido a los Juzgado de ejecución de sentencias de Bogotá correspondiéndole al Quinto de esa especialidad.
Aldemar Ramírez Gómez aduce que, pese a haber allegado al proceso los comprobantes de los pagos efectuados a los ejecutantes con anterioridad al inicio del juicio, el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá guardó silencio al respecto y prosiguió con la ejecución.
Además, que los recibos que acreditan dichos pagos se encuentran en poder de la Fiscalía 132 Seccional de Corrupción de Bogotá y dan cuenta de que Darío de Jesús Franco Aristizábal los recibió, pues en ellos aparece su firma y huella. Por ello, sostiene que resulta necesario que la Registraduría Nacional del Estado Civil aporte la correspondiente tarjeta dactiloscópica, a fin de que un perito determine si la firma y la impresión dactilar estampadas en aquellos documentos corresponden al referido ejecutante.
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS
El Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá informó que el proceso se encuentra actualmente a cargo del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias. Además, señaló que los reparos relacionados con los pagos y documentos debieron formularse oportunamente a través de las excepciones de mérito.
El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de esta Ciudad indico que el proceso se encuentra a la letra y no registra solicitudes pendientes por resolver
La Fiscalía 132 Seccional de Corrupción de Bogotá afirmó que solo hasta el 23 de julio de la presente anualidad recibió la solicitud encaminada a la entrega de los documentos aportados con la denuncia entre ellos los recibos de pago, los cuales serían entregados dentro del término legal.
La Registraduría Nacional del Estado Civil explicó que para la expedición del documento solicitado era necesario que una autoridad judicial lo ordenara, por contener información privada sensible.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN
La Registraduría Nacional del Estado Civil explicó que para la expedición del documento solicitado era necesario que una autoridad judicial lo ordenara, por contener información privada sensible.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN
El Tribunal negó el amparo al considerar «del confuso escrito de tutela se advierte que lo pretendido por el impulsor no es otra cosa que la “suspensión” del proceso ejecutivo seguido en su contra y la entrega de una tarjeta dactiloscópica -por parte de la registraduríapara un supuesto dictamen grafológico que requiere realizar; sin embargo, ninguno de tales pedimentos fue previamente presentado ante las autoridades competentes, para que fueran estas las primeras en pronunciarse sobre el particular. Luego, falla el requisito de subsidiariedad»
El libelista allegó un ambiguo escrito mediante el cual impugnó la decisión, reiterando los argumentos expuestos inicialmente y agregando que, aunque reconoce que existen otras vías, considera que dada la congestión de los despachos judiciales se dificulta la obtención de una respuesta oportuna, lo que lo obliga a acudir a la tutela para proteger sus derechos dado el poco tiempo disponible para solicitar los documentos.
El actor pide que por medio de esta excepcional vía se le «ayude» a obtener el material probatorio que se encuentra en manos de la Fiscalía y de la Registraduría, y con los cuales presente demostrar que realizó los pagos que alego ante el Juez Once Civil del Circuito de Bogotá.
CONSIDERACIONES
CONSIDERACIONES
Circunscrita la Corte a la impugnación, confirmará la sentencia recurrida, aunque por razones distintas. En efecto, si bien en la solicitud inicial el gestor cuestionó que el Juzgado Once Civil del Circuito de esta ciudad no hubiera valorado los abonos que, según afirma, realizó a Darío de Jesús Franco Aristizábal, lo cierto es que, en esta sede, su inconformidad se limita a reclamar la entrega, por parte de la Fiscalía y la Registraduría Nacional del Estado Civil, de los documentos con los que pretende acreditar dichos pagos.
Se logra desprender que el reproche del accionante se contrae a la necesidad de obtener de la Fiscalía 132 Seccional de Corrupción de Bogotá y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la documentación que, a su juicio, resulta indispensable para acreditar en el proceso ejecutivo el pago del 65% de la obligación. Sin embargo, de las pruebas allegadas se advierte que las solicitudes derivan en transgresión susceptible de amparo, como pasa a exponerse:
1. En efecto, del análisis del expediente y según lo informado por la Fiscalía, la petición encaminada a obtener los recibos de pago fue presentada apenas el 23 de julio de 2026, esto es, con posterioridad a la interposición de la acción de tutela, que tuvo lugar el 22 de julio siguiente.
Sobre este punto, la Corte tiene dicho que:
(...) Si no se ha realizado la solicitud a la autoridad correspondiente, la acción de tutela no está llamada a prosperar, pues la acción de tutela no se instituyó para inmiscuirse en las actuaciones a cargo de las otras autoridades, ni de los particulares, sino para impedir o desterrar las acciones u omisiones que causen quebranto en los derechos básicos, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial» (CSJ. STC 30 en. 2013, rad. 201200275-01, reiterada entre otras, en STC1119-2019, STC2287-2022, STC483-2023, STC3971-2023 y, STC3145-2024 entre muchas).
Si bien el accionante sostiene que, dada la premura que reviste el asunto, debe flexibilizarse el presupuesto de la subsidiariedad, lo cierto es que no se advierten circunstancias excepcionales o apremiantes que lo justifiquen para haber prescindido de los mecanismos ordinarios, ni se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que torne procedente la intervención del juez constitucional.
Con todo, la Fiscalía informó que haría entrega de los documentos que sirvieron de base para la denuncia instaurada por Aldemar Ramírez Gómez, dentro del término que le otorga la ley para tal efecto. De manera que, como quiera que el gestor no acudió a los mecanismos idóneos antes de radicar el amparo, ningún reproche podría formularse frente a la actuación de la autoridad accionada.
2. Ahora, en cuanto al anhelo dirigido a que la Registraduría Nacional del Estado Civil haga entrega de la tarjeta dactiloscópica del señor Darío de Jesús Franco Aristizábal, tampoco se advierte vulneración alguna atribuible a la entidad convocada, pues, como esta lo advirtió en su contestación allegada a este trámite, mediante oficio n° AT 4984–2026 el documento solicitado requiere de autorización judicial para su entrega, así:
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Por tanto, el accionante debió acudir ante el juzgado de conocimiento, dentro de la oportunidad procesal pertinente, a fin de que este ordenara su remisión al proceso, con el propósito de demostrar que los abonos realizados a la obligación habían sido recibidos por el ejecutante, lo cual no hizo.
En consecuencia, la providencia impugnada será confirmada, por lo antes expuesto.
# DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia proferida 29 de julio de 2026 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por las razones indicadas.
Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a los participantes por el medio más expedito y remítase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Presidente de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Presidente de Sala